Ha cambiado el partido en el Gobierno pero se mantiene la orientación de la política económica, demostrando la fortaleza del paradigma alemán sobre “las reparaciones” que, como una catástrofe, se abate sobre Europa. Las primeras medidas adoptadas por Rajoy, así como la respuesta negativa a las mismas adelantada por Rubalcaba, prueban que las políticas de los dos grandes partidos se explican hoy, más que por su posición espacial en el espectro ideológico, por su ubicación temporal en el hemiciclo parlamentario: en el Gobierno, o en la oposición.

                No es la primera vez en España que se puede detectar, por debajo del ruido propagandístico de unos o de otros, una sustancial continuidad en el propósito, sentido y dirección de las políticas económicas, entre gobiernos con partidos de signo distinto. Así, el primer Gobierno socialista de 1982 heredó una buena parte de los mandatos de su antecesor de la UCD, como el Gobierno popular de 1996 continuó las políticas iniciadas por su antecesor socialista con el común objetivo de entrar en el euro desde el principio. La principal diferencia con ambos momentos es que ahora, empiezan a acumularse serias dudas sobre la bondad del actual camino para hacer frente a la grave recesión en la que seguimos metidos, en Europa y en España.

El Gobierno de Rajoy ha aceptado el discutible calendario de reducción del déficit público pactado por el Gobierno de ZP con Bruselas hace tres años, incluso cuando en el mismo se establecía la obligación de cerrar 2012 con un déficit del 4,4% del PIB, en un escenario de crecimiento económico del 2,3%, muy alejado de las actuales perspectivas recesivas. Partiendo de la convicción generalizada de que en 2011 se superaría el déficit comprometido, adelanté hace semanas en esta columna que el ajuste necesario para cumplir sería de unos 30.000 millones de euros, cifra que se sitúa en el espectro de lo confirmado por el nuevo Gobierno. A partir de ahí, el hacerlo en dos partes o en tres, en función de las elecciones andaluzas y de los plazos necesarios para elaborar unos nuevos Presupuestos, más allá de la prórroga de los anteriores, no evita lo ineludible de combinar fuertes recortes de gasto, junto con incrementos significativos de impuestos, para que salga la resta.

Rajoy ha subido el IRPF y el IBI, sin que sea descartable que lo haga en marzo con el IVA o los especiales, porque en el mantra de la “austeridad máxima ya” en el que nos movemos, bajar impuestos no es cosa ni de izquierdas, ni de derechas, es sencillamente imposible. Lo cuestionable, pues, es la lógica misma de una política económica en la entramos en mayo de 2010 según la cuál, entre dos urgencias incompatibles a corto plazo, reducir deuda o crear empleo, se elige la primera, con la diferencia de que para reducir deuda, de manera sostenible, es necesario volver a crear riqueza y empleo.

Se opta, así, por priorizar los intereses coincidentes de los mercados financieros, de los acreedores, de los bancos y de Alemania, en vez de hacerlo con los de empresarios, trabajadores y  ciudadanos. No es frecuente que una sociedad sacrifique de esta manera sus perspectivas de creación de empleo y riqueza, en base a una supuesta moralidad sobre acciones del pasado (“el que la hace la paga”), que se convierte en injusta cuando muchos de los padecen las consecuencias, no generaron el problema y bastantes de estos últimos, han salido indemnes.

Mucho menos, cuando ya está asumido en el nuevo Tratado aprobado recientemente por el Consejo Europeo, que la gravedad de los problemas actuales con el endeudamiento, del que la prima de riesgo es exponente claro, no deriva tanto del volumen de deuda soberana, como de la inexistencia de dos elementos institucionales claves: un Banco Central prestamista de último recurso y un mercado de eurobonos. Y no por un error en el diseño del euro, sino porque, desde el principio, Alemania no quiso, cuando otros lo propusieron y sí existe en USA.

La segunda pata del pensamiento hegemónico, tiene que ver con la manera en que se aborda la reestructuración del agente desencadenante de esta crisis de sobreendeudamiento: el sistema financiero. Ante el colapso de una parte del sistema bancario mundial y las dudas sobre la solvencia del resto expresadas mediante la inexistencia de mercado interbancario, tres años después de la quiebra de Lehman, la respuesta política ha sido inyectar recursos públicos, que se escatiman para otras cosas, con el argumento de que son entidades sistémicas demasiado grandes e importantes como para dejarlas quebrar y, en segundo lugar, propiciar una reestructuración, que fortalece a los fuertes, exigiendo crecientes requerimientos de capital como fórmula exclusiva para mejorar su cuestionada solvencia.

Casi descartada en España, también por el nuevo Gobierno, la idea de abordar el problema desde el otro lado, con una rebaja del volumen de activos dudosos mediante la creación de cualquiera de las muchas fórmulas de “banco malo”, como vengo proponiendo aquí desde hace tres años, seguiremos abocados a mantener una fuerte sequía de crédito que coadyuva también a estrangular cualquier posibilidad de reactivación de la economía real.

No es sólo que el año pasado cerrase con una nueva caída del 4% en el volumen de créditos concedidos a familias y empresas españolas, es que los cuantiosos recursos de financiación puestos en el mercado por el Banco Central Europeo, quedan atascados en un sistema bancario que los absorbe para cumplir con sus cuentas y, el resto, los vuelve a depositar en el propio Banco Central donde hay acumulados saldos de más de 400.000 millones de euros de esta procedencia. ¿Se imaginan el impacto sobre la economía real si el más de medio billón de euros que prestó al 1% el BCE a la banca europea, solo en el mes pasado, hubieran llegado íntegros a familias y empresas? Pues eso. Que hay salidas de emergencia, alternativas. Salidas que, reduciendo el déficit público y reforzando la solvencia bancaria, buscan combatir la crisis y no solo pagar por ella.

¿Serviría de algo si, a estas alturas, afirmara que nunca dije que enseñaría economía a ZP en dos tardes o que se puede aprender economía en dos tardes? De aquella conversación entre ZP y yo, captada por unos micrófonos supuestamente apagados pero, en realidad, encendidos, lo que menos me preocupó, entonces, era lo de las dos tardes. De hecho, en la crónica de El Mundo que citaré, se hace referencia a que bromeabamos “sobre la polémica relativa al fichaje de Miguel Sebastián como asesor económico del Partido Socialista”. De eso iba la cosa.

Primero, el contexto. Era finales de setiembre del año 2003 y acudíamos a una charla con el Grupo Parlamentario Socialista tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE bastante “conflictiva”. Tanto, que yo no quería asistir y solo lo hice cuando ZP pasó por mi despacho de la tercera planta de Ferraz, para obligarme a acompañarle en su coche. El motivo de la discusión había sido, era y fué todavía luego, su decisión de apartarme de la dirección de la parte económica del programa electoral para encargarsela a Miguel Sebastián que formaba parte de los grupos de trabajo organizados desde mi Secretaría de Economía y Empleo de la CEF y que acababa de ser despedido de su puesto de Jefe de Estudios del BBVA.

Este asunto significaba una desautorización a mi labor como responsable de Economía del PSOE y su portavoz parlamentario, que yo consideré totalmente injustificada, hasta el punto que presenté mi dimisión al Secretario General sin que este me la aceptara, pidiéndome, además, que siguiera ayudando desde mi puesto, cosa que hice.

La tensión entre ambos era máxima en ese momento, razón por la cuál, cuando nos dijeron que se había oido parte de la conversación privada que mantuvimos, yo me quedé muy preocupado, pero en absoluto por lo de las “dos tardes”, que me parecía una anécdota menor, sino por lo que dije sobre ese asunto y, sobre todo, por lo que pude haber dicho en el contexto de cinco días de debates entre ambos sobre la cuestión.

Segundo, lo dicho. Se trataba de una exposición a los diputados y senadores socialistas en la que anticipabamos nuestra alternativa presupuestaria, días antes de que el Gobierno de Aznar hiciera pública la suya. Recuerdo que lo habíamos preparado con un grupo reducido de economistas que nos ayudaban porque ya se había tomado la decisión de que el debate presupuestario lo haría el propio Zapatero.

Según consta en El Mundo del 24 de setiembre de 2003 bajo el titular “Jordi Sevilla corrige a Zapatero en una conversación privada captada por los micrófonos de la prensa”, en otros medios de comunicación y en la propia cinta televisiva, la conversación textual fué la siguiente:

Jordi: “Esto es fácil, A NO SER QUE QUIERAS HACER UNA TESIS DOCTORAL“

Zapatero: “Si, pero es complicado”

Jordi: “Se te nota todavía un poco inseguro, has cometido un par de errores. Has dicho que aumenta la progresividad en lo del sistema fiscal y lo que aumenta es la regresividad, pero son chorradas…”

Zapatero: “Bueno, pero da lo mismo”

Jordi: “Lo que te quiero decir, LO QUE TÚ NECESITAS SABER PARA ESTO SON DOS TARDES”

Zapatero: “¿Sabes que es lo peor?, que me gusta”

Jordi: “PREFIERO QUE ME SUSTITUYAS TÚ QUE MIGUEL” (el exdirectivo del BBVA Miguel Sebastian cuyo “fichaje” ha mermado las competencias del responsable económico del partido).

Zapatero: “Qué cosas dices”.

Tercero, la interpretación. Es obvio que ni le digo que YO le daré dos tardes de clase de economía ni, mucho menos, que la economía se puede aprender en dos tardes. Dejándo al margen lo obvio, que la expresión “dos tardes” no se puede interpretar en sentido literal sino como metáfora, parece evidente que hablabamos de la preparación para el debate presupuestario que iba a tener lugar unas semanas después: “lo que tú necesitas saber para ESTO”.

Demasiadas veces me he encontrado con políticos estimables que habían desarrollado una aversión inexplicable a los asuntos económicos que les parecían esotéricos e incomprensibles. Demasiadas veces me he encontrado a economistas que se aprovechaban de esa situación, aparentando una difícultad elevada en los asuntos económicos lo que unido a un lenguaje criptico les convertía, a ellos, en imprescindibles como asesores del político.

