RSSArchivo de Septiembre de 2010
Si algo ha provocado enconados debates políticos y serios enfrentamientos sociales, a lo largo de la historia, ha sido los impuestos. En la España medieval, sólo se convocaban Cortes para aprobar nuevos tributos y en el origen de la independencia norteamericana está la negativa de los rebeldes a seguir pagando impuestos a la Corona británica, sin tener reconocido el derecho de representación en el Parlamento que los decidía. Nuestra Constitución, por su parte, reconoce como derechos y deberes de los ciudadanos el que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica” y es ampliamente reconocido que la consolidación de nuestro incipiente estado del bienestar, se encuentra muy relacionada con la aprobación del IRPF por un gobierno de la UCD.
Cuando hablamos de impuestos estamos lejos de hacerlo de algo técnico, como podría ser, por ejemplo, el trazado más adecuado para una nueva carretera. Una cosa es que no debamos ser fundamentalista entorno a la capacidad taumatúrgica de los tributos pensando, por ejemplo, que una deducción aquí o allá, cambia comportamientos económicos básicos y, otra, muy distinta, considerarlos un simple instrumento, sin color ideológico, como ha defendido esta semana el Presidente del Gobierno en USA.
En un debate serio sobre impuestos hay que tomar, al menos, cuatro decisiones cargadas de ideología si por tal entendemos una concepción determinada sobre los principios que organizan y articulan una sociedad democrática: cuántos impuestos se pagan, quien los paga, sobre qué se paga, cómo se paga. Por el cuánto me refiero al nivel que representan sobre la riqueza nacional e individual, es decir, la presión fiscal global y los topes personales para evitar que sean expropiatorios. Lo primero depende del nivel global de gasto a financiar y de la marcha de la economía, porque las principales figuras tributarias modernas, evolucionan con la renta anual. Mantener una presión fiscal en España por debajo de la media europea, es una decisión política y no técnica, que condiciona las políticas de ajuste en el gasto público cuando, como ahora, hay problemas con el déficit público. Como fue una decisión política rebajar, a los muy ricos, el máximo de tributación individual por todos los impuestos personales, efectuada bajo gobierno del PP, pero con apoyo del actual Presidente, entonces, líder de la oposición.
Decidir quien paga impuestos, tampoco es una cuestión técnica o instrumental. Al menos en tres ámbitos: la lucha contra el fraude fiscal reduciendo posibilidades legales de elusión. En segundo lugar, acotando la obligación de declarar a partir de determinado nivel de renta, lo que facilita la gestión pero deja fuera a muchos ciudadanos que pierden así, su condición constitucional de contribuyentes. Y, en tercer lugar, decidir si pagan los usuarios de los servicios públicos (metro, sanidad o carreteras) mediante precios públicos o el conjunto de ciudadanos mediante impuestos.
Acordar qué hechos imponibles se graban con impuestos es otra decisión profundamente ideológica. Recordemos que hasta la democracia, en España, existían impuestos de producto que se cargaban sobre los factores productivos y hacerlos recaer sobre resultados (renta personal o societaria), expresa toda una concepción política sobre lo que debe ser una sociedad. Imponer que todas las rentas pagan lo mismo, provengan del capital, del trabajo o de la herencia, no es una cuestión instrumental, sino profundamente ideológica. Porque la carga tributaria no se reparte socialmente de la misma manera si dejamos que las rentas del capital o el patrimonio no tributen o preferimos que suba la tributación del consumo, respecto a la de la renta.
Por último, arbitrar cómo se pagan los impuestos, tampoco es instrumental, si no que forma parte de una concepción ideológica de la sociedad. Decidir hasta donde debe llegar la progresividad del sistema tributario afecta al grado de compromiso con la equidad que se tenga, heredado de la importancia relativa que se atribuya a este principio de articulación social. Como afecta también al mismo principio, las decisiones sobre deducciones, desgravaciones, exenciones, si son en la base imponible o en la cuota etc. etc. Porque cada una de estas decisiones altera el reparto social de la carga.
