Blog de Jordi Sevilla

No me apunto a la tesis de la inevitable decadencia de España, que tanto furor veraniego ha causado entre las filas conservadoras. Antes al contrario, creo que nos llevaremos una sorpresa agradable cuando cerremos este año con mejores resultados de los previstos: un crecimiento ligeramente positivo, reconstrucción de beneficios, cumplimiento de los objetivos de déficit público en un contexto en el que el coste de la deuda pública sobre el PIB, es la mitad de lo que llegó a ser en la crisis de los 90.
         Para evitar lecturas simplificadas, me apresuro a decir que los calores de agosto tampoco me han convertido en un doctor Pangloss, aquel que era todo optimismo, en el mejor de los mundos. De hecho, me temo que se está abriendo la brecha existente entre lo que, previsiblemente, va a pasar y lo que debería suceder para hacer posible lo necesario. Por eso, aunque el tirón exterior procedente de la recuperación de otras economías y el efecto hartazgo, que empuja la salida de las crisis igual que el efecto precaución la agrava en sus comienzos, puedan proporcionar mejores datos de los previstos, ni ello convierte a la situación en buena, ni excluye rigurosas críticas a una política económica que, en apenas dos años, ha pasado de negar la crisis a aprobar 150 medidas para combatirla, más las del Pacto de Zurbano (¿se acuerdan?) y de reforzar las políticas sociales, a recortarlas.
         El crecimiento económico debe ser el principal objetivo en los próximos tiempos. Solo él creará empleo suficiente para ir reduciendo el paro (tarea que durará una década) y lubricará las arcas públicas reduciendo el déficit y la deuda de manera sostenible (compromiso que se logrará más allá del voluntarista 2013). Sin embargo, no parece ser esta la prioridad de los próximos presupuestos, donde se persiste en tres errores: recorte indiscriminado del gasto público, un poco a salto de mata, porque no se ha sabido/querido aplicar las reformas austeras del mismo tras evaluar su eficiencia; omisión de un plan articulado de colaboración público-privada, incluyendo privatizaciones y desinterés frente a la reforma que nuestros ingresos públicos necesitan para situarse a la altura de lo dispuesto en la Constitución: todos tributan (combatir el fraude) y cada uno, según su capacidad de pago (renta, patrimonio).
         Viendo como los debates entorno a los riesgos de una recaída han empujado al Presidente Obama a mantener los estímulos públicos a la economía, deberíamos analizar, nosotros también, la necesaria persistencia de algunas medidas incentivadoras de la actividad que han mostrado impacto positivo a la hora de apuntalar nuestra tímida recuperación. Incluso dentro del techo de gasto aprobado por el Parlamento, una revisión rigurosa de partidas, debe permitir encontrar acomodo prioritario a aquellas que han probado su impacto benéfico sobre el empleo en campos como la vivienda, las infraestructuras o la automoción.
         Incentivar el crecimiento exige, también, activar el flujo de crédito a empresas y familias. Demostrada la solvencia de nuestras entidades financieras e iniciada la reconstrucción de las tasas de ahorro que nos deben permitir devolver todo el endeudamiento privado acumulado en los años de esplendor, quizá ha llegado la hora de actuar sobre el  crédito de manera más efectiva. Discutir la propuesta de convertir al ICO en un banco que absorba recursos inmobiliarios dudosos en manos de entidades financieras a cambio de que estas devuelvan la liquidez así ganada en forma de mayores tasas de concesión de préstamos, es algo menos que intervenir o nacionalizar entidades como han hecho otros, pero mucho más de lo realizado, aquí, hasta la fecha.
         En una economía mundializada altamente competitiva, con países emergentes que ya están creciendo a tasas elevadas, España lo pasará mal si no hacemos algo equivalente a una devaluación para recuperar competitividad. Lo único posible, si no queremos deprimir más la demanda interna, es actuar sobre los costes laborales no salariales, especialmente, las cotizaciones sociales. Reducirlas, de manera significativa, es una exigencia de nuestra situación internacional, que debemos analizar con parámetros de hoy y no de hace décadas. Analicemos lo que significaría un descenso apreciable de las mismas sobre el salario, la liquidez empresarial, los beneficios, las exportaciones, el empleo, el crecimiento económico y preguntémonos por qué no se hace. Solo hay una explicación racional, de peso: su impacto sobre la financiación de las pensiones. Pues bien, a lo mejor ha llegado la hora de repensar a fondo nuestro esquema de financiación de las mismas para, garantizando su equiparación tendencial con la media europea, incorporar elementos de mayor progresividad y racionalidad en una economía abierta que compite hoy con China y no solo con Alemania.
         Preparar a nuestra economía para adelantar la expansión y aprovecharla en términos de sostenibilidad requiere, además, sacar del cajón todas aquellas iniciativas de consenso que como la Ley de economía sostenible, la reforma de la justicia, la educación o las administraciones públicas deben ayudarnos a ponernos a punto, como país, para conseguir el máximo.
Todas estas son cosas que tenemos que hacer con este, o con otro gobierno de signo distinto, agotando la legislatura, o con elecciones anticipadas. Se debería, pues, en estas horas difíciles, aprovechar para hacer frente a estos desafíos, en lugar de ocuparlo de forma preferente en estrategias partidistas de confrontación que solo persigue mejorar posiciones relativas de cara a las elecciones. De no hacerlo así y nada de esto se discute en las negociaciones actuales en busca de apoyos parlamentarios a los Presupuestos, entraremos, como en Japón, en un ciclo largo de separación entre las necesidades de la realidad y una creciente incapacidad política para darles respuesta, encerrados los partidos con sus propios juguetes. Otra vez, una etapa de diferenciación entre la España oficial y la España real.
Lo que hagamos en lo que quede de legislatura, será determinante, en el sentido de que valdrá la pena agotarla porque sea útil para la mayoría o dará igual, porque solo interese a aquellos que miran, exclusivamente, la mitad de lo que dicen los ciudadanos en las encuestas.

           De los treinta y cinco años transcurridos desde la muerte de Franco hemos vivido, casi por mitades, con situaciones de crisis y con bonanza económica.  Y pensaba el otro día que alguna relación debería tener una cosa con la otra, es decir, que las cosas nos van en la recesión, según lo hallamos hecho en la recuperación y viceversa. Por eso es tan importante no equivocarse en las medidas y reformas que adoptemos ahora porque nos jugamos, también, el futuro.

Todo empieza por un adecuado diagnóstico de lo que nos pasa. La recesión ha golpeado con especial virulencia a nuestro país en forma de paro masivo porque, en realidad, han confluido cuatro crisis distintas que se han ido incubando en su espacio y en su tiempo, por sus causas y sus cauces, que podían haber generados problemas serios cada una por separado, pero que han estallado a la vez.

                La primera crisis es de productividad. El modelo de crecimiento en que se basó el milagro español se basó en la cantidad y en el precio. Hemos crecido porque hemos incorporado cantidad de mano de obra (parados e inmigrantes) y cantidad de inversión pública y privada (sobre todo, en construcción) impulsada por los bajos tipos de interés del euro. Pero esta manera de crecer conlleva disminuciones paulatinas en la productividad de los factores que es el factor que garantiza la riqueza a medio plazo. Crecer, a costa de un descenso acumulado en la productividad, no es sostenible y, más pronto o más tarde, hubiera mostrado sus limitaciones en forma de catarsis.

