RSSArchivo de Octubre de 2009
Ha sido el dirigente nacional del PP Manuel Cobo quien ha lanzado la idea del vómito para referirise a lo que le sugiere ciertas cosas de la política de su partido en Madrid. También ha dicho que algunos, como la Presidenta Esperanza Aguirre, DICEN SER una cosa, liberales, pero luego SON OTRA (autoritarios e intervencionistas). Y todo ello viene a cuento de lo que ya me sugería la actuación del Presidente Camps en Valencia durante esta semana, que no se si vómito, pero si una grave preocupación por ciertos modismos poco democráticos por su parte, ya suficientemente preocupantes. Así estan las cosas en este momento. Y el paro, estancado.
Hay veces, que nos perdemos en las palabras. La reforma del mercado laboral es uno de esos conceptos que levantan pasiones encontradas – lo hemos podido comprobar, una vez más, esta semana – sin que los ciudadanos se acaben de enterar de donde están las discrepancias reales entre unos y otros, más allá de los eslóganes falsificadores: abaratar el despido versus no recortar derechos laborales. Bien. De acuerdo. Pero, ¿qué hacemos con el paro diferencial?
Un breve repaso de los datos nos permite observar que, por encima de coyunturas económicas, nuestra menor riqueza relativa depende, en gran parte, de que trabaja menos gente en España. Comparado con la media de la Unión Europea, necesitamos que haya más población activa; personas que estando en edad legal de trabajar, quieran hacerlo, buscando trabajo en el mercado laboral. Sobre todo, esas mujeres que, estando dispuestas a trabajar fuera de casa, ni siquiera se lo plantean dadas las restricciones existentes.
Aunque hemos avanzado mucho en los últimos años, seguimos teniendo en nuestro país un conjunto de normas laborales que hacen casi imposible, a las mujeres en edad de tener hijos pequeños, conciliar la vida familiar y laboral. Además, en aquellos casos en que consiguen trabajar fuera de casa después de ser madres, suelen hacerlo en niveles profesionales por debajo de sus capacitaciones, porque son los únicos compatibles con su nuevo esquema de vida. De ahí que las estadísticas señalen menos salarios y puestos de menor responsabilidad para las mujeres, no a causa de una peor cualificación, sino de las dificultades para compaginar una adecuada carrera profesional con las tareas de madre, cosa que no ocurre con los padres varones.
Si queremos incrementar el número de mujeres que se incorporan de manera estable al mercado laboral, necesitamos fomentar los contratos indefinidos a tiempo parcial, muy poco utilizados en nuestro país en comparación con la media europea. Pero si además queremos que se incorporen aprovechando al máximo sus capacidades, tendremos que aplicar medidas contundentes en favor de la conciliación, como ya hacen en sus convenios las empresas líderes y ganadoras.
Después de conseguir que haya más gente que quiera trabajar, la segunda tarea es encontrarles un empleo que permita reducir nuestra elevada tasa de paro que más que duplica a la media europea. Hay un mayor porcentaje de personas trabajando en Europa que en España, incluso sin crisis. Las distancias con la media son relevantes y enormes si nos comparamos con los tres mejores países, especialmente, de nuevo en mujeres con tramos de edad comprendidos entre los 25 y 54 años.
Dado que en el último ciclo alcista de la economía nos hemos aproximado mucho a la tasa media de paro europea, resulta difícil situar nuestro problema específico de desempleo sólo en las condiciones de contratación y de despido establecidas en nuestra legislación laboral. Cuando hace falta, los empresarios contratan y cuando lo necesitan, despiden. La idea de que un despido más barato facilita la contratación, no es fácil de demostrar empíricamente. Si todo ello costara menos, se ahorrarían dinero, pero no creo que modificara sustancialmente las cantidades globales de empleo y paro. Para eso, mejor rebajar las cotizaciones sociales.
Ante la necesidad de contratar, cualquier empresario buscará la formula que le resulte más barata, pero la cantidad total de empleo dependerá de la demanda de bienes y servicios que tenga su empresa, matizada por las horas extraordinarias que estén dispuestos a hacer sus trabajadores. Por tanto, si queremos reducir el paro, tendremos que producir más bienes y servicios que exijan contratación adicional de mano de obra. No se trata solo de crecer más (políticas de demanda), sino de ensanchar la oferta productiva con más empresas en nuevos sectores de actividad (políticas de oferta) y crecer mejor (sostenibilidad). Todo lo relacionado con la dependencia, reducir el peso del carbono, las nuevas energías renovables o la investigación, van en esa dirección.
