RSSArchivo de Noviembre de 2010
Están pasando demasiadas cosas difíciles de entender desde la aplicación de los conocimientos básicos de la economía. Por eso, puede resultar útil poner en orden un conjunto de reflexiones, con la pretensión de que nos ayuden a movernos en medio de las actuales turbulencias.
El objetivo de los llamados mercados financieros consiste en ganar dinero, a partir de invertir o prestar el dinero que ya tienen. Por su parte, el objetivo de los partidos políticos en democracia es, hoy, ganar elecciones, consiguiendo más votos que sus adversarios. Cuando la lógica de los mercados, choca con la lógica de los partidos, el conflicto está servido y sufren los ciudadanos.
Si cada vez que los mercados especulan atacando la estabilidad de un país, acaban cobrando pieza, no tendrán ningún incentivo para dejar de hacerlo. Y ahora ganan por partida doble: cobrando más dinero al elevar los tipos de interés a que prestan, e impulsando planes de ajuste que refuerzan la seguridad de su inversión. Así, a falta de respuesta adecuada por parte del conjunto de países de la zona euro, los mercados seguirán atacando país tras país mientras les resulte rentable, con independencia de la solvencia real y objetiva de dichos países.
Hoy, en momentos de ataque de los mercados, no es la soberanía nacional la que se pone en cuestión, sino que la nueva soberanía compartida de que gozamos en este mundo globalizado incluye a los mercados como un elemento nuevo y adicional de control de las actividades de los gobiernos democráticos nacionales y que, en esta función, complementan a Parlamentos y órganos regulares de supervisión, cuando estos son demasiado imperfectos. ¿Hubiéramos conocido las mentiras contables del gobierno conservador griego sin las dudas expresadas por los mercados sobre dichas cuentas?
Sometidos al escrutinio de los prestamistas, los gobiernos nacionales deben ser más cuidadosos en sus declaraciones y, sobre todo, en sus acciones. De hecho, podemos concluir que, salvo ataques transitorios de locura, los mercados penalizan precisamente la distancia existente entre lo que se dice por parte de los gobiernos endeudados y lo que se hace. Cuanto mayor sea esta distancia, mayor probabilidad de sufrir ataques existirá, porque lo que buscan los mercados de los responsables políticos nacionales es confianza, credibilidad, seriedad y no tanto, golpes de optimismo o de pesimismo.
De igual modo, cuanto mayor sea la distancia entre la magnitud percibida de los problemas de un país y la intensidad, rapidez y dirección de las respuestas gubernamentales, mayor será la probabilidad de sufrir ataques nerviosos de desconfianza por parte de los inversores/prestamistas extranjeros.
En el fondo, la superposición, a menudo conflictiva, entre la lógica de los mercados y la de los partidos políticos nacionales, es un epifenómeno que evidencia las indecisiones cometidas en la construcción de la globalización y, de forma especial, de la Unión Europea. Todos entendimos que la consecución del euro era un paso irreversible en un proceso que debía culminar en un gobierno económico europeo, con nuevos instrumentos comunitarios de cooperación y una mayor integración de las políticas económicas y presupuestarias. No ha sido así. De hecho, una de las cosas que están midiendo los mercados financieros es, precisamente, el grado de compromisos con el euro, tras el acusado proceso de renacionalización de las políticas que se ha experimentado en los últimos años.
Por otro lado, todos entendimos, también, que tras el proceso de cesión de la soberanía monetaria a la Unión, los gobiernos nacionales reajustarían sus instrumentos de política económica para ser capaces de responder a shocks económicos externos como, por ejemplo, la pérdida de competitividad internacional ante la agresividad de los llamados países emergentes, de manera distinta a la habitual devaluación de la moneda nacional, ahora desaparecida. Pues tampoco ha sido así. Muchos países se limitaron a disfrutar del euro en forma de bajos tipos de interés con que acometer, no profundos procesos de reforma económica, sino de endeudamiento alimentador de burbujas especulativas como la construcción.