Como en toda cuestión económica, hay asuntos técnicos que deben respetarse. Pero en los debates sobre impuestos se concentra mucha más carga ideológica que en ninguna otra parte de la economía salvo, tal vez, el mercado laboral. Ideas como el efecto desincentivador de los impuestos sobre la actividad económica, la vinculación inevitable entre globalización y desfiscalización de las rentas de capital, la teoría de la doble imposición cuando se graba las rentas (nuevas) del ahorro o que la política social se hace desde el gasto y no desde el ingreso, son afirmaciones profundamente ideológicas surgidas en ámbitos académicos conservadores que nunca se han podido demostrar de manera inequívoca desde un punto de vista científico.
Reconocer el carácter ideológico de los impuestos no significa negar la necesidad de adaptar, con pragmatismo, su concreción a la realidad de la evolución económica o al estado anímico general de una sociedad que tiende a comprimir al ciudadano que vota, en la categoría de contribuyente. Pero no nos hagamos trampas en el solitario. Decidir que todos los ciudadanos son iguales ante los impuestos o que unos son más iguales que otros, no es un problema instrumental. Y conformarse con la actual distribución de la carga tributaria en España donde ni los muy pobres ni los muy ricos pagan y son las rentas del trabajo asalariado quienes sostienen el sistema, no es un problema técnico, si no profundamente ideológico aunque podamos discutir a qué ideología responde. Y si me permiten, aprovecho para contar, que la famosa expresión, “bajar impuestos es de izquierdas” fue el titular de prensa de una idea, un poco más sofisticada: bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas, sobre todo cuando tenemos un sistema impositivo en el que más del 80% de los ingresos por IRPF provienen de rentas de asalariados que, además, según las declaraciones, ganan más que sus empresarios. Pero el correlato explícito era que otras rentas deberían pagar más.
Seguramente está bien lo que se ha hecho. Y no tengo nada en contra del PNV, sino más bien agradecimiento por su apoyo a mis propuestas políticas como Ministro y su deferencia personal conmigo. Pero necesito que alguien me explique por qué en los tres años en que fuí Ministro de Administraciones Públicas, el Ministerio de Hacienda por un lado y el de Trabajo por otro, NO ME DEJARON TRANSFERIR AL PAIS VASCO LAS COMPETENCIAS QUE AHORA SE HA ACORDADO TRANSFERIR. ¿Que ha cambiado para que aquello que parecía malo al anterior Gobierno de Zapatero, como al de Aznar y, aún antes, al de Felipe Gonzalez, sea ahora lo mejor que nos puede pasar. O alguien me lo explica y conmigo al conjunto de los ciudadanos, o el milagro de la conversión del agua en vino se quedará corto ante esta otra transmutación de criterio.Y el desprestigio continuará creciendo imparable.
Una crisis sistémica, como la actual, no pasa por la sociedad como la luz a través del cristal sin romperlo, ni mancharlo. En medio de las polémicas existentes, hay asuntos en los que podemos estar de acuerdo: esta recesión ha golpeado de manera desigual a los distintos países en función de sus características estructurales propias (peso de la construcción y nivel de endeudamiento); todos los gobiernos han aplicado las mismas medidas para hacer frente a la situación: intervenciones en los bancos, incremento del gasto público e inyecciones de liquidez; lo peor ha pasado, incluso hay quien ha iniciado ya una senda de crecimiento vigorosa.
Todas las previsiones de los organismos internacionales se están revisando al alza, por primera vez en tres años, aunque persisten temores sobre la posibilidad de sufrir un bache en el segundo semestre, después de unos resultados en el primero mejor de lo esperado y sobre la posibilidad de que un recorte del gasto público excesivamente rápido, perjudique la incipiente recuperación. Lo primero, la recaída en W, se teme en USA, mientras que lo segundo, los perjuicios del fanatismo del déficit, se anticipa en una UE empeñada en aplicar la misma dosis, de la misma medicina, para todos.
No he compartido el catastrofismo que algunos han practicado, en los últimos meses, sobre la economía española: deflación asegurada, quiebra financiera del país con corralito incorporado, plan de rescate encabezado por el FMI como en Grecia, expulsión del euro, decadencia profunda. Tampoco espero que expliquen por que sus previsiones no se han cumplido e, incluso, como es posible que la evidencia muestre una solvencia de nuestras empresas y entidades financieras superior, incluso, a la de otros países líderes, que ha cambiado la percepción de los mercados sobre España.
