Blog de Jordi Sevilla

Los Pactos de Zurbano. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 07 Mar 2010 09:16:40 +0000

La Comisión Negociadora del Palacio de Zurbano ha abandonado esta semana las altas cimas del Pacto de Estado para situarse en las más prosaicas del arbitrismo nacional. España es un país de arbitristas. De gentes que emulan a aquellos próceres que, en los siglos XVI y XVII, inundaban a la Monarquía absolutista con sesudos memorándum en los que diseñaban sus arbitrios o soluciones, casi mágicas, para todos los males de la patria.

Así, escuchando los ecos de las reuniones, resuena que para salir de la mayor crisis económica de nuestra historia basta con bajar unos impuestos por aquí mientras subimos otros por allá, resucitamos una especie de banca pública, recortamos algunos altos cargos y apostamos por un coche eléctrico que se mueva empujado por la fuerza de los vientos. Y abierto el melón, por qué no incluir un nuevo contrato todavía más precario para los jóvenes o reducir por Ley los plazos para abonar deudas para aquellos que, precisamente, no tienen dinero para pagarlas antes.

Es verdad que, junto a ello, hay otras cosas como el principio de la rectificación respecto al ladrillo o la extensión del nuevo contrato de fomento del trabajo indefinido en lo que parecen de acuerdo todas las fuerzas parlamentarias. Pero algunas dudas se plantean con el enfoque. La primera: ¿por qué no se le había ocurrido a nadie antes? O si se le había ocurrido, ¿por qué no está ya en vigor todo ello? La segunda: si con las rebajas en el IVA y en el IRPF para rehabilitación de viviendas se crearán 250.000 empleos, ¿cuántos se crearán con una rebaja mayor o más extendida? ¿Vendrá la reactivación a lomos de las rebajas de impuestos?

La tercera tiene que ver con el funcionamiento de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Bueno, en realidad, con los avales del ICO a créditos concedidos por un banco elegido, al parecer, por concurso público, sin que se conozca, de momento, si el análisis del riesgo lo hará el ICO o el banco comercial. Hablamos de créditos por un valor de 200.000 millones de euros, equivalente al 10% de los créditos anuales totales concedidos a las empresas.

Son todas propuestas encomiables, la mayoría razonables, casi todas útiles e incluso algunas, necesarias. Pero, como dijo Lluis Llach en una canción de la época, «no es aixó, companys, no es aixó». La apuesta grande para el país está ahora en otro sitio y las reglas para ganarla son otras, más relacionadas con el consenso constitucional que con la pelea partidista del momento.

Quizá por ello el catalán Sánchez Llibre ya ha dicho que esto no tiene nada que ver con su propuesta de Pacto de Estado y el vasco Erkoreka apunta que para hacer lo que hacen, mejor lo hacen en el Parlamento, como toda la vida. Dicho de otra manera, lo que ocurre en el internado de la calle Zurbano no tiene nada que ver con un intento serio de articular un Pacto de Estado que permita a España salir de la mayor crisis económica y social de su historia reciente. Los que teníamos en la cabeza los Pactos de la Moncloa no encontramos su reflejo, ni pálido siquiera, en estos Pactos de Zurbano que excluyen materias importantes, alejan interlocutores sociales y, sobre todo, buscan confundir proclamas con realidades.

Que algo no esté en el Polo Norte no quiere decir que esté, necesariamente, en el Polo Sur. El hecho de que discrepemos de cómo está planteando este asunto el Gobierno no quiere decir que estemos más conformes con cómo lo plantea la oposición. Porque los dos grandes partidos comparten ese espíritu arbitrista que entiende la sociedad como una especie de gran mecano, al que, de vez en cuando, hay que aplicar medidas de ingeniería como ajustar una tuerca, apretar un tornillo o cambiar una tubería oxidada para que todo vuelva a funcionar sin sobresaltos. Y no.

La realidad social se parece más a un organismo vivo, afectado por sentimientos, deseos y expectativas, que se organiza en instituciones que, a su vez, tienen vida propia, todo ello con sus propias reglas que provocan efectos no previstos, sin descartar los cisnes negros y las leyes del caos. Por ello, aunque existen incentivos que funcionan en situaciones normales, en momentos excepcionales como estos se requiere otro tipo de medidas también excepcionales. Las actuaciones públicas internacionales en defensa del sistema financiero, nuestro Plan E o la ayuda a parados sin subsidios, son ejemplos de esas cosas atípicas que deben hacerse en momentos extraordinarios. Pero no encuentro ninguno más.

Por tanto, digámoslo claro y pronto: si hubiera acuerdos rápidos y unánimes sobre todos y cada uno de los puntos debatidos en la Comisión Anticrisis, sería algo positivo. Pero no alteraría, de forma sustancial, las perspectivas de la economía española a corto y medio plazo.

Cuando nuestra disyuntiva como país se mueve entre aprobar un severo plan de ajuste que transmita a los mercados sensación de solvencia reforzada mediante recortes inmediatos del déficit público o, por el contrario, lanzar un vigoroso plan de reactivación y reformas de la economía española que nos sitúe pronto en tasas de crecimiento y de creación de empleo que refuercen nuestras posibilidades de devolución de la deuda acumulada, unos eventuales Pactos de Zurbano se situarían en un limbo intermedio entre ambas opciones. Y ése es su principal defecto: mucho boato para una cosa y demasiado poco contenido para la otra.

Analizando sólo los documentos repartidos y las declaraciones hechas, nadie diría que se corresponden con un momento histórico tan crucial como aquel en el que alcanzamos los cuatro millones y medio de parados, un déficit público de dos dígitos y una drástica pérdida de capacidad productiva que puede llevarnos a una década pérdida.

Daría más bien la impresión de que algunos siguen actuando como si estuviéramos ante una fuerte desaceleración cíclica y no ante una profunda crisis sistémica del capitalismo. El problema es el de siempre: cuando no hay harina (o alguien se la ha llevado), todo es mohína.

Nunca llueve a gusto de todos

Jordi Sevilla — Sat, 06 Mar 2010 11:52:19 +0000

Hoy está nevando en Valdesquí. Alegría para muchos, pero no para aquellos que, como mi hijo, iban a correr el campeonato de Madrid de sky, ya que la tormenta ha suspendido la competición. El invierno más lluvioso desde hace años está llenando los pantanos, pero amenaza con hacernos la vida imposible a los alérgicos esta primavera. Casi todo en la vida tiene consecuencias múltiples y efectos colaterales inevitables, porque vienen en paquete. Lo mismo las acciones políticas o las medidas económicas. Subir el IVA, incrementa los ingresos públicos, pero a la vez, sube el fraude, los precios y desanima el consumo, de manera inevitable. Por eso la política económica no puede ser una sucesión de medidas aisladas, puestas juntas como en un catálogo, sino que debe conformar PAQUETES ARTICULADOS DE DECISIONES que interactúan, se refuerzen y contrarresten. Todo lo contrario de lo que se está discutiendo en el internado del Palacio de Zurbano. Así nos va.

Esta semana ando preocupado por la impotencia creciente que muestra la política a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos.Obama tiene que recurrir a medidas excepcionales para evitar que los trucos de despacho en Washington, le bloqueen una reforma sanitaria que necesitan millones de ciudadanos. La Comisión europea acaba de publicar su Agenda 2020 en la que ya ni pretende hacer cosas en la Unión Europea. Se limita a constatar algunos deseos como objetivo y cierta ambiguedad instrumental tras el rotundo fracaso cosechado por la Agenda de Lisboa. El G-20, una vez parado lo peor del golpe de la crisis financiera internacional y salvados los bancos, ya ha abandonado todo intento de reformar el capitalismo como dijo que haría.

Y en nuestra casa, la propuesta de Pacto de Estado para salir de la mayor crisis económica y social de nuestra historia reciente, se pierde en los meandros de tantas mesas y reuniones dispersas que más parecen dirigidas a demorar, que a solucionar. Mientras , uno de los mayores casos de presunta corrupción política corre el riesgo de acabar en un cajón gracias a argucias leguleyas y vendetas entre jueces, en medio de las sorpresas que nos sigue deparando el oasis balear.

