RSSArchivo de Octubre de 2010
El cambio de Gobierno ha arrumbado, todavía con mayor rapidez que otras veces, el debate presupuestario en el Parlamento. Es lo que tiene la sociedad mediática: una novedad desplaza a la anterior, a un ritmo creciente. Sin embargo, los Presupuestos siguen siendo un documento esencial para nuestro futuro inmediato por lo que conviene alargar su análisis, por encima del cansino ejercicio del “y tu más” vivido en el Congreso.
Lo primero es constatar el ejercicio de ilusionismo que ha hecho el Presidente centrando la atención en los pactos políticos con PNV y CC, más que en propio contenido económico de las Cuentas del Estado. Así, se ha destacado la estabilidad que aportan los acuerdos parlamentarios, dando por supuesto, precisamente, lo que había que demostrar: las bondades para los ciudadanos de afianzar la actual situación mediante las políticas incluidas en estos presupuestos o mediante reformas posteriores que no se detallan ni conoce. Salvo al grupo socialista, a nadie más le ha gustado estos Presupuestos. Cinco grupos han presentado enmiendas a la totalidad pidiendo su devolución y para conseguir el apoyo de los otros dos, ha hecho falta recurrir a compensar sus votos no con medidas incluidas en los Presupuestos, sino con asuntos que nada tienen que ver con los mismos.
Con todo ello, nadie ha hablado de medidas para mejorar nuestra competitividad (rebajar costes laborales no salariales), incrementar la productividad (innovación) y fomentar el crecimiento (crédito bancario). Tampoco de que sectores y como van a crear empleo ante el desplome de la construcción, ni de como las matemáticas de los Presupuestos contradicen la literatura sobre el cambio de modelo productivo de la Ley de Economía Sostenible.
La segunda cuestión ausente ha sido la sanidad. Cualquiera que pregunte sabe que las Comunidades Autónomas están teniendo serias dificultades para financiar el gasto sanitario con los ingresos destinados a ello, lo que tiene tres consecuencias: retrasos en los pagos a los proveedores, facturas en los cajones y deterioro de la calidad en las prestaciones. No es fácil saber a cuánto asciende hoy el déficit sanitario acumulado por .as CC.AA. Pero existe, es importante y creciente, el Gobierno lo sabe, la oposición lo sabe y nadie a dicho nada.
En todos los países, el gasto sanitario crece a un ritmo superior al de sus ingresos corrientes por lo que existe una tendencia congénita al déficit si no se adoptan medidas estructurales que regulen los gastos en función del consumo (copago). La última vez que el Gobierno central tuvo que acudir en ayuda de las CC.AA por este asunto, fue en la Conferencia de Presidentes de 2005. Pues bien, a pesar de la importancia del asunto, de su magnitud y de la contradicción evidente entre mantener este déficit oculto y el discurso general de austeridad y rigor, nadie parece dispuesto a coger este toro por los cuernos. Y mientras tanto, las prestaciones se deterioran y seis meses de espera para cirugía importante se presenta como un éxito.
El tercer asunto que tampoco se ha planteado es la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, un debate necesario que se está abriendo paso en toda Europa: cómo vamos a financiar a medio plazo servicios públicos universales, con sistemas fiscales cada vez más regresivos. Inaugurar líneas de AVE o aprobar Leyes de Dependencia son cosas muy necesarias pero si luego no hay dinero para mantenerlo, se genera frustración o injusticias si quien acaba financiando no es quien más se beneficia del servicio. En los próximos años habrá que abrir un debate sobre financiación, impuestos, tasas y precios públicos, que no podremos soslayar con vaguedades aunque lo hagamos compatible con mejoras en la eficiencia del gasto público o en reformas que no recortes del mismo.
La lucha contra el fraude fiscal también ha estado ausente del debate de esta semana, a pesar de las estrecheces por las que atraviesan las cuentas públicas, a pesar de las injusticias sociales que plantea el fraude especialmente en un momento de crisis económica donde se piden sacrificios a colectivos desfavorecidos como los pensionistas y a pesar de que en los últimos meses hemos asistido a propuestas al respecto presentadas por colectivos profesionales de la Agencia Tributaria. Cuando se reconoce que los ricos no están incluidos en el IRPF, algo habrá que hacer si queremos mantener un mínimo de equidad vertical y horizontal en el sistema tributario.