Sin embargo, creo que debemos empezar a preocuparnos por la post crisis. Por cómo estaremos cuando la recuperación se consolide y tengamos que analizar las secuelas de la recesión porque, en ningún escenario es previsible, ni deseable, que volvamos al punto de partida, como si nada hubiera pasado.
Aunque en economía, como en la vida, todo está relacionado con casi todo, analizaré por separado las cinco secuelas principales que nos va a dejar la crisis.
La primera, sin duda, un volumen elevado de paro. Por mucho que la propia recesión, más algunas reformas parciales como la del mercado laboral, hayan modificado los parámetros de reacción del empleo al crecimiento, tardaremos cerca de una década en recuperar los niveles de desempleo anteriores a la crisis. Más de la mitad de nuestros parados son jóvenes o mujeres, es decir, representan, en la mayoría de los casos, segundos sueldos. Eso explica que la red familiar siga siendo el principal refugio social frente a las dificultades, pero plantea importantes incertidumbres de futuro: una generación en riesgo de desprofesionalizarse, pérdida de capital humano, agudización de las desigualdades por razones de género. Por otra parte, la cualificación de más de la mitad de los parados es baja o muy baja, lo cuál plantea problemas serios para su recolocación en la economía sostenible del futuro. Dicho de otra manera, ahora vemos todo el paro como coyuntural (fruto de la recesión), pero en breve, tendremos que recuperar la visión de que una parte es estructural que no se absorberá sólo con el nivel previsible de crecimiento económico y que requerirá medidas activas desde el lado de la oferta.
La segunda secuela será la pérdida de competitividad. El World Económic Forum acaba de bajarnos nueve puestos en el Índice mundial, solo en un año. Una caída importante que refleja los cambios estructurales que se están produciendo en el mundo globalizado, a los que no podemos responder sólo con esperar una recuperación espontánea de la economía nacional. La competitividad refleja el nivel de productividad de un país y con él, su capacidad para generar riqueza y el WEF lo desglosa en doce pilares que tienen que ver con instituciones, infraestructura o educación. Recuperar la competitividad perdida con la recesión, cuando China ya es la segunda economía del mundo, nos va a exigir un amplio y profundo programa de reformas sociales y económicas que va más allá de lo que hoy está presente en el debate público.
La tercera secuela es un intangible, pero determinante para el desempeño económico: estamos perdiendo dinamismo social. España se ha construido en los últimos treinta años sobre la base del cambio permanente: reconversión industrial y bancaria, integración en Europa, Acta única, euro, internacionalización. Que el mañana no será igual al hoy, ni al ayer, es un enfoque positivo en un mundo cambiante, que estamos perdiendo como muestra multitud de ejemplos: desde las resistencias universitarias a Bolonia, hasta la huelga general, el bloqueo institucional en la Justicia, la pasividad ante el fracaso escolar, las cargas administrativas crecientes sobre las empresas o la escasa movilidad geográfica. Una sociedad poco dinámica incorpora y financia con dificultad las innovaciones empresariales que son clave para la mejora en productividad y competitividad. Salvo aquellas empresas que se han internacionalizado, nuestra pérdida de dinamismo como país, será una de las peores secuelas que la recesión nos dejará.
La cuarta secuela de la recesión será un empeoramiento en la cohesión social, por un deterioro de las políticas de inclusión. No me refiero, solo a que las desigualdades sociales crezcan, sino a que las herramientas, e incluso los argumentos a favor de que sociedades más cohesionadas son sociedades más eficaces y con mayor bienestar, están en retroceso, restando legitimidad a aquellas medidas tendentes a incrementar, de verdad, la igualdad de oportunidades, la equidad o la responsabilidad social de las empresas.
Esas son las preocupaciones que considero reales respecto a España. Y, me temo, que las medidas y los consensos sociales y políticos necesarios para sacarlas adelante con éxito, se encuentran ausentes de nuestro panorama actual en lo que podría ser considerado otra secuela de la recesión: un clima de elevada polarización partidista, reflejo de una preocupante pérdida de perspectiva sobre donde están los verdaderos problemas y sus soluciones.