ESPAÑA NECESITA UN POTENTE MOVIMIENTO REGENERACIONISTA DE LAS COSTUMBRES POLITICAS Y REFORMISTA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. No se si ese es el sentido de la campaña “Estosololoarreglamosentretodos.org” pero, en todo caso, hace falta para recuperar ilusión colectiva y confianza en que las instituciones políticas de la democracia sirven para algo, por ejemplo, resolver los problemas de la gente y no solo para dar empleo a algunos. Tengo la percepción de que estamos en un momento crítico de nuestra historia desde este punto de vista. Si no hacemos algo para recuperar la eficacia de la política democrática, corremos el riesgo de vivir una involución como en Italia.

Estuve el otro día en un coloquio sobre “Etica pública y valores para la gobernanza” con el profesor Marina, organizado por ESADE. Y elaboré las cinco etapas de la degradación política que resumo. Primera, es cuando la política democrática aspira a resolver los problemas sociales e individuales de las personas mediante partidos políticos que son instrumentos útiles para ello. Se hará mejor o peor, pero ese es el objetivo al que se enfrenta unos ciudadanos críticos y comprometidos.

La segunda etapa está presidida por la constatación de las dificultades que tiene resolver esos problemas, sobre todo, en contextos complejos de globalización. Se intenta, pero ya no se puede. Ciudadanos perplejos. La tercera etapa empieza cuando la política ya no busca resolver las cosas, aunque todavía quiere dar la apariencia de hacerlo o, cuanto menos, de intentarlo. Ciudadanos cabreados. En la cuarta etapa, la política abandona cualquier intento real de resolver problemas sociales que afectan a los ciudadanos e intenta evitar que se note. Para ello, empieza a aparentar que, en realidad, no hay tantos problemas, que todo funciona bien o mucho mejor que antes. Ciudadanos desconectados. La última etapa está presidida por la autonomía plena de una política concebida como un fin en si misma, sin pensar siquiera que su función social radique en resolver problemas que, en realidad, parece que ya no tienen solución. El discurso y la acción alcanzan entonces la máxima separación y todo el objetivo es ganar las elecciones, consiguiendo echar la culpa al adversario de los problemas. Ya que no encontramos soluciones, señalemos culpables. Ciudadano desaparecido, democracia en peligro.
Para refrescar de ética la acción pública, hay que empezar porque esta, en forma de política democrática, recupere sus objetivos primigenios: no el poder, a la Maquiavelo predemocrático, sino la resolución de problemas complejos mediante acciones coordinadas y articuladas. Soluciones que por ser racionales, pueden ser discutibles, pero también compartibles.

Para mis críticos diré que si, que he ido madurando estas reflexiones a lo largo del tiempo y que no las he dicho antes porque no las tenía formadas. A veces, no se si molesta más el que no dijera ciertas cosas “antes” o el que las diga “ahora”. Pero sigo creyendo en el diálogo racional, como la esencia de la política democrática radical. Diálogo que debe estar dirigido a la acción transformadora. Porque ya se que cambiar el mundo de base es muy difícil. Pero sigue siendo lo único que merece la pena, para quienes tenemos convicciones socialdemocrátas.
Por favor, entre todos, pero empecemos a arreglar ESTO un poco. Empezando por el listado de diez asuntos que recogí en una entrada anterior. Y si nos acompañan los partidos políticos, mejor.

¿Quién arregla esto?. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 28 Feb 2010 09:53:13 +0000

Tenemos muchas cosas que arreglar en España. También en el mundo, de acuerdo, pero empecemos por lo nuestro, por aquello que podemos hacer aquí, sin contar con los de allí. La crisis se ha llevado por delante casi cuatro años de esfuerzo en términos de riqueza, y por ello lo más urgente debe ser encontrar una senda de crecimiento sostenible que permita tres cosas: reabsorber en el mercado de trabajo a más de tres millones de personas, devolver los préstamos privados sobre los que hemos basado el ciclo de crecimiento anterior y reducir el déficit público sin poner en cuestión las posibilidades de la recuperación. Pero no debemos olvidar otros asuntos importantes, como los referidos a la justicia, a la educación, al sistema de innovación, al modelo de Estado, a la reforma de las administraciones, al impacto del envejecimiento de la población en la sanidad o las pensiones o de las corrientes migratorias, así como a la reducción de las desigualdades sociales y la pobreza crecientes.

Demasiados retos para pensar que se pueden resolver sólo desde una administración, aunque sea la central, porque en todos los asuntos citados hay competencias compartidas con las comunidades autónomas, o que se pueden abordar sólo desde un partido político, sin tener en cuenta lo que opine el otro partido con posibilidades de gobernar, cuando estamos hablando de problemas que van a requerir medidas reformistas aplicadas con continuidad. El hecho de que las reformas necesarias afecten a varias instituciones y requieran desplegarse en la misma dirección durante largo tiempo es, precisamente, lo que hace aconsejable un Pacto de Estado como la forma más eficaz para abordarlas con éxito, sobre todo, tras constatar que el no haberlo hecho así en los últimos años los mantiene como asuntos sin resolver que ponen plomo en las alas de nuestras capacidades como país.

La superioridad de un Pacto de Estado como instrumento de avance social, frente a una acumulación dispersa de acuerdos parciales, se puede demostrar por cuestiones de método y de contenidos. Sobre el método, hace falta una negociación centralizada en lugar de un meandro de reuniones que pueden acabar requiriendo una guía del usuario para saber qué se trata en cada sitio y entre qué interlocutores: pensiones, Pacto de Toledo, mercado laboral, mesa social, gasto sanitario, Consejo Interterritorial, morosidad, el Parlamento, competitividad, el Gobierno etcétera.

En segundo lugar, los puntos propuestos por la Gran Comisión Gubernamental de Negociación eluden precisamente los asuntos fundamentales. No se puede plantear en serio, por respeto a los ciudadanos en una de las horas difíciles del país, esos puntos genéricos que suenan a táctica dilatoria. Por cierto, ¿qué se ha hecho de aquella Estrategia de Economía Sostenible que sólo hace unas semanas iba a ser la clave para solucionar todos nuestros problemas?

Quienes reclamamos un Pacto de Estado como la forma más eficaz de resolver los problemas fundamentales de la España de hoy, lo hacemos convencidos de que los acuerdos que necesitamos para superar nuestras serias dificultades como país no pueden hacerse desde una lógica excluyente como la de los partidos. La situación exige una suspensión temporal y parcial de dicha lógica para subordinarla a la del interés general, que fue lo que hizo posible la transición política y económica en España así como el propio pacto constitucional.

El país que hemos construido exige gobernar desde la cooperación institucional y, en momentos excepcionales como éste, desde un consenso político que refuerce lo que nos une, aplazando todo aquello que nos separa. Parafraseando a Juan Francisco Ferré, en su reciente novela Providence, a veces, empeñarse en gobernar desde la diferencia hace que acabe mandando la indiferencia de la gente.

Los acontecimientos de las últimas semanas han tenido algo de situación ya vivida: ataques de los mercados a la economía española, pronunciamientos de los principales banqueros españoles en defensa del Gobierno mientras los sindicatos se manifiestan en la calle contra recortes sociales presentados por el Ejecutivo como globos sonda. Pero más allá de la gestión de la anécdota, todo ello evidencia que existen dudas razonables sobre nuestras posibilidades de futuro si no hacemos algo que signifique un importante cambio de rumbo. No en las declaraciones, sino en los hechos; no ante los periodistas, sino en el Boletín Oficial del Estado; no para excluir a nadie, sino para integrar a todos.

Lo que ahora está en duda, dado lo grave y excepcional de la situación, es si seremos capaces de recuperarnos en plazo al nivel suficiente como para devolver los préstamos exteriores o pagar las pensiones a medio plazo. Y aunque de momento no sea un problema de solvencia, sí lo es de credibilidad, pues esa recuperación tiene mucho que ver con mejoras en nuestra competitividad que, sin devaluación, sólo podemos conseguir mediante profundas reformas estructurales e institucionales como las que reclamamos mediante un Pacto de Estado.

Y por cierto, una reforma del sistema de pensiones, incorporando nuevas fuentes de financiación, permitiría reducir sustancialmente nuestros costes laborales directos al rebajar cotizaciones sociales, mejorando la competitividad empresarial sin afectar negativamente a los derechos adquiridos por los pensionistas.