Conseguir que haya más gente dispuesta a trabajar (mujeres) y, además, que pueda hacerlo (paro), exige políticas económicas activas que no tienen por qué incluir reformas en el mercado laboral. No ocurre lo mismo, sin embargo, con otros elementos importantes como la temporalidad y los bajos sueldos.
España está a la cabeza de Europa en contratos temporales, muchos de ellos, sin causa suficiente, ni queridos por el trabajador, sobre todo los jóvenes. Si agregamos los parados con aquellos con empleos temporales no justificados, tenemos hoy en día, un 35% de personas que queriendo trabajar (activos) o no pueden, o lo hacen en condiciones contractuales no deseadas. Si a ello uniéramos las mujeres que no acceden al mercado laboral o tienen que hacerlo en puestos muy por debajo de su preparación, lo que podríamos llamar tasa de malestar laboral sería mayor. Y si añadimos que, en términos comparables de poder de compra, nuestros salarios medios en euros son la mitad que los europeos cuando nuestra renta per cápita supera la media, lo que propongo llamar Tasa Latente de Malestar Laboral (TLML) en España se situaría en niveles cercanos al 50% y subiendo.
La mitad de nuestra población activa se encuentra, pues, muy insatisfecha con su situación laboral. Corregir este grave descontento social, exige que, además de políticas macroeconómicas, se explore una profunda reforma en las instituciones normativas del mercado laboral (contratos + negociación colectiva), con el objetivo de reducir la dualidad y las desigualdades internas existentes, mejorando la calidad del empleo que se cree, en estabilidad, flexibilidad, retribución y conciliación.
El responsable de hacerlo es el Gobierno. La experiencia demuestra que es más eficaz hacerlo teniendo en cuenta los acuerdos entre los interlocutores sociales, pero esto resulta optativo, salvo que les entreguemos el derecho de veto sobre una parte importante de la política democrática. Porque no hacer nada es lo que más perjudica a los trabajadores en sus expectativas de mejora, eliminado razones para el optimismo, sobre todo, entre jóvenes y mujeres que expresaran su malestar mediante los votos. Y los interlocutores sociales no se presentan a las elecciones.
Cuando yo era pequeño, durante el franquismo, escuchaba con frecuencia la expresión: “darle la vuelta a la tortilla” reflejando el deseo de un cambio radical de régimen político. Pero, ahora, en democracia, no podemos apostar por darle la vuelta a la tortilla como se deduce de la apuesta frentista que parecen haber adoptado los dirigentes de los dos grandes partidos, en base al voto emocional y no racional que he contado aqui otras veces. No. No estamos entre dos Españas que deban alternarse, vuelta y vuelta. Necesitamos unos “huevos revueltos” en los que cada uno ponga lo mejor de si mismo para hacer frente a los múltiples problemas que nos atenazan y de los que quiero hablar a continuación, en demanda de que el debate presupuestario que tendrá lugar en el Congreso esta semana sea capaz de abordar todos o algunos de ellos con la perspectiva de los grandes acuerdos nacionales.
La semana previa al debate parlamentario sobre los Presupuestos ha sido pródiga en advertencias económicas para España. Sin embargo, yo sigo prendido de una omisión que, como los lapsus, dicen mucho sobre la realidad de las cosas ya que, a veces, lo que se calla tiene más significado que aquello que se cuenta. La Vicepresidenta Económica, en su reciente comparecencia en el Senado, silenció una palabra, o mejor, un concepto, que sí figuraba en la versión repartida de su discurso. La errata, que así fue calificada, no descartaba la posibilidad de que la economía española sufriera en los próximos trimestres una recaída en su nivel de actividad. Tampoco decía que fuera a ocurrir, simplemente, no la descartaba.
En defensa de quien coló la frase en el discurso diré que esa es, precisamente, la preocupación en todo el resto del mundo. Cualquiera que se aproxime a la prensa internacional, comprobará que la posibilidad de que vivamos una recuperación en forma de W es decir, con una recaída tras un breve período al alza, es omnipresente, junto al temor a una larga L o período de crecimiento lánguido, insuficiente para absorber las elevadas tasas de paro que ha dejado el vendaval financiero. Nadie dice que tenga que pasar, pero tampoco nadie se atreve a descartarlo con rotundidad.
