RSSArchivo de Junio de 2010
Apenas inaugurada la temporada de reformas, va y viene el Presidente Zapatero a decir que no va más. Que con lo ya hecho y algo adicional sobre la edad de jubilación, ya pueden los mercados darse por satisfechos. Sobre todo después de que el Consejo Europeo, el director general del FMI y hasta Obama, hayan alabado las medidas del Gobierno español. 
Ese es el problema cuando hacemos las cosas forzados por los acontecimientos en lugar de por convencimiento: que estamos deseando que se acabe para volver a lo de siempre. Y, sin embargo, las reformas han sido “lo de siempre” en la historia española. En el ámbito de lo económico, desde los Pactos de la Moncloa, la reconversión industrial, la adaptación al Mercado Común, luego al Acta Única, luego a la globalización, luego al euro y luego a la internacionalización, en los últimos treinta años no hemos otra cosa en España que adaptarnos, reformarnos. Se puede decir que hemos incorporado el cambio como un parámetro de nuestro sistema económico. El dinamismo adaptativo que muestra nuestra sociedad, más allá de que permanezcan todavía rigideces, explica el éxito económico de las últimas décadas. Cada vez que hemos reformado, devolviendo decisiones a la iniciativa colectiva y manteniendo los equilibrios sociales, el resultado ha sido positivo en términos de bienestar.
Por eso, el impulso reformista mediante paquetes articulados de medidas, ha formado parte de nuestra tradición ilustrada. Por convicción íntima de que solo alterando el estado de las cosas, podríamos lograr mejores cotas de libertad y de bienestar para todos. Los pocos Gobiernos de progreso que ha habido en nuestra historia, han promovido siempre reformas no solo en los usos y costumbres sociales o de la vida cotidiana sino, sobre todo, en las relaciones sociales de producción y distribución. Ahí, en los derechos económicos y sociales, radica el núcleo duro del poder y la clave última de las desigualdades sociales. No se puede, por tanto, pasar de puntillas, a empujones o a regañadientes sobre estas cuestiones, desde un Gobierno de progreso que debe convertir las reformas permanentes, en su razón de ser y en su bandera del cambio verdadero. En España, todavía, necesitamos muchas reformas sobre ingresos y gastos públicos, sobre la oferta productiva para generar más empleo, sobre sostenibilidad del estado del bienestar, sobre cambio de modelo productivo, sobre lucha contra el cambio climático, sobre la coordinación entre administraciones, como para pensar que ya está bien y enterrar el hacha reformista. Cosa distinta es la manera en que se abordan, se explican y se resuelven.
A titulo de ejemplo, voy a relatar una reforma fundamental y urgente que nuestra economía requiere para responder a la crisis económica y a nuestros problemas de competitividad derivados de la misma: las cotizaciones sociales. De entre toda la literatura existente, me quedo con un estudio reciente (julio 2007) que, aunque no oficial, está publicado por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Es el elaborado por Angel Melquizo sobre “La incidencia económica de las cotizaciones sociales en España” (disponible en la red). Y destaco su conclusión principal: han sido las empresas, en su conjunto, quienes han soportado de manera plena la fiscalidad laboral que representan las cotizaciones sociales, sin que se haya trasladado a precios, ni se haya reducido del salario pagado. Estamos hablando de una cuña fiscal que representa entorno al 23% de los costes laborales totales. Esta realidad, en un modelo productivo que se basaba en bajos costes de producción, podía asumirse mejor que en el contexto de crisis actual e, incluso que, en el nuevo modelo productivo hacia el que debemos caminar, más basado en el valor añadido que en el precio barato y, por tanto, en trabajadores mejor retribuidos lo que obligará a recortar otros costes no salariales.
Una bajada significativa de las cotizaciones sociales representaría la inyección de competitividad que no podemos conseguir mediante una imposible devaluación de la moneda. Permitiría mejorar los márgenes empresariales de manera directa e inmediata y, con ellos, su liquidez y su capacidad de competir en unos mercados mundiales ya en crecimiento como los actuales. Reducir la fiscalidad del factor trabajo podría tener, además, un efecto directo sobre el desempleo, especialmente, el de baja cualificación.
