Blog de Jordi Sevilla

A ningún lector le habrá sorprendido que el Fondo Monetario Internacional haya colocado a España en la última posición en la salida de la recesión en términos estadísticos (2011), pero mucho más tarde en cuanto a creación neta de empleo. Nuestras dificultades diferenciales tienen que ver con la estructura económica (peso de la construcción o el turismo), con cuestiones institucionales (rigideces en el mercado de trabajo, ausencia de un Sistema Nacional de I+D+i, fracaso escolar, mecanismos presupuestarios obsoletos) y con políticas erráticas (aplazamiento de las reformas, subidas de impuestos y del gasto público, apoyo a energías renovables y al carbón, alboroto nuclear, retrasos en la reconversión bancaria).

Tampoco esta vez se trata de una cuestión de optimismo o de pesimismo, sino de conocer bien el terreno que se pisa y las estrategias de éxito adecuadas para superar cuanto antes este momento de crisis, que es mucho más que un bache transitorio. Aceptar que lo peor ha pasado, no significa actuar como si ya todo estuviera hecho. Estamos en mitad del fregado. En el momento clave, que siempre es el de inflexión, el de cambio de tendencia, sobre todo en un mundo globalizado donde resulta tan difícil mantener la posición relativa, no digamos ya, mejorarla. Y más allá de unas décimas arriba o abajo, de un trimestre antes o después, nuestro panorama desde el puente de mando es muy complicado.

En pleno proceso de desapalancamiento de las familias, con una perspectiva de paro estabilizado a niveles elevados y con contenciones salariales pendientes, como consecuencia de no haber sabido aprobar, sin devaluación posible, las medidas de ajuste a la pérdida de riqueza derivada de la crisis, el consumo doméstico no va a repuntar de manera llamativa. Tampoco parece que las empresas vayan a aprobar planes agresivos de inversión creadora de empleo en un contexto de restricciones crediticias -e incluso subidas en los tipos de interés de mercado- y desconocimiento sobre por dónde irá la economía en medio de procesos de reformas esenciales apenas conocidos.

El sector público, por su parte, sigue lanzando mensajes contradictorios sobre su actuación. Mantiene los estímulos a la actividad, pero es demasiado impulsivo ante el castigo de los mercados financieros al elevado déficit público en forma de incremento en la prima de riesgo en la financiación internacional. Así, no sólo se suben los impuestos sino que, a menos de un mes de la entrada en vigor de los Presupuestos, ya se adelantan recortes en el gasto público aprobado por el Parlamento. En palabras del Fondo, podríamos estar ante un «repliegue prematuro y desorganizado de los estímulos» que puede acabar por dañar las mismas perspectivas de recuperación, ya que no es lo mismo congelar el gasto con un crecimiento del 2,7% (USA) que recortarlo aquí, todavía con recesión. Y recuerdo que los pasados superávit presupuestarios no vinieron por subidas impositivas y recortes del gasto, sino por el crecimiento económico.

Si desde las esferas gubernamentales existe preocupación por el deterioro en los mercados financieros de la imagen de España como marca, se está reaccionando de manera equivocada ya que, a fuerza de obsesionarse con el fotograma del día, la película en su conjunto está perdiendo sentido narrativo. La coherencia y la contundencia en las medidas económicas son fundamentales. Y luego, pasar con rapidez de la fase de anuncio a la adopción de las mismas y no como ha pasado con el FROB y el lío de Bruselas.

La vicepresidenta Salgado ha contrarrestado el anuncio pesimista del FMI con el optimista impacto que sobre la economía española tendrán las reformas estructurales «que se van a poner en marcha». Y así lo esperamos quienes venimos reclamándolas desde hace mucho tiempo. El problema es que todavía no conocemos el contenido de las mismas (salvo la Ley de Economía Sostenible, que no ha generado entusiasmo precisamente, a pesar de ser una potente herramienta), ni su alcance, aunque los rumores en la Villa y Corte apuntan a una sucesión de escorzos que eludan los problemas básicos. En todo caso, aun aceptando que se aprueben este año y vayan todas en la dirección adecuada y con la intensidad requerida, resulta difícil de creer que sus efectos benéficos se puedan notar antes del próximo año.

Y mientras tanto, la economía paralizada por el efecto tapón generado por el complejo inmobiliario financiero al que el Gobierno parece querer dar la espalda, en línea con las peticiones de los dos grandes bancos que intentan ganar cuota de mercado sobre las mayores dificultades de sus competidores. Sin crédito no habrá crecimiento suficiente, y las entidades financieras no recuperarán una cierta alegría crediticia hasta que hayan resuelto los problemas derivados de esos 350.000 millones de euros que el sector inmobiliario les debe, una buena parte de los cuales, de difícil cobro, según ha señalado la Asociación Hipotecaria.

Nuestro sistema financiero no estará reparado hasta que no se arregle este problema. Puede ser en forma del propuesto banco malo que se quede con los activos tóxicos, o mediante planes especiales de amortización de pérdidas pactados con el Banco de España y condicionados a un descenso significativo de precios en los pisos y a una recuperación del crédito. Pero lo único que no se puede hacer es nada, porque la inactividad mina la confianza en nuestro país mucho más de lo que pueda recuperarla un recorte lineal del gasto corriente o anuncios de dureza ante determinados privilegios laborales, mientras se aplauden otros.

Lo hemos visto esta semana en la reunión del Foro de Davos o en los vaivenes de la Bolsa motivados por el riesgo inmobiliario. 2010 puede ser un año que consolide el retraso de la economía española o el año en que todo empezó a mejorar. Sin despejar esa duda, que tiene que ver con las reformas y su contenido, la prima de riesgo seguirá subiendo, aunque amaguemos con la reducción del déficit. Porque, a diferencia del chiste, la moneda hay que buscarla donde se ha caído y no, por comodidad, donde hay luz.