                La segunda crisis es la financiera y viene provocada por dos fenómenos: hemos vivido a crédito y una parte importante del mismo lo hemos pedido a entidades extranjeras. Los datos son conocidos: es la primera vez en España que la deuda privada, triplicaba a la deuda pública. Además, nuestro déficit exterior, equivalente al 10% del PIB, explica nuestra vulnerabilidad a las circunstancias financieras internacionales y explica los problemas que nos generaría una situación de cierre de los mercados crediticios a nuestro país. Este ha sido el desencadenante de la actual crisis, aunque como estamos viendo, no es su única causa. La sequía repentina en la concesión de créditos y los recortes de gasto necesarios para devolver los créditos recibidos por parte de familias y empresas, justifica el frenazo experimentado por nuestra actividad de consumo e inversión, que ha hecho caer el PIB de manera significativa a la vez que subía el paro de manera incluso más dramática.

                La tercera crisis es de competitividad. En el mundo desoccidentalizado en que vivimos, donde el poder económico se desplaza hacía otras zonas del planeta y otros países  (BRICS), tenemos que analizar cómo respondemos a los desafíos que ello plantea a nuestro modelo productivo. ¿Podemos seguir especializados en los mismos sectores y con los mismos vectores competitivos que antes de la globalización? ¿Es suficiente con el paraguas de esta Unión Europea para sentirnos protegidos del huracán que está soplando en los mercados internacionales y en los centros mundiales de poder económicos?  ¿Podemos seguir compitiendo por hacer las cosas más baratas, gracias a tener mano de obra competitiva en costes?

                La cuarta crisis es la ecológica. Las políticas de reducción de emisiones de CO2, la lucha contra el calentamiento global y el transito hacia una economía baja en carbono, son compromisos y acciones que no desaparecen sino que se van a incrementar con el tiempo. Y conllevan profundas transformaciones en nuestra manera de producir, distribuir y consumir energía, pero también todo tipo de materiales.

                La confluencia de estas cuatro crisis nos ha desviado de una trayectoria a la que no regresaremos y nos obliga a articular un paquete de medidas que actúen en varias direcciones, a partir de vectores homogéneos. Sólo un cambio de modelo productivo hacia la calidad, el valor añadido, el talento y la inteligencia, nos permitirá hacer frente a las cuatro. Un cambio que se fundamente en el desarrollo de cinco vectores productivos: innovación, internacionalización empresarial, economías bajas en carbono, reforma de las administraciones y economía del conocimiento. E insisto, vectores y no sectores porque lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, si incorporamos o no valor añadido en aquello que intentamos hacer de la mejor manera posible.

                Una transformación de nuestro modelo productivo de esta magnitud, aún partiendo de aquellas empresas que ya lo están practicando con éxito para incrementar su número hasta alcanzar una masa crítica suficiente, requiere un esfuerzo inversor, tributario, relacional y de coordinación entre administraciones, entidades financieras, Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales, sindicatos y empresas, que solo se puede sostener durante todo el tiempo necesario con la continuidad adecuada, en base a un amplio acuerdo político, social e institucional a la altura del reto del que estamos hablando.

Sería un gran acuerdo en positivo para responder a los desafíos del futuro con determinación y valentía en lugar de estar todo el rato echándonos los trastos a la cabeza. Un acuerdo que debe contemplar las relaciones público-privado desde una óptica distinta alejada tanto del burocratismo antiguo como de esa especie de “hágalo usted mismo” que propone el Gobierno conservador británico ante el fracaso del Estado. Un acuerdo que transmita confianza en nuestras propias fuerzas y en la capacidad para llevar adelante una transformación reformista tan importante en nuestro país que debe verse acompañada de reformas estructurales en sanidad (crónicos), educación (fracaso escolar), pensiones (nuevas fuentes de financiación), dependencia (suficiencia financiera), justicia, estado autonómico, administración, sociedad de la información etc. Un acuerdo de salida a las cuatro crisis que exige una forma distinta de hacer política, más empresarial, en la que recuperemos el interés general como prioritario y donde la partitocracia no acabe ahogando a la democracia y donde los ciudadanos vuelvan a sentirse involucrados y animados por la cosa pública.

¿Un sueño de siesta veraniega? Tal vez. Pero, me temo que la alternativa puede ser algo parecido a la pesadilla berlusconiana en Italia. En fin, felices vacaciones!

Lo malo es no saber a qué carta quedarse, en economía, con el presidente del Gobierno. Entre aquel «voy a tomar las decisiones que España necesite», dicho la mañana del debate sobre el estado de la Nación, al «me han obligado los mercados contra mi deseo» de la tarde frente a la izquierda, hay un abismo. El abismo de la incertidumbre que genera desconfianza entre los prestamistas porque las cosas, o se hacen por convicción, o por imposición, pero difícilmente por ambas cosas a la vez.
        Parece claro que aquellos días de mayo en que los mercados financieros, tras ahogar a Grecia, empezaron a apretarnos el cuello, marcaron un antes y un después en la política económica española y en la percepción presidencial del complejo mundo de la economía globalizada. Fueron su particular caída del caballo. A partir de ahí, vimos en funcionamiento al Zapatero austero y reformador, haciendo, con el mismo retraso con que tardó en reconocer la gravedad y duración de la crisis, aquellas cosas que le veníamos pidiendo muchos desde hacía tiempo y a las que se había negado hasta ese mismo momento.
        Acompasar reducciones sostenibles del déficit público con reformas estructurales profundas como estrategia para impulsar el crecimiento, ha formado parte del recetario sugerido desde muchos lugares, incluida esta columna. Reconforta ver que el presidente, por fin, ha llegado a la misma conclusión. La duda surge cuando te preguntas: ¿lo hace convencido o vencido? Y el asunto no es baladí porque en un caso, se irá ampliando el campo de cambios y mejoras que busquen incrementar la productividad y el crecimiento sostenible. Pero si se hace arrastrando los pies y en contra de las convicciones íntimas, como se ha llegado a decir, dejará de hacerse en cuanto afloje la presión externa que ha obligado a virar.
        No seré yo quien haga una defensa del papel que han jugado los llamados mercados financieros, tanto en el origen como en el desarrollo de esta crisis. Pero tras criticarlos, denunciando la pasividad europea ante la necesidad de una profunda reforma de los mismos, debo reconocer que su actuación ha puesto de relieve algunos fallos fundamentales en el adecuado funcionamiento de las democracias. Por ejemplo, ¿nos hubiéramos enterado, sin la presión de los mercados, de las trampas presupuestarias del anterior Gobierno griego? ¿Las autoridades políticas de aquel país (y vale para cualquier otro) hubieran adoptado las medidas económicas adecuadas sin la presión de los mercados? ¿Qué mecanismos alternativos tiene el sistema político para corregir medidas disparatadas y perjudiciales a medio plazo adoptadas por sus autoridades electas? ¿No demuestra todo ello que, más allá del debate entre legitimidades, los actuales mecanismos de la democracia europea tienen fallos importantes por los que se han colado los mercados? ¿Tendremos que agradecer los españoles a la presión de esos mercados el cambio producido en la política económica y que tanta falta hacía para garantizar nuestro futuro?
        Entenderán ahora mi preocupación por saber si el presidente está, de verdad, convencido de que las reformas propuestas y otras pendientes, más allá del detalle, son buenas para España por méritos propios o, simplemente, piensa que son lo mejor que se puede hacer, dado que la alternativa de seguir sin hacerlas ya no es posible porque nadie nos financiaría. Por cierto, me resultó entrañable contemplar la convicción con la que explicaba, en una tarde, al grupo de Esquerra/IU, los problemas para acceder al mercado internacional de crédito cuando el interbancario no funciona de manera adecuada, mientras que sobre el origen de nuestra deuda, pública y privada, no decía ni una palabra. Porque no vale la explicación de que en cada momento se hace lo que se puede, como si no hubiera relación causal entre las necesidades de ahora y las decisiones adoptadas en el pasado.
        El ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista ha expuesto en un reciente artículo la continuidad de la política actual post-mayo con ese reformismo del socialismo español que nos introdujo en Europa, hizo la reconversión industrial o nos preparó para el euro con la reforma laboral de 1994. Pero en el caso del presidente, ya digo, parece que su posición depende mucho del interlocutor.
        Es conocida la existencia en el PSOE de «dos almas» enfrentadas a lo largo de su historia: Largo Caballero frente a Besteiro, guerristas y renovadores, partido y sindicato, izquierda socialista y mayoría, incluso Solbes y Caldera. Reflejando, a veces, dos puntos de vista distintos sobre la misma realidad (¡que tiempos aquellos en que la disparidad de opiniones en el seno de un partido, no era confundida con la traición, ni con la jaula de grillos!) y otras veces, una discrepancia no tanto sobre las políticas a hacer, cuanto sobre los ritmos de aplicación de las mismas o sobre el orden de prioridades.
        Cuando creíamos aniquilada esa etapa ante el liderazgo fuerte del actual secretario general, descubrimos, gracias a los hechos del pasado mayo, que esas dos almas siguen presentes. Pero esta vez, las dos almas, encarnadas en el mismo cuerpo presidencial.
        En todo caso, cuando el presidente empieza a hacer, con retraso, lo que tiene que hacer, aunque no acabe de tener claro por qué lo hace, si por convicción o por imposición, lo mejor que podemos hacer los demás es no distraer con huelgas generales o con peticiones de elecciones anticipadas. Estamos viviendo unos momentos cruciales que van a determinar buena parte de nuestro futuro como país. Se están debatiendo en el Parlamento importantes reformas que van a alterar nuestras condiciones de vida y trabajo durante décadas. Es la hora de efectuar aportaciones constructivas, de modificar todo lo que haya que modificar, de aportar soluciones y de buscar el acuerdo mediante diálogos y pactos. Es la hora de la negociación entre alternativas públicas. Ya llegará la hora de mostrar la coherencia individual entre nuestra alma ciudadana y nuestra alma de votante. Porque lo de las dos almas, está más extendido de lo que parece ¿O no?