No estamos en el momento del regate en corto, de marear la perdiz o de ver quién es más ingenioso en el eslogan dominical. Los problemas son de verdad, afectan a personas de verdad y frenan, de verdad, nuestras posibilidades de crecer, crear empleo, riqueza y bienestar. Y la responsabilidad de la política es muy grande porque las cosas no se van a resolver solas con el mero paso del tiempo.

Sin hacer nada efectivo, volveremos poco a poco a recuperar actividad conforme tire la economía internacional y, con suerte, sólo tardaremos una década en volver a situarnos por debajo de la media europea en casi todo, pero cerca de la misma. ¿Son ésas todas nuestras aspiraciones? ¿Es eso lo mejor que podemos conseguir? ¿Mantenerse en base a acuerdos parlamentarios variables sobre asuntos de trámite como si no hubiera crisis? Si es así, frente al vuelo bajo, esto sólo lo arreglamos entre todos.

Las dos vías a la prosperidad. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 21 Feb 2010 10:49:07 +0000

Supongo que ya tenemos todos claro que no habrá Pacto de Estado para superar la recesión. Especialmente, si cada uno de los dos grandes partidos piensa que le resulta más rentable echarle la culpa al otro. Lo que veremos es el habitual baile negociador de una minoría necesitada de votos suficientes para sacar adelante las leyes, pero varios acuerdos parlamentarios parciales no sustituyen, ni por su ambición, ni por su extensión, ni por su contenido, a un Pacto de Estado. Al final, se ha impuesto la estrategia partidista de aguantar el chaparrón y esperar a que escampe. Y viendo el debate parlamentario de esta semana, uno se pregunta, ¿de verdad resultan tan incompatibles los programas económicos del Gobierno y del principal partido de la oposición? ¿Encarnan, realmente, dos vías alternativas e incompatibles hacia la tierra prometida?

Desde que Manuel Fraga, siendo jefe de la oposición, nos golpeara los oídos con «los dos modelos de sociedad», no había escuchado hablar tanto de programas económicos alternativos. Diferentes, sí. Con matices y énfasis distintos, sí. Pero, ¿radicalmente incompatibles? Tengo que reconocer que me cuesta verlo y creerlo.

Tanto el PP como el PSOE apoyan la presencia de España en el euro. Esto quiere decir que ambos aceptan delegar la política monetaria en el Banco Central Europeo, compartir la política del tipo de cambio con el resto de socios y asumir las condiciones de la disciplina presupuestaria que conllevan los Planes de Estabilidad.

Desde que el PP aprobó la ley del déficit cero, que el PSOE modificó ligeramente mientras presumía de superávits presupuestarios a pesar de la distancia en protección social respecto a la media europea, el estado de las cuentas públicas está más relacionado con la situación de la economía que con el signo del partido gobernante. La presión fiscal y el volumen de gasto público en relación al PIB han respondido en España más al ciclo económico que a opciones políticas distintas de Gobierno. Establecido que bajar impuestos es de izquierdas, y tras suprimir un Gobierno socialista el impuesto de patrimonio, incluso las diferentes reformas fiscales realizadas por unos y otros, resultan difícilmente distinguibles por razones ideológicas.

Es cierto que el PSOE ha subvencionado más las energías alternativas y anunciado el cierre de Garoña, pero el déficit tarifario de las eléctricas que se está pagando ahora lo aprobó el PP después de cerrar Zorita y firmar el Protocolo de Kyoto contra el cambio climático. En mercado laboral, fue el PP el que aprobó el contrato indefinido con 33 días de despido que, ahora, el PSOE propone extender. Y ninguno de los dos ha rebajado cotizaciones sociales ni ha podido reducir la temporalidad laboral excesiva, y además han gestionado las pensiones, hasta la fecha, mediante el Pacto de Toledo, aunque ninguno de los dos gobiernos ha cumplido la separación de fuentes. Respecto al Decretazo del PP que provocó la huelga general por recortar derechos sociales, se ha seguido manteniendo en vigor con el PSOE, incluyendo la supresión de los salarios de tramitación en caso de despido.

Ambos gobiernos comparten el discurso de la innovación (aunque seguimos saliendo mal en todos los indicadores internacionales), la educación (ninguna universidad entre las 100 mejores del mundo) o la sanidad, cuyo gasto ha crecido por encima de lo previsto tanto con unos como con otros, sin que se hayan adoptado medidas contradictorias en función del color político. Y, cuando ha llegado la crisis, han apoyado de mutuo acuerdo los planes de apoyo al sistema financiero, incluido el FROB o la inversión en los planes municipales. Cuesta mucho diferenciar sus apuestas a favor del AVE, su voluntad de contar con financiación privada en inversiones de infraestructura o los discursos respecto al incentivo del transporte de mercancías por ferrocarril o la aplicación de las directivas europeas de liberalización del transporte de pasajeros. Unos darán entrada a las Comunidades en los aeropuertos, mientras otros lo hicieron en los puertos.

¿A dónde quiero llegar? Es evidente que ha habido y que hay diferencias. Pero también mucha continuidad en las políticas y muchas cosas en común. Si nos atenemos a lo que hacen cuando y donde gobiernan y no a lo que dicen, podríamos concluir que en torno a un 60% de los objetivos e instrumentos de política económica son compartidos, hoy por hoy, tanto por el PP como por el PSOE. Y que las discrepancias están también muy condicionadas por la coyuntura política. En esta crisis internacional, el Gobierno socialista español ha compartido estrategias en el G-20 con gobiernos conservadores como el francés o el alemán, mientras la oposición popular propone cuestiones al Gobierno actual que no practicó cuando gobernaba ni hace en las comunidades autónomas donde gobierna.

Podemos decidir confrontar desde el 40% de diferencias existentes o impulsar acuerdos a partir del 60% que tenemos en común. Esas y no otras son las dos vías existentes hacia la prosperidad. En momentos de recesión y desánimo como los actuales, con una posición inestable en los mercados financieros y con riesgos serios de recaída y de perder posiciones en el ranking de competitividad internacional, parece más eficaz agotar las posibilidades del Pacto. No porque la situación sea gravísima o se le haya ido de las manos al Gobierno, sino porque las reformas que tenemos que llevar adelante para recuperar al país, despertando todas sus energías y potencialidades, son excepcionales y exigen una amplia colaboración institucional (CCAA) y una estabilidad temporal que sólo se puede garantizar mediante un gran Pacto de Estado que lance las señales reformistas adecuadas con la fuerza suficiente como para vencer las fuertes resistencias con mayor facilidad.

En ese contexto, cuando de lo que estamos hablando es de cosas de esa envergadura nacional, convertir la supresión de altos cargos, la subida del IVA o una ley de morosidad en asuntos que imposibilitan totalmente cualquier posibilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos parecería de broma, si no fuera tan serio. Pero, tiempo al tiempo.

Cuatro cosas que no entiendo

Jordi Sevilla — Sat, 20 Feb 2010 10:25:43 +0000

La verdad, llevo dándole vueltas desde el debate parlamentario del miércoles y no acabo de entenderlo. Es posible que me esté volviendo más lerdo de lo que solía. O que me falte información sobre interioridades que desde la distancia cuestan conocer. Pero leo con profundidad varios diarios, sigo tertulias y, sobre todo, hablo, hablo mucho con mucha gente. Y sigo sin entender lo que ha pasado esta semana. Es más, despues de pensarlo, casi que prefiero no entenderlo, que recurrir a la sentencia de Sherlock Holmes (la pelicula vale la pena) de que una vez excluido lo racional, la respuesta está en lo que queda. Por no liar mucho esta entrada, me centraré en cuatro asuntos: la comisión pactante, el contenido de lo pactado, la posición de Rajoy y el deber ser del Pacto.

