RSSArchivo de Julio de 2010
Hace poco, pudimos ver juntos en acción a Felipe González y a Zapatero en una celebración del Grupo Parlamentario Socialista. El comentario más extendido, dentro y fuera, fué:¡que diferencia entre ambos! Tomando a cada uno de ellos como paradigma del político de “antes” y del politico de “ahora”, me permito reflexionar, yo que he trabajado con ambos, sobre cómo ha cambiado la política para dar como resultado políticos tan diferentes. Aqui y en el resto del mundo. Estamos en la época de los politicos cuánticos y ello refleja unos cambios sociales más profundos.
De los treinta y cinco años transcurridos desde la muerte de Franco hemos vivido, casi por mitades, con situaciones de crisis y con bonanza económica. Y pensaba el otro día que alguna relación debería tener una cosa con la otra, es decir, que las cosas nos van en la recesión, según lo hallamos hecho en la recuperación y viceversa. Por eso es tan importante no equivocarse en las medidas y reformas que adoptemos ahora porque nos jugamos, también, el futuro.
Todo empieza por un adecuado diagnóstico de lo que nos pasa. La recesión ha golpeado con especial virulencia a nuestro país en forma de paro masivo porque, en realidad, han confluido cuatro crisis distintas que se han ido incubando en su espacio y en su tiempo, por sus causas y sus cauces, que podían haber generados problemas serios cada una por separado, pero que han estallado a la vez.
La primera crisis es de productividad. El modelo de crecimiento en que se basó el milagro español se basó en la cantidad y en el precio. Hemos crecido porque hemos incorporado cantidad de mano de obra (parados e inmigrantes) y cantidad de inversión pública y privada (sobre todo, en construcción) impulsada por los bajos tipos de interés del euro. Pero esta manera de crecer conlleva disminuciones paulatinas en la productividad de los factores que es el factor que garantiza la riqueza a medio plazo. Crecer, a costa de un descenso acumulado en la productividad, no es sostenible y, más pronto o más tarde, hubiera mostrado sus limitaciones en forma de catarsis.
La segunda crisis es la financiera y viene provocada por dos fenómenos: hemos vivido a crédito y una parte importante del mismo lo hemos pedido a entidades extranjeras. Los datos son conocidos: es la primera vez en España que la deuda privada, triplicaba a la deuda pública. Además, nuestro déficit exterior, equivalente al 10% del PIB, explica nuestra vulnerabilidad a las circunstancias financieras internacionales y explica los problemas que nos generaría una situación de cierre de los mercados crediticios a nuestro país. Este ha sido el desencadenante de la actual crisis, aunque como estamos viendo, no es su única causa. La sequía repentina en la concesión de créditos y los recortes de gasto necesarios para devolver los créditos recibidos por parte de familias y empresas, justifica el frenazo experimentado por nuestra actividad de consumo e inversión, que ha hecho caer el PIB de manera significativa a la vez que subía el paro de manera incluso más dramática.
La tercera crisis es de competitividad. En el mundo desoccidentalizado en que vivimos, donde el poder económico se desplaza hacía otras zonas del planeta y otros países (BRICS), tenemos que analizar cómo respondemos a los desafíos que ello plantea a nuestro modelo productivo. ¿Podemos seguir especializados en los mismos sectores y con los mismos vectores competitivos que antes de la globalización? ¿Es suficiente con el paraguas de esta Unión Europea para sentirnos protegidos del huracán que está soplando en los mercados internacionales y en los centros mundiales de poder económicos? ¿Podemos seguir compitiendo por hacer las cosas más baratas, gracias a tener mano de obra competitiva en costes?
La cuarta crisis es la ecológica. Las políticas de reducción de emisiones de CO2, la lucha contra el calentamiento global y el transito hacia una economía baja en carbono, son compromisos y acciones que no desaparecen sino que se van a incrementar con el tiempo. Y conllevan profundas transformaciones en nuestra manera de producir, distribuir y consumir energía, pero también todo tipo de materiales.