          No siempre abordamos el debate sobre nuestras administraciones públicas desde la perspectiva adecuada. Con demasiada frecuencia repetimos viejos tópicos, caemos en vaguedades y mostramos más enfado que soluciones. Tampoco las instituciones políticas ayudan. Las propuestas partidistas parecen alejadas de una preocupación sincera por mejorar algo que, como correa de transmisión entre ciudadanos y autoridades democráticas, constituye parte esencial de la columna vertebral del país.
            Algunas de las críticas que se hacen, presuponen que la mejor administración es la que no existe. Falso. Aquellos países, o aquellos períodos de nuestra historia, en que no hay una administración estable y profesional, sino una de plastilina, son Estados fallidos o autoritarios. Necesitamos un aparato administrativo que garantice nuestros derechos, deberes y libertades individuales. Quien hace cumplir las leyes, pero también quien asegura que se respetan los derechos, es la administración en sus distintas facetas: sanidad, educación, policía, jueces, bomberos, servicios sociales, de empleo, seguridad social, hacienda etc. En ese sentido, la ampliación efectiva del Estado social de derecho solo es disfrutada por los ciudadanos, no tanto por el número de leyes aprobadas, sino por cuántas de ellas aplican las administraciones y por cómo lo hacen. Por ello, dejar fuera de la lucha partidista la reforma de las administraciones es buena cosa (han de ser profesionales capaces de servir a gobiernos de distinto signo), pero excluirla de la máxima prioridad política es un error que acabamos pagando todos con desafección al sistema.
            Porque, además, como no se ha cansado de repetir el gran experto Joan Prats, reciente y prematuramente fallecido, el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno forma ya parte de una profundización de la democracia que se extiende por todos los países bajo la exigencia a los políticos de que sean capaces de crear y sostener buenas administraciones. En suma, ya que las administraciones públicas son necesarias, consigamos que funcionen lo mejor posible.
            Esto conecta con la otra línea de crítica que considero equivocada: su tamaño. Con frecuencia escuchamos que nuestras administraciones son muchas, muy grandes, con demasiados empleados y gastando una parte excesiva del PIB. De ahí surgen las propuestas de recorte: el Parlamento ha propuesto suprimir tres ministerios y Castilla la Mancha reduce a la mitad sus Consejerías, o las sucesivas reestructuraciones a la baja de su diseño, como acaba de hacer, por  tercera vez, el Gobierno. “Small is beautiful”, es una vieja consigna, de moda ya solo entre administraciones, en lo que me parece el mayor y más peligroso desenfoque de la cuestión que he visto en muchos años.
            En primer lugar, porque siempre he creído que la cuestión del tamaño, en si, es un debate absurdo. Grande o pequeño, medido cómo, en comparación con quien, con relación a qué. El principal problema no es de tamaño, sino de razón de ser. En las administraciones públicas se suele dar por sentado cuales son sus tareas, cuando precisamente eso constituye, hoy, el meollo de la cuestión. Sobre todo, en España donde la Constitución ha deconstruido nuestro sistema institucional pasando de una dictadura a una democracia, de un Estado aislado a miembro de la Unión Europea y de un Estado centralizado con una administración, a otro Estado autonómico organizado, no dividido, en dieciocho administraciones. Y todo ello, además, en medio de una revolución tecnológica que debe cambiar el paradigma de las relaciones con los ciudadanos y elevar los procedimientos administrativos al universo que posibilita la red.
            Para el nuevo papel de la Administración General del Estado en un país federalizante como el nuestro, lo peor no es su tamaño, sino que está mal organizada y deficientemente orientada como consecuencia de los muchos restos que todavía subsisten de la vieja AGE centralista. Deberá hacer una profunda transformación que fortalezca más  administración central con servicios comunes a costa de tanto ministerio-taifa, cuestionando si la mejor estructura organizativa posible hoy sigue siendo el viejo Ministerio, si sus profesionales tienen los estímulos y cualificaciones adecuadas a sus obligaciones. Sobre esto acabo de dirigir un estudio con propuestas de reforma radical: “La reforma de la AGE” Biblioteca sector publico PwC/IE. Editorial LID.
Junto a ello, las CC.AA no pueden ser mini estados sino partes de un Estado común. Por ello, la coordinación, la cooperación, el trabajo conjunto, los consorcios, deberán impulsarse como prioridad para evitar duplicidades pero, sobre todo, para que cada uno haga mejor su trabajo y desde ahí, podamos hacer, también mejor, el de todos.
            En segundo lugar, el tamaño sigue sin ser lo importante porque asumida por cada parte su función y debidamente coordinada con el resto, todas las administraciones deben abordar el asunto de su eficiencia. No tanto si son pocos o muchos, si gastan poco, o mucho, sino si lo gastan bien dentro de estructuras eficientes que aprovechan los avances tecnológicos y organizativos. Necesitamos administraciones que cuiden a sus empleados promoviendo sus carreras profesionales, evaluando su desempeño y definiendo la función directiva como prevé el Estatuto del Empleado Público que se aprobó siendo yo Ministro de la cosa. Administraciones que adecúan su funcionamiento a la Ley de Administración Electrónica que también se aprobó en mi época. Administraciones que separen pura gestión, controlable técnicamente, de las decisión política, desarrollando la Ley de Agencias y, sobre todo, administraciones que se sometan de manera generalizada y sistemática a la evaluación externa y profesional de su gestión y del impacto de sus política públicas para aprender a hacerlo cada vez mejor. La Agencia de Evaluación que creé, podría ser el instrumento adecuado, aunque no sea el único, ya que existen empresas privadas de consultoría que también ofrecen este servicio.
            La reflexión política sobre las administraciones, hecha desde su razón de ser y su eficiencia, debería ser una prioridad absoluta en la España de hoy. Las autoridades tienen la obligación de hacerlo mejor, porque los ciudadanos tienen derecho a exigir una buena gestión de lo público. Pero si los criterios para hacerlo provienen solo del tamaño, se agotará en un simple recorte que agravará el problema, sin resolverlo.
           