En primer lugar, andaba yo convencido, por las informaciones de los medios de comunicación, de que el portavoz socialista en el Congreso, Toño Alonso, era el encargado de iniciar contactos con los grupos parlamentarios para configurar un Pacto que todos dicen desear pero que creo, nadie quiere de verdad. Incluso se había anunciado un calendario de reuniones que dejaba para el final al PP. Y, en estas, se descuelga el Presidente anunciando la creación de otra Comisión pactante, situada en el Gobierno y no en el Parlamento, dejando en muy mal lugar, por cierto, al Grupo Parlamentario y a su lider. Además, se convierte en noticia la primera reunión de esa Comisión (una reunión de trabajo entre el Presidente y unos miembros del Gobierno ¿cuándo ha sido noticia?) y se sigue dando pie a la idea de que la sucesión de Zapatero no está resuelta, al incluirse en la misma al Ministro- eficacia, Blanco, al que ya hay quien señala como “el futuro”. Es decir, de estar hablando de necesarios pactos parlamentarios para sacar a España de la recesión, acabamos haciéndolo de la irresisitible ascensión de Don José Blanco a quien ya hay quien la augura una Vicepresidencia Única tras la rumoreada crisis ministerial de despues de la Presidencia europea. Es decir, a ver si lo entiendo: tenemos un problema gravísimo que se cuantifica en cuatro millones de parados, la necesidad de unir fuerzas entre todos para superarlo, y hay un debate parlamentario tras el cual pasamos a hablar todos del papel en el futuro gobierno de unos y otros, quien sube y quien baja. ¿Alguien lo entiende?.

Segundo, el contenido del Pacto. Como la noticia de la primera reunión de la Comisión Pactante fué la propia reunión, poco trascendió de su contenido. Pero leyendo atentamente la letra pequeña de algunas crónicas, me llega que el Presidente está muy preocupado porque no llega crédito bancario a nuestras empresas y eso es muy mala cosa porque retrasa la recuperación. ¡Acabaramos!, muchos llevamos meses lanzando ese mensaje que recoge la Vicepresidenta Económica diciendo “Nos vamos a centrar en el flujo del crédito a las empresas”. ¡Bien! ¡Por fin! Es verdad que se pudo haber hecho cuando hace un año se aprobaron los Decretos de apoyo a la banca, cuando se aprobó el FROB, cuando se negoció los planes extraordinarios de apoyo a la economía para combatir la recesión pero, bueno, con meses de retraso, pero parece que si se van a centrar en ello, es por que le reconocen importancia trascendental. A lo mejor se lo han dicho en Davos o en el Finantial Times y por eso tiene más credibilidad que cuando lo decimos desde España.

Pero claro, uno no monta con toda la parafernalia, una Comisión interministerial que trabajará dos meses con todos los grupos parlamentarios, para intentar un Gran Pacto de Estado entorno a conseguir que fluya el crédito a las empresas. Como digo, este es un grave problema sobre el que reposa mi hipótesis de que puede haber una recaida en la actividad este año. No digo, por tanto, que no deba abordarse. Pero ¡eso no necesita un Pacto de Estado!. Además, me parece imposible de abordar sin hacer frente a un problema del que, hasta ahora, el Gobierno no ha querido ni hablar: un plan especial de recuperación del sector inmobiliario, incluido un programa especial de absorción bancaria de pérdidas por consolidación de activos tóxicos. Eso es lo que más frena el crédito bancario al conjunto de la economía y será difícil de reactivar este, sobre todo en un contexto de subidas paulatinas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, sin actuar sobre aquel. Para que vuelve a fluir el crédito, hay que desatascar la cañería quitando los pisos y el crédito promotor que la tienen atascada. Si, ahora, el Gobierno cambia de postura al respecto y acepta hacerlo, bienvenido sea!

Pero, en tercer lugar, eso ni es, ni necesita un Pacto de Estado, que es algo excepcional, que se hace cada mucho tiempo para resolver problemas que nadie solo puede resolver. Me explico, problemas que afectan a varias administraciones o que requieren mucho tiempo para aplicarse con continuidad en las políticas. Problemas institucionales serios que frenan nuestras posibilidades de crecimiento y bienestar como pais. Problemas como los diez que cito a continuación: 1. La justicia 2. Educación 3. Modelo federal de Estado 4. Sistema Nacional de Innovación 5. Reducción de las tasas de pobreza 6. Reforma de las Administraciones Públicas 7. Reforma impositiva buscando mejorar la equidad y la lucha contra el fraude 8. reforma presupuestaria haciendo obligatoria la evaluación de eficiencia en el gasto público unido a presupuestos de base cero 9. Lucha contra el cambio climático y cambio de modelo productivo hacia la calidad y el valor añadido 10. Adaptación institucional y social a tres cambios radicales: envejecimiento, incorporación plena de las mujeres a la vida económica (conciliación, sueldos etc) e inmigración.

Es obvio que pueden ser esos diez u otros. Pero de similar calado. Lo otro, no son pactos de estado, es la gobernanza cotidiana y la necesidad de apoyos parlamentarios cuando no se tiene mayoria suficiente.

Por último, no he entendido la actitud del líder de la oposición en este debate. Como he señalado otras veces, creo que se equivoca si fía todas sus posibilidades de ganar (Y, aunque yo no lo quiera, como demócrata, tampoco debo excluirlo) a que Zapatero se hunda. Tiene que arriesgar algo más por su parte. Por ejemplo, presentado ideas y propuestas ilusionantes (para esto, es siempre más fácil desde la oposición) y, creo, habiéndo tomado por la mano al Presidente cuando anunció la Comisión negociadora. Si en ese momento le hubiera dicho: “ni Comisión, ni nada, mañana a las nueve de la mañana estoy en la Moncloa, nos encerramos usted y yo y no salimos hasta que haya un Pacto sobre estos diez asuntos que importan a los españoles, tardemos lo que tardemos” quizá las cosas hubieran ido de otra manera más entendible. Al menos, para mi.

No se cómo lo veis. Pero mi perplejidad, queda reflejada aqui. Como decía Ortega y Gasset, “a veces, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”. Pues eso. Mientras lo pienso, me voy a la compra.

Reforma o recorte. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 14 Feb 2010 09:34:38 +0000

España no está tan mal, ni ha habido dato nuevo alguno que altere la calificación de las agencias de rating sobre nuestro crédito internacional. El problema es que tengamos que demostrarlo, sobre todo, ante unos mercados financieros llenos de aspirantes a suceder a aquel Soros cuya fortuna se multiplicó especulando hace dos décadas contra la libra y el sistema monetario europeo. Este Gobierno heredó, como todos, muchas cosas de sus antecesores. Entre ellas, un crecimiento económico alicatado de boom inmobiliario, una pérdida paulatina de competitividad y un recurso creciente al endeudamiento externo como forma de financiar nuestro vivir por encima de las posibilidades. Esos tres problemas son los que estallaron con la crisis internacional dando lugar a la grave situación que aún arrastramos.

Para quienes buscan culpas, es evidente que habría que repartirlas entre el Gobierno del PP, que protagonizó un milagro económico con un poderoso lado oscuro que ha acabado por absorberlo todo, y el primer Gobierno socialista, que se subió a ese carro acelerado sin hacer lo suficiente por cambiar un modelo de crecimiento insostenible y abocado a estallar en nuestra cara como pompas de jabón. Para quienes estamos más interesados en encontrar soluciones - descartada, afortunadamente, por imposible la devaluación de la peseta-, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y podemos hacerlo actuando de acuerdo a dos lógicas excluyentes, aunque puedan tener zonas comunes: recortes o reformas.

Si creemos que la principal preocupación actual o la más urgente tiene que ver con el riesgo país y las dificultades para obtener financiación exterior como consecuencia del contagio griego o de cualquier otro elemento que suscite dudas en los mercados financieros internacionales, hay que aprobar con urgencia un potente plan de estabilización nacional que reparta la pérdida de riqueza asociada a la crisis y refuerce nuestra percepción externa como buenos prestatarios.

Este plan debería incluir fuertes reducciones de salarios y beneficios privados, subidas impositivas, recorte del gasto público y de derechos sociales, sobre todo, en desempleo, pensiones o sanidad.

Es cierto que el endeudamiento español, incluyendo el externo, ha crecido de manera importante en los últimos años. Sin embargo, aunque cursen con síntomas parecidos, reconocer la morfología de nuestra fiebre deudora ayuda a encontrar mejores soluciones.

En primer lugar, conviene señalar que sólo la deuda de las familias españolas ya es superior a la que tiene el Estado. Si, además, añadimos la deuda empresarial y bancaria, el volumen total de la deuda privada representa más del doble del endeudamiento público.