La confluencia de estas cuatro crisis nos ha desviado de una trayectoria a la que no regresaremos y nos obliga a articular un paquete de medidas que actúen en varias direcciones, a partir de vectores homogéneos. Sólo un cambio de modelo productivo hacia la calidad, el valor añadido, el talento y la inteligencia, nos permitirá hacer frente a las cuatro. Un cambio que se fundamente en el desarrollo de cinco vectores productivos: innovación, internacionalización empresarial, economías bajas en carbono, reforma de las administraciones y economía del conocimiento. E insisto, vectores y no sectores porque lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, si incorporamos o no valor añadido en aquello que intentamos hacer de la mejor manera posible.
Una transformación de nuestro modelo productivo de esta magnitud, aún partiendo de aquellas empresas que ya lo están practicando con éxito para incrementar su número hasta alcanzar una masa crítica suficiente, requiere un esfuerzo inversor, tributario, relacional y de coordinación entre administraciones, entidades financieras, Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales, sindicatos y empresas, que solo se puede sostener durante todo el tiempo necesario con la continuidad adecuada, en base a un amplio acuerdo político, social e institucional a la altura del reto del que estamos hablando.
Sería un gran acuerdo en positivo para responder a los desafíos del futuro con determinación y valentía en lugar de estar todo el rato echándonos los trastos a la cabeza. Un acuerdo que debe contemplar las relaciones público-privado desde una óptica distinta alejada tanto del burocratismo antiguo como de esa especie de “hágalo usted mismo” que propone el Gobierno conservador británico ante el fracaso del Estado. Un acuerdo que transmita confianza en nuestras propias fuerzas y en la capacidad para llevar adelante una transformación reformista tan importante en nuestro país que debe verse acompañada de reformas estructurales en sanidad (crónicos), educación (fracaso escolar), pensiones (nuevas fuentes de financiación), dependencia (suficiencia financiera), justicia, estado autonómico, administración, sociedad de la información etc. Un acuerdo de salida a las cuatro crisis que exige una forma distinta de hacer política, más empresarial, en la que recuperemos el interés general como prioritario y donde la partitocracia no acabe ahogando a la democracia y donde los ciudadanos vuelvan a sentirse involucrados y animados por la cosa pública.
¿Un sueño de siesta veraniega? Tal vez. Pero, me temo que la alternativa puede ser algo parecido a la pesadilla berlusconiana en Italia. En fin, felices vacaciones!
Lo malo es no saber a qué carta quedarse, en economía, con el presidente del Gobierno. Entre aquel «voy a tomar las decisiones que España necesite», dicho la mañana del debate sobre el estado de la Nación, al «me han obligado los mercados contra mi deseo» de la tarde frente a la izquierda, hay un abismo. El abismo de la incertidumbre que genera desconfianza entre los prestamistas porque las cosas, o se hacen por convicción, o por imposición, pero difícilmente por ambas cosas a la vez.
Parece claro que aquellos días de mayo en que los mercados financieros, tras ahogar a Grecia, empezaron a apretarnos el cuello, marcaron un antes y un después en la política económica española y en la percepción presidencial del complejo mundo de la economía globalizada. Fueron su particular caída del caballo. A partir de ahí, vimos en funcionamiento al Zapatero austero y reformador, haciendo, con el mismo retraso con que tardó en reconocer la gravedad y duración de la crisis, aquellas cosas que le veníamos pidiendo muchos desde hacía tiempo y a las que se había negado hasta ese mismo momento.
Acompasar reducciones sostenibles del déficit público con reformas estructurales profundas como estrategia para impulsar el crecimiento, ha formado parte del recetario sugerido desde muchos lugares, incluida esta columna. Reconforta ver que el presidente, por fin, ha llegado a la misma conclusión. La duda surge cuando te preguntas: ¿lo hace convencido o vencido? Y el asunto no es baladí porque en un caso, se irá ampliando el campo de cambios y mejoras que busquen incrementar la productividad y el crecimiento sostenible. Pero si se hace arrastrando los pies y en contra de las convicciones íntimas, como se ha llegado a decir, dejará de hacerse en cuanto afloje la presión externa que ha obligado a virar.