La construcción de la Unión Económica y Monetaria en Europa ha sido un proceso a medio hacer. Con ello, se han generado importantes grietas en la cohesión por las que, en épocas de dificultades como estas, se cuelan los mercados financieros con el objetivo de maximizar sus beneficios sin importarles los sacrificios y sufrimientos que ello conlleve sobre unos ciudadanos dejados, con mucha frecuencia, a la intemperie por parte de gobiernos nacionales que tampoco han reajustado sus instrumentos de política económica a las nuevas exigencias post euro.
Sin esos errores cometidos por los gobiernos europeos en el ámbito comunitario y nacional, que demuestra que no hemos sabido/querido sacar todas las consecuencias institucionales derivadas de la creación de una zona monetaria única, la situación hegemónica de los mercados financieros, no sería la que es, sino que se hubiera reducido, de manera significativa, sus incentivos a especular contra las deudas de algunos países más débiles.
A partir de ahí, intervenciones dramáticas como las sufridas por Grecia e Irlanda, con serias amenazas ahora sobre Portugal y España, son explicables por la mezcla acumulada de un conjunto de decisiones equivocadas. Los mercados actúan como lo hacen, porque los hemos dejado sin regular a pesar de su responsabilidad en la reciente crisis mundial. El euro, suscita dudas sobre su estabilidad, porque no hemos sido capaces de culminar el proceso de integración económica en la Unión Europea, lo que ha dejado abiertas demasiadas incertidumbres. Por último, algunos gobiernos nacionales no transmiten la sensación de haber asumido, en serio, la excepcionalidad de la situación, ni de haber adecuado sus respuestas a la magnitud e intensidad de los problemas.
Una prueba de todo esto es la imposibilidad aparente de que los principales partidos políticos españoles hagan lo único sensato en estas circunstancias: ponerse de acuerdo, en un paquete de reformas de calado que ayuden al país a salir de la recesión. Sin esto, limitarse a culpabilizar a los mercados, a la oposición, o al Gobierno, solo prueba una grave inmadurez política que realimenta la desconfianza de los mercados. Y, mientras tanto, todos mas pobres.
España es el país que presenta peores resultados macroeconómicos de entre los miembros del G-20. Frente a nuestro estancamiento, USA está creciendo al 3%, Alemania al 4, Francia a casi el 2, Reino Unido cerca del 3, por no hablar de cifras claramente superiores en China, Brasil, India etc. Si la crisis fue internacional y sus efectos no golpearon por igual a todas las economías, la actual recuperación a distintas velocidades ensancha las brechas entre países.
Ya no podemos seguir escondiendo tras la recesión mundial lo que el Presidente del Gobierno, en el debate parlamentario de esta semana sobre el empleo, ha llamado “debilidades estructurales de nuestra economía”. A partir de ahora, nos hemos quedado más solos, con unos problemas económicos nacionales que nos conducen a una recuperación “lenta e incierta”. Esos problemas propios exigen, también en palabras del Presidente, “medidas urgentes destinadas a corregirlos” si queremos eludir una recaída.
Pues bien, si este diagnóstico es compartido, el debate parlamentario del jueves más las decisiones anunciadas por parte del Consejo de Ministros, muestran que seguimos lejos de encontrar soluciones eficaces para superarlos, reforzando nuestro crecimiento y la creación de empleo. De nuevo, nos situamos, como al anunciarse las 179 medidas anti-crisis, el Pacto de Zurbano, la Ley de Economía Sostenible o la reforma del mercado laboral, ante una brecha insalvable entre lo dicho y lo hecho, las necesidades y la realidad, lo anunciado y lo aprobado, los problemas y las soluciones, el discurso político y la letra del BOE.