            Reducir los déficits públicos desde la altura en que los ha colocado la crisis, es una necesidad. Hacerlo a los ritmos y con los plazos establecidos por la Unión Europea de manera uniforme para todos sus miembros, es un dogmatismo temerario. España, arrastrando cuatro millones de parados, con una perspectiva de crecimiento negativo este año y no muy superior al 1% el próximo, debería sentirse más cómoda con un esfuerzo como el propuesto por el G-20: reducirlo a la mitad  para 2013, situándolo entonces en el 5,5% del PIB, para alcanzar la cifra mágica del 3% de Maastricht dos años más tarde.
            Cuando se dice que los recortes aprobados de gasto público tienen un impacto negativo sobre el crecimiento, se está reconociendo que las medidas selectivas de expansión del gasto, puestas en marcha durante la crisis, por ejemplo nuestro Plan E, sí fueron efectivas para mantener la actividad económica.  Entonces, cobra todo su sentido la reiterada observación del FMI de que los países no deben tener prisas para retirar esos estímulos. El error europeo es ir en contra de esta sensata recomendación que constata, entre otras cosas, que no hay nada que reduzca el déficit público tanto como el crecimiento económico.
            El equilibrio presupuestario como objetivo puede no ser óptimo, porque no todo el déficit es igual. Existe el coyuntural, fruto de la evolución del ciclo y aquel estructural, consecuencia de unos compromisos estables de gasto, no compensados por ingresos igualmente estables. Como existe, también, el déficit “bueno”, atribuible a gastos de inversión que  no pueden pagarse al contado (como hacen las familias cuando compran su vivienda o las empresas cuando invierten) y el déficit “malo”, fruto de gastos y transferencias corrientes. Esta información fundamental la perdemos cuando metemos todo en el mismo saco y las políticas de reducción del déficit pueden ser negativas para el país si se aplican desde ese “totum revolutum”.
            De entre lo último que he leído sobre el déficit español actual quiero destacar un interesante análisis de Miguel Angel García: “El sistema fiscal español ante la crisis: el pesado lastre de las decisiones adoptadas durante el ciclo expansivo” (Gaceta Sindical de CC.OO). Según este experto, algo menos de la mitad del déficit español se explica por caída de ingresos públicos y el resto (7,3 puntos porcentuales del PIB) por la expansión del gasto, una parte del cuál no vinculado a la crisis. Además, explica, el déficit coyuntural representa algo más de la mitad, mientras que el elevado resto sería estructural debido a decisiones de bajadas de impuestos e introducción discrecional de gastos adoptadas durante la fase expansiva. La consolidación presupuestaria, por tanto, incluso en los plazos más relajados, no vendrá solo de la mano de la recuperación sino que exigirá reformas importantes tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Reformas, no solo recortes, concentradas en la Administración General del Estado que representa la parte del león del problema.
 

            Con una perspectiva temporal que abarque los próximos cinco o diez años vamos a encontrarnos, por tanto, con las siguientes tendencias reformistas. Por el lado de los ingresos públicos, y aún aceptando que se mantenga la elevada elasticidad de los tributos frente a la renta, bajar impuestos no será ni de izquierdas, ni de derechas, sino simplemente imposible. Ello situará el debate en sus términos clásicos: quienes pagan, cuanto y de donde. No creo que sea sostenible un esquema fiscal donde no contribuyen todos los que deben, ni los que contribuyen lo hacen en función de su capacidad global de pago tal y como exige la Constitución.
 Sin entrar aquí en detalles, deberemos esperar una mayor tributación de las rentas no ganadas mediante el esfuerzo personal (plusvalías, patrimonio no productivo, herencias) una mayor carga fiscal sobre los recursos escasos (carbono) o perjudiciales (contaminación, emisiones de CO2) y sobre el consumo. Junto a ello, deberemos recuperar la política de precios públicos para que los usuarios de determinados servicios públicos contribuyan más a su financiación mediante peajes, tasas o copagos. En esa perspectiva, la tributación sobre el factor trabajo, especialmente las cotizaciones sociales, serán los únicos impuestos a la baja.
Por el lado del gasto las opciones son dos: recortes indiscriminados, lineales y proporcionales, presupuesto tras presupuesto, hasta alcanzar los compromisos de déficit o reformar de una vez la estructura del gasto mediante dos instrumentos claves: presupuestos base cero, es decir, necesidad de justificar periódicamente la totalidad de cada partida presupuestaria y no solo su incremento o decremento anual y, sobre todo, evaluar de manera independiente las principales políticas públicas para asegurarnos que lo gastamos bien, de manera eficaz y útil para los objetivos perseguidos. Así, aquello que sea válido, podrá ser recortado o no mientras que aquello que se demuestre poco útil, deberá ser suprimido en su totalidad. Por otra parte, habrá que abrir las perspectivas de una colaboración público-privada en la prestación de algunos servicios públicos, con mayor alcance y más amplio espectro que lo practicado hasta la fecha.
El literato Echegaray, Ministro de Hacienda, señaló en 1905, que la salvación para el país estaba en “el santo temor al déficit”. Poco después, el dictador Primo de Rivera propuso que “la palabra déficit quede autoritariamente suprimida del léxico español”. Sus epígonos hoy, olvidando que ambos generaron inmensos déficits contradiciendo sus declaraciones, se basan en una supuesta exigencia de los prestamistas que habrían perdido confianza en España. Si es así, sería otra muestra de la ineficiencia de unos mercados financieros que no son capaces de diferenciar entre datos y rumores. Creo, más bien, que los mercados quieren aprovecharse de una supuesta debilidad española para obtener más dinero a cambio de sus préstamos, mientras que los emisores persiguen todo lo contrario. Una estrategia de consolidación presupuestaria posible, creíble y sostenible como la aquí esbozada, fortalecería nuestra posición de solvencia reforzando las posibilidades de  encontrar financiación en los mercados para nuestro déficit público en sensata reducción y no en atropellado recorte.
 