Eso, en momentos en que la actividad económica, la política económica y las decisiones económicas son fundamentales, siempre me ha molestado porque creo que, en esencia, los conocimientos necesarios para adoptar decisiones políticas sobre asuntos económicos en la vida pública están al alcance de cualquier persona interesada. Quizá sea por mi experiencia de divulgador, pero estoy convencido de que se puede hacer entendible asuntos económicos, supuestamente complejos, a una persona interesada y con formación media. Al menos, los relacionados con la actividad política normal (que tienen mucho que ver con la política a secas)  ya que, otra cosa distinta, es lo exigible para hacer una carrera académica como queda dicho en la conversación.

Trabajamos algo más que “dos tardes” en la preparación de ese debate presupuestario que hacía ZP frente al Ministro Montoro. Creo que ganó ZP el debate. Estábamos en la oposición y a cinco años de la crisis económica. El resto, es otra historia, que deberá ser contada en otro momento.

Para desbloquear España

Jordi Sevilla

INDICE

 Introducción ……………………………………………………………………………….. 7

 Cuatro crisis en una ……………………………………………………………………. 15

 Diagnóstico tardío y erróneo ……………………………………………………… 21

                El sano valor del déficit ………………………………………………….. 29

                La cuadratura del triángulo laboral ………………………………..  35

                Atreverse a innovar en pensiones ………………………………….  41

                La segunda reforma financiera ………………………………………  49

 España bloqueada, ¿qué hacer? …………………………………………………  55

                Cuando los políticos son un problema ……………………………  65

                Por un “compromiso histórico” en España …………………….  73

                Un contrato social con el nuevo presidente ………………….   79

 Coda final: no perder a una generación ……………………………………..  89

Editorial: Ediciones Barataria
colección: Pasos Perdidos
filosofía
7 €

Para desbloquear España, es un alegato con el que Jordi Sevilla contribuye al debate que se ha abierto en nuestro país, y se dirige al próximo presidente del Gobierno para recordarle que la reforma más urgente que necesita España es la manera de hacer política, tal y como exigen los ciudadanos.

La crisis mundial está siendo aquí más prolongada y virulenta por razones específicas: un crecimiento previo insostenible y alicatado de ladrillo, agravado luego por un diagnóstico tardío y medidas erróneas, como centrar el ajuste en la economía real para proteger el sistema financiero, mientras en otros países se hacía al revés.

El autor analiza los rasgos diferenciales de la situación española y propone medidas frente a una crisis profunda en la que los ciudadanos piden cambios en el modelo económico, pero también que se amplíen los espacios de participación democrática para evitar una generación perdida.

El Presidente Zapatero se despide con una reforma constitucional.  Nada que ver con las cuatro reformas que propuso en su debate de investidura y la simple comparación entre aquellas y esta, resume todo un mandato de ocho años.  Aquellas eran necesarias y su parálisis representó un cierre en falso el debate territorial en España y, por eso, siguen pendientes. Esta, no es necesaria y hacerla puede representar un cierre en falso del debate económico en España. Estoy a favor de la estabilidad presupuestaria, como establece el Tratado de Maastricht y como la definimos en la Ley de 2007 que voté como diputado. Elevarla, incluso con referendum, a rango constitucional, no es una cesión a los mercados financieros, sino una cesión al peligroso populismo “anti políticos democráticos” que, en USA, representa el Tea Party y a quienes creen que cuanto menos Estado, mejor…para ellos. 1. Por empezar por el principio: los abultados déficits que lucen hoy las cuentas públicas de algunos países, entre otros España, no son consecuencia de políticos manirrotos, sino de la mayor crisis económica del último siglo causada, por cierto, por un exceso de endeudamiento privado al que no ha sido ajeno la desregulación de una parte del sistema financiero internacional. Ha sido cuando la crisis ha empujado los ingresos públicos hacia abajo y los gastos públicos hacia arriba como consecuencia de la aplicación de los llamados estabilizadores automáticos, que para eso están, cuando, en España, hemos pasado del primer superávit de la democracia, al casi 12% del PIB de déficit público.

2.Esto no tiene nada que ver con la hormiga y la cigarra.  Para eso están, también, los Estados. Para contrarrestar el ciclo económico e intervenir cuando la actividad privada se paraliza por el efecto incertidumbre asociado a toda crisis importante. Sin las medidas de apoyos públicos a la demanda agregada aprobadas y llevadas a cabo por el G-20, la crisis hubiera sido mucho peor en términos de paro y de pérdida de riqueza. Por cierto, solo es una cuestión contable que las inmensas cantidades de ayuda a la banca privada que se han arbitrado en todos los países, no entren en el cálculo del déficit público no financiero que es el que cuenta a estos efectos, ya que son préstamos financieros, aunque sí sumen en la deuda pública. Este hecho, por cierto, deja fuera a los rescates a la banca de las restricciones sobre estabilidad presupuestaria excepto las mucho más laxas del endeudamiento.

3. Desde el momento culminante de la crisis hasta ahora, los déficits públicos se han reducido en España de manera significativa y, a partir de mayo de 2010, mediante la aplicación de durísimas medidas de recorte en políticas sociales clave, como las pensiones. Ese simple hecho desmiente la idea de que “los políticos” son todos unos irresponsables, de los que no podemos fiarnos (no sabemos quien) y mejor atarlos corto mediante reglas, normas y la Constitución. No es cierto. De hecho, cuando la reforma constitucional entre en vigor, 2020, el déficit público habrá sido ya vencido (esperemos) sin necesidad de estas previsiones constitucionales. En sucesivas crisis de esta magnitud, veremos que ocurre, si vivimos, porque el texto pactado deja muchas puertas abiertas a la interpretación.

4. Todos los gobiernos adoptan medidas de gasto público, por cierto, refrendadas siempre por sus parlamentos, que son  discutibles. Hay quien está a favor y quien en contra. Eso es el debate democrático: a unos, los gastos en las Olimpiadas de Madrid, que ójala nos las concedan esta vez, les parecerá despilfarro y a otros una rentable inversión en capital social y marca. Lo que no es adecuado es juzgar expost las cosas, es decir, criticar las rebajas fiscales (como los 400 euros, que cuestioné en su momento por otras razones) cuando viene una crisis y se encuentra con las arcas públicas menos llenas de lo que podrían estar.

5. Dicho todo eso,  queda mucho recorrido por hacer para conseguir un gasto público austero y eficiente. Como queda mucho camino por recorrer para conseguir unos ingresos públicos equitativos y progresivos. Con crisis o sin crisis. No hemos utilizado la técnica presupuestaria de base cero (enpezar cada año de cero, justifricandolo todo y no simplemente incrementando lo del año anterior que se da ya por justificado), ni de presupuestos por programas (objetivos agrupados y cuantificables, cuya consecución se puede medir), ni hemos impulsado la evaluación de la eficiencia del gasto público a pesar de tener una Agencia dedicada a ello, ni hemos prohibido los créditos ampliables (en caso de urgente necesidad, para eso está el Decreto-Ley), ni hemos reformado el Gasto en Agencias con contratos programas cuya evaluación se pueda presentar en el Parlamento, ni hemos agilizado las inspecciones del Tribunal de Cuentas, ni hemos aplicado, en serio, los Códigos éticos y las leyes de conflicto de intereses. En ninguna administración, la gobierne el partido que la gobierne. Por el otro lado, seguimos manteniendo que “los ricos no pagan IRPF”, un sistema fiscal en el que paga más quien trabaja que quien vive de rentas heredadas, donde mantenemos 20 años el sistema de módulos que fué provisional y con demasiado fraude global.

Ahí es donde están los problemas y ninguno de ellos requiere para resolverlo ninguna reforma de la constitución que equivale al inútil gesto de rascar donde no pica.

6. ¿A quien le pica ahí? A quienes vienen proponiendo desde hace décadas, constitucionalizar la prohibición del déficit público o limitarlo severamente: a quienes desconfían de los políticos, del Estado como agente redistribuidor de renta y de la misma democracia. A cierta derecha académica norteamericana, minoritaria, a la que no le habían hecho caso, hasta ahora, ni sus políticos de derechas, Reagan Y Bush causantes de los mayores déficits de la historia reciente de USA.

La experiencia de décadas de democracia en Europa desde, al menos 1945, demuestra que, incluso con la implantación del Estado del Bienestar, los déficits público han sido, en general, controlados en ausencia de crisis. Con excepciones. Si. Pero con un comportamiento general de responsabilidad política y social. Cuando se negoció el Tratadel de Maastricht, principio de los 90 del siglo pasado, la media de los déficits públicos estaba por debajo del 3% del PIB y esa es la razón de que se escogiera esta cifra cabalistica como límite, en situación normal de la economía. Incluso se hicieron paralelismos con el objetivo de inflación: si estabilidad monetaria no es inflación cero, sino 2%; equilibrio presupuestario no es déficit cero, sino un máximo del 3%, lo que permita a los países más atrasados disponer de un margen de inversión pública que les permitiera converger con la media europea.

7. Todo eso lo desestabiliza la actual crisis donde se mezclan varios hechos: crisis financiera, necesidad elevada de financiación externa de las deudas pública nacionales en un mundo globalizado; oportunidad detectada por los mercados para resarcirse de algunas pérdidas en unos sitios, lanzando ataques en otros países para mejorar sus beneficios en ellos el elevar los tipos de interés; respuesta tibia de la Unión Europea a la crisis (hubiera bastado más rapidez y hacer de verdad, lo que dicen que hace el Fondo de Reserva y el Banco Central, y emitir eurobonos como en USA) en momentos de liderazgos evanescentes y voluntad de Alemania de aprovechar la situación para establecer su liderazgo en la eurozona, en sus propios términos. Y, por supuesto, una pésima gestión política nacional de la situación en aquellos países que han acabado siendo intervenidos.