En el sistema español, de acuerdo con lo establecido por Bismarck en el siglo XIX, nuestras cotizaciones sociales sirven para financiar contingencias comunes de los trabajadores, como la jubilación. Por tanto, una rebaja sustancial de las mismas afectaría de manera negativa a la estabilidad financiera del sistema de pensiones y esto es algo que no puede ni debe permitirse. Deberíamos, por tanto, de acuerdo con la letra y el espíritu del Pacto de Toledo, proceder a la discusión y aprobación simultánea de otra fuente alternativa de financiación de las pensiones que no se basara en la cotización de los trabajadores en activo sino en algún indicador de la riqueza general de la sociedad, sea la renta, el patrimonio no productivo, las rentas no ganadas mediante trabajo (plusvalías) o el consumo. Se podría pensar que con cargo a los impuestos generales, incluido el nuevo, se financiaría no solo como ahora las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, sino el 100% de una nueva pensión mínima garantizada para todos los ciudadanos. A partir de ahí y mediante un sistema contributivo parecido al actual, dicha pensión se complementaría mediante cotizaciones sociales, mucho más bajas que las vigentes.
Conseguiríamos así dos efectos paralelos y positivos: mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y financiar las pensiones de una manera más sostenible y equitativa que la actual en la que su cuantía no solo dependería de la relación entre activos y pasivos sino, también, del nivel de riqueza del conjunto del país.
Inclúyase esta propuesta dentro de un eventual “Manifiesto Universal de los males envejecidos que España padece”, similar al que escribió, en 1730, Francisco de Moya Torres y Velasco. Y es que, lo dicho. Esto de las reformas viene de antiguo y no es bueno que se acabe ya.
El capitalismo se está refundando. Pero no en Toronto, en la reunión del G-20, ni en ninguno de los parlamentos democráticos del mundo sino en las fábricas, a pie de obra y destruyendo al Estado socialdemócrata. La política, como espacio de encuentro, diálogo y acuerdo racional está cediendo terreno ante la fuerza de los hechos, del mercado financiero y las exigencias del beneficio privado a toda costa. El nuevo capitalismo del siglo XXI corre el riesgo de parecerse, demasiado, al viejo capitalismo del XIX. Motivos de preocupación, no faltan.
Llevo semanas defendiendo, entre mis amigos, la reforma laboral del Gobierno y cada vez me resulta más difícil. Sin duda para facilitar la posterior tramitación como Ley, pero hemos visto de nuevo el baile de la yenka: se propone una cosa, se filtra otra, se aprueba otra y, al final, acaba todo en otro sitio, para volver al principio. Así, el borrador rebajaba los globos sonda y el texto aprobado, todavía empeoraba al borrador.
He propugnado, en esta misma columna, la necesidad de una reforma urgente del mercado de trabajo. Incluso, me reconozco en la música y en parte de la letra del Decreto-Ley. Sin embargo, algo me empuja a decir, en voz baja, no es esto, no es esto. Aunque, claro, solo tendremos una posición clara cuando dispongamos de un texto definitivo, tras meses de tramitación parlamentaria y ahí radica una parte del problema: si, como ha dicho la vicepresidenta económica, el objetivo de todo lo que se hace es ganarse la confianza de los mercados, no se si esto ayudará.
Una reforma laboral debe traducir el crecimiento en más empleo de calidad, a la vez que permite destruir menos empleo cuando hay problemas. Solo si entendemos que los cuatro millones de parados que tenemos, están directamente relacionados con el 30% de trabajadores precarios que teníamos cuando la expansión, sabremos por donde debe ir la reforma: alterar el atractivo relativo de los contratos temporales frente a los indefinidos e introducir flexibilidad entre dos extremos: o bien estar empleado a tiempo completo, o en paro.