La economía no es una ciencia exacta. De hecho, existen dificultades para otorgarle una categoría epistemológica que vaya más allá de protociencia, lo cuál no excluye que sea un conjunto sistemático de saberes con algunas relaciones causales sólidamente establecidas. Pero, hasta ahora, ha sido incapaz de establecer leyes aceptadas por la comunidad de científicos, en base a las cuales hacer predicciones falibles salvo en las condiciones de laboratorio que son los modelos matemáticos y, aún así, con tantas restricciones que estrechan demasiado la validez práctica de sus conclusiones.
Se ha dicho, como problema, que en economía no se puede experimentar como hacen las ciencias naturales. Pero, a cambio, ningún físico ha viajado por un agujero negro regresando para contar sus experiencias, mientras que los economistas hemos transitado por varias crisis económicas, sin que de ello hayamos sabido aprender nada inequívoco que nos permita evitar la siguiente. La división de los economistas en escuelas económicas, con gran componente ideológico cada una de ellas, es la mejor prueba de su debilidad como ciencia.
Trasladado todo esto a la toma de decisiones, a la política económica, donde a lo dicho se suma las creencias, la información parcial, las presiones de los distintos grupos sociales en función de sus intereses y los cambios inducidos por una realidad en permanente movimiento, parece inevitable la existencia de predicciones distintas sobre la evolución de la coyuntura y debates acalorados sobre propuestas que pretenden conseguir el mismo fin por caminos encontrados. No me atrevo a englobar el amplio conjunto existente de alternativas en dos grupos homogéneos y a llamarlos de “izquierda” y de “derecha”, pero si a señalar que según predomine una visión liberal o socialdemócrata de la sociedad, se deducirán propuestas concretas diferenciables por las distintas ponderaciones del peso de lo público en la lucha por la igualdad real de oportunidades o del papel de la solidaridad fiscal en la consecución de la equidad.
Así, parece inevitable que haya enconados debates sobre si la mejor manera de crear empleo es abaratar el despido; cómo vivir más años trabajando el mismo tiempo y sin perder riqueza individual; si es posible recuperar competitividad sin recortar salarios o cómo afecta la crisis al nivel de desigualdad social.
Aunque ha habido unanimidad en los países del G-20 para tirar mano del Estado en su lucha contra la crisis y sus efectos, ahora existe división entre una visión europea más centrada en restringir el gasto para controlar el déficit público a toda costa, mientras en USA predomina la necesidad de continuar con los estímulos presupuestarios selectivos como instrumento de consolidación de la recuperación incipiente. Las dos opciones tienen argumentos de peso a favor y en contra. El gasto público financiado mediante deuda ha sido productivo como se deduce por los temores que su recorte suscita en los mercados, por su impacto negativo sobre la recuperación. Por ello, puede que no haya mejor estrategia para reducir el déficit mañana de manera sostenible que fomentar el crecimiento económico, aunque sea mediante estímulos públicos que, hoy, lo incrementan transitoriamente, salvo que reajustamos el conjunto del gasto tras evaluar su eficiencia.
En todo caso, el déficit debe financiarse y si no existen prestamistas que lo hagan a un precio aceptable, tenemos un problema serio. Tal vez por eso, USA ha empezado por reformar en profundidad su sistema financiero, mientras que en la UE seguimos al albor de especuladores mas temerosos que bien informados. La estrategia europea se basa en uno de esas ideas económicas que no todo el mundo acepta: que la deuda pública desplaza a la privada, por lo que el incremento del déficit público perjudica a la inversión privada al elevar los tipos de interés. Este principio, llamado efecto expulsión, no se ha podido demostrar empíricamente. Primero, porque una parte sustancial del gasto público tiene un claro efecto arrastre sobre la inversión privada (véase el debate español del verano sobre los recortes en infraestructura). Segundo, porque el déficit público aumenta cuando hay crisis, es decir, cuando la inversión privada nueva ya se ha ralentizado previamente. Tercero, porque con tipos de interés elevados (como en la crisis de los 90), reducir el endeudamiento público puede ser expansivo, al ayudar a rebajarlos. Pero con los actuales tipos cercanos a cero, ese efecto, no se produce.