Como ya ocurrió con el absurdo debate sobre si estábamos o no en crisis, hay quien parece apuntarse a una versión del atomismo lógico del primer Wittgenstein, reconociendo no solo que las palabras son la imagen reflejada de las cosas, sino que, también a la inversa, una cosa solo existe si hay una palabra que la designe. Por tanto, si prohibimos el uso de los nombres crisis o recaída, estas cosas dejaran de existir en el mundo real, o al menos, en el mundo de la política oficial.
“Eppure, si muove”. Algunas cosas existen con independencia de que queramos nombrarlas e incluso de que conozcamos su existencia. Miles de personas morían por infecciones bacterianas, aún antes de saber que había bacterias. De igual manera, el riesgo de recaída no se puede descartar, sólo con no mencionarlo.
De hecho, conforme se van conociendo elementos de nuestro puzzle económico nacional, se acrecientan los temores sobre el “cuando” de nuestra recuperación económica, el “cómo” y sobre todo, su “consistencia”. Todo el mundo acepta ya que lo peor ha pasado. Que los próximos trimestres, aún siendo todavía pésimos, serán menos malos que los ya transcurridos, porque parten de niveles muy bajos de actividad y empleo. Casi todo el mundo reconoce que la recuperación en España, entendida como volver a tasas de crecimiento superiores a cero, llegará más tarde que a los países centrales del sistema. Y el debate hoy es si nos quedaremos varados en tasas bajas de actividad durante mucho tiempo o si viviremos una corta recuperación más significativa, seguida de una recaída. Y no estoy hablando de optimismo o pesimismo, ni de posicionarse a favor o en contra del gobierno, ni mucho menos de una apuesta azarosa como la lotería. Existen elementos que avalan esas posibilidades poco atractivas, más allá de nuestros problemas con la precariedad laboral (paro+temporalidad) y su impacto negativo en el consumo, sobre todo, sin crédito financiero abundante.
La alerta de Moody´s sobre el deterioro adicional en las cuentas de nuestro sistema financiero como consecuencia del excesivo peso de ciertos activos en sus balances, es uno de ellos. Hablé aquí la pasada semana del “complejo inmobiliario financiero” y el lastre que las minusvalías inmobiliarias latentes iban a tener sobre nuestro mercado crediticio durante el próximo año. Pues de eso se trata. Mientras el resto del mundo ha procedido a un ajuste tan rápido como traumático de precios en los activos tóxicos, con el consiguiente impacto sobre las cuentas de resultados de las entidades financieras con sus planes de salvamento público y recapitalización, como España era diferente, no hemos hecho ni lo uno, ni lo otro. Aquí se ha optado por una absorción lenta del problema y esta estrategia tendrá como consecuencia previsible que cuando los demás hayan superado sus problemas de solvencia y retomen una actividad crediticia plena en sus economías, nuestro sistema financiero estará inmerso, todavía, en un momento delicado del ajuste que le obligará a mantener restringido el crédito a familias y empresas.
Otro elemento está en la comunicación de la Comisión Europea que juzga la sostenibilidad futura de nuestras cuentas públicas como de alto riesgo y aconseja una rápida reforma del sistema de pensiones (Pacto de Toledo) , en el gasto sanitario (Pacto sanitario) y en los ingresos (reforma fiscal y lucha contra el fraude).
Más ejemplos de esta semana sobre nuestras debilidades, tienen que ver con múltiples pronunciamientos nacionales e internacionales a favor de abordar una reforma del mercado laboral (sin pérdida de derechos), una revisión profunda de nuestras cargas administrativas o una apuesta decidida sobre la economía sostenible y la lucha contra el cambio climático.
Con todas estas tareas pendientes y peligros flotando en el ambiente, no se puede asegurar una lenta recuperación de nuestra economía, ni una recaída. Pero, siendo serios, tampoco se puede descartar por lo que el gobierno debería incorporar la errata a su discurso.
El futuro no está escrito y dependerá de lo que hagamos, o no hagamos, ahora. Ahí radica el mensaje positivo sobre la situación: podemos mejorar nuestras expectativas. Para ello, hay que partir de un diagnóstico correcto de la situación, incluyendo las dudas sobre la calidad de nuestra recuperación si no hacemos algo más que lo conocido hasta ahora. Algo, que deberemos ver en el debate presupuestario para que este ayude a mejorar nuestras posibilidades futuras a partir de la puesta en marcha de un programa de reformas como el apuntado aquí. De lo contrario, sería la primera vez en nuestra historia democrática, que acumularemos una década sin cambios profundos en nuestras estructuras socio-económicas, más allá de las burbujas especulativas con las que, al igual que si fueran bayonetas, se puede hacer muchas cosas, menos sentarse sobre ellas.