Desde el punto de vista de la contratación se ha rebajado el coste de la indefinida, a la vez que sube el de la temporal. Bien. En la buena dirección. Pero, tal vez de manera insuficiente: los contratos por obra o servicios siguen siendo demasiado largos, se habla poco de la concatenación de contratos temporales y no se sabe si al final, se incrementa la cotización social en aquellas empresas que abusan de ellos. Por el otro lado, es un avance la extensión del contrato indefinido con 33 días de indemnización por despido improcedente, pero no se mejora el contrato a tiempo parcial ni el fijo discontinuo que ofrecen soluciones muy interesantes para nuestra estructura productiva.
Desde el punto de vista de lo que sucede durante la vida de los contratos de trabajo, apenas si cambia ningún aspecto importante en lo relativo a movilidad, flexibilidad y negociación colectiva. La rigidez de las normas laborales a nivel de empresa seguirá siendo un obstáculo para nuestra capacidad de competir y reaccionar de manera proactiva a un mundo global tan competitivo como este. Es verdad que los sindicatos tienen algunos buenos ejemplos de flexibilidad adaptativa. Pero me temo que son aislados y sólo en empresas muy grandes. Incluso el asunto de la cláusula de descuelgue, estaba mejor abordado en los borradores y, todo ello, queda muy lejos del modelo alemán que nos han obligado a aprender en balde.
Permitir que una empresa con dificultades económicas objetivas pueda despedir a la mitad de la plantilla manteniendo a la otra mitad, en lugar de esperar a que quiebre del todo enviando al cien por cien al paro, fue ya un objetivo de la reforma laboral de 1994. Era la famosa cláusula económica que permitía despedir de forma justificada con 20 días de indemnización. Quince años más tarde, los problemas crónicos de nuestra lenta justicia, unido a la manera en que se ha ejercido la tutela judicial sobre estos casos, los ha convertido en impracticables, como prueba que, en plena crisis, la inmensa mayoría de empresarios prefieran un despido improcedente express que, aunque caro (45 días) es rápido. Corregir esto, era importante para salvar una parte del empleo en situaciones difíciles. Pues bien, ni consultando a dos buenos laboralistas (lo he hecho), resulta fácil entender lo que se propone en este punto y en qué mejora la situación actual. Da la impresión de que a falta del trámite parlamentario, el asunto de las causas objetivas de despido, se aborda, pero se aborta, en el texto aprobado por el Gobierno.
Si entramos en asuntos horizontales, hay dos que me resultan llamativos: el modelo austriaco y la intervención del Fogasa. El primero ha pasado de ser “la estrella de la reforma” a desaparecer, de momento, del firmamento. En realidad, por lo que se conocía, debería verse en el Pacto de Toledo porque era más bien un plan individual de pensiones mediante capitalización, rescatable en caso de desempleo, como son ya los actuales planes de pensiones. Por ello, nunca entendí el carácter angular que se le quiso dar, vinculado a esta reforma.
En segundo lugar, me cuesta explicar qué pinta el Fogasa, ejemplo de buen funcionamiento de lo público, creado para garantizar salarios de trabajadores de Pymes que quiebran, financiando 8 días del coste del despido en cualquier supuesto y a todas las empresas. Puedo entender que, en un momento de la negociación, el Gobierno hiciera un gesto de “partir las diferencias”, asumiendo desde lo público una parte de los costes privados a cambio de lograr un acuerdo. Pero mantenerlo sin existir acuerdo, altera mi manera de entender estas cosas.
Por último, una de las propuestas más atractivas, se ha diluido con el tiempo. Me refiero al análisis de la eficacia de las subvenciones a la contratación en un intento de suprimir las que no hayan sido útiles, reforzando las que sí, por ejemplo en jóvenes. Desconozco los resultados de la evaluación pero la reordenación de subvenciones ha quedado en menos de lo esperado y, posiblemente, de lo necesario.