El quinto debate que no ha tenido lugar en el debate sobre Presupuestos de esta semana, ha sido el crecimiento preocupante de la pobreza. En España, más de nueve millones de personas son pobres y la exclusión social ha crecido un 13’5 por ciento en los últimos dos años. Conseguir el objetivo de Pobreza 0 requiere cambiar las actuales políticas económicas y sociales sobre lo que nadie ha dicho nada.
Esta semana, en una reunión de ocho Centros Empresariales de Pensamiento convocados por la Asociación Valenciana de Empresarios se ha dicho que para recuperar competitividad y empleo en España ” son imprescindibles cambios institucionales y estructurales de calado” que requieren Pactos de Estado frente al actual ” predominio de los intereses particulares de los partidos políticos sobre el interés general”.
No hablar de asuntos importantes como estos, es renunciar a encontrar soluciones a muchos de los principales problemas de la sociedad, cuestionando el verdadero sentido de la política en democracia que no puede ser el mismo que en la época de Maquiavelo. Y eso significa que la realidad se ajusta a la baja, mediante un deterioro paulatino de los servicios públicos universales y un incremento de la desigualdad social que acrecienta la inseguridad y el temor ante el futuro. De eso trata, también, la revuelta francesa actual que, a diferencia de la de mayo de 1968 donde los jóvenes no querían vivir como sus padres, ahora lo que no quieren es vivir peor que sus padres. Pero, ¿a quién interesa estas cosas si podemos hablar de asuntos más apasionantes como la estabilidad parlamentaria y el nuevo Gobierno?
Hay cosas que solo pueden hacer los políticos a través de las instituciones públicas y cuando no las hacen, el conjunto de la sociedad se resiente al quedarse por debajo del desarrollo posible. Pues bien, en España, estamos muy cerca de experimentar un bloqueo político institucional que estaría afectando, de manera negativa, a nuestras perspectivas de crecimiento, creación de empleo y bienestar colectivo.
No hablo de una cuestión que pueda resolverse mediante un cambio de Gobierno o, incluso, de partido en el Gobierno, sino de problemas varados por la contradicción entre un sistema constitucional diseñado para el acuerdo sobre cuestiones básicas y una lógica partidista –en ambos grandes partidos- que basa sus expectativas electorales en abrir abismos de confrontación sistemática, a menudo, más ficticios que reales.
Entiendo por bloqueo un mal funcionamiento de las instituciones inducido por un atasco en las relaciones político partidistas, con el resultado de paralizar decisiones privadas básicas para el buen desempeño del país. Hay muchos países que han pasado, en épocas recientes, por sistemas políticos bloqueados: Italia, Japón, Holanda… En estos casos, el atasco de las decisiones políticas suele provenir de incapacidad de sus políticos, de una corrupción generalizada e institucionalizada o por falta de adecuación, en un momento dado, entre los intereses electorales de sus líderes políticos y las necesidades generales del país.
Algunos datos, reiterados por todas las encuestas, refuerzan esta hipótesis para España: que los políticos son vistos como el tercer gran problema del país; que existe una crisis de liderazgo político cuando los principales responsables, tanto del gobierno como de la oposición, concitan mucho mas rechazos que adhesiones, incluso por parte de aquellos que reconocen ser votantes suyos y que el descontento con el gobierno se acompaña de una decepción, también, con la oposición, lo que introduce al sistema en un cul de sac.
Los ciudadanos parecen estar diciendo que se han dado cuenta de que sus políticos no solo carecen de interés en garantizar el normal y adecuado funcionamiento de las instituciones constitucionales, o que se esfuerzan demasiado en forzar peleas constantes y continuas sobre todos los asuntos posibles, sino que tampoco muestran predisposición a impulsar reformas estructurales imprescindibles como la de la Justicia, la educación, el sistema energético o la sanidad cuando sin estas reformas, necesariamente pactadas, las posibilidades de mejora colectiva del país quedan seriamente mermadas.