En segundo lugar, mientras que se disparaba el endeudamiento privado las administraciones públicas lucían superávit. Luego vino el batacazo de la crisis y fue entonces cuando reapareció el endeudamiento público como consecuencia del impacto de la recesión sobre las cuentas de todos y no por malos gestores.

Ni España tiene un problema de solvencia ni sus administraciones públicas soportan niveles de endeudamiento comparado que deban provocar un estado de emergencia como algunos quieren insinuar.

Todo ello aboga por transitar hacia otra lógica de salida de la crisis, de recuperación de la competitividad y de la confianza en nuestra economía. Una lógica socialdemócrata que busca como prioridad el crecimiento económico ya que es él, con el empleo que genera, quien refuerza todavía más nuestra solvencia como país, invirtiendo el juego de los estabilizadores automáticos presupuestarios para reducir el déficit público.

En la orientación que busca mejorar la eficiencia productiva y la equidad social antes que recortar gasto o derechos como sea, se encuentran todas las reformas que vengo reiterando aquí: diversificar las fuentes de financiación del sistema de pensiones para garantizarlo en el tiempo y reducir fuertemente las cotizaciones sociales para mejorar la competitividad de nuestras empresas; reorientación del gasto sanitario hacia crónicos y prevención; reforma del mercado laboral reduciendo temporales y extendiendo el actual contrato indefinido de 33 días de despido y, sobre todo, una profunda reforma de las administraciones públicas. Habría que incidir también en la revisión de nuestro sistema impositivo para mejorar su equidad y plantear un cambio drástico en nuestros presupuestos hacia otros de base cero y con evaluación obligatoria de la eficiencia de las políticas. Y, por encima de todo, el impulso a un cambio de modelo hacia un crecimiento inteligente, basado en la calidad y el valor añadido.

La estrategia de las reformas, puede requerir reducciones del gasto público o subidas impositivas. Pero nunca como consecuencia de impulsos nerviosos del momento, ejecutados de manera lineal y precipitada como suele ocurrir si nos situamos en la lógica de los recortes a toda costa. Y también puede verse reforzada por acuerdos de moderación salarial como el firmado esta semana entre los interlocutores sociales.

El Fondo Monetario sigue advirtiendo sobre los peligros de una retirada prematura de los estímulos públicos desplegados para hacer frente a la crisis. Para España, con una previsión oficial de recesión todavía para este año, «demasiados recortes», como acaba de señalar Financial Times, «pueden poner en riesgo los objetivos del crecimiento a medio plazo». En ese sentido, a corto plazo es más útil poner el acento en la deuda privada elaborando un plan de absorción tranquila por parte del sistema financiero de los impagados inmobiliarios - condicionado a un descenso en los precios de la vivienda y, sobre todo, a la reactivación del crédito al resto de la economía-, que coger la sierra mecánica y recortar gasto público en función de su facilidad y no de su razón de ser, lo que acaba en recortes sociales. Apostar por esta orientación ayudará a despejar muchas dudas existentes sobre la verdadera situación de nuestro endeudamiento privado contribuyendo, de paso, a la reactivación económica.

Elaborar con claridad y contundencia una estrategia de reformas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo y presentarla con un discurso coherente y sostenido -respaldado por un sólido apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas- es lo más eficaz, incluso, a la hora de tranquilizar a quienes se sientan legítimamente preocupados sobre nuestras posibilidades de futuro. Aún estamos a tiempo.

Por qué no habrá Pacto de Estado.

Jordi Sevilla — Sat, 13 Feb 2010 12:20:02 +0000

Aunque la mayoría de los ciudadanos creamos que hay varios asuntos que lastran las posibilidades de futuro de España, incluida la recesión económica, cuya resolución eficaz sólo se puede abordar desde un Pacto de Estado, anticipo que no será posible, desde las actuales lógicas que inmovilizan tanto al PP como al PSOE, imposibilitando que acepten la existencia de intereses generales por encima de sus intereses de partido. Dos no se pelean si uno no quiere. Pero tampoco dos se ponen de acuerdo, si uno no quiere y mucho menos, si ninguno de los dos quiere. ¿Por qué no quieren ninguno de los dos, aunque hagan gestos aparentes? Esa es la pregunta a la que quiero contestar hoy.

Desde hace tiempo, España necesita un nuevo impulso reformista. Treinta años despues de la entrada en vigor de la Constitución, algunas cosas deben cambiar, otras mejorar y, aún otras, repensarse. Cosas que afectan a la convivencia, a la eficacia del modelo político, a la parte en común que tenemos todos los ciudadanos. Cosas como la Justicia, la Educación, un Sistema Nacional de Innovación, la federalización del Estado Autonómico, la reforma de la Constitución, la Ley Electoral etc que sólo se pueden cambiar por amplio consenso político y social ya que afectan a esa parte común de cosas que la democracia permite establecer entre personas civilizadas.
Cosas a las que han venido a sumarse problemas que ningún partido, ni ningún gobierno solo con sus fuerzas puede afrontar: la recesión económica, el cambio de modelo productivo hacia una economía inteligente, la lucha contra el cambio climático etc. Asuntos que necesariamente exigen de la complicidad social, de la cooperación entre administraciones y del acuerdo político que permita mantener el rumbo a lo largo del tiempo, aunque cambien los gobiernos.

Ambos hechos, modificaciones en lo común y problemas que requieren el concurso de todos, llevarían a diferenciar entre aquellos asuntos sobre los que hay alternativas y confrontación entre opciones políticas sometidas al voto de los ciudadanos y aquellos otros asuntos en los que, cada treinta años, o en circunstancias excepcionales,tenemos que actualizar el consenso constitucional abordándolos desde los acuerdos de Estado o el enfoque bipartidista al que tanto se aferra Obama.

Desde el comienzo de la crisis económica, muchos, yo entre ellos, hemos llamado al acuerdo entre discrepantes porque lo que estaba en juego era el interés general. Amagos, escorzos, reuniones, nadie en contra pero, tampoco nadie entre los dos grandes partidos a favor de encontrar, de verdad, esos puntos de acuerdo que nos ayudarían a todos, a salir mejor del bache. ¿Por qué pasa eso? ¿son insuperables las diferencias ideológicas sobre la materia? ¿es una discrepancia sobre los impuestos, como dice un periódico nacional hoy?. Absurdo. Sobre la política de salida a la crisis ha habido un amplio acuerdo en el G-20 donde hay gobiernos conservadores y progresistas y, desde luego, tengo que reconocer que las políticas impositivas practicadas por los gobiernos populares y por el actual gobierno socialista, me parecen indistinguibles.

Las razones que hacen imposible alcanzar acuerdos de Estado, tienen que estar en otro lugar. Un lugar lo suficientemente poderoso como para impedirlo a pesar de que todos se declaran partidarios, pero lo suficientemente vergonzoso como para mantenerlo oculto, tras la maraña de acusaciones mutuas de que es el “otro” quien lo impide.

En mi opinión. no son posibles los grandes Pactos de Estado en España mientras en las dos fuerzas políticas mayoritarias predomine la lógica electoral de partido frente a aquella del interés general. Hoy, el objetivo exclusivo de los dos partidos mayoritarios es ganarle las elecciones al adversario. Para ello, deben obtener más votos que el otro. Y la realidad electoral de nuestro país, muy conocida y analizada por los expertos, lleva a las cúpulas de los dos partidos a la convicción de que obtener más votos que el adversario (repito que ese es el único objetivo), solo se puede hacer mediante una estrategia que persiga dos objetivos: afianzar el voto forofo que cada formación política tiene y desacreditar al adversario para intentar que los indecisos no le voten y se abstengan. Ello exige fortalecer una sensación de confrontación permanente entre un “ellos” y un “nosotros”, resaltar las diferencias, potenciar las discrepancias y, donde no las haya, crearlas mediante descalificaciones mutuas que persiguen reforzar la moral de los “tuyos” y desanimar la del votante potencial de tu adversario. EN ESA LOGICA DE LUCHA ELECTORAL PARTIDISTA ENTRE OPCIONES CONFRONTADAS, NUNCA TENDRÁ CABIDA PACTOS DE ESTADO QUE REQUIEREN PONERLA TEMPORALMENTE EN SUSPENSO Y SUBORDINARLA AL INTERÉS GENERAL QUE TAMBIEN EXISTE.