Pocos dudan, a estas alturas, que hemos vivido una profunda crisis internacional del liberalismo de mercado que lejos de traducir la desregulación financiera en equilibrio, como postulaban sus defensores, lo ha hecho en burbuja especulativa por sobreendeudamiento y camuflaje de los riesgos asociados, en forma de derivados. Aquellos países que han padecido, con mayor intensidad, las consecuencias de la explosión de la burbuja, son quienes fundaron su crecimiento anterior en base al crédito ajeno y más lo destinaron a financiar activos especulativos. España ha sido un triste ejemplo de esto: por primera vez en nuestra historia el conjunto de la deuda privada, familias más empresas, duplica la deuda pública, incluso tras absorber el Estado parte de los efectos de la crisis y, en segundo lugar, el predominio de la inversión crediticia en ladrillo y cemento, ha redondeado una situación de las llamadas de tormenta perfecta.
Pero superada la caída libre que hemos padecido en forma de incremento brusco del paro y reducción pronunciada de la riqueza colectiva, no regresaremos, de forma espontánea, al punto de partida de una senda de crecimiento estable. Nuestra economía privada sigue tan o más endeudada que la pública y el inmovilizado en construcción limita, drásticamente, el crédito disponible para financiar otras inversiones creadoras de empleo. Y, desde luego, con las perspectivas de estancamiento del empleo, salarios privados reduciéndose como ha puesto de manifiesto los últimos datos de Contabilidad Nacional y sequía crediticia para inversiones, las perspectivas de mejora, en ausencia de acciones especificas, solo puede estar depositadas, con restricciones, en las exportaciones y el turismo, es decir, en que tiren de nosotros los demás.
Y aquí, es cuando entra en acción nuestra crisis diferencial que requiere un tratamiento específico que seguimos sin dar, con la intensidad y en la dirección adecuada. Tenemos que actuar en, al menos, cuatro direcciones: reajuste selectivo del gasto público de todas las administraciones que haga posible reducir el déficit junto a mantener estímulos públicos que contrapesen la atonía privada durante el proceso de desendeudamiento; reactivar el circuito del crédito bancario de forma algo más eficaz que la actual conversión del ICO en un anuncio de banco público por internet; reducción de los costes laborales no salariales que permita recuperar competitividad y cambio de modelo productivo impulsando los nuevos vectores, que no sectores, en que tiene que incardinarse un crecimiento sostenible.
De acuerdo con el diagnóstico efectuado, se requieren acciones extraordinarias para hacer frente a un momento extraordinario como es la mayor recesión de las últimas décadas. Todo lo contrario del nuevo catálogo de medidas burocráticas anunciado por el Gobierno que, en su mayor parte, como ocurrió con las medidas anteriores, se hubieran aprobado igual, aunque no hubiera existido la crisis. Incluyendo los cambios en las políticas activas de empleo sobre lo que ya existía una amplia literatura propositiva, hace quince años, cuando su transferencia a las Comunidades Autónomas.
Lo que convierte nuestra situación en bloqueo nacional es que, si la reflexión del Presidente sobre que la “responsabilidad de contribuir a reactivar la economía (…) ni es ni debería ser sólo del Gobierno” no puede interpretarse ya como una llamada seria al consenso político, la alternativa que presenta el primer partido de la oposición no es, tampoco, una solución. Convocar ahora elecciones anticipadas a celebrar en enero o en mayo, junto a las municipales, abriría un período de parálisis e incertidumbre, superior al que existe ahora. Pero además, puede ocurrir dos cosas: que vuelva a ganar el PSOE, evidenciando que hemos perdido un tiempo precioso en la lucha por la recuperación económica. O que se forme un nuevo gobierno en torno a unas propuestas económicas de Rajoy que, hoy por hoy, siguen siendo un misterio y que, en todo caso, no podría llevar adelante sin el apoyo, por razones institucionales y constitucionales, de la oposición es decir, de aquellos a los que él, les está negando ahora el apoyo.