La propuesta apunta maneras. Lo importante, está casi bien. Pero el dibujo final está deformado y mientras el discurso va por un lado, el articulado va por otro. El problema hoy no es, como decía el líder de la UGT, que el Gobierno haya cambiado de carril. Es que ha sacado al tren de vía muerta pero, en espera de apoyos parlamentarios, no sabemos todavía adonde vamos. Eppure, si muove.
El Presidente Obama ha escrito una carta al resto de socios del G-20 ante su inminente reunión. Y, tras constatar que la mayor parte del mundo ya está saliendo de la crisis, se dirige a Europa para advertirle de algo obvio: si apretamos todos juntos y a la vez en la dirección de los recortes, el ajuste y la austeridad, acabaremos provocando una depresión sobre la actual recesión. Porque si nadie compra, ¿quien va a vender? Si nadie ingresa, ¿quien va a devolver los créditos? ¿Está Europa corriendo el riesgo de caer en dificultades con su deuda, por empecinamiento ideológico de origen germánico, unido a la incapacidad mostrada por Merkel para liderar el continente?
A menudo, somos victimas de prejuicios que resultan dañinos para nuestro bienestar. También en política económica. Algunos proceden de los restos del naufragio de viejas ideologías y, otros, de la repetición obsesiva de cosas que, tal vez, fueron útiles en algún momento pero que ahora, en otro contexto, perjudican más que ayudan. Esta reflexión viene a cuento de lo que está ocurriendo en Europa y de la brecha abierta con Estados Unidos respecto a la política económica a hacer en estas horas difíciles.
En contra de lo que pueda suponerse cuando los economistas bromeamos respecto la capacidad predictiva de nuestro saber, tampoco sobre el pasado nos ponemos de acuerdo. Así, la crisis de 1929 todavía no tiene una interpretación aceptada por toda la profesión. Sin embargo, hay algo en lo que la mayoría coincide: una de las razones que amplificó la depresión a todo el mundo y durante varios años, fue el empeño de algunos países en seguir aferrados al patrón oro por razones que tenían que ver con la historia, con la incomprensión sobre lo que estaba pasando o con prejuicios respecto al funcionamiento de las cosas. La idea equivocada de mantener la paridad fija de las monedas en medio del temporal, condujo a políticas económicas restrictivas que agudizaron la depresión. Al menos, hasta que en 1931 Inglaterra lo abandonó, bajo el consejo de Keynes y con no pocas dudas, iniciando la larga marcha de salida del mismo por el resto de países. Las ideas, a veces, se transforman en actos. Y las malas ideas, en actos dañinos.
Existen hoy tres prejuicios en Europa, no basados en postulados aceptados por todos, que, en las condiciones actuales, pueden perjudicarnos más que otra cosa: la obsesión por limitar el déficit público, la pasividad ante los mercados financieros y los recortes en la acción pública.
Mantener, contra viento y marea, el compromiso de alcanzar un déficit público del 3% del PIB no más tarde de 2013, obliga a aplicar políticas de recortes en el gasto público y de subidas de impuesto, poco acordes con las necesidades de una economía con recuperación frágil como la europea. Lo dice el Fondo Monetario y no la Internacional Socialista. Y ¿por qué hay que hacerlo? No digo limitar el crecimiento del déficit o establecer una tendencia a la baja en los próximos años, que es correcto, si no ¿por qué el 3%, por qué en 2013 y por qué todos a la vez sin diferenciar entre déficit estructural y coyuntural? No hay una respuesta científica para justificar ninguna de las tres cuestiones y cumplirlo, sacrificará bienestar y empleo de manera innecesaria, por culpa de un prejuicio. ¿Cómo puede hacerse la misma política presupuestaria en Alemania, con la recuperación ya iniciada, que en España, todavía con crecimiento negativo? ¿De verdad quebrarían los mercados financieros si decidimos alcanzar esa cifra mágica de Maastricht, dos o tres años más tarde, con planes fiables para conseguirlo basados en fomentar el empleo mas que en cinturones apretados?