Los Pactos de la Moncloa, la Constitución o los Pactos Autonómicos se hicieron desde esa subordinación de la legítima lógica de partido, al interés general prioritario en esos momentos y ante esos problemas. Hoy, a menudo he escuchado aquello de que aceptar un Pacto de Estado sería reconocer que la situación desborda a quien gobierna. Error, si quien gobierna es quien lidera el Pacto y se argumenta por la excepcionalidad, en base al interés general, la eficacia a la hora de poner en marcha las medidas (como se dice del pacto social) y para reforzar lo común que tenemos todos los ciudadanos, pensemos lo que pensemos y votemos a quien votemos.

El mercado electoral español es muy estable y está muy estudiado. Casi el 70% del voto está decidido de antemano y de ese porcentaje, solo una pequeña parte podría optar por la abstención si su elección “natural” le decepciona. Como las distancias entre los dos grandes partidos no son tan grandes, toda la estrategia consiste, como he dicho, en conseguir que los “tuyos” se movilicen para ir a votarte, desanimar a esa parte minoritaria de votantes del adversario que nunca te votarían a ti, a que se abstengan y, como mucho, intentar ganarte algo del voto indeciso en base a demostrarle que el “otro” es peor que tu. Si analizamos todo lo que pasa en nuestro debate político con este esquema en mente, veremos cómo muchas cosas adquieren sentido, incluyendo las exageraciones, las descalificaciones y ese ejercicio permanente de lucimiento propio/desprestigio del adversario.

Mientras eso sea lo que predomina, incluso en situaciones excepcionales como esta, no habrá posibilidad de Pactos de Estado, salvo acuerdos puntuales sobre temas menores (para que los indecisos vean que también somos flexibles) o acuerdos que solo persiguen obtener los votos parlamentarios que la realidad de minoría mayoritaria exige. Dicho de otra manera, mientras el objetivo fundamental de los partidos sea “quítate tú, para ponerme yo”, conseguido aunque sea mediante aquello de “vótame a mi, que el otro es peor”, todo ello sustentado por un mundo mediático que valora las cosas no por si mismas, sino en función de quien las hace, no será posible Pacto de estado alguno. Y. mientras, los problemas que nos lastran, seguirán sin resolverse, a la par que los ciudadanos empiezan a ver de forma mayoritaria a los “políticos” más como parte del problema, que como parte de las soluciones. Pero, mientras el día de las elecciones obtenga un voto más que tu………

Mi tesis es que de esa situación estancada, sólo podremos salir con un fuerte impulso de la sociedad civil, movilizada en positivo para forzar esos cambios. Y al Rey, mejor dejadlo respetuosamente en paz.

Más viejos, pero más ricos. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 07 Feb 2010 10:11:01 +0000

Mientras, la baja natalidad hará que la población en edad de trabajar se reduzca respecto a los niveles actuales hasta el punto de que por cada 10 activos habrá 9 inactivos. Este ejercicio de poner números a tendencias conocidas ha encendido luces de alarma sobre el futuro del sistema de pensiones, precipitando soluciones tan drásticas como duras para un país con una pensión de jubilación media (862 euros), muy por debajo de la europea.

De esos datos, sin embargo, se puede hacer otra lectura que nos conduzca a estrategias de adaptación del sistema a la realidad del envejecimiento y no al revés. Nuestro modelo de pensiones tiene su origen conceptual en las propuestas del canciller alemán Bismarck, realizadas a finales del siglo XIX en un contexto social, político y económico totalmente distinto al actual, y mucho más al de dentro de 40 años. A pesar de ser un sistema de reparto (los que trabajan hoy pagan a los pensionistas de hoy) en vez de capitalización (yo ahorro ahora para mi pensión futura), se trata de un instrumento con un fuerte componente de seguro público obligatorio basado en una cierta relación entre lo contribuido y lo percibido (años cotizados, base de cotización, tasa de reposición, etc). Define un sistema de salario diferido mediante un curioso circuito cerrado de solidaridad: intergeneracional, entre trabajadores en activo y jubilados, así como cruzada, entre trabajadores de sectores económicos (régimen general) y de otros (regímenes especiales).

La democracia introdujo dos cambios conceptuales: primero, establecer, como política social, una pensión mínima garantizada por el Gobierno a través de los Presupuestos (creando los complementos a mínimos que cubren, en su caso, la diferencia entre la pensión contractual derivada del sistema de cálculo y la mínima), así como la implantación de las pensiones no contributivas vinculadas al estado de necesidad para aquellas personas mayores que no han cubierto carreras laborales estándar.

Las perspectivas de envejecimiento de la población, la consolidación de un sistema democrático y las transformaciones experimentadas en una carrera profesional muy alejada del viejo modelo fabril deberían llevarnos a romper la lógica de un sistema centrado en una relación exclusiva entre cotizaciones y pensiones, entre ocupados y jubilados. Con el modelo en vigor, si hay más jubilados y menos trabajadores, la viabilidad del seguro exige endurecer las cláusulas del contrato. Si, por el contrario, la pensión de los jubilados deja de estar vinculada sólo a las cotizaciones de los ocupados y las ponemos en relación, también, con la riqueza del país, los problemas cambian de naturaleza: porque en 2050 seremos más viejos, pero también más ricos por el crecimiento previsto del PIB y, sobre todo, si el cambio de modelo económico que pretende la Ley de Economía Sostenible nos hace más productivos. Pensar que en la sociedad del conocimiento del siglo XXI podemos seguir constreñidos por un instrumento de política social diseñado por el Estado corporativo del siglo XIX, equivale a mirar el futuro con las gafas del pasado.

Abrir la financiación del sistema de pensiones a fuentes distintas de las cotizaciones se apuntó ya en el Pacto de Toledo y fue apoyada en sus recientes comparecencias en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo por varios comparecientes, en especial, Cándido Méndez («En la UGT seguimos defendiendo que las pensiones públicas han de contar con otras fuentes de financiación además de los ingresos por cotizaciones»). Es, también, la práctica de países como Francia, donde existe la Contribución Social Generalizada, o Dinamarca, donde es el IVA quien financia el primer eslabón básico de su sistema de pensiones, o en España, con las pensiones no contributivas o los complementos a mínimos, que se financian con impuestos generales. Se podría financiar, para todos, hasta el equivalente a la pensión mínima con cargo a un impuesto finalista (podría ser una variante del Impuesto General sobre el Gasto, que no es el IVA, planteado en los años 60 del siglo pasado por Kaldor como alternativa, entonces, al impuesto sobre la renta), y definir, luego, una pensión complementaria que recoja la lógica del actual sistema contributivo, compatible, además, con el apoyo fiscal a los fondos privados de pensiones. Esta reestructuración de fuentes de financiación, al rebajar cotizaciones, permitiría fortalecer la competitividad empresarial reduciendo drásticamente los costes laborales de manera compatible con incrementar los sueldos percibidos, además de financiar las pensiones con un esquema más moderno y progresivo que las cotizaciones sociales.

Penalizar las prejubilaciones (utilizadas como instrumento de flexibilidad laboral) y fomentar una jubilación tardía es buena política. La existencia de una edad legal de jubilación (concepto obsoleto en la sociedad que viene) podría ser sustituida por un abanico de jubilación flexible donde el cumplimiento de un conjunto de condiciones vinculadas a la expectativa de vida diera derecho a cobrar el 100% de la pensión, con penalizaciones si uno se jubila antes y estímulos si lo hace después.

Una transición de ese tipo, que ya tuve ocasión de proponer en mi libro De nuevo socialismo, publicado en 2002, y reiterarla en enero de 2004 en una conferencia en el club Siglo XXI de Madrid, tiene que plantearse en un plan a 20 años que daría como resultado la integración entre la Seguridad Social y Hacienda, blindando estas competencias en el ámbito exclusivo del Estado central.

Cambios más importantes se han hecho y tendremos que hacer aprovechando, no sólo que seremos más viejos y más ricos sino, también, más sabios. Espero.

¡NO ESTAMOS TAN MAL!!