            Apenas inaugurada la temporada de reformas, va y viene el Presidente Zapatero a decir que no va más. Que con lo ya hecho y algo adicional sobre la edad de jubilación, ya pueden los mercados darse por satisfechos. Sobre todo después de que  el Consejo Europeo,  el director general del FMI y hasta Obama,  hayan alabado las medidas del Gobierno español.
            Ese es el problema cuando hacemos las cosas forzados por los acontecimientos en lugar de por convencimiento: que estamos deseando que se acabe para volver a lo de siempre. Y, sin embargo, las reformas han sido “lo de siempre” en la historia española. En el ámbito de lo económico, desde los Pactos de la Moncloa, la reconversión industrial, la adaptación al Mercado Común, luego al Acta Única, luego a la globalización, luego al euro y luego a la internacionalización, en los últimos treinta años no hemos otra cosa en España que adaptarnos, reformarnos. Se puede decir que hemos incorporado el cambio como un parámetro de nuestro sistema económico. El dinamismo adaptativo que muestra nuestra sociedad, más allá de que permanezcan todavía rigideces, explica el éxito económico de las últimas décadas. Cada vez que hemos reformado, devolviendo decisiones a la iniciativa colectiva y manteniendo los equilibrios sociales, el resultado ha sido positivo en términos de bienestar.
            Por eso, el impulso reformista mediante paquetes articulados de medidas, ha formado parte de nuestra tradición ilustrada. Por convicción íntima de que solo alterando el estado de las cosas, podríamos lograr mejores cotas de libertad y de bienestar para todos.  Los pocos Gobiernos de progreso que ha habido en nuestra historia, han promovido siempre reformas no solo en los usos y costumbres sociales o de la vida cotidiana sino, sobre todo, en las relaciones sociales de producción y distribución. Ahí, en los derechos económicos y sociales, radica el núcleo duro del poder y la clave última de las desigualdades sociales. No se puede, por tanto, pasar de puntillas, a empujones o a regañadientes sobre estas cuestiones, desde un Gobierno de progreso que debe convertir las reformas permanentes, en su razón de ser y en su bandera del cambio verdadero. En España, todavía, necesitamos muchas reformas sobre ingresos y gastos públicos, sobre la oferta productiva para generar más empleo, sobre sostenibilidad del estado del bienestar, sobre cambio de modelo productivo, sobre lucha contra el cambio climático, sobre la coordinación entre administraciones, como para pensar que ya está bien y enterrar el hacha reformista. Cosa distinta es la manera en que se abordan, se explican y se resuelven.
            A titulo de ejemplo, voy a relatar una reforma fundamental y urgente que nuestra economía requiere para responder a la crisis económica y a nuestros problemas de competitividad derivados de la misma: las cotizaciones sociales. De entre toda la literatura existente, me quedo con un estudio reciente (julio 2007) que, aunque no oficial, está publicado por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Es el elaborado por Angel Melquizo sobre “La incidencia económica de las cotizaciones sociales en España” (disponible en la red). Y destaco su conclusión principal: han sido las empresas, en su conjunto, quienes han soportado de manera plena la fiscalidad laboral que representan las cotizaciones sociales, sin que se haya trasladado a precios, ni se haya reducido del salario pagado. Estamos hablando de una cuña fiscal que representa entorno al 23% de los costes laborales totales. Esta realidad, en un modelo productivo que se basaba en bajos costes de producción, podía asumirse mejor que en el contexto de crisis actual e, incluso que, en el nuevo modelo productivo hacia el que debemos caminar, más basado en el valor añadido que en el precio barato y, por tanto, en trabajadores mejor retribuidos lo que obligará a recortar otros costes no salariales.
            Una bajada significativa de las cotizaciones sociales representaría la inyección de competitividad que no podemos conseguir mediante una imposible devaluación de la moneda. Permitiría mejorar los márgenes empresariales de manera directa e inmediata y, con ellos, su liquidez y su capacidad de competir en unos mercados mundiales ya en crecimiento como los actuales. Reducir la fiscalidad del factor trabajo podría tener, además, un efecto directo sobre el desempleo, especialmente, el de baja cualificación.
            En el sistema español, de acuerdo con lo establecido por Bismarck en el siglo XIX, nuestras cotizaciones sociales sirven para financiar contingencias comunes de los trabajadores, como la jubilación. Por tanto, una rebaja sustancial de las mismas afectaría de manera negativa a la estabilidad financiera del sistema de pensiones y esto es algo que no puede ni debe permitirse. Deberíamos, por tanto, de acuerdo con la letra y el espíritu del Pacto de Toledo, proceder a la discusión y aprobación simultánea de otra fuente alternativa de financiación de las pensiones que no se basara en la cotización de los trabajadores en activo sino en algún indicador de la riqueza general de la sociedad, sea la renta, el patrimonio no productivo, las rentas no ganadas mediante trabajo (plusvalías) o el consumo.        Se podría pensar que con cargo a los impuestos generales, incluido el nuevo, se financiaría no solo como ahora las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, sino el 100% de una nueva pensión mínima garantizada para todos los ciudadanos. A partir de ahí y mediante un sistema contributivo parecido al actual, dicha pensión se complementaría mediante cotizaciones sociales, mucho más bajas que las vigentes.
            Conseguiríamos así dos efectos paralelos y positivos: mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y financiar las pensiones de una manera más sostenible y equitativa que la actual en la que su cuantía no solo dependería de la relación entre activos y pasivos sino, también, del nivel de riqueza del conjunto del país.
            Inclúyase esta propuesta dentro de un eventual “Manifiesto Universal de los males envejecidos que España padece”, similar al que escribió, en 1730, Francisco de Moya Torres y Velasco. Y es que, lo dicho. Esto de las reformas viene de antiguo y no es bueno que se acabe ya.