Por tanto, como diría Sherlock Holmes, cuando se ha excluido lo razonable, lo que queda es la única solución posible. En nuestro caso, que se responda ante un momento extraordinario como el que vivimos, con un programa extraordinario de reformas económicas, sociales e institucionales, hecho de una manera extraordinaria, es decir, mediante un gran acuerdo nacional. Solo ello permitiría hacer frente, de manera simultánea, a los recelos de los mercados y a las necesidades nacionales de encontrar un impulso sustancial adicional a nuestra reactivación, para intentar recuperar el terreno que ya estamos perdiendo respecto a otros países.
A punto de entrar en el año IV de la Gran Recesión, los líderes del G-20 reunidos en Seúl, harían bien en leer el último premio Pulitzer de historia. “Los señores de las finanzas”, escrita por Liaquat Ahamed explica cómo cuatro poderosos banqueros centrales arruinaron el mundo con sus políticas equivocadas, convirtiendo una crisis bursátil en la Gran Depresión de los años 30, que acabó en la II Guerra Mundial.
Dos reflexiones de actualidad se me ocurren al respecto: primera, a pesar de que se trate de crisis sistémicas, es decir, provocadas por una determinada lógica de funcionamiento del sistema económico en que vivimos, la actuación de las autoridades, encarnadas o no en individuos concretos, es muy importante. Segunda, aferrarse a ideas ortodoxas, que tal vez fueron útiles en otro contexto, puede representar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la respuesta a la crisis económica.
Pocos dudan de que la crisis actual solo se explica por la lógica de funcionamiento del sistema económico capitalista en que vivimos. No es, por tanto, un cisne negro, una rareza que solo ocurra de tarde en tarde y de manera impredecible, sino más bien un cisne blanco, algo habitual en una economía que se mueve de manera cíclica y a golpe de crisis más o menos profundas. Solo en los últimos diez años hemos atravesado cuatro crisis (Dragones Asiáticos, Rusia, Argentina y las puntocom) hasta llegar a la actual que responde al esquema clásico de burbuja especulativa por sobreendeudamiento, aunque agravada por la nueva realidad de producirse en un mundo globalizado y con libertad de movimiento de capitales.
En ese sentido, podríamos decir que si el capitalismo ha evolucionado desde la fase comercial, donde el dinero desempeñaba el papel de mercancía que facilita los intercambios de otras mercancías en un esquema M-D-M, hasta el capitalismo financiero en que cambia el papel del dinero para ser, sobre todo, una reserva de valor que utiliza la producción y el intercambio de mercancías como instrumento para incrementarse, en un esquema D-M-D´, siendo D´, mayor que D, el capitalismo de casino que hemos vivido al calor de la desregulación, los derivados y la innovación financiera, unida a las nuevas tecnologías y la dispersión del riesgo, ha funcionado según un esquema puro de intercambio de dinero por dinero, D-D´, desvinculado de la producción y comercio de mercancías, facilitando el crédito excesivo y la creación de una burbuja especulativa a escala mundial.
La hegemonía del esquema neoliberal, al romper los contrapesos al mercado, impulsó la maximización de beneficios a corto plazo, apoyada por esquemas perversos de incentivos a los gestores, lo que facilitó un modelo depredador de crecimiento.
Cuando estalla la crisis y la quiebra de Lehman hace evidente que la solución ofrecida por el liberalismo no es viable para corporaciones “demasiado grandes para caer”, salvo a costa de hundirnos a todos, los responsables del G-20 adoptaron medidas excepcionales para salvar una situación de máxima gravedad. Y lo hicieron bien. Porque no se pararon en asuntos importantes pero, en esos momentos secundarios, como el tamaño del déficit público, los efectos sobre una inexistente inflación de unas políticas monetarias totalmente permisivas, o los sacrosantos derechos de propiedad que vulneraron cuando nacionalizaron grandes entidades financieras.