En situación normal, la ausencia de voluntad o de ambición para impulsar este tipo de reformas ya seria objeto de legítimo reproche entre los ciudadanos. Pero todavía más cuando no vivimos una situación normal, sino la mayor crisis económica de la democracia que amenaza con arrastrarse, durante demasiado tiempo, en forma de perdida de oportunidades y paro estructural. En estas horas difíciles, anteponer los intereses electorales de partido tal y como los entienden sus dirigentes actuales, a los generales del país, es lo que convierte a la clase política española en un problema, percibido como tal por los ciudadanos.
Por poner un ejemplo claro, los graves problemas que hemos vivido en los últimos meses por culpa de las incertidumbres existentes en los mercados financieros internacionales respecto a la solvencia de España y que han afectado de manera tan negativa a la financiación de la deuda publica y privada, se hubieran paliado mucho de haber existido un gran pacto nacional de lucha contra la crisis y por la recuperación de la economía, articulado entorno a un conjunto de medidas y reformas comprometidas y aprobadas por, al menos, los dos grandes partidos nacionales del país. De haberse conseguido esto, tal vez no hubiera hecho falta congelar las pensiones o recortar, tanto, la inversión publica, estando más próximas las previsiones de un crecimiento cercano al potencial.
Desde este punto de vista, la ausencia de un acuerdo político entre partidos e instituciones, esta perjudicando nuestro desempeño económico a corto plazo. Pero también a medio y largo cuando vemos como se eternizan reformas dinamizadoras como las de la justicia, la universidad, el sistema autonómico o las políticas de innovación y formación que ningún gobierno solo puede sacar adelante, que tan decisivas son para el desarrollo del país, pero en las que la sociedad civil no puede sustituir a la iniciativa publica. Así es como la dinámica social, las capacidades individuales y los potenciales colectivos, se ven bloqueados por ausencia de impulso reformista proveniente del sector político institucional.
La verdad es que empezamos a apercibirnos de los problemas generados por un mundo donde los problemas se sitúan a escala global mientras seguimos buscando las soluciones dentro del viejo ámbito de los Estados- nación, más o menos coordinados por instituciones informales como el G-20 o insuficientes como la UE. Pero de lo que hoy hablo es del problema adicional que plantea una estructura política nacional que no está a la altura de las necesidades y posibilidades del país, porque el exceso de partidismo mal entendido, pone en riesgo el potencial de desarrollo endógeno.
Entonces es cuando la incertidumbre y el pesimismo se instalan en la sociedad, trasladando el resentimiento frente a los políticos y a la política en desafección respecto a las instituciones democráticas abonando el terreno para la aparición de populismos autoritarios de todo tipo. También de esto hay amplia experiencia histórica en multitud de países, incluso actuales.
A veces, la sociedad civil es tan fuerte y las condiciones del momento tan especiales, que el bloqueo político no tiene apenas repercusión negativa sobre el desempeño económico. Se produce una especie de dualizacion según la cual la vida política del país transcurre por un lado mientras que la económica, social y cultural lo hace por otro. Pero en otros momentos o en otros países con mayor dependencia por parte de sus organizaciones privadas respecto a decisiones públicas, el bloqueo de las reformas instituciones y de políticas básicas, repercute en una merma apreciable de su desenvolvimiento económico y social. Entonces, es cuando los políticos son percibidos como parte del problema, al no verlos como parte de la solución. Así estamos y así nos va.
Un grito de desesperanza recorre Francia en forma de huelgas sindicales y manifestaciones estudiantiles contra la propuesta de reforma de las pensiones. A algunos, esta situación les trae a la memoría “Mayo del 68″. GRAN ERROR. Hace treinta años se luchaba por un mundo distinto, ahora, porque no nos cambien este. Antes por ir a mejor, ahora, por no ir a peor. Un breve análisis de ambos momentos nos permitirá entender la gravedad de la crisis social en la que vivimos que va más allá de los problemas económicos. Todo un paradigma de convivencia se está poniendo en cuestión en Europa desde hace décadas aunque se visualiza ahora. Y más nos vale entenderlo así, porque si no, las decisiones que no tomemos nosotros, otros las tomaran por nosotros. Y será peor.