Llevo semanas defendiendo, entre mis amigos, la reforma laboral del Gobierno y cada vez me resulta más difícil. Sin duda para facilitar la posterior tramitación como Ley, pero hemos visto de nuevo el baile de la yenka: se propone una cosa, se filtra otra, se aprueba otra y, al final, acaba todo en otro sitio, para volver al principio. Así, el borrador rebajaba los globos sonda y el texto aprobado, todavía empeoraba al borrador.
He propugnado, en esta misma columna, la necesidad de una reforma urgente del mercado de trabajo. Incluso, me reconozco en la música y en parte de la letra del Decreto-Ley. Sin embargo, algo me empuja a decir, en voz baja, no es esto, no es esto. Aunque, claro, solo tendremos una posición clara cuando dispongamos de un texto definitivo, tras meses de tramitación parlamentaria y ahí radica una parte del problema: si, como ha dicho la vicepresidenta económica, el objetivo de todo lo que se hace es ganarse la confianza de los mercados, no se si esto ayudará.
Una reforma laboral debe traducir el crecimiento en más empleo de calidad, a la vez que permite destruir menos empleo cuando hay problemas. Solo si entendemos que los cuatro millones de parados que tenemos, están directamente relacionados con el 30% de trabajadores precarios que teníamos cuando la expansión, sabremos por donde debe ir la reforma: alterar el atractivo relativo de los contratos temporales frente a los indefinidos e introducir flexibilidad entre dos extremos: o bien estar empleado a tiempo completo, o en paro.
Desde el punto de vista de la contratación se ha rebajado el coste de la indefinida, a la vez que sube el de la temporal. Bien. En la buena dirección. Pero, tal vez de manera insuficiente: los contratos por obra o servicios siguen siendo demasiado largos, se habla poco de la concatenación de contratos temporales y no se sabe si al final, se incrementa la cotización social en aquellas empresas que abusan de ellos. Por el otro lado, es un avance la extensión del contrato indefinido con 33 días de indemnización por despido improcedente, pero no se mejora el contrato a tiempo parcial ni el fijo discontinuo que ofrecen soluciones muy interesantes para nuestra estructura productiva.
Desde el punto de vista de lo que sucede durante la vida de los contratos de trabajo, apenas si cambia ningún aspecto importante en lo relativo a movilidad, flexibilidad y negociación colectiva. La rigidez de las normas laborales a nivel de empresa seguirá siendo un obstáculo para nuestra capacidad de competir y reaccionar de manera proactiva a un mundo global tan competitivo como este. Es verdad que los sindicatos tienen algunos buenos ejemplos de flexibilidad adaptativa. Pero me temo que son aislados y sólo en empresas muy grandes. Incluso el asunto de la cláusula de descuelgue, estaba mejor abordado en los borradores y, todo ello, queda muy lejos del modelo alemán que nos han obligado a aprender en balde.
Permitir que una empresa con dificultades económicas objetivas  pueda despedir a la mitad de la plantilla manteniendo a la otra mitad, en lugar de esperar a que quiebre del todo enviando al cien por cien al paro, fue ya un objetivo de la reforma laboral de 1994. Era la famosa cláusula económica que permitía despedir de forma justificada con 20 días de indemnización. Quince años más tarde, los problemas crónicos de nuestra lenta justicia, unido a la manera en que se ha ejercido la tutela judicial sobre estos casos, los ha convertido en impracticables, como prueba que, en plena crisis, la inmensa mayoría de empresarios prefieran un despido improcedente express que, aunque caro (45 días) es rápido. Corregir esto, era importante para salvar una parte del empleo en situaciones difíciles. Pues bien, ni consultando a dos buenos laboralistas (lo he hecho), resulta fácil entender lo que se propone en este punto y en qué mejora la situación actual. Da la impresión de que a falta del trámite parlamentario, el asunto de las causas objetivas de despido, se aborda, pero se aborta, en el texto aprobado por el Gobierno.
Si entramos en asuntos horizontales, hay dos que me resultan llamativos: el modelo austriaco y la intervención del Fogasa. El primero ha pasado de ser “la estrella de la reforma” a desaparecer, de momento, del firmamento. En realidad, por lo que se conocía, debería verse en el Pacto de Toledo porque era más bien un plan individual de pensiones mediante capitalización, rescatable en caso de desempleo, como son ya los actuales planes de pensiones. Por ello, nunca entendí el carácter angular que se le quiso dar, vinculado a esta reforma.
En segundo lugar, me cuesta explicar qué pinta el Fogasa, ejemplo de buen funcionamiento de lo público, creado para garantizar salarios de trabajadores de Pymes que quiebran, financiando 8 días del coste del despido en cualquier supuesto y a todas las empresas. Puedo entender que, en un momento de la negociación, el Gobierno hiciera un gesto de “partir las diferencias”, asumiendo  desde lo público una parte de los costes privados a cambio de lograr un acuerdo. Pero mantenerlo sin existir acuerdo, altera mi manera de entender estas cosas.
Por último, una de las propuestas más atractivas, se ha diluido con el tiempo. Me refiero al análisis de la eficacia de las subvenciones a la contratación en un intento de suprimir las que no hayan sido útiles, reforzando las que sí, por ejemplo en jóvenes. Desconozco los resultados de la evaluación pero la reordenación de subvenciones ha quedado en menos de lo esperado y, posiblemente, de lo necesario.
La propuesta apunta maneras. Lo importante, está casi bien. Pero el dibujo final está deformado y mientras el discurso va por un lado, el articulado va por otro. El problema hoy no es, como decía el líder de la UGT, que el Gobierno haya cambiado de carril. Es que ha sacado al tren de vía muerta pero, en espera de apoyos parlamentarios, no sabemos todavía adonde vamos. Eppure, si muove.

A menudo, somos victimas de prejuicios que resultan dañinos para nuestro bienestar. También en política económica. Algunos proceden de los restos del naufragio de viejas ideologías y, otros, de la repetición obsesiva de cosas que, tal vez, fueron útiles en algún momento pero que ahora, en otro contexto, perjudican más que ayudan. Esta reflexión viene a cuento de lo que está ocurriendo en Europa  y de la brecha abierta con Estados Unidos respecto a la política económica a hacer en estas horas difíciles.
En contra de lo que pueda suponerse cuando los economistas bromeamos respecto la capacidad predictiva de nuestro saber, tampoco sobre el pasado nos ponemos de acuerdo. Así, la crisis de 1929 todavía no tiene una interpretación aceptada por toda la profesión. Sin embargo, hay algo en lo que la mayoría coincide: una de las razones que amplificó la depresión a todo el mundo y durante varios años, fue el empeño de algunos países en seguir aferrados al patrón oro por razones que tenían que ver con la historia, con la incomprensión sobre lo que estaba pasando o con prejuicios respecto al funcionamiento de las cosas. La idea equivocada de mantener la paridad fija de las monedas en medio del temporal, condujo a políticas económicas restrictivas que agudizaron la depresión. Al menos, hasta que en 1931 Inglaterra lo abandonó, bajo el consejo de Keynes y con no pocas dudas,  iniciando la larga marcha de salida del mismo por el resto de países. Las ideas, a veces, se transforman en actos. Y las malas ideas, en actos dañinos.
         Existen hoy tres prejuicios en Europa, no basados en postulados aceptados por todos, que, en las condiciones actuales, pueden perjudicarnos más que otra cosa: la obsesión por limitar el déficit público, la pasividad ante los mercados financieros y los recortes en la acción pública.
         Mantener, contra viento y marea, el compromiso de alcanzar un déficit público del 3% del PIB no más tarde de 2013, obliga a aplicar políticas de recortes en el gasto público y de subidas de impuesto, poco acordes con las necesidades de una economía con recuperación frágil como la europea. Lo dice el Fondo Monetario y no la Internacional Socialista. Y ¿por qué hay que hacerlo? No digo limitar el crecimiento del déficit o establecer una tendencia a la baja en los próximos años, que es correcto, si no ¿por qué el 3%, por qué en 2013 y por qué todos a la vez  sin diferenciar entre déficit estructural y coyuntural? No hay una respuesta científica para justificar ninguna de las tres cuestiones y cumplirlo, sacrificará bienestar y empleo de manera innecesaria, por culpa de un prejuicio. ¿Cómo puede hacerse la misma política presupuestaria en Alemania, con la recuperación ya iniciada, que en España, todavía con crecimiento negativo? ¿De verdad quebrarían los mercados financieros si decidimos alcanzar esa cifra mágica de Maastricht, dos o tres años más tarde, con planes fiables para conseguirlo basados en fomentar el empleo mas que en cinturones apretados?
En Estados Unidos, que actúa como la gran potencia que son, los mayores volúmenes de déficits públicos se consiguieron con Presidentes muy conservadores: Reagan y Bush Jr, mientras el objetivo del crecimiento económico articula el conjunto de sus políticas económicas, incluyendo la monetaria en manos de la Reserva Federal. Europa, por su parte, lo hace como un conjunto timorato de países, dominados por los fantasmas históricos alemanes y sin acabar de creerse la fuerza de su Unión, ni adaptarse a las exigencias de la misma. Y estos prejuicios determinan sus políticas y explican su peor desempeño económico.
La manera que tiene Europa de reaccionar ante los mercados financieros internacionales, basada en prejuicios, también está resultando perjudicial. Mientras Estados Unidos muestra la superioridad de la política democrática abriendo investigaciones parlamentarias y judiciales sobre la responsabilidad de los gestores de entidades financieras privadas en la crisis, Europa está obsesionada por censurar a sus gestores públicos. El Presidente Obama ya ha presentado su reforma de los mercados financieros, mientras aquí, vamos aplazando las propuestas, permitiendo que Alemania actúe de manera unilateral en asuntos importantes.
 Nos cuesta asumir que, en esta crisis, los llamados mercados financieros internacionales, que nada tienen que ver con mercados ni con sistemas financieros regulados, han sido responsables directos, por lo que tenemos la obligación moral y práctica de reformarlos en lugar de aceptar como inevitable el estar en sus manos. ¿Cómo es posible que las agencias de rating no se hayan visto afectadas después de lo que hicieron con Lehman? ¿Por qué a los inventores de esos productos derivados altamente especulativos, opacos y, a veces, engañosos, les concedemos el poder de decidir nuestra política presupuestaria? ¿Por qué mantenemos los paraísos fiscales?
 No estoy proponiendo un programa de actuaciones más radical que el aplicado por el Gobierno de Estados Unidos. Pero el bloqueo europeo ante la especulación perjudicial, nos sitúa por detrás, no ya de aquella refundación del capitalismo a que llamó Sarkozy al comienzo de todo esto, sino incluso de medidas razonables como las propuestas por el FMI. Nuestros prejuicios ante los mercados financieros, está mermando de manera significativa nuestro bienestar e, incluso, la soberanía política europea percibida. En economía, no todo vale y es bueno que también los mercados financieros, que nos han conducido a esta crisis, lo sepan.
El tercer prejuicio desacredita lo público, de manera sistemática, en base a una supuesta superioridad de lo privado, cuando sin el activismo del Estado, nuestra democracia sería de peor calidad, nuestra sociedad más injusta y, nuestro sistema financiero hubiera quebrado en esta crisis y con él, todos nosotros. Por tanto, recuperemos el viejo principio socialdemócrata: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.
La política económica europea, para mantener el bienestar colectivo, tiene que cambiar los recortes y bloqueos hechos desde los prejuicios, por las reformas que modifiquen aspectos importantes del sistema. No hacerlo, abrirá el abanico de desigualdades sociales y territoriales hasta extremos incompatibles con cualquier proyecto solidario común. De eso estamos hablando.