Discusiones similares se producen entorno a los impuestos. El PP sigue manteniendo la tesis, nada científica, que el profesor Laffer dibujó en la servilleta de un restaurante según la cuál, bajar tipos impositivos anima la actividad y, con ella, la recaudación global. Tampoco se ha podido demostrar nunca, confundiendo a menudo efectos con causas ya que en España ha ocurrido al revés: el crecimiento inducido por los bajos tipos de interés asociados al euro llenó las arcas públicas, permitiendo con ello rebajar impuestos (a menudo confundiéndolo interesadamente con la deflactación, o ajuste de la tarifa por la inflación) sin que la recaudación se redujera. Luego, como bajar impuestos pasó a ser también de izquierdas, las alternativas tributarias se han desvirtuado, hasta el punto que ha sido un gobierno socialista quien ha suprimido el impuesto sobre el patrimonio.
Las controversias en economía son, por tanto, consustanciales al propio carácter de esa ciencia social. Se podría elaborar muchos libros como aquel escrito por Abelardo en el siglo XII, después de haber roto con Eloisa, y del que hemos tomado el título, en el que reunía argumentos de distintas autoridades de la Iglesia, a favor y en contra de las principales cuestiones teológicas, para demostrar que no basta con criterios de tradición sino que hay que apelar, también, a la razón para introducir orden.
Lo sorprendente en España hoy, es la sustitución de debates económicos por cruces de eslóganes e insultos, la carencia de alternativas ante los problemas tanto por parte de la oposición, como de sindicatos o empresarios, mas las rectificaciones y bandazos del Gobierno que hace bueno lo que antes era malo. A lo que se ve, tampoco la política a secas, es una ciencia.
Todas las encuestas reflejan una profunda desconfianza ciudadana respecto a los líderes de los dos principales partidos, incluyendo por parte de sus propios votantes. Y es que pocas cosas, salvo la corrupción, resultan tan letales para el vigor de la democracia que esa teoría según la cuál, no se ganan las elecciones desde la oposición, sino que solo se pierden desde el Gobierno. Porque convierte a la oposición -sea quien sea- en un agente falto de responsabilidad y en espera de que el Gobierno la pifie, solo le interesa desprestigiarlo. Y en una democracia, la oposición -sea quien sea- también tiene su responsabilidad para que el sistema funcione. Descontentos, tanto con el Gobierno como con la oposición, el sistema se gripa.
No me apunto a la tesis de la inevitable decadencia de España, que tanto furor veraniego ha causado entre las filas conservadoras. Antes al contrario, creo que nos llevaremos una sorpresa agradable cuando cerremos este año con mejores resultados de los previstos: un crecimiento ligeramente positivo, reconstrucción de beneficios, cumplimiento de los objetivos de déficit público en un contexto en el que el coste de la deuda pública sobre el PIB, es la mitad de lo que llegó a ser en la crisis de los 90.
Para evitar lecturas simplificadas, me apresuro a decir que los calores de agosto tampoco me han convertido en un doctor Pangloss, aquel que era todo optimismo, en el mejor de los mundos. De hecho, me temo que se está abriendo la brecha existente entre lo que, previsiblemente, va a pasar y lo que debería suceder para hacer posible lo necesario. Por eso, aunque el tirón exterior procedente de la recuperación de otras economías y el efecto hartazgo, que empuja la salida de las crisis igual que el efecto precaución la agrava en sus comienzos, puedan proporcionar mejores datos de los previstos, ni ello convierte a la situación en buena, ni excluye rigurosas críticas a una política económica que, en apenas dos años, ha pasado de negar la crisis a aprobar 150 medidas para combatirla, más las del Pacto de Zurbano (¿se acuerdan?) y de reforzar las políticas sociales, a recortarlas.