8. Muchos economistas, premios nobeles, instituciones internacionales e incluso, los llamados mercados, creen que el principal problema ahora radica en las bajísimas perspectivas de crecimiento a las que contribuye, decisivamente, una contracción generalizada del gasto público en los principlaes países desarrollados. Por eso, piden atenuar los ritmos de reducción del déficit y, por eso, nuestra reforma constitucional no entra en vigor hasta 2020 cuando se supone superada la crisis.

Por tanto, la reforma constitucional no es para esta crisis, que tendremos que bandear con las disposiciones legislativas existentes que, al parecer, son suficientes.

Si es así, ¿por que hacerla para cuando ya no sea necesaria?¿para la próxima crisis que nadie sabe cuando vendrá ni cómo? No. La verdad es que nos movemos en el terreno ideológico, unos y de regate electoral en corto, otros. Pero todos, prisioneros de la movilización “denigra a un político democrático” que algunos sectores sociales están extendiendo en nuestro país. No hablo de la crítica (saldrá en pocas semanas un librillo mío, “Para desbloquear España”, muy crítico con la gestión de toda esta crisis). No hablo de la discrepancia fuerte, pero razonada. No hablo de las alternativas legítimas.

Hablo del populismo del tipo: los políticos tienen la culpa de todo, sin CC.AA nos iría mejor, todos son unos manirrotos, cuando no unos presuntos corruptos, deberían ponerlos a picar piedra, nos roban a manos llenas etc etc Hablo de sesgo “antipolíticos”, que acaba cuestionando al propio sistema democrático. Y esta vez, no se trata de profesores de universidad que publican artículos provocadores, sino de movimientos políticos articulados que, como el Tea Party en USA (recuerdo que su lema es “más religión y menos Estado”) agitan el debate político, presionan sobre opinión de los electores y, por tanto, condicionan los posicionamientos de algunos líderes políticos que creen que su batalla electoral se dirime en esa franja del electorado.

9. En mi opinión, echar carnaza a ese festival de lo que Gore llamó “asalto a la razón”, es lo que se ha conseguido con esta reforma constitucional. Ninguno de los objetivos previstos en la misma se aplicarán hasta dentro de 9 años, y todos los objetivos de control del gasto ahora, reducción del déficit ahora y tranquilizar a los mercados ahora, se hubieran podido conseguir por otros métodos más eficaces. Por ejemplo, pactando entre PP y PSOE:  los Presupuestos para 2012 con una fuerte reducción del déficit y del gasto corriente; implantar los techos de gasto de las CC.AA y su cumplimiento estricto de los escenarios de consolidación presupuestaria y una reforma de la ley general presupuetaria incorporando presupuestos base cero, por objetivos y evaluaciones obligatorias de la eficiencia en las principales partidas de gasto.

10. Ya se que lo que propongo es más complicado y, tal vez menos espectacular, que una reforma express de la Constitución. Pero, no tengan dudas, sería mucho más adecuado a las necesidades reales del momento. Y, luego, con el mismo espíritu de consenso, abordar TODAS las reformas pendientes de nuestra constitución para hacer del sistema político español algo mucho más égil, eficaz y, eso, representativo.

Ningún asunto complejo admite explicaciones simples. Y la inestabilidad recurrente de la zona euro, esta semana con nuevos ataques de los mercados sobre un numero creciente de países, a los que han unido a Italia, solo se puede entender y resolver desde la complejidad. No obstante, por razones de claridad expositiva, intentare diseccionarlos en tres vectores principales, que interactúan.

El primero, tiene que ver con la deficiente arquitectura institucional con que se ha desarrollado la zona monetaria única europea desde sus inicios. Todos acordamos que una emisión centralizada de eurobonos, una política presupuestaria mas centralizada y una mayor armonización en los factores que configuran la competitividad de los países del euro, es decir, una autentica Unión Económica, serian factores necesarios para dar solidez a la moneda única y hubieran evitado la situación por la que atravesamos desde que la crisis financiera mundial de 2008 alteró los parámetros de funcionamiento del flujo de dinero en el mundo.

Si se sabía desde el principio, ¿por que no se ha hecho antes, en lugar de abrir fisuras entre Estados miembros por las que echan sus pulsos los mercados? He dicho otras veces que el euro fue el precio que Alemania estuvo dispuesta a pagar a cambio de que se aceptara su unificación tras la caída del muro de Berlín. Desde entonces, hemos vacilado demasiado a la hora de profundizar en la integración de Europa mediante una Constitución federal de verdad, reiteradamente boicoteada por algunos con el resultado de que los Estados han recuperado  poder de decisión real. 

Daría la impresión de que tras alcanzar un hito tan importante como fue el euro, el impulso integrador se fue desinflando en medio de un tremendo vértigo ante la perdida de identidad nacional, ausencia de liderazgo claro en la dirección del proceso y la anestesia que represento unos años de crecimiento elevado alimentado por tipos de interés muy bajos. De aquellos polvos, estos lodos, donde seria difícil determinar que resulta mas llamativo, si la sorpresa con que se contempla la incapacidad actual para tomar decisiones, o la torpeza con que Alemania esta conduciendo su camino hacia el liderazgo europeo, sin regular los mercados financieros, ni constituir una agencia europea de valoración de riesgos, ni formalizar un sistema centralizado de emisión de bonos para la zona.

El segundo vector, es una nueva versión de la larga batalla entre intereses de los mercados financieros e intereses de la economía real representada, para la ocasión, en los Estados. Desde el momento en que estallo la burbuja financiera internacional hundiendo a varias entidades, un cierto modelo de gestión financiera de la economía entro en crisis. Tiene razón la canciller Merkel cuando señala a las entidades financieras privadas, así como a las compañías de valoración de riesgos, como colaboradores necesarios en los procesos de irresponsable endeudamiento cometido por los sectores públicos y privados de ciertos países periféricos del euro. Si es así, deberán asumir, de forma voluntaria o no, pero todos, una parte de pérdidas en una solución del problema que, como muestra la historia, nunca se ha resuelto sin aceptar algún tipo de renegociación con quitas.

Seguro que la canciller no estuvo fina a la hora de plantearlo, sin tener en cuenta las múltiples aristas existentes, sobre todo, los mecanismos de seguro ante impagos (CDS). Pero la sobre reacción de unos mercados que solo buscan el interés propio,  en forma de desestabilización ampliada para intentar presionar al Consejo Europeo, mientras obtienen beneficios complementarios con que proveer las previsibles perdidas griegas, no es tolerable desde sociedades democráticas.

Repartir responsabilidades sobre lo ocurrido y encontrar soluciones practicables entre intereses confrontados, sin sacrificar el crecimiento y la economía real en los países afectados para satisfacción de los prestamistas, es una delicada operación político económica para la que no parece dotada la actual dirección europea. Pero como no hay marcha atrás sensata, tendremos que apostar a que en medio del ruido y la furia se acabe encontrando un conjunto de soluciones que, aun al chapucero estilo comunitario, acaben funcionando, y ayuden a cerrar el actual episodio de una crisis, en la que viviremos otros.

El tercer vector es, sin duda, el grave momento de aquellos países más golpeados `por la crisis y  que la han gestionado con menor acierto, partiendo de unos antecedentes en los que el endeudamiento ha explicado buena parte de sus ciclos expansivos precedentes. La lista es elástica, dependiendo de los intereses de los mercados financieros en cada momento, pero el núcleo lo configuran los países PIGS. La volatilidad de la situación, plasmada en las evoluciones de la prima de riesgo o diferencial con Alemania en tipos de interés con que se obtiene financiación exterior, puede reflejar dudas repentinas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos de austeridad en que están inmersos, rumores más o menos intencionados o temores fundados o irracionales sobre su solvencia efectiva. Pero también refleja un excesivo nerviosismo por parte de los que toman decisiones en los mercados financieros, que no aceptaríamos en quienes dirigen una fabrica o una empresa. Nerviosismo sospechoso cuando el resultado es que sacan beneficio en forma de mayor rentabilidad a sus inversiones.

Esta situación, más las incertidumbres que provienen del enfrentamiento ideológico y partidista que puede bloquear a Estados Unidos, obliga a las autoridades de estos países a extremar la seriedad, el rigor y la estabilidad en sus medidas de política económica, porque son los ingredientes de ese intangible tan fundamental en estos momentos, como es la credibilidad. Pero también obliga al conjunto de su sociedad y de sus fuerzas políticas, a anteponer los intereses generales por encima de los legítimos intereses de parte. En sus declaraciones publicas de esta semana, tanto el Presidente del Gobierno como el líder de la oposición han manifestado su convicción sobre la solvencia de España. Si acompañaran estas palabras con actos concretos y, sobre todo, evitaran aquellos otros que lo contradicen, todos saldríamos ganado. Incluso ellos. Bueno, todos no, la prima del tal riesgo, se reduciría a la mitad.

De vez en cuando conviene hacerse alguna pregunta básica como ésta. Otro día podemos analizar la utilidad de los banqueros, los fontaneros o los jueces, pero hoy quiero hablar de política, en democracia y de los políticos, tan denostados en estos tiempo y tan necesarios para resolver los conflictos de intereses y aunar las diferentes puntos de vista y opiniones existentes en una sociedad democratica. Si os fijais, incluso movimientos de repulsa como el  15m cuestionan la manera de hacer, pero no tanto la necesidad.

La clave de todo radica en entender que si los políticos y la política no son capaces de resolver problemas reales de los ciudadanos, entonces la legitimidad de todo el edificio se pone en cuestión, como ha ocurrido estas semanas. Hoy en día, más allá de funciones de representación, la gente pedimos a la clase política eficiencia. Que resuelva problemas en lugar de embalsarlos o darles la patada hacia adelante como estan haciendo, por ejemplo, con asuntos como la renovación del Tribunal Constitucional, la modernización de la justicia o las medidas de lucha contra la crisis económica.