Pero a partir del momento en que Sarkozy solicitó una refundación del capitalismo y Botín criticaba la avaricia y la codicia desmedida, el impulso reformista del G-20 ha ido mermando, conforme crecía su incapacidad para llevar adelante las reformas prometidas, hasta estancarse en la actual batalla por las devaluaciones competitivas que tanto daño causaron en la anterior crisis. Daría la impresión de que han perdido conciencia de que si ellos no lo arreglan, nadie más lo hará. Y es verdad que han evitado que el barco se hundiera. Pero ahora nos mantenemos a flote con importantes vías de agua, con la mitad de los víveres perdidos, las velas desgarradas, el palo mayor torcido, sin brújula ni timón y con la tripulación superviviente muy desanimada.
La responsabilidad de nuestros líderes ante esta recesión no ha terminado con lo ya hecho. El “laisse faire”, no encontrará una solución equilibrada a la situación y tanto a escala internacional como nacional, es mucha la tarea pendiente, cargada de esfuerzos, reformas, regulación y cambios profundos, no cosméticos o publicitarios, si queremos adaptarnos pronto al mundo post-crisis y aprovechar las oportunidades que nos abre.
La otra perspectiva en que resulta útil la lectura del libro citado, es el papel perverso que desempeñan las ideas y recetas políticas que, pudiendo ser útiles en un momento concreto, resultan perjudiciales cuando las circunstancias cambian drásticamente. En los años treinta, la obsesión de los ministros de finanzas y de los banqueros centrales por mantener contra viento y marea el patrón oro y el equilibrio presupuestario, fue una de las principales razones por las que la depresión se agravó y se extendió por todo el mundo. Aplicar políticas deflacionistas, era lo que recomendaba la ortodoxia, pero hacerlo en una deflación grave era contrario al sentido común. Porque ni entonces, ni ahora, los mercados son capaces de corregir grandes alteraciones en los comportamientos económicos como los que vienen asociados a las crisis profundas.
¿Ocurre ahora algo parecido? Creo que si en, al menos dos campos: la obsesión europea con reducir el déficit público mucho, en muy corto espacio de tiempo que está lastrando la recuperación al recortar impulso público antes de tiempo. En segundo lugar, la fijación con mantener el Estado nación como marco desde el que encontrar soluciones a problemas que se plantean a escala mundial, sin poder organizar entramados institucionales internacionales adecuados a los desafíos de una economía global.
Estoy seguro de que ambos asuntos, dejar de actuar coordinadamente demasiado pronto y actuar, en el ámbito nacional, apegados a principios ajenos a las necesidades actuales, serán comentados por los historiadores del futuro como planteamientos políticos erróneos mantenidos por nuestros gobernantes de hoy. Planteamientos que ayudaron a arruinar las posibilidades de una rápida y vigorosa recuperación económica.
Aprovechando los problemas de Irlanda y Portugal, se ha vuelto a desatar los rumores sobre la solvencia exterior de España. Rumores, debidamente jaleados por conciudadanos i-responsables, cuyos intereses espúreos causan un daño real. En todo caso, para rebajar la prima de riesgo de la economía española, nada más eficaz que un gran pacto de Estado entorno a un programa de reformas para los próximos dos años. Programa que, además, coincide con lo que tenemos que hacer en un pais que necesita mucho más que una mano de pintura mediática para recuperarse del terremoto sufrido.
Mientras comienza en España la discusión sobre si, ante la ausencia de estímulos públicos adicionales, hay recaída económica o solo una etapa de crecimiento lánguido, el deterioro de los servicios del Estado de Bienestar prosigue, crece el número de desempleados que superan un año en paro (dos millones) y aumentan las desigualdades sociales a la par que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza.
En palabras del Presidente Zapatero, vivimos horas difíciles. Más de la mitad de la población española está viendo como su nivel efectivo de vida y sus expectativas de mejora se deterioran a pasos agigantados, sin que conozcamos propuestas para resolverlo por parte del Gobierno ni de la oposición, más allá de recortes presupuestarios, la indeterminada reforma laboral y vaporosos eslóganes con pretensiones electorales, que solo duran un telediario, en medio del habitual mar de insultos y descalificaciones mutuas. Digámoslo claro: nuestra respuesta como país a la crisis, ha carecido de pedagogía pero, sobre todo, no ha estado a la altura de los desafíos con que nos enfrentamos.