No seré yo quien haga una defensa del papel que han jugado los llamados mercados financieros, tanto en el origen como en el desarrollo de esta crisis. Pero tras criticarlos, denunciando la pasividad europea ante la necesidad de una profunda reforma de los mismos, debo reconocer que su actuación ha puesto de relieve algunos fallos fundamentales en el adecuado funcionamiento de las democracias. Por ejemplo, ¿nos hubiéramos enterado, sin la presión de los mercados, de las trampas presupuestarias del anterior Gobierno griego? ¿Las autoridades políticas de aquel país (y vale para cualquier otro) hubieran adoptado las medidas económicas adecuadas sin la presión de los mercados? ¿Qué mecanismos alternativos tiene el sistema político para corregir medidas disparatadas y perjudiciales a medio plazo adoptadas por sus autoridades electas? ¿No demuestra todo ello que, más allá del debate entre legitimidades, los actuales mecanismos de la democracia europea tienen fallos importantes por los que se han colado los mercados? ¿Tendremos que agradecer los españoles a la presión de esos mercados el cambio producido en la política económica y que tanta falta hacía para garantizar nuestro futuro?
Entenderán ahora mi preocupación por saber si el presidente está, de verdad, convencido de que las reformas propuestas y otras pendientes, más allá del detalle, son buenas para España por méritos propios o, simplemente, piensa que son lo mejor que se puede hacer, dado que la alternativa de seguir sin hacerlas ya no es posible porque nadie nos financiaría. Por cierto, me resultó entrañable contemplar la convicción con la que explicaba, en una tarde, al grupo de Esquerra/IU, los problemas para acceder al mercado internacional de crédito cuando el interbancario no funciona de manera adecuada, mientras que sobre el origen de nuestra deuda, pública y privada, no decía ni una palabra. Porque no vale la explicación de que en cada momento se hace lo que se puede, como si no hubiera relación causal entre las necesidades de ahora y las decisiones adoptadas en el pasado.
El ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista ha expuesto en un reciente artículo la continuidad de la política actual post-mayo con ese reformismo del socialismo español que nos introdujo en Europa, hizo la reconversión industrial o nos preparó para el euro con la reforma laboral de 1994. Pero en el caso del presidente, ya digo, parece que su posición depende mucho del interlocutor.
Es conocida la existencia en el PSOE de «dos almas» enfrentadas a lo largo de su historia: Largo Caballero frente a Besteiro, guerristas y renovadores, partido y sindicato, izquierda socialista y mayoría, incluso Solbes y Caldera. Reflejando, a veces, dos puntos de vista distintos sobre la misma realidad (¡que tiempos aquellos en que la disparidad de opiniones en el seno de un partido, no era confundida con la traición, ni con la jaula de grillos!) y otras veces, una discrepancia no tanto sobre las políticas a hacer, cuanto sobre los ritmos de aplicación de las mismas o sobre el orden de prioridades.
Cuando creíamos aniquilada esa etapa ante el liderazgo fuerte del actual secretario general, descubrimos, gracias a los hechos del pasado mayo, que esas dos almas siguen presentes. Pero esta vez, las dos almas, encarnadas en el mismo cuerpo presidencial.
En todo caso, cuando el presidente empieza a hacer, con retraso, lo que tiene que hacer, aunque no acabe de tener claro por qué lo hace, si por convicción o por imposición, lo mejor que podemos hacer los demás es no distraer con huelgas generales o con peticiones de elecciones anticipadas. Estamos viviendo unos momentos cruciales que van a determinar buena parte de nuestro futuro como país. Se están debatiendo en el Parlamento importantes reformas que van a alterar nuestras condiciones de vida y trabajo durante décadas. Es la hora de efectuar aportaciones constructivas, de modificar todo lo que haya que modificar, de aportar soluciones y de buscar el acuerdo mediante diálogos y pactos. Es la hora de la negociación entre alternativas públicas. Ya llegará la hora de mostrar la coherencia individual entre nuestra alma ciudadana y nuestra alma de votante. Porque lo de las dos almas, está más extendido de lo que parece ¿O no?
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es el caballo con que tanto Artur Mas como Jose Montilla quieren conseguir la Presidencia de la Generalitat. Ayer, en la Universidad Rey Juan Carlos, participé con el líder de CiU en un curso de verano en Aranjuez. Tres horas de debate coloquio al final de las cuales he sacado algunas conclusiones: con la excusa de una interpretación dolida de la sentencia, CiU se escora hacia el soberanismo independentista, al grito de queremos decidir, ya que España no nos quiere. Pactó con ZP el Estatut para desplazar al PSC y ahora quiere desplazar a ERC ocupando el espacio soberanista. Nada relevante, si no fuera porque, por debajo, fluyen sentimientos encontrados entre muchos catalanes y muchos españoles que no acabamos de encontrar la fórmula para seguir viviendo juntos y no queremos sustituirla por aquella otra de empezar a vivir separados.
