Uno de los efectos colaterales conocidos de las crisis económicas es el incremento en la desigualdad social: los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Aunque todos hayan sufrido pérdidas, los pobres pierden, en términos relativos, más que los ricos, siendo esta razón suficiente para justificar políticas económicas que redistribuyan los sacrificios de manera inversamente proporcional a la renta y a la riqueza.

                Lo llamativo, sin embargo, de un reciente estudio hecho público por la OCDE, es que ese aumento en la desigualdad de la renta, medido por el indicador que se mida, se viene produciendo, incluso, durante los treinta años anteriores a la actual crisis. De hecho, como he tenido ocasión de contar aquí, muchos interpretamos que el proceso de sobreendeudamiento, acompañado de burbuja especulativa de ciertos activos, que ha estado en el origen de la actual recesión mundial, fue un intento de mantener artificialmente la demanda efectiva creciente que necesita un sistema económico con capacidad productiva en permanente expansión , supliendo mediante la generalización del recurso al crédito a grupos sociales cada vez menos solventes, la ausencia de renta suficiente obtenida por los mismos mediante los mecanismos habituales del mercado o de las políticas sociales de los Estados.

Así, esta desigualdad creciente en la distribución de la renta estaría en el origen último de la actual crisis que, por otra parte, no ha hecho más que agudizar el fenómeno. En España, por ejemplo, según los datos de Contabilidad Nacional, el peso de la remuneración de asalariados en la Renta Nacional ha bajado un punto porcentual entre el 2000 y el 2010, del 49,9% al 48,91%, mientras que el excedente bruto de explotación ha visto incrementar su participación en casi tres puntos.

Son muchos y muy complejos los elementos que debe analizarse para intentar explicar las causas de esta la desigualdad creciente. Entre ellas, la globalización, las innovaciones tecnológicas, los cambios en la estructura de la población etc. Pero lo más relevante del exhaustivo análisis de la OCDE es que hay dos cosas que sobresalen de forma clara como factores explicativos de la creciente desigualdad en la distribución de renta: los cambios normativos que debilitan la posición negociadora de los trabajadores respecto a las condiciones laborales, incluyendo los salarios y el retraimiento de las políticas públicas redistributivas, sobre todo, impuestos y transferencias sociales.

 Llama la atención que un fenómeno transversal y con tan fuerte impacto sobre la actividad económica como la casi total apertura de los mercados de productos, servicios y financieros que llamamos globalización, haya afectado al crecimiento de la desigualdad de rentas sufrida por los países de la OCDE en los últimos treinta años menos, que el empeño ideológico en aplanar la progresividad de los impuestos o en reducir derechos laborales. De ser esto así y hay suficientes elementos empíricos en el estudio como para hacerlo verosímil, si hoy vivimos en un mundo socialmente más injusto, incluso con independencia de la recesión, no es como consecuencia de fuerzas impersonales de la economía sino de decisiones políticas adoptadas al calor de una visión ideológica de la sociedad que tuvo en Reagan y en Thatcher a sus primeros apóstoles.

Fíjense que me centro en un aspecto, para mí relevante, como la desigualdad social, no explicada en función del mayor o menor esfuerzo o capacidad individual, sino por factores institucionales reversibles. Y que dejo de lado otros aspectos, como la eficiencia o la productividad, porque creo cuestionable unas normas sociales que nos permiten ganar en eficiencia si es a costa de perder tanto en equidad.

España sería uno de los pocos países de la OCDE en los que la desigualdad social se ha reducido desde mediados de 1980, con la excepción de los dos últimos años de crisis. La potente actuación redistribuidora del Estado, mediante los impuestos y las prestaciones sociales, ha contribuido de manera decisiva a ello. Aún así, en 2008, el ingreso medio del 10% de nuestros ricos era once veces mayor que el del 10% con menores rentas.

Si todo esto es así, encontraremos argumentos tan sólidos como adicionales para oponernos al paradigma económico alemán que nuestras autoridades han asumido sin cuestionar. Considerando que 30 años es tiempo suficiente como para hablar de “largo plazo”, podemos decir que la obsesión por reformar el mercado laboral de una manera sesgada que no busca un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, sino debilitar la posición negociadora de los sindicatos a la hora de mejorar salarios y condiciones laborales, unido a una obsesión no menor por el equilibrio presupuestario acelerado mediante la reducción del papel redistribuidor del Estado solo posible con impuestos suficientes y progresivos junto a políticas sociales activas, son políticas que favorecen a los más ricos y que conducen a una sociedad más injusta, polarizada y desigual.

Si las señales que envía el discurso y la acción pública  son que se favorece mediante la tributación a las rentas no ganadas con esfuerzo (plusvalías, herencias y rentas de capital), frente a las rentas del trabajo, o que debemos sacrificar el presente y parte de nuestro futuro, con la aplicación de políticas de austeridad extrema, para satisfacer los intereses de aquellos rentistas que nos prestaron dinero en el pasado, como si no asumieran ningún riesgo con ello, la tendencia a la desigualdad creciente continuará. Y en la era del conocimiento en que nos movemos, una sociedad más desigual acabará generando una economía menos productiva porque el factor trabajo carecerá de una retribución que compensen la necesaria inversión formativa a lo largo de la vida, desincentivando el esfuerzo y provocando una descapitalización de talento, justo cuando más lo necesitaremos. Por ello, hasta el Foro Económico Mundial señala la enorme disparidad de ingresos como la principal amenaza de la década.

Crecimiento económico, creación de empleo estable, retribuciones dignas, impuestos progresivos y políticas sociales redistributivas son los cinco elementos fundamentales de una política pública que reduciendo la desigualdad social, nos conducirá, también, a un crecimiento inteligente, sostenido sobre el valor añadido del talento. Otro paradigma, es posible.

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