Jordi Sevilla — Sat, 06 Feb 2010 12:22:04 +0000

El dinero es miedoso y, vista la crisis monumental en que nos ha metido con las subprime, tampoco es tan listo como parece. Eso que llaman “mercados financieros” deberían estar pidiendo, todavía, perdón a los millones de personas que se han quedado en paro en el mundo como consecuencia de su avaricia y sus trampas, antes de ponerse a emitir desde Davos o las agencias de rating que avalaron los titulos de Lehman, sentencias drásticas sobre ningún pais soberano. Además, ni Krugman ni el tal Roubini saben nada de la economía española como para hacer afirmaciones tajantes. España no está tan mal como dicen. Ni mucho menos. No tenemos ningún problema de solvencia. Seguimos siendo una gran potencia económica, con buenas empresas, buenos trabajadores, científicos, artistas, con más PIB y mas empleados que hace una década, a pesar de la crisis. Eso no debe llevarnos a dormirnos en los laureles, pero no caigamos en la ley del péndulo, ni en la ciclotímia nacional.

Cuentan que un día, varios periódicos norteamericanos publicaron como noticia que el escritor Mark Twain había muerto, cosa que era falso. Tal fué el impacto nacional que produjo que el propio autor, que llevaba enfermo mucho tiempo, tuvo que emitir una nota de prensa que ha pasado a los anales: “Tengo que reconocer que la noticia sobre mi muerte ha sido un poco exagerada”. Pues bien, España lleva siete trimestres enferma, pero las noticias sobre su muerte resultan, cuanto menos, exageradas: hoy, a pesar de la crisis, trabaja más gente que hace diez años, el PIB es mayor que entonces y vista nuestra trayectoria en los últimos treinta años, nuestras posibilidades de remontar esta crisis son todas.

Lo cuál, no quiere decir que no haya problemas y quienes hayais leído otras entradas mías en este post sabeis cual es mi posición. Tenemos problemas de competitividad (cómo responder a la crisis sin el instrumento de la devaluación) y, ahora, de confianza. Nuestro nivel de endeudamiento externo, público y privado, es muy elevado y hay quien piensa que si no hacemos nada serio, tendremos dificultades para devolver ese dinero. Esto transmite la impresión, QUE YO NO COMPARTO, de que la economía española en un deudor de riesgo elevado, que es lo que crea inestabilidad en los mercados.

La respuesta del gobierno, hasta ahora, ha sido: anunciar un recorte del gasto público en tres años, proponer alargar la edad de jubilación y presentar un documento de intenciones sobre la reforma laboral. ¿Será suficiente estos anuncios para restablecer la confianza de los mercados finnacieros?

Sobre las pensiones ya me he pronunciado aqui. Se abre paso la propuesta de diversificar las fuentes de financiación antes que recortar derechos. Ahora conocemos el documento sobre reforma del mercado laboral donde se incluyen algunas de las propuestas que encontrareis en mis articulos: por ejemplo, generalizar el contrato indefinido de 33 días de despido. No es una propuesta solo mía, es claro, pero como también es mía, no puedo más que estar de acuerdo. Solo falta que asuman la necesidad de hacer algo para desatascar el complejo inmobiliario financiero con un plan específico.
El problema no es el contenido de las propuestas, que se puede mejorar, sino el hecho de que vienen con el paso cambiado, como si el reloj político de quien decide, no funcionara de acuerdo con el del resto del mundo. Me explico: la propuesta de pensiones llega pronto (hubiera debido salir tras un debate previo en el seno del Pacto de Toledo), mientras que la reflexión sobre el mercado laboral, siendo acertada, llega dos años tarde porque debió presentarse a los interlocutores sociales al comienzo de esta legislatura para que ahora fueran ya leyes en vigor.
Y eso es lo que desconcierta a los mercados y, por la encuesta del CIS, también a los votantes.
Esta semana el Presidente de Castilla la Mancha, Jose María Barreda ha expresado una opinión sobre la necesidad de que el Presidente Zapatero haga un cambio de Gobierno. Mucha gente lo está diciendo en privado, pero él lo ha hecho en público y le han llovido las críticas de aquellos que piensas que los trapos sucios se lavan en casa, o se dejan sucios para no darle armas a los adversarios aunque ello nos aleje del sentir de los ciudadanos. Barreda ha dicho que la mejor prueba de lealtad es decir lo que se piensa. Comparto su opinión y su actitud. No hacerlo así, aleja a las cúpulas dirigentes del sentir de la calle y ello acaba alejando a los ciudadanos de las “cosas de los políticos” (el espectáculo del PP castellano manchego votando en contra de las palabras textuales de su secretaria general simplemente porque las presentaba el PSOE, es prueba de lo que digo).

¿Qué hacer?. En los últimos días hemos vuelto a vivir situaciones por las que este pais ya ha pasado: Botín apoyando al Gobierno y los lideres sindicales amagando con movilizaciones. Mientras, la oposición, que si moción de censura, que si elecciones alnticipadas. Creo que se debe agotar los cuatro años de esta legíslatura y creo que Zapatero debe volver a encabezar las listas del PSOE en 2012. No es tiempo de regates en corto. Ni por parte del Gobierno, ni por parte de la Oposición. España no tiene un problema de solvencia. Nuestro problema como país es ser capaces de establecer entre todos líneas de actuación eficaces, claras y coherentes capaces de cambiar las cosas y convencer a los ciudadanos, a los inversores y a los prestamistas de que podemos garantizar la rentabilidad de su dinero como instrumento para mejorar el empleo y la calidad de vida de nuestra gente. El Gobierno, aunque tarde, se ha puesto a ello. Crucemos los dedos. Y, por lealtad al país, señalemos lo que creamos que se hace mal o que se puede mejorar, admitiendo que podemos estar equivocados. Amén.

España, largo me lo fiáis. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 31 Jan 2010 09:26:37 +0000

A ningún lector le habrá sorprendido que el Fondo Monetario Internacional haya colocado a España en la última posición en la salida de la recesión en términos estadísticos (2011), pero mucho más tarde en cuanto a creación neta de empleo. Nuestras dificultades diferenciales tienen que ver con la estructura económica (peso de la construcción o el turismo), con cuestiones institucionales (rigideces en el mercado de trabajo, ausencia de un Sistema Nacional de I+D+i, fracaso escolar, mecanismos presupuestarios obsoletos) y con políticas erráticas (aplazamiento de las reformas, subidas de impuestos y del gasto público, apoyo a energías renovables y al carbón, alboroto nuclear, retrasos en la reconversión bancaria).

Tampoco esta vez se trata de una cuestión de optimismo o de pesimismo, sino de conocer bien el terreno que se pisa y las estrategias de éxito adecuadas para superar cuanto antes este momento de crisis, que es mucho más que un bache transitorio. Aceptar que lo peor ha pasado, no significa actuar como si ya todo estuviera hecho. Estamos en mitad del fregado. En el momento clave, que siempre es el de inflexión, el de cambio de tendencia, sobre todo en un mundo globalizado donde resulta tan difícil mantener la posición relativa, no digamos ya, mejorarla. Y más allá de unas décimas arriba o abajo, de un trimestre antes o después, nuestro panorama desde el puente de mando es muy complicado.

En pleno proceso de desapalancamiento de las familias, con una perspectiva de paro estabilizado a niveles elevados y con contenciones salariales pendientes, como consecuencia de no haber sabido aprobar, sin devaluación posible, las medidas de ajuste a la pérdida de riqueza derivada de la crisis, el consumo doméstico no va a repuntar de manera llamativa. Tampoco parece que las empresas vayan a aprobar planes agresivos de inversión creadora de empleo en un contexto de restricciones crediticias -e incluso subidas en los tipos de interés de mercado- y desconocimiento sobre por dónde irá la economía en medio de procesos de reformas esenciales apenas conocidos.

El sector público, por su parte, sigue lanzando mensajes contradictorios sobre su actuación. Mantiene los estímulos a la actividad, pero es demasiado impulsivo ante el castigo de los mercados financieros al elevado déficit público en forma de incremento en la prima de riesgo en la financiación internacional. Así, no sólo se suben los impuestos sino que, a menos de un mes de la entrada en vigor de los Presupuestos, ya se adelantan recortes en el gasto público aprobado por el Parlamento. En palabras del Fondo, podríamos estar ante un «repliegue prematuro y desorganizado de los estímulos» que puede acabar por dañar las mismas perspectivas de recuperación, ya que no es lo mismo congelar el gasto con un crecimiento del 2,7% (USA) que recortarlo aquí, todavía con recesión. Y recuerdo que los pasados superávit presupuestarios no vinieron por subidas impositivas y recortes del gasto, sino por el crecimiento económico.