China es, ahora, el país de moda. Pero antes lo fueron los cuatro dragones asiáticos y, todavía antes, Japón, cuyas compras masivas de deuda y de empresas americanas a finales de los 80, desató el pánico nacionalista en la primera potencia del mundo. No seré yo quien diga, hoy, que España debe mirarse en el espejo de Japón. Pero existen demasiadas similitudes entre ambos casos como para no tomarse en serio aprender en cabeza ajena.
 Entre 1985 y 1990 Japón vivió una burbuja económica estimulada por la eclosión del crédito, bajos tipos de interés y una intensa desregulación financiera que prendió de manera especial en el alza acelerada de la bolsa y del suelo. Mientras se pavoneaba de ser pieza esencial del sistema económico mundial, acumulaba desequilibrios, deudas y fiebre especulativa que elevó la tasa de inflación y la depreciación del yen en un contexto de aumento de los precios del petróleo.
        La subida de los tipos de interés a mediados de 1990 pinchó la burbuja, cayeron los precios de las acciones y del suelo, los préstamos hipotecarios se paralizaron, generando pérdidas generalizadas en los bancos y la recesión sobrevino a comienzos de 1992. El Gobierno respondió bajando de nuevo los tipos de interés e inyectando gasto público en la economía. El sistema, no obstante, dejó de reaccionar a estos estímulos, porque estaba herido en su estructura y no solo por la coyuntura: bloqueo del sistema financiero por la proliferación de activos tóxicos, grave deterioro de las expectativas empresariales y familiares que se traduce en caída del consumo privado y de la inversión que no reaccionan ante una política monetaria laxa y hasta once paquetes de estimulo fiscal lanzados desde un Gobierno con serios problemas de eficiencia y transparencia.  La deuda pública vino a sumarse a la deuda privada, en una economía con exceso de capacidad por falta de consumo privado, a pesar de las intensas bajadas impositivas que se llevaron a cabo.
Ese es un retrato rápido de la “década perdida” de Japón de la que, todavía, no ha salido del todo. A la que debemos añadir una intensa crisis política que le ha llevado a sucesivos cambios de Gobierno, sin resultados aparentes sobre el devenir económico, salvo extender la corrupción e incrementar las incertidumbres que bloquean, cada vez más, las decisiones económicas privadas.
Dejando al margen las relaciones entre crisis económica, institucional y política del país nipón, otras experiencias serían:
La paradoja de la austeridad. En economías altamente endeudadas, cuando el ajuste privado se suma a la austeridad pública, se produce una caída de la actividad económica y, según la intensidad y duración, puede llegarse a una deflación. Es lo que acaban de descubrir los mercados financieros: si se aprueba un duro ajuste presupuestario como ha hecho España, el crecimiento de reduce. Porque el gasto público es productivo, al menos en gran parte, sobre todo en medio de una crisis que paraliza el consumo y la inversión privadas.
 Por eso, prohibir por ley el déficit público, declarándolo incluso inconstitucional, era un disparate hace treinta años, cuando lo proponían los neocons americanos y lo es hoy cuando lo propone Sarkozy o Rajoy. A ver si nos entendemos: sin recurso al déficit y a la deuda pública, el capitalismo se hubiera hundido junto a Lehman Brothers. Y sin gasto público masivo en educación, sanidad, pensiones, desempleo etc nuestra democracia sería muy distinta y peor a la actual. Vivimos en un sistema económico que tiene muchas virtudes. Pero genera crisis recurrentes y desigualdades sociales crecientes por lo que necesitamos un instrumento como el Estado que haga de contrapeso aunque, a veces, recurra al endeudamiento como el buen padre de familia cuando se compra un piso.
 Lo importante es discriminar entre partidas de gasto y ello requiere implantar una estrategia de reformas en base a la eficiencia antes que el recorte lineal. Como también debemos recuperar la distinción entre déficit estructural y coyuntural, porque son problemas distintos que no se arreglan de la misma manera y no podemos rehuir el debate sobre los necesarios impuestos, ni las privatizaciones, ni los precios públicos.
El complejo inmobiliario financiero. Reactivar el crédito financiero es parte fundamental de una estrategia de recuperación económica. Ello exige clarificar y sanear las cuentas de las entidades enganchadas con el ladrillo, cuya calificación de riesgos empieza a rebajarse. En otros países ha habido quiebras y nacionalizaciones. En Japón no se hizo casi nada y arrastran el problema durante quince años. En España, tenemos que reformar el sistema de Cajas de manera más drástica que mediante fusiones frías y hacer que el ICO compre activos inmobiliarios con elevado riesgo (unos 70.000 millones de euros), los guarde para venderlos dentro de diez años cuando el panorama se aclare y permitir mientras tanto una inmediata recuperación, aunque tímida, del crédito interno, cuando se cierra el externo.
Impulso a la competitividad. Cuando la respuesta a la pérdida de riqueza y de competitividad no puede venir de la mano de una devaluación de la moneda, ni es conveniente provocarla mediante un descenso significativo y generalizado de salarios que agudizaría la depresión, tenemos que mirar a los costes laborales no salariales. En nuestro caso, hay que utilizar el colchón de las cotizaciones sociales propiciando una bajada significativa de las mismas que compense ese 20% de devaluación externa que deberíamos hacer de ser posible. Ello plantea un problema a nuestro anticuado modelo de financiación de las pensiones que debe solventarse implantando otras fuentes complementarias de ingresos más vinculadas a la riqueza del conjunto del país que a los salarios de sus trabajadores. Es decir, propiciando unas pensiones públicas financiadas de manera más progresiva y eficiente que las actuales.
España no es Grecia, ni tampoco Japón. Pero negarse a aprender griego, para acabar hablando japonés, sería un absurdo. Hemos hecho recortes importantes para alejarnos de la primera y tenemos que aprobar reformas profundas para  separarnos del segundo, evitando caer en una década perdida, que sería, como siempre, más perdida para unos más que para otros.