En Estados Unidos, que actúa como la gran potencia que son, los mayores volúmenes de déficits públicos se consiguieron con Presidentes muy conservadores: Reagan y Bush Jr, mientras el objetivo del crecimiento económico articula el conjunto de sus políticas económicas, incluyendo la monetaria en manos de la Reserva Federal. Europa, por su parte, lo hace como un conjunto timorato de países, dominados por los fantasmas históricos alemanes y sin acabar de creerse la fuerza de su Unión, ni adaptarse a las exigencias de la misma. Y estos prejuicios determinan sus políticas y explican su peor desempeño económico.
La manera que tiene Europa de reaccionar ante los mercados financieros internacionales, basada en prejuicios, también está resultando perjudicial. Mientras Estados Unidos muestra la superioridad de la política democrática abriendo investigaciones parlamentarias y judiciales sobre la responsabilidad de los gestores de entidades financieras privadas en la crisis, Europa está obsesionada por censurar a sus gestores públicos. El Presidente Obama ya ha presentado su reforma de los mercados financieros, mientras aquí, vamos aplazando las propuestas, permitiendo que Alemania actúe de manera unilateral en asuntos importantes.
Nos cuesta asumir que, en esta crisis, los llamados mercados financieros internacionales, que nada tienen que ver con mercados ni con sistemas financieros regulados, han sido responsables directos, por lo que tenemos la obligación moral y práctica de reformarlos en lugar de aceptar como inevitable el estar en sus manos. ¿Cómo es posible que las agencias de rating no se hayan visto afectadas después de lo que hicieron con Lehman? ¿Por qué a los inventores de esos productos derivados altamente especulativos, opacos y, a veces, engañosos, les concedemos el poder de decidir nuestra política presupuestaria? ¿Por qué mantenemos los paraísos fiscales?
No estoy proponiendo un programa de actuaciones más radical que el aplicado por el Gobierno de Estados Unidos. Pero el bloqueo europeo ante la especulación perjudicial, nos sitúa por detrás, no ya de aquella refundación del capitalismo a que llamó Sarkozy al comienzo de todo esto, sino incluso de medidas razonables como las propuestas por el FMI. Nuestros prejuicios ante los mercados financieros, está mermando de manera significativa nuestro bienestar e, incluso, la soberanía política europea percibida. En economía, no todo vale y es bueno que también los mercados financieros, que nos han conducido a esta crisis, lo sepan.
El tercer prejuicio desacredita lo público, de manera sistemática, en base a una supuesta superioridad de lo privado, cuando sin el activismo del Estado, nuestra democracia sería de peor calidad, nuestra sociedad más injusta y, nuestro sistema financiero hubiera quebrado en esta crisis y con él, todos nosotros. Por tanto, recuperemos el viejo principio socialdemócrata: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.
La política económica europea, para mantener el bienestar colectivo, tiene que cambiar los recortes y bloqueos hechos desde los prejuicios, por las reformas que modifiquen aspectos importantes del sistema. No hacerlo, abrirá el abanico de desigualdades sociales y territoriales hasta extremos incompatibles con cualquier proyecto solidario común. De eso estamos hablando.
China es, ahora, el país de moda. Pero antes lo fueron los cuatro dragones asiáticos y, todavía antes, Japón, cuyas compras masivas de deuda y de empresas americanas a finales de los 80, desató el pánico nacionalista en la primera potencia del mundo. No seré yo quien diga, hoy, que España debe mirarse en el espejo de Japón. Pero existen demasiadas similitudes entre ambos casos como para no tomarse en serio aprender en cabeza ajena.
Entre 1985 y 1990 Japón vivió una burbuja económica estimulada por la eclosión del crédito, bajos tipos de interés y una intensa desregulación financiera que prendió de manera especial en el alza acelerada de la bolsa y del suelo. Mientras se pavoneaba de ser pieza esencial del sistema económico mundial, acumulaba desequilibrios, deudas y fiebre especulativa que elevó la tasa de inflación y la depreciación del yen en un contexto de aumento de los precios del petróleo.