En sociedades plurales, con intereses legítimos distintos y, a menudo, enfrentados, con diversas visiones de los problemas y con opiniones diferentes sobre cuales son las prioridades colectivas y cómo abordarlas, la democracia es un buen procedimiento para, a través de los políticos elegidos, alcanzar acuerdos y resolver problemas. Pero el fin es resolver problemas, aunque no sea a gusto de todos, pero si, al menos, de una mayoría.

Es cierto que las sociedades modernas se han complejizado mucho tanto desde la parte de los problemas a resolver como desde los instrumentos mediante los cuales debemos aproximarnos a una solución. Además, la sociedad globalizada aleja del ámbito de los Estados-nación la solución a muchos problemas que tienen origen internacional o fuera de nuestras fronteras y cuyos efectos nos golpean directamente pero sobre los que no hemos encontrado la forma de incidir. De hecho, detrás de una de las principales razones de inoperancia de la clase política europea está la inadecuación entre magnitud y dimensión de los problemas a abordar (mundiales) y estructuras organizativas desde las que hacerle frente (nacionales o comunitarias).

Todo ello hace que, incluso con independencia de prácticas equivocadas, erróneas, incompetentes o delictivas, la capacidad de la política actual y de la clase política para resolver muchos de los problemas que afectan de manera cotidiana a los ciudadanos, haya disminuido de manera importante. Ello contribuye a minar parte de la credibilidad de la clase política que reacciona “como si no pasara nada” es decir, siguen prometiendo el oro y el moro en sus programas y discursos como si realmente estuviera en sus manos cuando no es así.

De aqui no quisiera deducir que nada se puede hacer. Todo lo contrario, hay mucho que hacer. Pero en el ámbito de las consecuencias paliativas de los problemas y, sobre todo, anticipandose a los mismos desde una estrategia pais doferente de la que se corresponde con las viejas concepciones partidistas mas cercanas a l siglo XIX que a nuestro siglo XXI. Esa distancia entre sociedad, ciudadanía, posibilidades, exigencias, problemas y respuesta anticuada y encorsetada de los partidos políticos, genera el impasse en que estamos, con multitud de problemas y también de oportunidades, que solo se pueden abordar desde lo colectivo es decir, desde los políticos y la política, pero estos están “noqueados” reviviendo un pasado perpetuo como en el día de la marmota en el que solo ellos se encuentran.

Lucha contra la corrupción si, transparencia, mayor representatividad en las leyes electorales, mejor funcionamiento del Parlamento, reforma del Senado etc etc. Pero el problema de fondo, lo subyacente, sigue siendo que sin cambiar la manera de hacer política será dificíl que podamos recuperar a los políticos como parte de las soluciones de neustros problemas. Y, si no son parte de la solución, serán parte del problema.

La diferencia entre la sociedad de hoy y la del siglo XIX es muchisimo mayor que la existente entre esta manera de hacer política y la vigente durante la Restauración. Con ello, esta sociedad se encuentra mucho menos representada por una estructura política con serias deificultades para encontrar soluciones a los problemas de hoy, de los ciudadanos de hoy, con los marcos referenciales de hoy. Ahí está el quid de la cuestión. Lo demás, importante, pero periférico. Creo.

No estamos tan mal como pretende el PP, cuyas prioridades deberían quedar claras lo antes posible para todos los ciudadanos. Pero el Gobierno “de las dos cabezas visibles” también esta demasiado sensible ante la delicada situación electoral por la que atraviesa. Así, no le ha sentado nada bien las recomendaciones efectuadas esta semana por la Comisión Europea aunque están cargadas de buen juicio y representan una alternativa al pobre debate patrio encerrado, una vez mas, en el numero de funcionarios y en la veracidad de las cuentas de las Comunidades Autónomas, hasta que la exigencia de un Pacto de Estado ha reaparecido, aupada a algunos editoriales, como los ojos del Guadiana.

Lo que la Comisión ha venido a decir sobre España es que de no hacerse nada mas y distinto, el crecimiento será peor que lo previsto por el Gobierno, sobre todo si los tipos de interés suben como ha adelantado el BCE y ello tendrá un impacto negativo sobre las cuentas publicas comprometiendo el cumplimiento de los objetivos de déficit. La mayoría de analistas y observadores coincidimos con este enfoque. Resulta difícil encontrar los motores de una reactivación, incluso tan lánguida como la que figura en los cuadros macroeconómicos del Gobierno, mas allá de la encomiable aunque insuficiente exportación y, la verdad, sin recuperación vigorosa y, por ende, sin mas ingresos públicos cíclicos, resultara imposible conseguir las reducciones previstas del déficit en base solo a recortes adicionales del gasto.

Entienda se bien, con esto no estoy diciendo que no deba procederse a una seria revisión a la baja del gasto publico, de la mano de un plan articulado de reestructuración del propio sector publico, sobre todo autonómico y local que es el que toca ahora tras las elecciones. Pero no es tolerable cuestionar en bloque, sin matices ni datos, mas allá de rumores e informaciones interesadas, como ha hecho el PP de Castilla la Mancha, la veracidad de unas cuentas publicas que han sido debatidas desde la oposición en el parlamento, controladas por la Intervención y auditadas por el Tribunal de Cuentas, solo con una clara intencionalidad política de atacar la honorabilidad del adversario.

Rajoy debe detener esa deriva “a lo tea party” que con demasiada frecuencia aparece entre sus correligionarios. Porque, ¿no le contaron los Presidentes autonómicos de Comunidades gobernadas por su partido (Comunidad Valenciana o Murcia) la imposibilidad que tienen todos ellos para cumplir en plazo sus compromisos presupuestarios de pago? Por eso, precisamente estamos en situación preocupante ante los mercados internacionales y se requiere de alguien que gobierna una parte importante del Estado y que aspira a gobernar el resto en breve, de una actitud mas cercana a la responsabilidad, el Pacto y los acuerdos en lugar de una política de tierra quemada tan cara a determinados sentimientos de una cierta derecha patria.

La Comisión Europea ha propuesto que se incorporen obligaciones legales para que las Comunidades tengan techos máximos de gasto (de hecho, esto debería de ser los Presupuestos), mas un compromiso general de que el gasto publico global no suba mas que la economía. Es una idea. Pero deberíamos decir a continuación, que su aceptación significaría importantes recortes sobre el nivel actual de gasto autonómico y local que van mas allá de asuntos cosméticos. Que se recorta, como se recorta, por que se recorta y como afecta a la desigualdad social, deberían ser cuatro preguntas de respuesta obligatoria para asegurarnos que se reduce lo menos útil, antes que lo mas fácil de recortar, lo que menos perjudica a la mayoría antes que lo que mas conviene a determinados grupos de interés. Y todo ello, aplicado de manera simultánea en todas las Comunidades Autónomas y en la mayoría de ayuntamientos debe negociarse de manera conjunta para hacerlo posible y contener el impacto negativo que estas medidas de ajuste tendrá sobre la recuperación de la economía. Es decir, para evitar caer en otro circulo vicioso depresivo de la actividad.

La Comisión Europea también ha insistido en una idea que vengo defendiendo desde hace tiempo: en ausencia de moneda propia que devaluar, solo saldremos bien de una crisis tan profunda como esta si procedemos a algo equivalente a una devaluación interna que solo puede hacerse mediante dos vías, permitiendo que los salarios reales vayan perdiendo poder adquisitivo con todo lo que ello significa desde el punto de vista del consumo domestico y la equidad en la distribución de la renta o bien procedemos a una bajada sustancial y ordenada de los costes no salariales, es decir, las cotizaciones sociales como medida rápida de mejora de la competitividad de nuestras empresas. A cambio, para no perjudicar la financiación de las pensiones, se debe articular una fuente alternativa de ingresos que debería parecerse mucho a la cesta de impuestos y recargos que en Francia llaman Contribución Social Generalizada. De esta manera, incluso manteniendo la presión fiscal global, el reparto interno de la misma se haría de manera mas favorable a la contratación del factor trabajo permitiendo, además, que las pensiones se financien de manera mas solidaria al vincularlas, en parte, a la riqueza del país y no solo al numero de trabajadores activos.

¿por que el Gobierno y la oposición no abren un debate sobre la conveniencia de proceder a un cambio impositivo como este en lugar de enredarse en las cosas en las que suelen enredarse? Todavía mas, ¿por que no inician un proceso de dialogo, pactos y acuerdos para facilitar, entre todos, la recuperación de nuestra economía y la mejora en la calidad de nuestra democracia? Algunos piensan que la democracia se perfecciona solo mediante la confrontación y la alternancia sin que el consenso sea algo mas que una circunstancia extraordinaria en momentos constituyentes. Craso error. El consenso es imprescindible para mantener engrasada la democracia y para la implantación de todo aquello que nadie por si solo es capaz de sacar adelante y para momentos excepcionales como estos. No entenderlo así, justifica el alejamiento creciente de los ciudadanos respecto de la clase política.

Las cifras del paro en la EPA del primer trimestre del año han confirmado el bache que algunos predijimos para este año (en este mismo Blog, sección articulos). De continuar obsesionados con reducir el déficit hasta el 3% del PIB en 2013 y de cumplirse la profecía de un importante responsable del Banco Santander de que el crédito a particulares  caerá este año y el siguiente, las cosas pueden ir a peor. Algo diferente, desde una lógica distinta de política económica tenemos que hacer para revertir este situación. Repito, aqui, cuatro ideas que vengo defediendo desde hace meses.

El ajuste a la crisis diferencial española lo hemos hecho desde el siguiente principio: el valor máximo a respetar han sido los bancos y su necesidad de tiempo para reajustar en balances las pérdidas latentes y explícitas de sus inversiones en activos tóxicos inmobiliarios. A ello hemos reajustado, recortado, reformado e incluso privatizado (Cajas). La solvencia ha sido y es el principio que ha guiado nuestra política económica anticrisis. El resultado, a la vista está: casi cinco millones de parados y una economía que empieza a ser de las últimas en sumarse a la recuperación.