Los organismos internacionales anuncian la salida de la recesión y España no parece que vaya a estar entre el grupo de cabeza. La pérdida de posiciones, con todo, no será lo peor, sino el riesgo de pasar un quinquenio en blanco, con crecimientos muy reducidos y su repercusión sobre un ensanchamiento de las desigualdades internas. Entramos en la crisis como la octava potencia económica del mundo y saldremos varios puestos más abajo y con un país menos cohesionado socialmente. En ese movimiento divergente de la distribución de renta se traduce, también, una destrucción de empleo y de riqueza de la magnitud de la que estamos viviendo, que no afecta a todos los niveles sociales por igual.
Si aspiramos a que el futuro no nos sea indiferente, como pide la canción de Mercedes Sosa recientemente fallecida, algo tendremos que hacer desde la política económica para modificar tan tristes perspectivas. Algo más que lo hecho hasta ahora. Porque no estamos atravesando un chaparrón que permita esperar a que escampe para regresar a la situación anterior. Estamos viviendo unas fortísimas lluvias, con tsunami incorporado, que provocan inundaciones con muchos damnificados y profunda alteración del paisaje, incluso una vez haya pasado.
Sobre todo esto, esperamos escuchar a los grupos parlamentarios en el debate de política económica general que se celebra con motivo de los Presupuestos Generales del Estado, presentando sus propuestas y alternativas y no solo diciendo qué quieren en otros asuntos que nada tienen que ver con el futuro colectivo de España, a cambio de su voto, ni escuchar la crítica acerba, descalificadora y desgarrada de quien tiene poco diferente que ofrecer y concentra su actividad en buscar falsos culpables, en vez de soluciones, a los problemas de los ciudadanos.
Digámoslo claro: ni se puede defender que la recesión española sea consecuencia de un exceso de gasto público, ni la solución radica, sólo, en subir impuestos. El asunto, me temo, es bastante más complejo y requiere de acciones simultáneas en varios escenarios y, todas ellas, con un nivel de intensidad y duración en el tiempo suficientes como para tener impacto.
En el nivel de la coyuntura, creo que debemos quitarnos presión artificial sobre el asunto del déficit público para el año que viene. Gracias al impulso presupuestario y monetario, coordinado a través del G-20, hemos hecho frente a la recesión y no debemos tener prisa en reducirlo hasta que la recuperación esté afianzada. Mantener los 400 euros para las rentas más bajas y prorrogar un año la vigencia del suprimido impuesto de patrimonio, ayudaría a repartir mejor los sacrificios, con un impacto sobre el consumo privado mayor.
Lo primordial, sin embargo, son medidas concretas que permitan desbloquear la parálisis en uno de los principales estrangulamientos de nuestra economía y que podemos denominar “el complejo inmobiliario – financiero”. Si mala fue la burbuja especulativa, no es mejor la actual situación, con más de 800.000 viviendas nuevas sin vender, dada la vinculación de este problema con el desempleo (entorno a un 60% del paro español procede de la construcción) y con el sector financiero, a través de la excesiva concentración de riesgos en activos inmobiliarios con minusvalías latentes. Reactivar el sector de la vivienda de primera residencia y acelerar el proceso de reestructuración bancaria y de Cajas de Ahorro, es fundamental para restablecer el flujo normal de crédito al conjunto de la economía, cosa que empieza a ser urgente.
Si nos desplazamos al ámbito de las reformas estructurales, aquellas que deben ayudarnos a reaccionar contra el pesimismo de las previsiones actuales mediante la mejora de nuestras posibilidades de crecimiento futuro y de competitividad, tenemos que hablar, al menos, de tres tareas.
La primera, relacionada con las Administraciones Públicas que gestionan la mitad del PIB, y, en especial, su ámbito presupuestario. Empecemos por constatar que el superávit vivido en los últimos años ha sido, en parte, un espejismo. Es decir, sin aditamentos relacionados con la burbuja inmobiliaria, nuestros ingresos fiscales estables no parecen suficientes para financiar nuestros gastos públicos estructurales. Necesitamos, por tanto, una profunda reforma tributaria que mejore la equidad en los ingresos: combatir el fraude, aproximar la fiscalidad entre todas las rentas y gravar más los rendimientos no ganados con el esfuerzo personal, combatiendo, en suma, los paraísos fiscales interiores. Y necesitamos también, unos presupuestos de base cero, donde haya que justificar anualmente la totalidad del gasto, a partir del cumplimiento eficaz y demostrable de los objetivos programados.