La subida de los tipos de interés a mediados de 1990 pinchó la burbuja, cayeron los precios de las acciones y del suelo, los préstamos hipotecarios se paralizaron, generando pérdidas generalizadas en los bancos y la recesión sobrevino a comienzos de 1992. El Gobierno respondió bajando de nuevo los tipos de interés e inyectando gasto público en la economía. El sistema, no obstante, dejó de reaccionar a estos estímulos, porque estaba herido en su estructura y no solo por la coyuntura: bloqueo del sistema financiero por la proliferación de activos tóxicos, grave deterioro de las expectativas empresariales y familiares que se traduce en caída del consumo privado y de la inversión que no reaccionan ante una política monetaria laxa y hasta once paquetes de estimulo fiscal lanzados desde un Gobierno con serios problemas de eficiencia y transparencia. La deuda pública vino a sumarse a la deuda privada, en una economía con exceso de capacidad por falta de consumo privado, a pesar de las intensas bajadas impositivas que se llevaron a cabo.
Ese es un retrato rápido de la “década perdida” de Japón de la que, todavía, no ha salido del todo. A la que debemos añadir una intensa crisis política que le ha llevado a sucesivos cambios de Gobierno, sin resultados aparentes sobre el devenir económico, salvo extender la corrupción e incrementar las incertidumbres que bloquean, cada vez más, las decisiones económicas privadas.
Dejando al margen las relaciones entre crisis económica, institucional y política del país nipón, otras experiencias serían:
La paradoja de la austeridad. En economías altamente endeudadas, cuando el ajuste privado se suma a la austeridad pública, se produce una caída de la actividad económica y, según la intensidad y duración, puede llegarse a una deflación. Es lo que acaban de descubrir los mercados financieros: si se aprueba un duro ajuste presupuestario como ha hecho España, el crecimiento de reduce. Porque el gasto público es productivo, al menos en gran parte, sobre todo en medio de una crisis que paraliza el consumo y la inversión privadas.
Por eso, prohibir por ley el déficit público, declarándolo incluso inconstitucional, era un disparate hace treinta años, cuando lo proponían los neocons americanos y lo es hoy cuando lo propone Sarkozy o Rajoy. A ver si nos entendemos: sin recurso al déficit y a la deuda pública, el capitalismo se hubiera hundido junto a Lehman Brothers. Y sin gasto público masivo en educación, sanidad, pensiones, desempleo etc nuestra democracia sería muy distinta y peor a la actual. Vivimos en un sistema económico que tiene muchas virtudes. Pero genera crisis recurrentes y desigualdades sociales crecientes por lo que necesitamos un instrumento como el Estado que haga de contrapeso aunque, a veces, recurra al endeudamiento como el buen padre de familia cuando se compra un piso.
Lo importante es discriminar entre partidas de gasto y ello requiere implantar una estrategia de reformas en base a la eficiencia antes que el recorte lineal. Como también debemos recuperar la distinción entre déficit estructural y coyuntural, porque son problemas distintos que no se arreglan de la misma manera y no podemos rehuir el debate sobre los necesarios impuestos, ni las privatizaciones, ni los precios públicos.
El complejo inmobiliario financiero. Reactivar el crédito financiero es parte fundamental de una estrategia de recuperación económica. Ello exige clarificar y sanear las cuentas de las entidades enganchadas con el ladrillo, cuya calificación de riesgos empieza a rebajarse. En otros países ha habido quiebras y nacionalizaciones. En Japón no se hizo casi nada y arrastran el problema durante quince años. En España, tenemos que reformar el sistema de Cajas de manera más drástica que mediante fusiones frías y hacer que el ICO compre activos inmobiliarios con elevado riesgo (unos 70.000 millones de euros), los guarde para venderlos dentro de diez años cuando el panorama se aclare y permitir mientras tanto una inmediata recuperación, aunque tímida, del crédito interno, cuando se cierra el externo.