A estas alturas, ya está casi todo dicho sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011, sobre las debilidades del cuadro macro o sobre los problemas de coordinación con el gasto de las CC.AA. Pero creo necesario señalar algunos supuestos implícitos con que se han elaborado.
La primera cuestión que se ha dado por supuesta es que, tampoco ahora, será posible alcanzar un gran acuerdo entre PP y PSOE, a pesar de pedirlo la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entramos en el cuarto año de la mayor crisis económica de la democracia española, con el más alto volumen de paro que hayamos tenido nunca y con serios problemas de productividad en un mundo globalizado y no somos capaces de alcanzar un consenso entorno a un grupo de medidas imprescindibles para sacar al país adelante, entre quien gobierna y quien aspira a gobernar y lo hace ya en varias Comunidades Autónomas. Escuchando las orientaciones de política económica que ambos partidos presentan, no parece que la distancia sea tanta: reducción del déficit mediante recorte del gasto público y reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía española.
Son otras, por tanto, las razones de un enfrentamiento, más aparente que real, aunque muy lesivo para los intereses nacionales porque la miopía de quienes no saben sacar conclusiones de la gravedad de la situación y siguen haciendo política “as usual”, nos va a costar mucho como país. España entró en esta crisis siendo la octava potencia económica del mundo, somos ya la duodécima, pero con toda seguridad saldremos varios puestos más abajo y lo que es más importante, con nuestras desigualdades sociales internas altamente agravadas. Y, en parte, será por no haber establecido aquellas políticas que solo se pueden implantar desde un acuerdo amplio que reforzaría nuestra credibilidad externa ante los mercados más que un nuevo recorte del gasto.
La segunda cuestión que se ha dado por supuesta es que recortar de manera drástica el gasto público, es lo mejor que puede hacerse en este momento. Ello genera una contradicción lógica entre el diagnostico que se establece, “el principal problema de la economía española es el desempleo y su reducción es prioritaria”, mientras que en otro lugar se dice que “el reto más urgente que debe afrontar el Gobierno es la reducción del déficit público”. Es decir, o bien al país le preocupa una cosa y al gobierno otra, o bien el Gobierno cree que la mejor manera de crear empleo es a través del mayor recorte del gasto público de nuestra historia reciente.
Esto último es lo que parece pre suponerse a partir de una teoría que solo funciona en los márgenes, es decir, en situaciones extremas de un endeudamiento público desbocado junto a elevados tipos de interés que no se corresponde con la situación actual de España. Por referenciar con un momento del pasado reciente, en los Presupuestos para 1997, los primeros del nuevo Gobierno del PP, la partida prevista en el Capítulo Tres como gastos financieros representaba el 14,5% del total del Gasto Presupuestario y el 4,1% del PIB. Ahora, en los Presupuestos para 2011 y, a pesar de la subida de tipos experimentada tras los ataques de los mercados, el mismo capítulo de gastos financieros representa el 7,6% del total del gasto presupuestario y el 2,5% del PIB. Dicho de otra manera, el coste actual de nuestra deuda pública es la mitad de lo que llegó a ser tras la crisis de los años 90.
No se dan hoy, por tanto, las condiciones para que un recorte drástico del gasto público pueda tener un efecto expansivo sobre una actividad privada ella misma, además, altamente endeudada. Más bien lo contrario: una reducción tan brusca del gasto público, reducirá la inversión empresarial dada la elevada dependencia de nuestro sector privado respecto al gasto de las administraciones públicas.
La tercera pre-suposición, es considerar austeridad como sinónimo de contractivo. A título ilustrativo, los Presupuestos para 1997, en momentos de crecimiento, también se presentaron como “austeros y disciplinados”. Lo contrario de austeridad es despilfarro y todos aceptamos que los Gobiernos no presentan sus cuentas basadas en el despilfarro, aunque no estaría de sobra que lo pudieran demostrar mediante evaluaciones sobre la eficacia de las políticas públicas aplicadas. Los binomios a comparar son, austeridad/despilfarro por un lado y expansivos/contractivos, por otro, sin que esté excluido que unos presupuestos puedan ser contractivos y despilfarradores, en la medida en que apliquen recortes lineales sobre las partidas del gasto sin discriminar entre las útiles, las menos útiles o las directamente inútiles.