Tenemos que hacer mucho más y de forma muy distinta, si queremos adelantar una recuperación vigorosa y, además, que sea germen de un modelo de crecimiento inteligente, es decir, sostenible. Y, la verdad, todo aquello que se me ocurre como imprescindible desde el ámbito público para mejorar el tono vital del país, recuperar iniciativa emprendedora y no dilapidar el dinamismo social que ha acompañado a los éxitos cosechados en los últimos treinta años, se encuentra bloqueado, entre una lógica electoral partidista que prima la confrontación sistemática y un marco constitucional diseñado, bien por las mayorías parlamentarias exigidas, bien por los necesarios acuerdos con las CC.AA, para forzar acuerdos en asuntos fundamentales.
Sin ánimo de ser exhaustivo, España se encuentra bloqueada en los siguientes asuntos importantes:
1. Reformulación conjunta de nuestras finanzas públicas. La característica definitoria de las políticas de bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia) es que su gasto crece a un ritmo superior al de sus ingresos normativos. Ello exige debatir sobre: estrategias permanentes de mejora en su eficiencia, reforzamiento periódico de sus ingresos y sistemas flexibles de participación de los beneficiarios en su financiación directa.
También conviene reflexionar entorno a las infraestructuras: ¿podemos permitirnos tantas líneas de AVE, tantos aeropuertos, tantos grandes puertos y tantas autovías, cuando andamos mal en otros asuntos básicos? Sin olvidar, la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de las pensiones, estableciendo una nueva vinculada a la riqueza del país, que permita rebajar sustancialmente las cotizaciones sociales.
Por último, pensemos si podemos seguir financiándolo todo, mientras rebajamos los impuestos como el IRPF que hoy recauda, en términos de PIB, un 24% menos que en 1992, sin que haya mejorado la entropía de las administraciones.
2. Creación de un Sistema Nacional de Innovación. Si hay dos cosas en las que todo el mundo está de acuerdo en esta materia son: las muchas carencias que tiene nuestro modelo de innovación o, mejor, la ausencia de modelo y, en segundo lugar, su importancia vital para mejorar la productividad y competitividad de una economía. Desde Universidades que investigan bien pero que no lo trasladan suficientemente a innovación empresarial, hasta empresas que quieren innovar y no saben como, pasando por la proliferación de Parques Tecnológicos, OTRIS, Fundaciones, viveros de empresas etc impulsadas por el Gobierno Central, las Autonomías e incluso Ayuntamientos que, a pesar de su número, no alcanzan la masa crítica suficiente como para ser decisivas en producir innovación tecnológica y comercial de manera continuada y suficiente. Tenemos buenos investigadores y empresas necesitadas, tenemos muchos casos de éxito, pero sigue faltando la argamasa que alinee todo eso en una misma red, estimulando la adecuada financiación.
3. Fomento del espíritu emprendedor. No hay programa electoral o de Gobierno de los últimos veinte años que no incluya el fomento del espíritu emprendedor entre sus objetivos principales. Y, sin embargo, aquí seguimos. Con algunas cosas hechas, otras mejoradas, pero con un país donde los jóvenes prefieren trabajar para el Estado o por cuenta ajena, la mayoría de empresarios aspiran a algo parecido a un estanco, los parados no cambian de provincia de residencia para encontrar empleo, los autónomos son casi una variable derivada de las políticas de externalización de servicios de las empresas, la movilidad social se ha frenado como consecuencia del fracaso escolar y del subempleo de los licenciados y donde crear una empresa, sigue siendo una odisea administrativa y financiera, a pesar del esfuerzo que hacen las Cámaras de Comercio con sus ventanillas únicas.