Otros países lo han hecho de otra manera. Y nosotros, a partir de ahora, tendremos que hacer, también, algunas cosas diferentes si queremos revertir una situación que amenaza con lastrar al país durante una década. Propongo lo siguiente:

1. Que el Presidente del Gobierno, una vez aclarado que ya no volverá a ser candidato electoral, suspenda su participación en esta campaña electoral y convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a los Presidentes Autonómicos y a las fuerza sociales, para proponer un Gran Acuerdo Nacional entorno a un Programa de Recuperación Económica. Y que explique esa iniciativa ante los ciudadanos en el Parlamento y en Televisión. Quienes no estén de acuerdo en unir fuerzas para encontrar soluciones extraordinarias en un momento extraordinario, deberán explicar a los ciudadanos el por qué de su “espantá”.

2. El Programa debe contener tres medidas inmediatas: a) aplazamiento del objetivo del 3% de déficit público hasta el 2015, junto a un Plan de reestructuración presuestaria del conjunto de administraciones públicas para hacerlo posible y creíble. b) bajada reglada de las cotizaciones sociales como manera de responder a la necesaria devaluación interna que seguimos teniendo pendiente de hacer desde que estalló la crisis. Es mejor eso que “lustros” de recortes salariales. Podría ser algo del tipo: rebaja de 2 puntos lineales para todos, 1 punto adicional quienes mantengan empleo durante el próximo año y otro punto adicional quienes creen empleo neto. Compromiso de cubrir el impacto en los ingresos de la SS mediante un endeudamiento especial, hasta tanto se articule una Contribución Social Generalizada que grave la riqueza y no el empleo. c) Impulso del FROB a la creación de un Fondo de Garantía de Activos Inmobiliarios Dudosos donde las entidades financieras puedan “aparcar” sus activos tóxicos en ciertas condiciones y, a cambio, de asumir el compromiso de incrementar el crédito neto concedido a empresas y familias.

3. Diseño articulado de un conjunto de medidas, a aplicar de manera coordinada por todas las administraciones, para crear un auténtico Servicio Nacional de Innovación, reformar las Universidades, financiar el déficit sanitario, aguilizar los plazos de la justicia y reformar la negociación colectiva para flexibilizar las posibilidades de empleo de los trabajadores a lo largo del ciclo.Medidas que fortalezcan las posibilidades de recuperar una senda vigorosa de crecimiento económico.

Las medidas podrán ser estas u otras. Pero dos cosas deberían permanecer: la voluntad de negociar un gran acuerdo que refuerce la posición del país ante las autoridades europeas y los mercados entorno a un programa de crecimiento y, dos, el compromiso de todos los partidos en aplazar la confrontación en estos asuntos, por lo menos, hasta que la cifra de paro vuelva a situarse en un dígito.

Reconocerme que esto, trabajar juntos para salir de la crisis, como hemos hecho en otros momentos de nuestra historia, es lo que nos parece sensato a la inmensa mayoría de ciudadanos, empresarios y trabajadores. Dividiendo al país en dos mitades enfrentadas entorno a eslóganes y consignas, unos manteniendo la equivocada política económica actual, los otros, sin hacer propuestas y esperando que si ganan, su sola presencia en los Ministerios cambiarán mágicamente las cosas, no mejoraremos la situación tanto como necesitamos y a la velocidad que nos merecemos.

Si. Ya lo se. Soy un ingenuo por seguir creyendo en estas cosas. Pero cuando miro a los cinco millones de parados y a los otros millones de empleados con serias dificultades para llegar a fin de mes, prefiero ser ingenuo, que alguna otra cosa en que devienen los que “saben de política” (??), mucho más que yo.

Feliz día de los trabajadores (1 de mayo) y de la Independencia (2 de mayo).

El anuncio simultáneo de que Telefónica recortará un 20% su plantilla en España y que repartirá 450 millones de euros como bono entre sus directivos, ha convulsionado al país. Pero es la otra cara de la internacionalización de nuestras empresas a las que tantos recursos y discursos se ha dedicado. Y es, también, un epifenómeno de los problemas de una globalización desregulada que es la que se ha construido. ¿Donde quedan los países, cuando sus empresas se hacen multinacionales? Habrá que invertir desde el Estado más en bienes sedentarios, en aquello que no puede trasladarse fuera y, tal vez, apoyar menos a los bienes nómadas que se deslocalizan con facilidad.

Todavía recuerdo cuando, a finales de los años 80 del siglo pasado, el entonces presidente del Gobierno Felipe González en cuyo Gabinete económico trabajaba, manifestaba su sana envidia por Italia porque tenía empresas multinacionales cuando en España no había ni una. Pues bien, esto ha cambiado y así, por ejemplo, sólo entre las grandes empresas del Ibex 35 de la Bolsa, el porcentaje de ingresos generados en el exterior representa ya más del 50%.  Hoy mismo, la prensa publica un anuncio a toda página del Banco Santander según el cuál, la distribución geográfica de su beneficio en 2010 ha sido obtenida: un 25% en Brasil, un 18% en el resto de América Latina, otro 18% en Reino Unido y sólo un 15% en España.

Y lo mismo sucede con otras muchas empresas que, además, tienen accionistas de todo el mundo y cotizan, además, en varias Bolsas mundiales.  ¿Siguen siendo españolas estas empresas? ¿En qué y para qué? ¿Qué repercusiones tiene todo esto para quienes vivimos y trabajamos en España? La reflexión más profunda sigue pendiente. Entre otras cosas, porque el modelo de empresas internacionales de hoy no son exactamente como las antiguas multinacionales de origen americano que, en demasiadas ocasiones, eran parte del brazo económico exterior de sus Gobiernos. Estamos en presencia de un fenómeno de empresas realmente globales (y cada vez más) cuyo sentido, dimensión y consecuencias todavía se nos escapan. Salvo una cosa: el mercado español ha dejado de ser, para ellas, lo que era aunque todavía, en muchos casos como el de Telefónica siga siendo aqui donde obtienen un porcentaje mayor de beneficios, aunque de manera decreciente. Y, por tanto, su vinculación con el país matriz e incluso, su implicación con el mismo a través de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa disminuye, ante el empuje de otros países donde producir a menor coste o vender con mayores márgenes.

Un fenómeno generalizado de transnacionalización de nuestras empresas no puede hacerse sin implicaciones. No quiero ni pensar en lo que hubiera sido esta crisis económica para España si se hubiera llevado por delante, además, a dos grandes bancos, y cuatro o cinco de nuestras empresas claves en sectores como la energía o las telecomunicaciones. Por tanto, gracias a la internacionalización de nuestras empresas la crisis no ha sido peor. Pero, como siempre, para unos (accionistas y directivos), más que para otros (trabajadadores). Y ello, debe alterar la actitud del Gobierno respecto al fenómeno y, sobre todo, a las alternativas de política económica.

Hay que seguir apoyando la internacionalización empresarial. Incluso, extenderlo a tamaños medianos de empresas, con saberes especializados. Pero también, convendría exigirles, como parte de su RSC, una especie de Pacto Solidario para que sus grandes decisiones sobre el mercado matriz sean previamente consultadas y un compromiso de actuar como locomotoras de otras empresas españolas en el exterior.

Pero conforme crece el porcentaje de bienes nómadas en nuestra sociedad, aquellos que pueden producirse y consumirse en cualquier parte del planeta, hay dos cosas más que hacer: trabajar en favor de una adecuada gobernanza mundial de la economía nómada y, en el espacio nacional, trasladar esfuerzos y apoyos hacia aquellos sectores sedentarios, que no pueden deslocalizarse, de alta rentabilidad y cuyo valor añadido se produce y se queda en España. Me refiero al turismo, a la cultura, y a lo que podemos atraer de fuera en base a nuestro clima, condiciones sociales y atractivo como país: centros de investigación, residencias de salud y bienestar, congresos, formación, bases logísticas etc. Para eso, la “marca país” es fundamental.
La economía está ya cambiando a nuestra sociedad. Ahora sólo falta que los agentes sociales y los responsables políticos se den cuenta y se pongan a la altura de los nuevos retos, en lugar de seguir anclados en discusiones sobre los problemas no resueltos del pasado (mercado laboral, negociación colectiva, etc). Eso si que es un cambio de paradigma. Pero no hacerlo, sería para el país peor que sufrir las reestructuraciones de las nuevas empresas nómadas que, antes, eran españolas y ahora, son globales.

El desapego de muchos ciudadanos respecto a la política y a los políticos, se transforma en cabreo, en momentos concretos como la elección entre unas listas “cerradas” de candidatos elegidos por los partidos. Ello restringe la libertad de selección para aquellos que votarían más, o más a gusto, una opción u otra, si no estuviera tal candidato imputado o si estuviera tal otro que les parece mejor. Esta clara imperfección de nuestro sistema electoral (no es la única) genera problemas que se pretenden resolver con la fórmula de “listas abiertas”, para fortalecer el derecho ciudadano a elegir a los mejores representantes. Después de haber participado en varias elecciones, no tengo tan claro que ahí radique la solución y propongo una cosa intermedia que creo más practicable.

Nuestro sistema electoral es heredero, también, de la transición democrática. Y, a los efectos que aquí nos interesan, se hizo pensando en cuatro asuntos prioritarios entonces: fortalecer la estructura de los partidos políticos tras cuarenta años de dictadura; facilitar la gobernabilidad, evitando una excesiva fragmentación de la representación popular en una “sopa de siglas” en el Parlamento que fuera desestabilizadora; incorporar a las minorías nacionalistas periféricas a las tareas comunes de toda España y respetar la provincia como circunscripción electoral ya que ni la Constitución se atrevió a cambiar este esquema de organización administrativa del país, de raiz francesa e implantación desde mediados del siglo XIX.
En ese contexto, se inscriben las listas cerradas que pretendían fortalecer el poder vertebrador de los partidos (pieza esencial para articular la participación ciudadana, según la Constitución), asumiendo que lo importante era votar las “ideas” y programas presentados por los Partidos políticos, antes que a las personas concretas que representaran la aplicación concreta de estas ideas. En su momento, pues, se optó por la provincia y por las listas cerradas, no con malévolas intenciones, sino convencidos de que las siglas partidistas (sus ideologías) primaban sobre cualquier otro personalismo y como una respuesta que facilitaba y fortalecía el despliegue de la democracia de partidos (no se pensaba en otra) en España.

Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Lo que, en su momento fué una solución, se puede convertir, total o parcialmente, en problema. Nada, que no sean los principios y valores fundacionales,  está fijado para toda la vida y entender esa dinámica de las cosas ayudaría a enmarcar el problema. Porque hoy, no para todo el mundo las ideologías partidistas son determinantes a la hora de resolver problemas concretos (mucha gente piensa, al revés, que cuando gobiernan, las diferencias entre unos y otros, no son tantas), hoy los personalismos entorno al liderazgo han desplazado el foco mediático de atención de los votantes desde las siglas del partido (el caso más evidente el ZP), de tal manera que cada vez que mi adversario, o yo, hemos hecho campaña en Castellón para las generales, en realidad, no nos votaban a nosotros aunque fuera nuestro nombre el que encabezara las listas, sino a los líderes nacionales de nuestras respectivas formaciones que son quienes concentran la atención mediática.

Junto a eso, y en sentido contrario, se ha generalizado la sensación de que las listas cerradas se han convertido en un mecanismo de selección adversa que elige como candidato no al mejor, aunque pueda serlo, sino al más fiel colaborador de las autoridades orgánicas de los aparatos de los partidos que les proponen y votan internamente. A partir de ahí, se producen dos fenómenos perversos que se retroalimentan: los aparatos partidistas fuerzan las candidaturas de sus fieles colaboradores en tareas internas del partido, mientras que los candidatos, una vez elegidos diputados o concejales, no tienen apenas incentivos para hacerlo bien en relación con los ciudadanos (no quiere decir que no lo hagan), mientras tienen todos los incentivos para hacerlo bien respecto a sus direcciones partidistas que son, en realidad, a quienes les deben el puesto.

Es como si dijeran, las cuestiones que afectan a los ciudadanos ya las deciden los “jefes” y yo solo debo ocuparme de cumplir sus instrucciones (votaciones) y caerle bien a estos mismos “jefes” que me proponen. Esta realidad, que no es así en todos los casos, configura representantes democráticos sin apenas motivación para aproximarse a sus electores formales, reforzando la distancia existente entre electores y elegidos (“sólo se os ve, cada cuatro años”). Además, tienen efectos secundarios claros desde el momento en que los tribunales reconocen que una vez obtenida la representación, el escaño es del diputado y no del partido. El conocido como “tamayazo” en la Comunidad de Madrid, fué posible por esta circunstancia. Dos diputados del PSOE, “cambiaron su voto” en el momento de la elección del Presidente de la Comunidad, sin que el partido por el que se presentaron pudieran reemplazarlos y esta pasó de unas manos (PSOE) a otras (PP).
¿Representan las listas abiertas una solución a todos estos problemas?. Depende. Si hay listas abiertas, cada candidato debe sufrir un doble filtro: el del partido o agrupación con que se presenta y el de los ciudadanos que le pueden elegir, o no, incluso dentro de la lista en que se presenta. Esto quiere decir que no se evita el problema del poder del aparato de partido, a la hora de seleccionar candidatos optativos en una lista abierta. Otra cosa sería, pensar en circunscripciones más pequeñas, donde se puedan presentar candidatos individualmente (agrupación de electores de fulanito de tal, que puede, o no, competir con otro candidato de su mismo “partido”, convertido en algo sin aparato). Pero esto no son listas abiertas sino una reforma profunda y esencial de la misma Constitución para ir a un modelo electoral distinto, de matriz anglosajona que, además, plantea otro problema: si la campaña no la hace el “partido” sino la persona para que puedan votarme a mi, ¿quién financia las campañas de los candidatos individuales en listas abiertas?. ¿Es mejor correr el riesgo de acabar siendo un representante del lobby que te financia, antes que serlo del partido que te presenta?

Tengo mis dudas de que las ventajas del nuevo modelo sean tan manifiestamente superiores a lo existente como para justificar el cambio, incluso si se pudiera hacer (hubiera apoyos parlamentarios para cambiar las leyes y la Constitución).

Sin llegar tan lejos, creo posible una reforma que ayude a evitar algunos de los problemas que el sistema actual plantea cuando quieres votar una candidatura porque te parecen bien sus propuestas políticas, pero tienes serios reparos a corporativizar dicho voto en algunas personas concretas de esa candidatura, por la razón que sea, como que estén imputados por la Justicia.

Toda lista lleva un máximo de suplentes por si sucede algún imprevisto con los “titulares”. Por tanto, hoy, se presentan listas que incluyen tantos candidatos como puestos a elegir se convocan, más unos suplentes. Pues bien, se debería poder tachar individualmente de la lista hasta tantos titulares, como suplentes haya, sin que ello invalide la papeleta.  Una reforma posibilista como esta no representa el cien por cien de aquello a lo que aspiran quienes demandan listas abiertas, pero es una reforma de la ley electoral, aparentemente menor, que tiene antecedentes en las listas del Senado, pero que ayudaría a no votar, individualmente, a un número amplio de candidatos. Los candidatos ya no tendrán que estar sometidos, solo a lo que digan los aparatos de los partidos, sino tambíen a lo que digan los ciudadanos y los partidos se esmerarían en seleccionar mejor candidatos adecuados porque un elevado número de “tachaduras” pondría en cuestión la validez de su trabajo interno.

Lo contrario a la democracia no es, siempre, la dictadura. A veces, una democracia de baja calidad, que pervierta los valores esenciales que hacen grande a la democracia y superior a cualquier otra fórmula de gobierno, puede ser letal. Los primeros síntomas de empobrecimiento democrático ya han aparecido en España hace tiempo. De cómo y con qué rapidez reaccionemos todos dependerá nuestra capacidad para seguir organizando la convivencia desde los supuestos superiores de los volores democráticos. Es la hora de actuar. Luego, puede ser tarde.

Me resulta extraño hablar “en pasado” de alguien que seguirá siendo Presidente del Gobierno un año y Secretario General del PSOE unos meses más. Pero su anuncio de ayer, empleando las mismas palabras que Felipe Gonzalez en el 34 Congreso: “no me volveré a presentar como candidato” nos ha arrastrado a todos por la senda del balance de una persona importante para España y, desde luego, crucial en mi vida. Respeto su decisión, pero no la comparto como expliqué en mi anterior entrada. Pero hoy no quiero hablar de esto, tiempo habrá, sino de mis recuerdos cuando Zapatero, era Jose Luis.

A lo largo de los años hay momentos de encrucijada donde la vida te pudo llevar por caminos muy diferentes. Si, por ejemplo, me hubieran dado el trabajo que solicité en 1996 en un Servicios de Estudios, no hubiera sido diputado, ni hubiera estado con Nueva Vïa y no hubiera sido Ministro, como  lo fuí. Me hubieran pasado otras cosas, distintas, pero no estas. Y, a lo mejor, hubiera sido Ministro, pero con otro bagaje y otra trayectoria. Si, al final, seguiste el camino que seguiste, se debe a muchos factores, suerte (o mala suerte), empeño, casualidad etc y, también, a la influencia de otras personas.

Conocí a un joven diputado por León, llamado Jose Luis Rodriguez Zapatero, en 1991, cuando yo era Director del Gabinete del Ministro de Agricultura (Pedro Solbes) encargado de las relaciones políticas con los sindicatos agrarios y él era Secretario General provincial del PSOE en León, con un serio problema con un sindicato agrario local. Recuerdo que tras más de una hora, concluida la conversación no se si a satisfacción suya, pasé al despacho del Ministro y le dije: “Acabo de conocer a un joven, con mucho futuro en el PSOE”. Os pongo en contexto, ya entonces Felipe había amagado con retirarse y la necesidad de una renovación generacional en el PSOE era sentida por muchos entre ellos, Solbes y yo.

Mi siguiente recuerdo sería unos seis años más tarde cuando siendo yo asesor del Presidente del Grupo Parlamentario Socialista (Almunia) vino a verme el portavoz de administraciones públicas, Jose Luis. Su despacho estaba en mi misma planta y coincidíamos a veces en los pasillos y ascensores. Quería conocer mi opinión sobre una sentencia que cuestionaba la congelación de los salarios públicos decidida por el Gobierno del PP en sus primeros presupuestos, en contra de un acuerdo colectivo firmado por el último gobierno socialista. Como anterior Director del Ministro de Economía y Hacienda (de nuevo, Pedro Solbes), yo había vivido el asunto muy de cerca. Mi opinión, recuerdo, no coincidió con la suya. Trabajamos juntos el asunto por instrucciones de Almunia durante unos días, al finalizar los cuales saqué tres conclusiones: que Jose Luis seguía teniendo futuro (no había tocado techo, como se nota en otros), que no era fácil convencerlo cuando ya tenía tomada una decisión y que era tímido, porque no fué hasta casi el final cuando habló elogiosamente y puesto en boca de “su primo” de un artículo sobre la reforma del estado del bienestar que yo acababa de publicar.

