El PSOE obtuvo 202 diputados en 1982 con un eslogan: “Por el Cambio”. Preguntado Felipe González por el significado de dicho lema, explicó: el cambio es “que España funcione”. Y, en aquel momento, todos entendimos su respuesta (consolidar democracia, reconversión industrial, ingreso en Europa)  y una inmensa mayoría, la compartimos.

 Si Rajoy dijera hoy que pretende que España funcione, ¿entenderíamos todos lo mismo? Creo que no. Que una parte de la explicación al diálogo de sordos en que convertimos con demasiada frecuencia los espacios públicos, incluido el Parlamento, se debe a que ya no tenemos una visión común sobre los problemas del país y sus soluciones y esto tiene menos que ver con aproximaciones ideológicamente confrontadas que con si “los nuestros” están en el gobierno o en la oposición. Esa pérdida de narración común, que intentaré explicar mediante tres ejemplos, condiciona el bloqueo en el que parece que empezamos a sentirnos cómodos, lo que no está reñido con la mucha actividad, la no menor propaganda y la sensación de aturdimiento pesimista.

Primer ejemplo: ¿compartimos una visión del momento económico que vivimos? Para que España funcione lo primero es volver a poner en marcha la maquinaria económica de creación de empleo y de riqueza. Eso requiere entender lo que nos pasa y acordar lo que necesitamos hacer para superarlo. Pero no solo discrepamos entorno a la reforma laboral, los sueldos de los banqueros o la utilización del parque inmobiliario de las administraciones. Es que tampoco sabemos si debemos reforzar nuestra solvencia como país y centrar la estrategia de política económica anticrisis en recortar el gasto público para ajustarnos a un calendario de reducción del déficit público pensado para otro contexto, o en expandirlo de manera selectiva e imaginativa para igual que pagamos las deudas con proveedores privados, reactivamos la actividad económica empujando desde el Presupuesto a algunos sectores con elevada capacidad de arrastre.

La confirmación de que en 2011 superamos en mucho el compromiso de déficit público nos ha dejado sin saber, literalmente, si soplar o sorber, si ahorrar o crecer. Si poner toda la carne en el asador defendiendo en Bruselas la racionalidad de revisar el objetivo para este año, pasando del 4,4 %, inviable por la recesión, a un severo 6% y alargar el calendario dos años evitando el 3% el año próximo, a cambio de encontrar espacios limitados para aplicar estímulos keynesianos de crecimiento, o mantener a todo trance la austeridad como valor supremo absoluto, junto al discurso merkeliano de la bondad de los recortes públicos como único método para conseguir el crecimiento a medio plazo, pese a la desigualdad social que genere.

Los datos comparados avalan dos ideas: ni los déficits ni la deuda pública han tenido nada que ver con el origen de esta crisis, más vinculada a quiebras de bancos privados y a severas deficiencias en el diseño institucional de los mecanismos de apoyo al euro. Dos, que en el aumento de los déficits ha tenido tanto que ver la caída de ingresos, como la subida de los gastos. Nada de esto es un argumento contra de la necesidad imperiosa de reformar profundamente nuestros mecanismos de gasto público. Pero sepamos que, en relación con los países del euro, tanto nuestros ingresos como gastos públicos, en relación al PIB, se sitúan por debajo de la media, cuando no lo estamos en renta per cápita.

Segundo ejemplo, la crisis y la utilización de las instituciones de todos en favor de la estrategia política del partido que las gobierna, está amenazando con hacer saltar por los aires la España autonómica tal y como la hemos conocido. La evidencia de que el desvío del déficit público el año pasado se ha dado, sobre todo, en las CC.AA y, especialmente, después de las elecciones (último trimestre del año) ha reforzado la convicción de que los mecanismos constitucionales utilizados para construir nuestro tejido institucional autonómico han hecho aguas por varios sitios, incluyendo un sistema de financiación con rigidez en gastos expansivos (educación y sanidad) y largos retrasos en los ingresos, unido a la ausencia de corresponsabilidad y de mecanismos anticipatorios de supervisión y control. Pero mientras algunos defendemos un salto federal adelante para mejorar la gestión de lo común, incluido los presupuestos, otros sugieren desmantelar lo existente en una imposible marcha hacia un nuevo estado recentralizado, mágicamente eficaz y austero.

Tercer ejemplo, sigue sorprendiéndome que, en contra de lo expresado en discursos y debates como el de investidura del actual Presidente, no se ha producido intentos serios de aproximación entre los dos grandes partidos para buscar una salida consensuada a la mayor crisis económica de nuestra historia. A pesar de que las orientaciones de política económica mantenidas no son tan distantes y de la evidencia de que dicho consenso, allí donde la intervención exterior lo ha impuesto, es un activo bien valorado por los ciudadanos y por los propios mercados, aquí se buscan culpables ante que soluciones porque el interés partidista se sigue imponiendo sobre el general. Y no hablo, solo, de los problemas planteados por el solapamiento entre los Presupuestos que Bruselas nos demanda con urgencia y las elecciones andaluzas, sino en un cambio perceptible de pensamiento hegemónico que demoniza, incluso retrospectivamente hasta la transición, el valor del consenso en democracia sobre asuntos importantes, como esta crisis, sin soluciones desde posiciones unilaterales.

Puedo resumir lo expuesto con que no funciona una bajada de impuestos como mantra sostenido durante años para ganar elecciones y luego sorprendernos de que no hay suficiente dinero en la caja; lo que no funciona es un sistema autonómico más orientado a la confrontación partidista que a la cooperación institucional  (¿Cuántas veces oiremos que “esta vez sí” va a haber una tarjeta sanitaria compatible?); lo que no funciona es una lógica política que nos instala en el desacuerdo y en la bronca como sistema, haciendo paradójicamente intercambiables muchos de los discursos partidistas (¡Y tú, más!).

Pero, claro, esta es mi visión de lo que debe hacerse para que España funcione. ¿Hablamos de la suya?

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• El bache, o la cara B. (Publicado en Mercados de El Mundo)

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  gironmorejón el 10 de Marzo de 2012, a las 12:34

  Para que España funcione es necesaria una nueva clase política porque la actual es corrupta o complice de la corrupción. A mi me da igual Valencia que Andalucia, vdes y ellos, ellos y vdes. sabían lo que pasaba y lo consentían.El problema es de dónde sacamos una nueva clase política.
  Lo de los eres de andalucia es un ejemplo de cómo entiende gran parte de su partido la gestión pública. Igual que lo de Valencia ejemplifica al PP. Da asco.