Crear más empleo depende de la amplitud del conjunto de la oferta agregada, pero modificar las reglas del juego del mercado laboral debe ayudar a mejorar la calidad y productividad del empleo creado. Y hay que hacerlo en tres vectores, al menos: reforzando la causalidad en los contratos temporales para evitar abusos fraudulentos, generalizando el contrato de fomento del trabajo indefinido aprobado en 1997 y reformando la negociación colectiva hacia una mayor centralización, compatible con cláusulas efectivas de descuelgue. Reducir las cotizaciones sociales para los contratos indefinidos reforzaría esa dirección.
La tercera reforma tiene que ver con un nuevo modelo de crecimiento que refuerce el talento, el valor añadido, la innovación así como la compatibilidad entre el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático. Tendremos que esperar a la Ley de Economía sostenible para ver cuál es la propuesta del Gobierno en esta materia a la que se deberá contribuir desde todos los ámbitos de la sociedad civil y empresarial.
Un amplio consenso parlamentario entorno a un programa económico de esta amplitud, al que se debe añadir la renovación del Pacto de Toledo y la consecución de dos nuevos acuerdos en sanidad y educación que revierta el deterioro perceptible de ambos servicios públicos, debería reforzarse con una Conferencia de Presidentes que aportara el compromiso de las Comunidades Autónomas al esfuerzo común.
Por ahí debería ir una respuesta de país a las negras predicciones que se nos auguran respecto a los inicios de la recuperación. Para que el futuro no nos pille sin haber hecho lo suficiente.
El lider conservador británico ha arrasado esta semana en su congreso partidista enarbolando la consigna: más individuo y menos Estado. En esos mismos días, un individuo poderoso, Berlusconi, en si mismo casi un estado, también ha atacado con virulencia a los poderes del Estado por pretender juzgarle ante la comisión de presuntos delitos. Y mientras, aqui, en España, criticamos al Estado porque en sus Presupuestos ha reducido la partida de apoyo a la I+D+i es decir, pedimos, en eso, más Estado. La cosa, como se ve, merece una reflexión un poco más compleja que los empobrecedores eslóganes políticos. Leer artículo completo »
En época de crisis, los Presupuestos del Estado intentan acotar la ansiedad colectiva a base de ponerle números. De acuerdo con los conocidos esta semana, seguiremos teniendo motivos para la ansiedad el año que viene. Menos que antes, pero todavía viviremos el tercer ejercicio consecutivo de recesión económica.
Ansiedad de las familias ante un incremento añadido del paro que, según prevé el gobierno, se traducirá en una reducción adicional de su tasa de consumo, a pesar de la bajada histórica en los precios. Ansiedad de las empresas que seguirán con un brusco descenso en su ritmo de inversión, sobre todo en construcción, por mucho que hayan caído los tipos de interés. Ansiedad de las Administraciones Públicas que han visto cómo su saldo pasaba, en poco tiempo, del primer superávit de la democracia, al mayor déficit de la democracia, al verse golpeadas sus cuentas por la crisis financiera internacional, mas la nuestra propia y un conjunto de medidas discrecionales que, ahora, se plantea suprimir en parte. Ansiedad, en suma, de los mercados financieros que pululan nerviosos imprimiendo a la bolsa española unos movimientos alcistas atípicos.
En realidad, salvo las exportaciones, que crecerán si se consolida la recuperación en los otros países, los pensionistas que cobran la mínima y las empresas de infraestructuras, da la sensación de que el resto seguiremos presos de una ansiedad decreciente, aunque acumulativa.
La subida de impuestos, junto al recorte de gastos, permite presentar una reducción del déficit público inicial de casi tres puntos de PIB, dibujando unos presupuestos formalmente restrictivos, si los analizamos en relación a su impacto sobre el devenir económico. En todo caso, como el 90% de los ingresos y de los gastos públicos están predeterminados o dependen del ciclo económico, el margen real de autonomía, en ausencia de reformas, es limitado.
En la presentación gubernamental de los Presupuestos, se ha insistido en su austeridad, en que contribuyen al reequilibrio de las finanzas públicas, iniciando la senda de reducción del déficit. Para ese objetivo, las medidas son adecuadas, a pesar de que la apuesta del Presidente a favor del cambio de modelo de crecimiento, que tantos apoyamos, encuentre difícil reflejo en unas cuentas públicas que reducen la inversión en investigación y la incrementan en subvenciones al carbón.