La creación del grupo Nueva Vía, la ilusión del cambio y las primeras rivalidades a la vera del líder, ya han sido contadas varias veces (la versión de Gonzalo Alba sigue siendo la que más se acerca a lo que yo recuerdo) por lo que pasaré a otros dos momentos en los que mi relación con Zapatero (ya era ZP para entonces) me dejó huella. La primera, en enero de 2004. Tras apartarme de la primera línea en la responsabilidad del programa electoral económico, a pesar de conservar la portavocía en el Congreso y la  Secretaría del área en la ejecutiva del Partido, muchos dieron por “acabada” mi corta “carrera política en primera línea”. Yo, entre ellos. Sin embargo, me empeñé en mantener las formas hasta el final y cuando los responsables del Club Siglo XXI me invitaron a pronunicar una conferencia, le pedí que fuera él, Secretario General del PSOE y líder de la oposición, quien me presentara. A dos meses de las elecciones generales de marzo, casi todo su entorno (no, no daré nombres aqui) se opuso a dicha solicitud. ¿Que ganaba él, presentando a un “zombi político” como yo, en (casi) plena campaña electoral? Y, sin embargo aceptó, me presentó y fué muy generoso en su intervención. De ahí aprendí, de nuevo, que no es fácil que se le imponga lo que debe hacer en asuntos en los que tiene la opinión muy formada, ni incluso su entorno más influyente y dos, que, al menos entonces y conmigo, quiso lanzar un mensaje de apoyo personal, más allá de las circunstancias políticas coyunturales.

El último retazo de memoria personal que quiero traer hoy aquí se refiere al lunes siguiente a la victoria electoral de marzo de 2004. Quiso verme en su despacho en la calle Ferraz (una plante por encima del mío) y me comunicó que contaba conmigo para formar parte de su primer Gobierno. Pudo no hacerlo. En aquel momento, todas las presiones que recaían sobre él, como nuevo presidente del Gobierno in péctore, eran terribles y en casi ninguna estaba mi nombre para formar parte del mismo. Ni a mí me hubiera extrañado, visto lo visto en los meses anteriores, estar ausente de su lista de ministros. Me hubiera fastidiado (yo sí quería ser ministro), pero no sorprendido. Pero él quiso que lo fuera y me nombró. En esa encrucijada, esa decisión suya libérrima, me permitió el honor de servir a mi país y a mis ideas desde el Gobierno de España, e influyó decisivamente sobre el resto de mi vida en que siempre seré, exministro de Zapatero. Ahí me creí su discurso sobre la importancia de las lealtades personales, aunque su manera de entender éstas, no sean compartidas por todos, con el mismo sentido.

Podría hablar de cuando me autorizó a que cogiera el primer “permiso de paternidad” como diputado, cuando todavía no existían o las horas de viajes en coche a actos y reuniones del partido en Valencia o nuestra admiración común por los estoicos y, en concreto, Marco Aurelio, o su prólogo a mi libro “De nuevo socialismo” que fué un intento, frustado desde dentro, de articular un discurso socialista español moderno propio etc. Pero de todo eso, o del Estatut de Catalunya, la crisis económica o la reforma de la administración, hablaré en otros retazos de mis memorias.

Hoy y aquí, toca el recuerdo agradecido y más allá de las discrepancias que nunca he ocultado, a la persona que nos dijo en la Ejecutiva del PSOE, con claridad, en 2004 que ocho años de Presidente del Gobierno era una “sana” costumbre democrática y que ha cumplido. Espero que este año que le queda, liberado de la responsabilidad electoral, haga lo que tiene que hacer para que los españoles superemos, con bien, esta crisis. Y, en lo personal, suerte y le transmito el deseo de quedar a tomar unas cañas, cuando deje el Gobierno,sin esperar nada a cambio, más que el placer de una buena conversación. Y, quien sabe, todavía somos jóvenes (menos que unos, pero más que otros). A lo mejor, se nos ocurren fórmulas para ayudar a transformar, desde la sociedad civil, este mundo en que vivimos.

Al menos tres medios nacionales sacan hoy, como “noticia”, la posibilidad de que ZP anuncie en el Comité Federal del 2 de abril su renuncia a repetir, como candidato del PSOE, en las próximas elecciones generales. Pues bien, por si acaso es cierto y antes de que ocurra, quiero que conste mi desacuerdo con esa posible decisión. Y daré tres razones en esta la última vez que, creo, trataré el asunto aquí.La coincidencia en el “rumor sin confirmar, pero generalizado” de que, esta vez sí que sí (recuerdo que ya antes hemos pasado por esto) ZP anuncia su renuncia, sólo puede significar dos cosas: o que es una filtración del propio ZP que adelanta así lo que ya tiene decidido, o que es una filtración “interesada” de quienes querrían que fuese así para forzarle a hacerlo (luego no lo tiene decidido) y mejor posicionarse ante la sucesión. Tanto en un caso como en otro, expondré mis tres razones por las que creo que no DEBE hacerlo.

Se ha dicho que su renuncia debe anunciarse antes de las elecciones autonómicas y municipales para frenar el deterioro en las mismas del PSOE. Pues bien, no logro entender por qué los ciudadanos votarán más a los candidatos socialistas en Valencia, Madrid, Castilla la Mancha, Sevilla, Barcelona o Asturias, si conocen con antelación que ZP abandonará dentro de un año. Por más vueltas que le doy, no encuentro el argumento a favor y sí veo con claridad que su anuncio empujará a una petición de elecciones anticipadas que desviará, todavía más, el foco de atención de las elecciones autonómicas y municipales. Salvo que pensemos que ZP es una cosa y el Gobierno que preside y el Partido que le apoya, otra, ¿el anuncio de su renuncia significará cambios en las políticas de lucha contra la crisis? Por que de no ser así, honestamente no veo la ligazón entre una cosa y las expectativas electorales cercanas.

Según las encuestas, la valoración personal de Rajoy es poco mejor que la de ZP y el PP va muy por delante del PSOE en intención de voto. Luego todo el problema del PSOE no puede ser, ahora, ZP. Y si creen que lo es, debe irse ya,no anunciar que lo hará dentro de un año.

Esta ha sido una legislatura cargada de cosas con las que ZP no contaba. Especialmente, por la crisis económica de la que ha hecho una gestión manifiestamente mejorable. Aunque él pensara, al inicio, que ocho años como Presidente es un tiempo de permanencia razonable, dado que no está legalmente establecido en nuestro sistema político, creo que las circunstancias de estos momentos hacen difícil de entender un abandono del Presidente del Gobierno y menos, por razones de partido.

Dice que ha hecho y está haciendo lo que cree que es su deber (“me cueste lo que me cueste”). En democracia, debe agotar una legislatura tan compleja como esta, con los añadidos internacionales además, explicar sus opciones y sus decisiones y dejar que los ciudadanos juzguen su gestión en las urnas, aún a riesgo de perder. Lo contrario, sería una especie de abandono preventivo difícil de conjugar con las reglas de juego de la democracia. ¿Cómo entender su renuncia? ¿Cómo un reconocimiento de que su política ha fracasado? Si es así, ¿por qué no la cambia?

Tercero, si alguien no puede nombrar a dedo a su sucesor, es Jose Luis Rodriguez Zapatero que ganó, hace once años, un Congreso del PSOE contra todo pronóstico, gracias a que se votó democráticamente entre los militantes y cuatro opciones. Y si hay primarias, puede suceder dos cosas: que sean con dos candidatos, en cuyo caso me parece una locura hacerlo antes de las elecciones generales, o que se consiga que sólo haya un candidato que, además, ya sabemos quien es. Lo que hizo Almunia en el 2000, parece lo más claro: dimitir si se pierden las elecciones generales y dar paso a una auténtica renovación socialista (ya no generacional) y no solo de sus caras. En estas circunstancias, esa opción me parece más democrática que una solución a lo Aznar, pero edulcorada por unas pseudoprimarias y en momentos muy complicados para España.
No se. Debo de andar muy despistado, desde que me he separado de la “pomada”. Pero no entiendo lo que se dice que va a pasar y lo que parece que algunos desean que pase. Otra cosa sería una renuncia ya, a la Suarez, con investidura de nuevo presidente del Gobierno para lo que quede de legislatura y que sea el nuevo cartel electoral del PSOE dentro de un año. Pero no es esto lo que se está planteando. ¿O, en el fondo, si?.

Fué el Presidente Zapatero, en uno de sus errores no forzados, quien dió la interpretación del “furor reformista” que le entró a partir de mayo de 2010: no lo hago por voluntad, sino que me lo imponen. Me lo imponen Alemania o los mercados, pero el recorte de sueldo a los funcionarios, la congelación de las pensiones, las reformas del mercado laboral, del sistema de pensiones o de la negociación colectiva, lo hizo, por imperativo real, con cara de Merkel. Por eso resulta crucial analizar las nuevas imposiciones alemanas en el Consejo de esta semana para ver por donde irá nuestro país. Y. en concreto dos: vincular salarios a productividad y rebajar impuestos sobre el trabajo, porque ambas admiten distintas soluciones, en un jardín cuyos senderos se bifurcan.

Esto último es importante porque si Alemania ha impuesto la agenda de reformas pendientes, como condición a que el Fondo de rescate ayude a los países periféricos del euro a enfrentar los ataques de los mercados financieros, la forma concreta en que se pueden hacer, es responsabildad de las autoridades nacionales.

El sentido de la propuesta alemana, reinterpretada por la Comisión, es muy claro: los países periféricos del euro, España entre ellos,necesitan hacer algo más para superar los efectos de la crisis económica y recuperar competitividad. Históricamente han recurrido a la devaluación de sus monedas. Pero ahora, que comparten euro y no pueden devaluar, tienen que hacer otras cosas de efecto equivalente. Toda crisis nos hace más pobres y recuperar competitividad es rebajar costes para adecuarlos a esa situación: ya no podemos pagar los mismos costes que cuando éramos más ricos. Por tanto, tenemos que rebajar costes y mejorar la productividad (hacer más con menos).

Vincular la evolución de los salarios a la productividad es lo que recomiendan los manuales de economía. Pero, como siempre, las cosas son un poco más complejas en cuanto pasamos del títular, al contenido. Quienes proponen, en nuestro país, abandonar la actual cláusula de revisión salarial en base al IPC (inflación) y pasar a hacerlo en base a la productividad lo que quieren es rebajar salarios como fórmula de ajustarse a la crisis. Es decir, en términos sociales, que aquellos que han tenido menos responsabilidad en causar la crisis, los trabajadores, no sólo la paguen con elevadas tasas de paro, si no con menor poder adquisitivo.