La cuarta cosa que se da por supuesta es que con la simple mención de la palabra “reformas”, ya se producen los efectos taumatúrgicos de las mismas, olvidando dos cosas: que no basta con mencionar la lista de reformas para que estas se hagan realidad y, en segundo lugar, que hacer una mala reforma o una reforma blanda, es peor que no hacer ninguna. Y cuesta reconocer en estos Presupuestos, aquellas reformas que nos van a permitir transitar hacia otro modelo de crecimiento económico confundido, a veces, con un cambio en los pesos relativos entre la demanda interna y la externa, cuando deberíamos estar hablando de algo más parecido a la reconversión industrial de los 80.
Hay otras muchas cosas que se pre- suponen en estos Presupuestos. Por ejemplo, que no es posible conseguir que los ricos paguen impuestos en España: si los ricos no están en el IRPF – cada vez más un impuesto sobre las nóminas -, se les ha quitado el impuesto sobre el patrimonio y reducido el de sucesiones, ¿todo lo que podemos hacer es la positiva reforma aprobada sobre las SICAVS? O, por ejemplo, la tesis absurda de que la distribución de la renta solo se hace por el lado del gasto público cuya estructura porcentual es casi la misma que en los del PP de 1997. Pero por hoy, es suficiente. Veremos que da de si el debate en el Parlamento sobre, la otrora, principal Ley de la democracia.
Lo pedía el Papa en su reciente visita al Reino Unido: la democracia necesita impulsar su dimensión moral.Estoy de acuerdo. Solo que él apuntaba, en realidad, a la dimensión religiosa y yo creo que la religión, en una democracia, es un asunto privado, mientras que la moral, laica, es una cuestión pública. Las Constituciones democráticas, incorporan una gran dimensión moral:libertad, igualdad y fraternidad son conceptos que resumen todo un tratado sobre el ser humano, sus derechos y deberes y sus relaciones. Pura moralidad.
Para quienes crean que “nuestro más importante problema es el paro juvenil y la precariedad laboral” como dijo el Presidente Zapatero en Zaragoza esta semana, les costará encontrar una solución a ambas cuestiones en la reforma laboral o en los Presupuestos para 2011. Abaratar el coste del despido y reducir el déficit público de manera drástica, pueden ser condiciones necesarias para volver a crear empleo en nuestra economía pero, en ningún caso, son suficientes.
El paro juvenil duplica la tasa media de desempleo español que, a su vez, dobla la media de la Unión Europea. Y no es la primera vez que algo así ocurre. Al menos desde 1988, cuando se desencadenó la primera gran huelga general del 14-D, todos los Gobiernos han buscado respuestas abaratando la contratación de los jóvenes en el marco de una legislación propia. Aquella movilización hizo fracasar el Plan de Empleo específico, dejando abierta como vía habitual de contratación juvenil, la temporal. Desde entonces, la dualización del mercado laboral ha sido una constante en nuestro modelo económico. Tanta protección para unos trabajadores indefinidos solo se puede compatibilizar con alta creación de empleo, en períodos de intenso crecimiento económico y grandes beneficios empresariales, en un modelo laboral que utiliza como variable de ajuste la contratación precaria de otros. Así, las dos partes del mercado laboral se alimentan mutuamente, dado el nivel de iniciativa y fortaleza empresarial que tenemos.
Por ello, abordar sólo una parte de la ecuación, no reducirá, de manera efectiva, el paro y la precariedad juvenil. No reformarlo de manera integral, solo significa empeorar las condiciones laborales de unos trabajadores, sin que mejoren las de otros, inclinando con ello la balanza de la capacidad negociadora hacia la primera parte contratante, es decir, los empresarios. Por tanto, con la reforma laboral a medio cocer que ha impulsado el Gobierno, uno entiende la oposición sindical y la insatisfacción general entre expertos.