No siempre abordamos el debate sobre nuestras administraciones públicas desde la perspectiva adecuada. Con demasiada frecuencia repetimos viejos tópicos, caemos en vaguedades y mostramos más enfado que soluciones. Tampoco las instituciones políticas ayudan. Las propuestas partidistas parecen alejadas de una preocupación sincera por mejorar algo que, como correa de transmisión entre ciudadanos y autoridades democráticas, constituye parte esencial de la columna vertebral del país.
Algunas de las críticas que se hacen, presuponen que la mejor administración es la que no existe. Falso. Aquellos países, o aquellos períodos de nuestra historia, en que no hay una administración estable y profesional, sino una de plastilina, son Estados fallidos o autoritarios. Necesitamos un aparato administrativo que garantice nuestros derechos, deberes y libertades individuales. Quien hace cumplir las leyes, pero también quien asegura que se respetan los derechos, es la administración en sus distintas facetas: sanidad, educación, policía, jueces, bomberos, servicios sociales, de empleo, seguridad social, hacienda etc. En ese sentido, la ampliación efectiva del Estado social de derecho solo es disfrutada por los ciudadanos, no tanto por el número de leyes aprobadas, sino por cuántas de ellas aplican las administraciones y por cómo lo hacen. Por ello, dejar fuera de la lucha partidista la reforma de las administraciones es buena cosa (han de ser profesionales capaces de servir a gobiernos de distinto signo), pero excluirla de la máxima prioridad política es un error que acabamos pagando todos con desafección al sistema.
Porque, además, como no se ha cansado de repetir el gran experto Joan Prats, reciente y prematuramente fallecido, el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno forma ya parte de una profundización de la democracia que se extiende por todos los países bajo la exigencia a los políticos de que sean capaces de crear y sostener buenas administraciones. En suma, ya que las administraciones públicas son necesarias, consigamos que funcionen lo mejor posible.
Esto conecta con la otra línea de crítica que considero equivocada: su tamaño. Con frecuencia escuchamos que nuestras administraciones son muchas, muy grandes, con demasiados empleados y gastando una parte excesiva del PIB. De ahí surgen las propuestas de recorte: el Parlamento ha propuesto suprimir tres ministerios y Castilla la Mancha reduce a la mitad sus Consejerías, o las sucesivas reestructuraciones a la baja de su diseño, como acaba de hacer, por tercera vez, el Gobierno. “Small is beautiful”, es una vieja consigna, de moda ya solo entre administraciones, en lo que me parece el mayor y más peligroso desenfoque de la cuestión que he visto en muchos años.
En primer lugar, porque siempre he creído que la cuestión del tamaño, en si, es un debate absurdo. Grande o pequeño, medido cómo, en comparación con quien, con relación a qué. El principal problema no es de tamaño, sino de razón de ser. En las administraciones públicas se suele dar por sentado cuales son sus tareas, cuando precisamente eso constituye, hoy, el meollo de la cuestión. Sobre todo, en España donde la Constitución ha deconstruido nuestro sistema institucional pasando de una dictadura a una democracia, de un Estado aislado a miembro de la Unión Europea y de un Estado centralizado con una administración, a otro Estado autonómico organizado, no dividido, en dieciocho administraciones. Y todo ello, además, en medio de una revolución tecnológica que debe cambiar el paradigma de las relaciones con los ciudadanos y elevar los procedimientos administrativos al universo que posibilita la red.
Para el nuevo papel de la Administración General del Estado en un país federalizante como el nuestro, lo peor no es su tamaño, sino que está mal organizada y deficientemente orientada como consecuencia de los muchos restos que todavía subsisten de la vieja AGE centralista. Deberá hacer una profunda transformación que fortalezca más administración central con servicios comunes a costa de tanto ministerio-taifa, cuestionando si la mejor estructura organizativa posible hoy sigue siendo el viejo Ministerio, si sus profesionales tienen los estímulos y cualificaciones adecuadas a sus obligaciones. Sobre esto acabo de dirigir un estudio con propuestas de reforma radical: “La reforma de la AGE” Biblioteca sector publico PwC/IE. Editorial LID.