Impulso a la competitividad. Cuando la respuesta a la pérdida de riqueza y de competitividad no puede venir de la mano de una devaluación de la moneda, ni es conveniente provocarla mediante un descenso significativo y generalizado de salarios que agudizaría la depresión, tenemos que mirar a los costes laborales no salariales. En nuestro caso, hay que utilizar el colchón de las cotizaciones sociales propiciando una bajada significativa de las mismas que compense ese 20% de devaluación externa que deberíamos hacer de ser posible. Ello plantea un problema a nuestro anticuado modelo de financiación de las pensiones que debe solventarse implantando otras fuentes complementarias de ingresos más vinculadas a la riqueza del conjunto del país que a los salarios de sus trabajadores. Es decir, propiciando unas pensiones públicas financiadas de manera más progresiva y eficiente que las actuales.
España no es Grecia, ni tampoco Japón. Pero negarse a aprender griego, para acabar hablando japonés, sería un absurdo. Hemos hecho recortes importantes para alejarnos de la primera y tenemos que aprobar reformas profundas para separarnos del segundo, evitando caer en una década perdida, que sería, como siempre, más perdida para unos más que para otros.
Las elecciones generales del 2000 no fueron buenas para el PSOE. No solo el PP sacó mayoría absoluta, sino que el resultado electoral obtenido por los socialistas se situó en el 34,16% de los votos, el porcentaje más bajo de su historia reciente debido a una elevada abstención. Hoy, las encuestas más fiables, dan un 32,5% de voto al Partido de ZP, diez puntos menos que los obtenidos en 2004, primera victoria electoral de la era Zapatero y todavía menos que en el 2000 con Almunia. Es razonable que entre las filas socialistas cunda una cierta alarma y bloqueo ante la situación.
Los mercados bursátiles y financieros viven sumidos en más dudas que Hamlet. Saltando de un temor a un miedo, en busca de certezas imposibles de encontrar desde nuestra naturaleza humana, ahora dudan del crecimiento económico. O mejor, de su debilidad como consecuencia de los recortes puestos en marcha en el gasto cuando, hace pocas semanas dudaban sobre la deuda pública. Deuda pública desatada, a su vez, cuando se quiso hacer frente a sus dudas anteriores sobre la inestabilidad generada por el pinchazo de la burbuja creada entorno a la deuda privada.
Parece, además, que son fácilmente manipulables mediante rumores y bulos, tienden al catastrofismo tras la euforia desmedida, apostando entonces por la inevitabilidad del peor escenario, circulan por el ancho mundo sin necesidad de cayucos, condicionando la política económica de estados soberanos y el bienestar de ciudadanos desarmados. Y, la mayoría de las veces, ganan dinero. Mucho dinero. Porque se eso se trata. Déjenme contarlo a modo de cuento.
Había una vez un sistema económico cuyo objetivo era ganar dinero. Para ello, sólo atendía aquellas necesidades humanas a las que pudiera ponérseles precio y sólo para aquellos ciudadanos que pudieran pagarlos. Como esto dejaba a mucha gente, con derecho al voto, fuera del sistema por no tener recursos suficientes, desarrolló un sector público que atendiera las necesidades básicas de los más pobres. Durante mucho tiempo, la mejor manera de ganar dinero era fabricando productos que luego se vendían por una cantidad de dinero superior a lo que había costado producirlos. Como muy pronto la capacidad de producir creció más que la de consumir a pesar de ampliar mercados hasta alcanzar todo el planeta, desarrolló un sector financiero capaz de conceder créditos que facilitaran el acceso al consumo, incluso a personas con una capacidad de compra real por debajo de sus compras efectivas.