Sobre todo, cuando sabemos, que sean cuales sean las condiciones legales del mercado laboral, el empleo solo se crea mediante la reactivación económica y se protege mediante una mayor flexibilidad en las situaciones contractuales, ante una coyuntura ampliamente fluctuante. Y si lo segundo se ha dejado para más adelante tras conceder tiempo a los interlocutores sociales para que encuentren un camino practicable mediante reformas pactadas en la negociación colectiva, lo primero ha quedado sacrificado ante el altar de la reducción brusca del déficit exigida, al parecer, por los mercados financieros internacionales y nuestros socios del euro, a un ritmo y una intensidad superior, incluso, a lo propuesto en el G-20. Esto los sindicatos lo llaman, el giro, o el cambio de carril, del Gobierno hacia políticas de recorte del gasto social con impacto negativo, además, sobre la recuperación.
La combinación de una reforma laboral que disminuye la protección a unos trabajadores a cambio de poco, junto a una política económica restrictiva que ha llevado al Gobierno a elevar su previsión de paro para el año próximo, mientras adelanta recortes en las pensiones futuras como consecuencia de una manera actuarial de ajustar solo los gastos del sistema de seguridad social, explicaría las críticas sindicales al Gobierno. Pero no la huelga general.
Pasar desde la crítica hasta la huelga general, exige acumular mucho enfado, sobre todo, cuando tampoco se quiere favorecer la alternancia de partido político en el Gobierno. Enfado que refleja, más allá de sentimientos personales heridos, dos hechos: el Gobierno dirigió mal el proceso de diálogo social durante los muchos meses previos y, en segundo lugar, que sigue pendiente una explicación convincente del cambio habido en la política económica del Gobierno, desde una crisis que no existía, hasta el brusco recorte social, pasando por los Pactos de Zurbano o las 183 medidas aprobadas.
La huelga general introduce un conflicto social donde predominaba, en exclusiva, una confrontación partidista y ello hace cambiar el paso a algunos. De esa mayoría de trabajadores que no han seguido la huelga, no todos apoyan al Gobierno o comparten las tesis antisindicales, estilo Tea Party, que hemos oído estos días. Estos sindicatos son manifiestamente mejorables, sobre todo, en su capacidad propositiva y de defensa de los más débiles. Pero no creo que una sociedad sin sindicatos fuertes, fuera más justa, equitativa y desarrollada que esta. Todos los buenos empresarios que conozco, creen en la Responsabilidad Social Corporativa y en la necesidad de tener sindicatos serios con los que negociar la marcha de su empresa. Porque vivimos en sociedades donde existen intereses sociales, además de pasiones e ideologías, intereses que a veces confrontan y, a veces, lo hacen de manera virulenta. Sin necesidad de recurrir a la anticuada lucha de clases, unos empresarios que necesitan despedir preventivamente a trabajadores para mantener sus beneficios y unos trabajadores cuyo único beneficio es que no los despidan, tienen intereses confrontados que, según la coyuntura, pueden chocar de una manera o de otra.
El papel, entonces, del gobierno, es fundamental porque gestionar una crisis como esta no es una cuestión técnica, sino que refleja convicciones en la medida en que establece como se reparte el coste de la misma entre grupos sociales. Apuntalar a los bancos con dinero público que se escatima para la inversión en infraestructuras o en pensiones, puede ser inevitable o, incluso, necesario. Pero tiene consecuencias negativas sobre la cohesión social porque muchos no entienden que una tasa sobre beneficios financieros sea algo perjudicial, mientras que rebajar sus propios salarios sea imprescindible y positivo.
Tal vez los sindicatos hayan contribuido, también, a dañar nuestra imagen internacional. Pero los rumores, difundidos desde España, con dudas sobre nuestra solvencia como país, que dieron lugar en meses pasados a costosos ataques por parte de unos mercados financieros intoxicados, son mucho peor, porque mentir para dañar, no es un derecho constitucional como la huelga. Tengo la impresión de que muchas cosas no serán igual, después del 29-S. Aprovechémoslo, rectificando todos un poco, para corregir esta trayectoria de confrontación generalizada en la que andamos. Las cosas, pueden hacerse de otra manera.