Junto a ello, las CC.AA no pueden ser mini estados sino partes de un Estado común. Por ello, la coordinación, la cooperación, el trabajo conjunto, los consorcios, deberán impulsarse como prioridad para evitar duplicidades pero, sobre todo, para que cada uno haga mejor su trabajo y desde ahí, podamos hacer, también mejor, el de todos.
En segundo lugar, el tamaño sigue sin ser lo importante porque asumida por cada parte su función y debidamente coordinada con el resto, todas las administraciones deben abordar el asunto de su eficiencia. No tanto si son pocos o muchos, si gastan poco, o mucho, sino si lo gastan bien dentro de estructuras eficientes que aprovechan los avances tecnológicos y organizativos. Necesitamos administraciones que cuiden a sus empleados promoviendo sus carreras profesionales, evaluando su desempeño y definiendo la función directiva como prevé el Estatuto del Empleado Público que se aprobó siendo yo Ministro de la cosa. Administraciones que adecúan su funcionamiento a la Ley de Administración Electrónica que también se aprobó en mi época. Administraciones que separen pura gestión, controlable técnicamente, de las decisión política, desarrollando la Ley de Agencias y, sobre todo, administraciones que se sometan de manera generalizada y sistemática a la evaluación externa y profesional de su gestión y del impacto de sus política públicas para aprender a hacerlo cada vez mejor. La Agencia de Evaluación que creé, podría ser el instrumento adecuado, aunque no sea el único, ya que existen empresas privadas de consultoría que también ofrecen este servicio.
La reflexión política sobre las administraciones, hecha desde su razón de ser y su eficiencia, debería ser una prioridad absoluta en la España de hoy. Las autoridades tienen la obligación de hacerlo mejor, porque los ciudadanos tienen derecho a exigir una buena gestión de lo público. Pero si los criterios para hacerlo provienen solo del tamaño, se agotará en un simple recorte que agravará el problema, sin resolverlo.
Quienes opinan que la virtud se encuentra en el término medio, convendrán que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre El Estatut de Catalunya es poco virtuosa. Porque se sitúa mucho más cerca de quienes lo votamos creyendo en su constitucionalidad que de aquellos que lo recurrieron en su casi totalidad. La realidad es que nada de lo que ahora mismo se está haciendo en Catalunya, dejará de hacerse como consecuencia de la sentencia y que “casi nada” de lo que se podría querer hacer, se verá alterado por la misma. La repercusión practica de la sentencia para los ciudadanos y el autogobierno de Catalunya, será mínima. Al final, quienes más ruido están haciendo en defensa del texto del Estatut son quienes votaron en contra del mismo, por parecerles escaso. Paradojas.
Reducir los déficits públicos desde la altura en que los ha colocado la crisis, es una necesidad. Hacerlo a los ritmos y con los plazos establecidos por la Unión Europea de manera uniforme para todos sus miembros, es un dogmatismo temerario. España, arrastrando cuatro millones de parados, con una perspectiva de crecimiento negativo este año y no muy superior al 1% el próximo, debería sentirse más cómoda con un esfuerzo como el propuesto por el G-20: reducirlo a la mitad para 2013, situándolo entonces en el 5,5% del PIB, para alcanzar la cifra mágica del 3% de Maastricht dos años más tarde.
Cuando se dice que los recortes aprobados de gasto público tienen un impacto negativo sobre el crecimiento, se está reconociendo que las medidas selectivas de expansión del gasto, puestas en marcha durante la crisis, por ejemplo nuestro Plan E, sí fueron efectivas para mantener la actividad económica. Entonces, cobra todo su sentido la reiterada observación del FMI de que los países no deben tener prisas para retirar esos estímulos. El error europeo es ir en contra de esta sensata recomendación que constata, entre otras cosas, que no hay nada que reduzca el déficit público tanto como el crecimiento económico.
El equilibrio presupuestario como objetivo puede no ser óptimo, porque no todo el déficit es igual. Existe el coyuntural, fruto de la evolución del ciclo y aquel estructural, consecuencia de unos compromisos estables de gasto, no compensados por ingresos igualmente estables. Como existe, también, el déficit “bueno”, atribuible a gastos de inversión que no pueden pagarse al contado (como hacen las familias cuando compran su vivienda o las empresas cuando invierten) y el déficit “malo”, fruto de gastos y transferencias corrientes. Esta información fundamental la perdemos cuando metemos todo en el mismo saco y las políticas de reducción del déficit pueden ser negativas para el país si se aplican desde ese “totum revolutum”.