4. Economía baja en carbono. Tendremos, todavía, necesidad de carbono durante muchos años. Pero no darse cuenta de que nuestra dependencia del mismo como fuente energética está en claro retroceso, es no entender el mundo en que vivimos. Articular una estrategia de sustitución ordenada del carbono con el objetivo de cumplir los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, es mucho más que poner primas desproporcionadas a algunas energías renovables. Afecta al conjunto del sistema de producir, distribuir, consumir y vivir, es decir, a nuestro modo de vida actual (viviendas, materiales, ciudad sostenible, coche eléctrico, telecomunicaciones etc).
Podríamos, además, hablar de otros asuntos decisivos para reforzar el dinamismo del país como la forma de luchar contra la nueva pobreza, la necesidad de perfeccionar el Estado Autonómico en transito hacia un Estado Federal, la reforma de la Justicia para evitar las inaceptables demoras actuales, los problemas de morosidad de las administraciones públicas, la nueva colaboración entre sector público y privado, etc.
En todos, estamos bloqueados, porque no se pueden hacer, en serio, sin un gran pacto político entre, al menos, los dos grandes partidos. Pacto que, además, ayudaría a reforzar la confianza de los mercados financieros en nuestro país, rebajando, de manera inmediata y sustancial, nuestra prima de riesgo, con los beneficios que ello comportaría para todos.
Si la España oficial está bloqueada entre la realidad y sus inmensas posibilidades, ¿quién la desbloqueará? El desbloqueador que la desbloquee, si sabe leer las encuestas, además, ganará las elecciones. Seguro.
Entre Rajoy, apostando por simplificar el Estado autonómico y el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar pidiendo que los funcionarios ajusten su relación laboral como en la empresa privada, las administraciones públicas han estado de moda esta semana. Y no es para menos, si tenemos en cuenta que administran la mitad del PIB y que su gestión debe garantizar derechos y libertades. Tal vez, ha llegado la hora de aprovechar todo ello, más la necesaria austeridad pública forzada por la crisis, para sacar la reforma de las administraciones del reducido espacio de los expertos y proyectarla a la pista central del debate público.
Los países con administraciones inexistentes, altamente deficientes o totalmente subordinadas a la arbitrariedad política o de grupos de presión, son Estados fallidos, donde la democracia brilla por su ausencia. Pero si las administraciones son necesarias, la exigencia sobre su buen funcionamiento se conecta con la preocupación por la calidad de nuestra democracia y el deseo de mejorar la competitividad y el bienestar social, en un contexto de globalización.
Siempre he pensado que el debate entorno al Estado, se ha planteado demasiado centrado en el tamaño y muy poco en su eficiencia, como si estuviésemos más preocupados por lo que hace, que por cómo lo hace. Según la información cerrada a 2009, los ingresos no financieros de las administraciones públicas españolas alcanzaron el 34,7 por ciento del PIB, mientras que los gastos representan el 45,9 por ciento del PIB. La cifra de empleados públicos, por su parte, se ha mantenido estable en torno a un 13% de la población activa. Todas ellas, cifras por debajo de la media de los países de la zona euro, confirmando que nuestro problema relativo no es de tamaño, sino de funcionamiento.
Sabemos, por la segunda ley de la termodinámica, que cualquier mecanismo que convierta energía en trabajo, perderá una parte de la misma al disiparse, de manera creciente, en forma de calor: a esto se le llama entropía y señala la imperfección de todo proceso físico de transformación. Aplicado este principio al funcionamiento de la maquinaria administrativa del Estado, debemos preguntarnos cuantos recursos económicos se disipan en el proceso interno de transformación de los ingresos, en prestación de servicios públicos.
No hablo de corrupciones, ni ilegalidades, sino de eficiencia y eficacia en la gestión de tan ingente cantidad de recursos colectivos. ¿Se puede hacer lo mismo, o incluso más, con menos? ¿Es posible reducir la entropía en las administraciones, mediante mejoras en su productividad? ¿Hay espacio para una reforma simplificadora de las administraciones que aligere la carga que representan sobre la sociedad?