Abusando del mecanismo, el endeudamiento del sector privado creció desproporcionadamente y, con él, los precios de algunos activos que centraban la compra (vivienda). Cuando la distancia entre capacidad de compra y capacidad de pago se hizo tan grande que el riesgo de impago sobrepasó los límites, estalló la burbuja, se invirtió el proceso y llegó la crisis. Entonces, el Estado intervino en ayuda del sector privado tanto empresarial (créditos, avales, inversiones, capital) como familiar (gasto por desempleo). Este mayor gasto, unido a menores ingresos por causa de la crisis, provocó un déficit creciente.
Aunque en España, el origen del problema no puede situarse en la actuación del Estado y, a pesar de que el principal problema de endeudamiento a refinanciar se centra en el sector privado (nuestra deuda pública se sitúa entorno al 60% del PIB y la privada entorno al 160% del PIB, muy concentrada en sector inmobiliario), aquí hemos convertido al sector público en el centro de todas las polémicas y en la esperanza de todas las soluciones. Mientras en Estados Unidos se investiga presuntos comportamientos delictivos de gestores privados irresponsables, aquí todas las sospechas recaen sobre los políticos y cuando en todos los países se imponen medidas para controlar los escandalosos bonos de algunos directivos de empresas salvadas con recursos públicos, entre nosotros predomina rebajar el sueldo a los funcionarios.
Con ello no digo que nuestro sector público no merezca ser sometido a profunda revisión. Pero señalo que estamos equivocando el tiro por tres razones. La primera tiene que ver con la moralidad. Al golpear sólo al débil estamos reforzando un mensaje de impunidad respecto a quienes han tenido un comportamiento directamente responsable de nuestra recesión a la vez que lanzamos señales negativas sobre el sector público cuando, sin él, no tendríamos los niveles de equidad, bienestar, libertad y seguridad de que, a pesar de todo, disfrutamos.
La segunda razón tiene que ver con la eficacia. Las medidas que adoptamos, si son solo las que podemos y no las que debemos, nos llevaran a torear los problemas sin resolverlos. Si hay que reformar el mercado de trabajo o reducir cotizaciones sociales para recuperar competitividad, de nada sirve rebajar el sueldo de los diputados o suprimir ministerios. Estamos dando falsas soluciones a los problemas como en la Edad Media, cuando quemaban a una bruja, para combatir la peste.
La tercera razón, confronta democracia y mercados financieros internacionales. O mejor, autonomía política e intereses económicos. Y me sorprende que algunos, tan preocupados por la constitucionalidad del Estatut de Catalunya, no presten atención a esta limitación efectiva de la soberanía nacional, vía imposición de intereses particulares sobre los generales. El dinero, no tiene patria.
Los que recordamos la crisis del petróleo de 1974, las reconversiones industriales de los 80, los esfuerzos para acceder al euro, la crisis de 1992/93 o la menor del 2000, asistimos a un “deja vu” en muchos de los argumentos, razones y sinrazones con que vivimos las serias dificultades actuales. Nos hemos hecho mayores oyendo hablar del déficit público o la necesidad del copago en sanidad, los problemas de nuestra educación o nuestra justicia, las reformas estructurales o los problemas de nuestras pensiones, como si no hubiéramos aprendido nada porque no se debate, sino que se discute. Y quien debate, está interesado en escuchar argumentos para encontrar soluciones, mientras que quien discute, solo aspira a imponerse en base a chillar más fuerte.
Repito, estará bien suprimir coches oficiales, que los directores generales viajen en turista y que los funcionarios se lleven los folios de casa, en lugar de al revés. Pero después de este ejercicio de purificación en la hoguera, todos nuestros problemas seguirán igual que antes porque no es asunto de salvadores ni chivos expiatorios. O peor, porque una drástica reducción del gasto público reduce también el crecimiento de la economía y sin crecimiento, nos haremos viejos, con pensión reducida, escuchando como en un bucle temporal, una especie de Bolero de Ravel contra lo público. Mientras, siempre habrá quien seguirá ganando dinero. Cosas del sistema, cuando se autonomiza de las personas. O refundamos el capitalismo o el capitalismo nos recortará a su medida.