Los mercados bursátiles y financieros viven sumidos en más dudas que Hamlet. Saltando de un temor a un miedo, en busca de certezas imposibles de encontrar desde nuestra naturaleza humana, ahora dudan del crecimiento económico. O mejor, de su debilidad como consecuencia de los recortes puestos en marcha en el gasto cuando, hace pocas semanas dudaban sobre la deuda pública. Deuda pública desatada, a su vez, cuando se quiso hacer frente a sus dudas anteriores sobre la inestabilidad generada por el pinchazo de la burbuja creada entorno a la deuda privada.
Parece, además, que son fácilmente manipulables mediante rumores y bulos, tienden al catastrofismo tras la euforia desmedida, apostando entonces por la inevitabilidad del peor escenario, circulan por el ancho mundo sin necesidad de cayucos, condicionando la política económica de estados soberanos y el bienestar de ciudadanos desarmados. Y, la mayoría de las veces, ganan dinero. Mucho dinero. Porque se eso se trata. Déjenme contarlo a modo de cuento.
Había una vez un sistema económico cuyo objetivo era ganar dinero. Para ello, sólo atendía aquellas necesidades humanas a las que pudiera ponérseles precio y sólo para aquellos ciudadanos que pudieran pagarlos. Como esto dejaba a mucha gente, con derecho al voto, fuera del sistema por no tener recursos suficientes, desarrolló un sector público que atendiera las necesidades básicas de los más pobres. Durante mucho tiempo, la mejor manera de ganar dinero era fabricando productos que luego se vendían por una cantidad de dinero superior a lo que había costado producirlos. Como muy pronto la capacidad de producir creció  más que la de consumir a pesar de ampliar mercados hasta alcanzar todo el planeta, desarrolló un sector financiero capaz de conceder créditos que facilitaran el acceso al consumo, incluso a personas con una capacidad de compra real por debajo de sus compras efectivas.
Abusando del mecanismo, el endeudamiento del sector privado creció desproporcionadamente y, con él, los precios de algunos activos que centraban la compra (vivienda). Cuando la distancia entre capacidad de compra y capacidad de pago se hizo tan grande que el riesgo de impago sobrepasó los límites, estalló la burbuja, se invirtió el proceso y llegó la crisis.  Entonces, el Estado intervino en ayuda del sector privado tanto empresarial (créditos, avales, inversiones, capital) como familiar (gasto por desempleo). Este mayor gasto, unido a menores ingresos por causa de la crisis, provocó un déficit creciente.
Aunque en España, el origen del problema no puede situarse en la actuación del Estado y, a pesar de que el principal problema de endeudamiento a refinanciar se centra en el sector privado (nuestra deuda pública se sitúa entorno al 60% del PIB y la privada entorno al 160% del PIB, muy concentrada en sector inmobiliario), aquí hemos convertido al sector público en el centro de todas las polémicas y en la esperanza de todas las soluciones. Mientras en Estados Unidos se investiga presuntos comportamientos delictivos de gestores privados irresponsables, aquí todas las sospechas recaen sobre los políticos y cuando en todos los países se imponen medidas para controlar los escandalosos bonos de algunos directivos de empresas salvadas con recursos públicos, entre nosotros predomina rebajar el sueldo a los funcionarios.
Con ello no digo que nuestro sector público no merezca ser sometido a profunda revisión. Pero señalo que estamos equivocando el tiro por tres razones. La primera tiene que ver con la moralidad. Al golpear sólo al débil estamos reforzando un mensaje de impunidad respecto a quienes han tenido un comportamiento directamente responsable de nuestra recesión a la vez que lanzamos señales negativas sobre el sector público cuando, sin él, no tendríamos los niveles de equidad, bienestar, libertad y seguridad de que, a pesar de todo, disfrutamos.
La segunda razón tiene que ver con la eficacia. Las medidas que adoptamos, si son solo las que podemos y no las que debemos, nos llevaran a torear los problemas sin resolverlos. Si hay que reformar el mercado de trabajo o reducir cotizaciones sociales para recuperar competitividad, de nada sirve rebajar el sueldo de los diputados o suprimir ministerios. Estamos dando falsas soluciones a los problemas como en la Edad Media, cuando quemaban a una bruja, para combatir la peste.
La tercera razón, confronta democracia y mercados financieros internacionales. O mejor, autonomía política e intereses económicos. Y me sorprende que algunos, tan preocupados por la constitucionalidad del Estatut de Catalunya, no presten atención a esta limitación efectiva de la soberanía nacional, vía imposición de intereses particulares sobre los generales. El dinero, no tiene patria.
Los que recordamos la crisis del petróleo de 1974, las reconversiones industriales de los 80, los esfuerzos para acceder al euro, la crisis de 1992/93 o la menor del 2000, asistimos a un “deja vu” en muchos de los argumentos, razones y sinrazones con que vivimos las serias dificultades actuales. Nos hemos hecho mayores oyendo hablar del déficit público o la necesidad del copago en sanidad, los problemas de nuestra educación o nuestra justicia, las reformas estructurales o los problemas de nuestras pensiones, como si no hubiéramos aprendido nada porque no se debate, sino que se discute.  Y quien debate, está interesado en escuchar argumentos para encontrar soluciones, mientras que quien discute, solo aspira a imponerse en base a chillar más fuerte.
Repito, estará bien suprimir coches oficiales, que los directores generales viajen en turista y que los funcionarios se lleven los folios de casa, en lugar de al revés. Pero después de este ejercicio de purificación en la hoguera,  todos nuestros problemas seguirán igual que antes porque no es asunto de salvadores ni chivos expiatorios. O peor, porque una drástica reducción del gasto público reduce también el crecimiento de la economía y sin crecimiento, nos haremos viejos, con pensión reducida, escuchando como en un bucle temporal, una especie de Bolero de Ravel contra lo público. Mientras, siempre habrá quien seguirá ganando dinero. Cosas del sistema, cuando se autonomiza de las personas. O refundamos el capitalismo o el capitalismo nos recortará a su medida.