De entre lo último que he leído sobre el déficit español actual quiero destacar un interesante análisis de Miguel Angel García: “El sistema fiscal español ante la crisis: el pesado lastre de las decisiones adoptadas durante el ciclo expansivo” (Gaceta Sindical de CC.OO). Según este experto, algo menos de la mitad del déficit español se explica por caída de ingresos públicos y el resto (7,3 puntos porcentuales del PIB) por la expansión del gasto, una parte del cuál no vinculado a la crisis. Además, explica, el déficit coyuntural representa algo más de la mitad, mientras que el elevado resto sería estructural debido a decisiones de bajadas de impuestos e introducción discrecional de gastos adoptadas durante la fase expansiva. La consolidación presupuestaria, por tanto, incluso en los plazos más relajados, no vendrá solo de la mano de la recuperación sino que exigirá reformas importantes tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Reformas, no solo recortes, concentradas en la Administración General del Estado que representa la parte del león del problema.
Con una perspectiva temporal que abarque los próximos cinco o diez años vamos a encontrarnos, por tanto, con las siguientes tendencias reformistas. Por el lado de los ingresos públicos, y aún aceptando que se mantenga la elevada elasticidad de los tributos frente a la renta, bajar impuestos no será ni de izquierdas, ni de derechas, sino simplemente imposible. Ello situará el debate en sus términos clásicos: quienes pagan, cuanto y de donde. No creo que sea sostenible un esquema fiscal donde no contribuyen todos los que deben, ni los que contribuyen lo hacen en función de su capacidad global de pago tal y como exige la Constitución.
Sin entrar aquí en detalles, deberemos esperar una mayor tributación de las rentas no ganadas mediante el esfuerzo personal (plusvalías, patrimonio no productivo, herencias) una mayor carga fiscal sobre los recursos escasos (carbono) o perjudiciales (contaminación, emisiones de CO2) y sobre el consumo. Junto a ello, deberemos recuperar la política de precios públicos para que los usuarios de determinados servicios públicos contribuyan más a su financiación mediante peajes, tasas o copagos. En esa perspectiva, la tributación sobre el factor trabajo, especialmente las cotizaciones sociales, serán los únicos impuestos a la baja.
Por el lado del gasto las opciones son dos: recortes indiscriminados, lineales y proporcionales, presupuesto tras presupuesto, hasta alcanzar los compromisos de déficit o reformar de una vez la estructura del gasto mediante dos instrumentos claves: presupuestos base cero, es decir, necesidad de justificar periódicamente la totalidad de cada partida presupuestaria y no solo su incremento o decremento anual y, sobre todo, evaluar de manera independiente las principales políticas públicas para asegurarnos que lo gastamos bien, de manera eficaz y útil para los objetivos perseguidos. Así, aquello que sea válido, podrá ser recortado o no mientras que aquello que se demuestre poco útil, deberá ser suprimido en su totalidad. Por otra parte, habrá que abrir las perspectivas de una colaboración público-privada en la prestación de algunos servicios públicos, con mayor alcance y más amplio espectro que lo practicado hasta la fecha.
El literato Echegaray, Ministro de Hacienda, señaló en 1905, que la salvación para el país estaba en “el santo temor al déficit”. Poco después, el dictador Primo de Rivera propuso que “la palabra déficit quede autoritariamente suprimida del léxico español”. Sus epígonos hoy, olvidando que ambos generaron inmensos déficits contradiciendo sus declaraciones, se basan en una supuesta exigencia de los prestamistas que habrían perdido confianza en España. Si es así, sería otra muestra de la ineficiencia de unos mercados financieros que no son capaces de diferenciar entre datos y rumores. Creo, más bien, que los mercados quieren aprovecharse de una supuesta debilidad española para obtener más dinero a cambio de sus préstamos, mientras que los emisores persiguen todo lo contrario. Una estrategia de consolidación presupuestaria posible, creíble y sostenible como la aquí esbozada, fortalecería nuestra posición de solvencia reforzando las posibilidades de encontrar financiación en los mercados para nuestro déficit público en sensata reducción y no en atropellado recorte.