Sin embargo, la pregunta más importante ahora es: ¿tenemos que iniciar ya el recorrido de consolidación presupuestaria como objetivo fundamental, cuando todavía viviremos un año malo? A esta reflexión ha dedicado mucho espacio en sus conclusiones el G-20 y hasta el FMI acaba de señalar que es demasiado pronto para endurecer las políticas presupuestarias y monetarias. Todos somos conscientes de que la virulencia de la crisis financiera ha obligado a los países a contrarrestarla con apoyos presupuestarios cuantiosos e inyecciones extraordinarias de liquidez. ¿Cuándo debemos poner fin a estas ayudas públicas excepcionales? El comunicado recién aprobado en Pittsburgh reconoce que debemos esperar para pasar de “las fuentes de la demanda públicas a las de demanda privada” a que la recuperación esté asegurada, cosa que todavía no ocurre a nivel mundial y, desde luego, tampoco en España que retrasará su salida de la crisis.
Desde esa perspectiva me planteo si alguien no se ha equivocado en el manejo de los tiempos en España. Llegamos tarde al reconocimiento de la situación de crisis y, tal vez ahora, estemos yendo muy deprisa al pensar que la recuperación está a la vuelta de la esquina y podemos empezar a retirar ya, desde los presupuestos, recursos de la economía.
No soy indiferente a la preocupación sobre el crecimiento del déficit. Participo en los trabajos presupuestarios desde hace más de quince años, con diversas responsabilidades que incluyen haber preparado muchos debates de totalidad, incluso haber protagonizado uno y medio, y he vivido de cerca, durante los años 90, los peligros del llamado crecimiento explosivo de la deuda pública. Pero para reforzar ante los mercados nuestra credibilidad como prestatarios, posponiendo el comienzo del ajuste al año siguiente tras mantener unos presupuestos para el 2010 muy parecidos en sus cuantías de ingresos y gastos a los aplicados este ejercicio, podríamos haber manejado mejor nuestra pertenencia al euro, las dificultades generalizadas en todos los países, la realización de un programa de reformas estructurales que incluyera una en profundidad de ingresos y gastos públicos y, en todo caso, un acuerdo parlamentario entorno a un plan de consolidación fiscal suscrito por las principales fuerzas políticas.
La ansiedad no se cura con cifras. Hace más de cien años, el psicoanálisis descubrió el poder de la palabra para vencerla. Y eso, más palabras, discurso, narración articulada de lo que nos proponemos hacer y del reparto equilibrado de sacrificios, es algo que muchos hemos echado de menos en la gestión de esta recesión económica. El director de cine Hitchcock, llamó “macguffin” al necesario entramado interno de los guiones. Ese andamiaje que da consistencia a los personajes, a sus motivaciones y a sus gestos, debe existir y trabajarse aunque luego no se explicite. Sin el macguffin, la mejor de las historias se convierte en gelatina que se nos va entre las manos en medio de actos incomprensibles y personajes poco creíbles. Pues bien, a nuestro debate económico le ha faltado macguffin por parte del Gobierno, mientras el de la oposición ha sido demasiado burdo y apresurado.
Si escuchamos las palabras que utilizan los ciudadanos para combatir su ansiedad, veremos que no quieren que sobre el drama del paro, se sume la pelea de los políticos. Alemania, con una caída del PIB superior a la nuestra, apenas si ha incrementado su desempleo, a lo que no parece ajeno la existencia de una gran coalición entre los dos grandes partidos durante lo peor de la crisis. No creo que sea necesario tanto en España. Pero sí, tal vez, un amplísimo acuerdo parlamentario entorno a unos Presupuestos anticrisis. ¿Imposible? Seguramente. Pero no por ello menos necesario para aligerar la ansiedad de los ciudadanos y mejorar nuestras posibilidades de una pronta recuperación. Por eso merece la pena insistir.
Conocer que un alto directivo bancario se prejubila con una pensión anual de tres millones de euros, ha desatado una importante polémica en España. Saber que lo pagaran los accionistas del banco privado, no es argumento suficiente para mostrarnos indiferentes. Las empresas privadas también tienen que cumplir las normas de conducta que impongan sus códigos de buen gobierno como muestra de la responsabilidad social que tienen, más allá de la contraída con sus accionistas. Privado, no quiere decir que pueden hacer lo que les de la gana. Y menos, si se trata de empresas demasiado grandes para que el Estado (todos) las deje quebrar sin ayudarlas cuando entran en problemas.