Mi respuesta es claramente si. Nuestras administraciones pueden hacerlo mucho mejor, si adoptan reformas radicales en su funcionamiento. España ha pasado de la identidad “un Estado, una administración” a organizar “un Estado, en dieciocho administraciones autonómicas más la central”. Redefinir las funciones y tareas de cada una de ellas y, sobre todo, las necesarias relaciones de cooperación, debe caminar en paralelo a un intenso proceso de modernización impulsado por tres palancas de cambio: las nuevas tecnologías, la evaluación de la eficacia y eficiencia del gasto y una nueva gestión de recursos humanos en la función pública. Reformas para las que existen, desde la pasada legislatura, los instrumentos legales necesarios.
La Ley de Administración Electrónica, que entró en vigor este año, obliga a que todas las administraciones ofrezcan a los ciudadanos una gestión telemática de sus procedimientos. Su efectivo desarrollo, junto al DNI electrónico, transformara de manera sustancial el normal funcionamiento de las administraciones como ya lo ha hecho con aquellos lugares donde se aplica: Agencia Tributaria y Seguridad Social, de manera destacada. Una administración plenamente electrónica no cierra nunca, no solicita a los ciudadanos certificados con información que ella misma tiene, se coordina con las demás hasta formar una verdadera administración única y sustituye a ciudadanos corriendo de ventanilla en ventanilla, por bits circulando por la red, con plena seguridad.
Una estrategia sostenible de reducción del gasto público debe pasar por su reforma y no solo por su recorte. Distinguir entre gasto más y menos útil para facilitar la recuperación debe hacerse mediante la aplicación generalizada de evaluaciones de políticas desde el punto de vista de su eficiencia y eficacia. La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, ya existente, debería ser el pivote sobre el que centrar esta estrategia.
De acuerdo con la Constitución, los funcionarios no tienen, ni pueden tener, exactamente los mismos derechos y deberes que los trabajadores privados, porque sus responsabilidades son diferentes. Pero eso no significa que no se pueda mejorar la gestión de los recursos humanos en la función pública, facilitada desde la aprobación del Estatuto del Empleado Público que establece: la posibilidad de redefinir los limites entre funcionarios y personal laboral, la diferenciación entre trabajo asegurado que evita injerencias políticas y un puesto de trabajo concreto, que debe depender de la puesta en marcha de procesos de evaluación del desempeño, con impacto sobre su carrera profesional y los pluses de productividad. Ser más exigentes con el trabajo de los empleados públicos, debe llevar aparejado, también, una retribución adecuada que no siempre se da hoy, así como el establecimiento de la prevista categoría de directivo público.
Es mucho lo que queda por hacer en la modernización de las administraciones públicas y el clamor en favor de hacerlo con urgencia, crece. No es fácil, porque afecta a intereses creados que juegan en contra, pero es posible y, en algunas zonas de las administraciones, se ha hecho. Depende, por tanto, de que haya voluntad política para desarrollarlo a partir del reconocimiento de que mejorar el funcionamiento de algo que gestiona la mitad del PIB e influye mucho sobre la otra mitad, debería ser parte esencial de un programa para la recuperación económica.
No es deseable vivir sin administraciones, ni posible dar marcha atrás en el Estado Autonómico. Pero es responsabilidad de buenos gobernantes, conseguir que aquello que existe, funcione mejor, reduciendo su entropía, en beneficio de todos.
Es casi seguro que Maquiavelo (1469-1527) no leyó el libro Tirant Lo Blanch (1490, en valenciano) aunque tal vez si que lo hizo con Amadís de Gaula (1508) o cualquiera de los muchos libros de caballeria que en pleno renacimiento proliferaron tanto. Lo sorprendente es que la concepción de la política reflejada por los tratados de Maquiavelo sigan en vigor cuando el paradigma de amor caballeresco, su ética y su épica no hayan resistido el paso del tiempo. Hoy, llamar a un político “maquiavelico” es casi un piropo. Pero decir de alguien que es un “caballero andante”, suena a anticuado, cuando no a puro cachondeo. ¿Por que? ¿Debe de seguir siendo “el Principe” una referencia para la politica hoy?