Sería una salida socialmente injusta a la crisis porque recaería sobre todo, en una parte de la sociedad. Revisar la actual negociación colectiva en el sentido propuesto por algunos, como los llamados “Cien Economistas” abundaría en la misma línea al debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores, sin recibir nada a cambio, más que genéricas apelaciones a que se crearía más empleo precario.
Así, con estas dos piezas, se articula una respuesta a la necesidad de recuperar competitividad: bajar salarios para ser competitivos por ser más baratos. Sin embargo, hay otra salida a la situación, socialmente más equitativa y que también está en los mismos manuales de economía.

De entrada, aceptar que los salarios que se vinculan a la productividad deben ser los salarios reales es decir, una vez descontada la inflación (y podemos discutir si la inflación subyacente es mejor indicador que el IPC a estos efectos). Segundo, negociar qué es productividad y sobre todo, cómo se mide. El indicador agregado, Productividad aparente del trabajo no sirve porque sube en las crisis y baja en las recuperaciones. Pero, ¿cómo se mide la productividad en un hospital, en la universidad, en unos grandes almacenes, en un periódico o en la tienda de la esquina? Les aseguro que no es inmediata, ni evidente la respuesta por lo que es obligatorio negociarlo. Y, en la medida en que la gestión empresarial tiene mucho que ver con la productividad, los trabajadores deben participar en dicha gestión micro (la famosa cogestión alemana) con acceso a la información y derecho de opinión, por lo menos.

Por otro lado, aspirar a ser competitivos por hacer las cosas mejor, reforzando las apuestas por un crecimiento inteligente basado en la innovación, la internacionalización, la economía baja en carbono, la reforma de las administraciones y la economía del conocimiento.  Así hecho, se mantiene el principio de vincular salarios a productividad, mejorando con ello la competitividad del país, pero ofreciendo una salida diferente y socialmente más integradora a la crisis.

El segundo aspecto, que ha pasado más desapercibido, tiene que ver con el párrafo del acuerdo del Consejo Europeo que propone “una baja del impuesto sobre el trabajo”. esto ofrece una manera complementaria de rebajar costes, en este caso, no salariales tan válida como la otra y que no debemos despreciar. En nuestro caso, rebajar cotizaciones sociales a la Seguridad Social es imprescindible para recuperar competitividad. Lo vengo defendiendo en este blog y en los artículos que aqui pongo, desde hace meses (por ejemplo, http://www.pyms.com.es/jordiexp/2011-02-28/salarios-productividad-y-euro-publicado-en-mercados-de-el-mundo/ ). Aunque ello signifique modificar la manera en que financiamos las pensiones hacia un esquema en el que la riqueza general del país, vía impuestos, participe en unporcentaje como ocurre en otros países del euro.

Hay campo, pues, para seguir con las reformas. Pero los caminos para llegar, se bifurcan en este punto. ¿Cuál será el que quiera seguir el Gobierno? ¿Y el resto?. De eso, dependerá todo.

Esta entrada no me proporcionará muchos amigos. Si el Gobierno, con las medidas de ahorro energético se desliza hacia el estrambote, quienes le critican, incluido quien aspira a ser Gobierno, se deslizan hacia lo bizarro. La bronca, más que el debate, sobre las 20 medidas de ahorro energético aprobadas, marca los límites del modelo político partidista en que estamos: un callejón sin salida aparente en el que lo único que parece importar es decirla más gorda que el adversario. Intentemos recuperar sentido común viendo cuatro cosas:¿hay que hacer algo?, qué se hace, cómo se hace y quien lo hace.

En la misma semana en que, aparentemente, el PP y el PSOE han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre un asunto muy peliagudo como es definir los derechos y los deberes de los miembros de las fuerzas armadas, hemos asistido a todo tipo de declaraciones sorprendentes sobre algo que, en teoría, debería de ser mucha más incuestionable: la aprobación de nuevas medidas para ahorrar consumo energético en España.

Para un país que necesita importar el 75% de la energía que consume, sobre todo bajo la forma de petróleo y gas, la preocupación por reducir su dependencia externa en un asunto estratégico como este, no debería formar parte del debate, por evidente. Sobre todo cuando su vulnerabilidad no se refiere sólo (?) al precio de la energía importada sino a los propios problemas de suministro que pueden derivarse de la concentración de nuestros proveedores en una zona geográfica altamente inestable como es, en este momento, el norte de Africa. La necesidad de ahorrar energía es obvia. De hecho, no es la primera vez que Gobiernos de distinto signo politico (si, si el PP también aprobó medidas como estas), adoptan medidas encaminadas a reducir un consumo energético que resulta muy caro, sobre todo, en momentos de crisis económica. De hecho, fruto de las medidas adoptadas con anterioridad y del propio devenir tecnológico de una sociedad concienciada, hemos reducido la intensidad energética en España (PIB/consumo energético) un 14% en los últimos años.

Podríamos decir, incluso, que ahorrar energía debería de ser una máxima siempre, en todo momento y para todos. Desde ese punto de vista, una crítica al Gobierno debería de ser no tanto lo que ha hecho, sino el por qué no lo ha hecho antes y siempre, como forma normal de aproximarse al tratamiento de un asunto vinculado a la sostenibilidad de nuestro modelo de vida en un mundo en que ya no somos, los occidentales, los únicos que consumimos mucha energía para crecer mucho.

La necesidad de ahorrar energía debe complementarse con programas a medio plazo para reducir la vulnerabilidad exterior diversificando las fuentes de aprovisionamiento energético hacia las nacionales y renovables.  Ahí entra todo el asunto de las renovables (recuerdo que todavía colea la polémica sobre las excesivas primas concedidas por el Gobierno a las energías alternativas) y el inevitable sobre la nuclear, vinculado a los compromisos sobre reducción de emisiones de CO2 en la lucha contra el calentamiento del planeta.

Comparado con la magnitud estratégica de estos cambios, analizar el qué se ha hecho, las 20 medidas aprobadas entre las que ha destacado la reducción de velocidad en autovías a 110 km/h, tiene mucha menos enjundía aunque haya desatado las pasiones populares. Ningún programa encaminado a ahorrar consumo de energía y a mejorar la eficiencia del uso energético es creíble si no va acompañado de una subida de precios. Lamento decirlo, pero un país que depende tanto de un bien esencial como son el petroleo y el gas, no pueden ponerlo a la venta más barato que una bebida refrescante. Lo mismo ocurre con la electricidad que se obtiene con ese petroleo o con el gas: lamento decirlo, también, pero negarse a subir la tarifa eléctrica, aceptando que se genera un déficit tarifario que deberemos de pagar en algún momento, es incompatible con mejorar la eficiencia energética.

Además, cuando ya se han aprobado paquetes similares en otros momentos similares, cuya aplicación, eficiencia e impacto desconocemos porque no se hace una evaluación de los mismos, lo que se trasmite a los ciudadanos es que lo hacemos para el telediario, para aparentar que hacemos algo, pero que no nos lo tomamos realmente en serio. Como quitarse la corbata en verano para combatir el calor con menos consumo de refrigeración deja de ser un comportamiento ejemplar para converirse en una astracanada, cuando nadie del Gobierno sigue el ejemplo y hasta el propio Presidente del Congreso, del mismo partido, gasta bromas sobre el asunto ofreciendole una corbata al Ministro descorbatado para una intervención en pleno.

Las medidas aprobadas por el Gobierno son pues, razonables, difíciles de criticar más allá de que discutamos si ahorran un 5% de la factura del petróleo o sólo la mitad, pero se convierten en cosa de broma cuando resultan repeticiones incumplidas en el pasado o incompatibles con otros comportamientos que deberían acompañarlas para hacerlas creíbles. Incluyendo una mejor explicación, pero no solo.

Respecto al cómo se hacen, la verdad es que ha dejado mucho que desear. Desde el aparente “olvido” de que vivimos en un Estado de las Autonomías que obliga a gobernar determinadas cosas de una manera “federal”, hasta anunciarlo sin presentar estudios de impacto, contradicciones entre unas partes del Gobierno y otras, sin buscar aliados sociales ni entre aquellos que por convicción, serían defensores naturales de este tipo de estrategías etc. Estos problemas del “cómo”, no son sólo cuestión de explicación por parte del “Gobierno de los quince portavoces, con Rubalcaba al frente”. Es una cuestión de cómo se entiende la manera de hacer política y la importancia real que el Gobierno le ha dado a unas medidas que en su propia forma de presentarse, transmiten poco convencimento en su eficacia. 

Y, por último, analicemos el quien lo hace, porque ahí radica buena parte del absurdo de la situación. Hay muchos para quienes haga lo que haga este Gobierno, está mal, simplemente porque lo hace este Gobierno. Las mismas medidas propuestas por “otro” Gobierno de signo distinto, les parecerían adecuadas y previsoras. Eso plantea un problema de credibilidad de este Gobierno, que no pienso abordar aquí. Pero hemos visto, también, cómo se cuestionaba la legitimidad de cualquier Gobierno para adoptar normas y reglas. Decir, como se ha dicho, que el Gobierno no tiene derecho a fijar límites de velocidad es un anarcoderechismo realmente preocupante. Sobre todo, si procede de sectores que quieren imponer sus normas sobre la familia, el sexo y la religión. Este no es un debate de normas versus libertad. Y menos, cuando no se ofrecen más alternativas que hacer las cosas “como Dios manda” o aprobar medidas “de verdad” u otro conjunto de frases vacías que demuestran la ausencia real de alternativas por parte de quien aspira a ser Gobierno.

Y en esas estamos. Unos por defecto y otros por exceso. Y, en medio, los ciudadanos, de cuyo comportamiento individual adecuado, de acuerdo con nuestras convicciones, pero también con el sistema de incentivos puestos en marcha, dependerá el ahorro de consumo energético del que somos, de verdad, los responsables, con miles de gestos diarios que hacemos, o que no hacemos.

Por lo menos, así lo veo yo.