El crecimiento económico debe ser el principal objetivo en los próximos tiempos. Solo él creará empleo suficiente para ir reduciendo el paro (tarea que durará una década) y lubricará las arcas públicas reduciendo el déficit y la deuda de manera sostenible (compromiso que se logrará más allá del voluntarista 2013). Sin embargo, no parece ser esta la prioridad de los próximos presupuestos, donde se persiste en tres errores: recorte indiscriminado del gasto público, un poco a salto de mata, porque no se ha sabido/querido aplicar las reformas austeras del mismo tras evaluar su eficiencia; omisión de un plan articulado de colaboración público-privada, incluyendo privatizaciones y desinterés frente a la reforma que nuestros ingresos públicos necesitan para situarse a la altura de lo dispuesto en la Constitución: todos tributan (combatir el fraude) y cada uno, según su capacidad de pago (renta, patrimonio).
Viendo como los debates entorno a los riesgos de una recaída han empujado al Presidente Obama a mantener los estímulos públicos a la economía, deberíamos analizar, nosotros también, la necesaria persistencia de algunas medidas incentivadoras de la actividad que han mostrado impacto positivo a la hora de apuntalar nuestra tímida recuperación. Incluso dentro del techo de gasto aprobado por el Parlamento, una revisión rigurosa de partidas, debe permitir encontrar acomodo prioritario a aquellas que han probado su impacto benéfico sobre el empleo en campos como la vivienda, las infraestructuras o la automoción.
Incentivar el crecimiento exige, también, activar el flujo de crédito a empresas y familias. Demostrada la solvencia de nuestras entidades financieras e iniciada la reconstrucción de las tasas de ahorro que nos deben permitir devolver todo el endeudamiento privado acumulado en los años de esplendor, quizá ha llegado la hora de actuar sobre el crédito de manera más efectiva. Discutir la propuesta de convertir al ICO en un banco que absorba recursos inmobiliarios dudosos en manos de entidades financieras a cambio de que estas devuelvan la liquidez así ganada en forma de mayores tasas de concesión de préstamos, es algo menos que intervenir o nacionalizar entidades como han hecho otros, pero mucho más de lo realizado, aquí, hasta la fecha.
En una economía mundializada altamente competitiva, con países emergentes que ya están creciendo a tasas elevadas, España lo pasará mal si no hacemos algo equivalente a una devaluación para recuperar competitividad. Lo único posible, si no queremos deprimir más la demanda interna, es actuar sobre los costes laborales no salariales, especialmente, las cotizaciones sociales. Reducirlas, de manera significativa, es una exigencia de nuestra situación internacional, que debemos analizar con parámetros de hoy y no de hace décadas. Analicemos lo que significaría un descenso apreciable de las mismas sobre el salario, la liquidez empresarial, los beneficios, las exportaciones, el empleo, el crecimiento económico y preguntémonos por qué no se hace. Solo hay una explicación racional, de peso: su impacto sobre la financiación de las pensiones. Pues bien, a lo mejor ha llegado la hora de repensar a fondo nuestro esquema de financiación de las mismas para, garantizando su equiparación tendencial con la media europea, incorporar elementos de mayor progresividad y racionalidad en una economía abierta que compite hoy con China y no solo con Alemania.
Preparar a nuestra economía para adelantar la expansión y aprovecharla en términos de sostenibilidad requiere, además, sacar del cajón todas aquellas iniciativas de consenso que como la Ley de economía sostenible, la reforma de la justicia, la educación o las administraciones públicas deben ayudarnos a ponernos a punto, como país, para conseguir el máximo.
Todas estas son cosas que tenemos que hacer con este, o con otro gobierno de signo distinto, agotando la legislatura, o con elecciones anticipadas. Se debería, pues, en estas horas difíciles, aprovechar para hacer frente a estos desafíos, en lugar de ocuparlo de forma preferente en estrategias partidistas de confrontación que solo persigue mejorar posiciones relativas de cara a las elecciones. De no hacerlo así y nada de esto se discute en las negociaciones actuales en busca de apoyos parlamentarios a los Presupuestos, entraremos, como en Japón, en un ciclo largo de separación entre las necesidades de la realidad y una creciente incapacidad política para darles respuesta, encerrados los partidos con sus propios juguetes. Otra vez, una etapa de diferenciación entre la España oficial y la España real.
Lo que hagamos en lo que quede de legislatura, será determinante, en el sentido de que valdrá la pena agotarla porque sea útil para la mayoría o dará igual, porque solo interese a aquellos que miran, exclusivamente, la mitad de lo que dicen los ciudadanos en las encuestas.