Si desde las esferas gubernamentales existe preocupación por el deterioro en los mercados financieros de la imagen de España como marca, se está reaccionando de manera equivocada ya que, a fuerza de obsesionarse con el fotograma del día, la película en su conjunto está perdiendo sentido narrativo. La coherencia y la contundencia en las medidas económicas son fundamentales. Y luego, pasar con rapidez de la fase de anuncio a la adopción de las mismas y no como ha pasado con el FROB y el lío de Bruselas.

La vicepresidenta Salgado ha contrarrestado el anuncio pesimista del FMI con el optimista impacto que sobre la economía española tendrán las reformas estructurales «que se van a poner en marcha». Y así lo esperamos quienes venimos reclamándolas desde hace mucho tiempo. El problema es que todavía no conocemos el contenido de las mismas (salvo la Ley de Economía Sostenible, que no ha generado entusiasmo precisamente, a pesar de ser una potente herramienta), ni su alcance, aunque los rumores en la Villa y Corte apuntan a una sucesión de escorzos que eludan los problemas básicos. En todo caso, aun aceptando que se aprueben este año y vayan todas en la dirección adecuada y con la intensidad requerida, resulta difícil de creer que sus efectos benéficos se puedan notar antes del próximo año.

Y mientras tanto, la economía paralizada por el efecto tapón generado por el complejo inmobiliario financiero al que el Gobierno parece querer dar la espalda, en línea con las peticiones de los dos grandes bancos que intentan ganar cuota de mercado sobre las mayores dificultades de sus competidores. Sin crédito no habrá crecimiento suficiente, y las entidades financieras no recuperarán una cierta alegría crediticia hasta que hayan resuelto los problemas derivados de esos 350.000 millones de euros que el sector inmobiliario les debe, una buena parte de los cuales, de difícil cobro, según ha señalado la Asociación Hipotecaria.

Nuestro sistema financiero no estará reparado hasta que no se arregle este problema. Puede ser en forma del propuesto banco malo que se quede con los activos tóxicos, o mediante planes especiales de amortización de pérdidas pactados con el Banco de España y condicionados a un descenso significativo de precios en los pisos y a una recuperación del crédito. Pero lo único que no se puede hacer es nada, porque la inactividad mina la confianza en nuestro país mucho más de lo que pueda recuperarla un recorte lineal del gasto corriente o anuncios de dureza ante determinados privilegios laborales, mientras se aplauden otros.

Lo hemos visto esta semana en la reunión del Foro de Davos o en los vaivenes de la Bolsa motivados por el riesgo inmobiliario. 2010 puede ser un año que consolide el retraso de la economía española o el año en que todo empezó a mejorar. Sin despejar esa duda, que tiene que ver con las reformas y su contenido, la prima de riesgo seguirá subiendo, aunque amaguemos con la reducción del déficit. Porque, a diferencia del chiste, la moneda hay que buscarla donde se ha caído y no, por comodidad, donde hay luz.

Pensiones: cambiar la logica del sistema

Jordi Sevilla — Sat, 30 Jan 2010 09:41:42 +0000

¿Cómo nos puede seguir valiéndo en el siglo XXI un instrumento corporativo de política social concebido a finales del XIX?. Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos. Creo que ha llegado la hora de hacer lo mismo con las pensiones: de ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales. La demografía ayuda (seremos más viejos, pero más ricos) y el sentido común, también. Con ello, nos evitaríamos los actuales debates sobre recortes en las prestaciones.

Las proyecciones demográficas del INE ponen número a lo que ya todos sabemos: la población española será cada vez más vieja. A ello contribuyen dos factores: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. La inmigración estable y legal puede ayudar, como ha hecho en estos años, a cambiar este hecho. El envejecimiento de la población afecta a toda la economía y al conjunto de la sociedad.¿Donde quedaran las “planta jóven” de algunos comercios? ¿como serán los coches que conduzcamos de mayores con las limitaciones propias de la edad? ¿podremos leer el tamaño de letra de los periódicos actuales? ¿cabremos en los asientos de los aviones con nuestro reuma etc?. Pero, sin duda, afecta al actual sistema de pensiones que se fundamenta en un principio: los activos pagan las pensiones de los trabajadores jubilados de acuerdo a unos baremos establecidos (edad legal de jubilación, años cotizados, cuantía de la misma etc).

Este sistema de seguros,creado por Bismarck a finales del siglo XIX y perfeccionado por Beveridge en 1942, plantea tres problemas: primero, deja sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no han trabajado en el sistema productivo tradicional o no lo han hecho de manera convencional para cumplir los baremos; segundo, introduce limitaciones a la renta de sustitución (pensión máxima) que golpean a los trabajadores con sueldos elevados con alternativas en el mercado privado más rentables y tercero, hace depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento.

Para evitar lo primero, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Para eludir lo segundo, se establecieron fuertes deducciones fiscales a los fondos privados de pensiones. Y, ahora, se nos plantea con fuerza la tercera restricción: si en el medio plazo habrá menos trabajadores cotizantes, habrá que alterar los baremos establecidos para que el sistema sea sostenible.
Yo planteo una ruptura con esa lógica propia de un estado corporativo (en realidad es un circuito cerrado de solidaridad solo entre trabajadores ya que la contribución empresarial es salario diferido) y de una economía industrial de “chimenea”. SEREMOS MAS VIEJOS, ES VERDAD, PERO TAMBIEN MAS RICOS COMO SOCIEDAD. Por tanto hay que romper la actual vinculación entre pensiones y salarios, pensionistas y trabajadores para VINCULAR PENSIONES CON RIQUEZA EN LUGAR DE CON TRABAJO. Es decir, hacer lo mismo que se hizo con la sanidad: convertir todas las pensiones en un derecho de ciudadanía que discrimina su cuantía en función de una serie de variables (necesidad, pero también, años trabajados) financiado no por los salarios de quienes trabajan (cotizaciones sociales) sino por la riqueza general del país.

Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.

Mientras sigamos dentro de la lógica actual, estamos abocados a propuestas de recorte como las presentadas por el Gobierno. Pero si miramos a nuestro alrededor y vemos que ni la economía, ni la sociedad de hoy tienen nada que ver con la de Bismarck (carreras profesionales discontinuas, periodos sabáticos, economía del talento, modelos variados de familia y de trabajador etc) quizá concluyamos que el instrumento para asegurar las pensiones a los nuevos ciudadanos y no solo a los trabajadores de fabrica , no puede seguir siendo nuestra actual Seguridad Social. Al menos, a veinte años vista. LAS PENSIONES NO PUEDEN DEPENDER DE CUANTOS TRABAJEN SINO DE CUAN RICOS SEAMOS COMO PAIS, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta, permiten desvincular ambos lados de esa ecuación.
Creo que ese es el debate que merece un país moderno como España que no quiere mirar al futuro con las gafas del pasado. Y reconozco que hay mucho detalle pendiente. Pero el cambio de lógica, creo que es lo fundamental. No se, ¿que os parece?.

¿Nos hemos vuelto locos?

Jordi Sevilla — Wed, 27 Jan 2010 19:13:12 +0000

Será influjo de la luna o que hay más avatares entre nosotros de lo que parece, pero la “actualidad” politica en España en esos últimos días no ha podido ser mas decepcionante para los que predicamos la discrepancia racional. Sea la inmigración, la financiación de los servicios públicos, al almacen de residuos nucleares, la cadena perpetua… nada parece escapar al alboroto con el que parecen, algunos, querer sustituir el debate. Confusión, ruido, furia, marcha atrás, desautorizaciones, criticas, criticas, criticas. Falta de solvencia, en suma, sobre asuntos de mucho calado que es donde una y uno tienen que dar la talla. O no. El estilo tabernario, gritón y descalificador de algunas tertulias, parece haber impregnado esta semana a nuestros políticos en busca de un puñado de votos. Como si los ciudadanos fueramos tontos y no nos dieramos cuenta. Mientras, Haití sigue, el paro sigue, la recesión sigue y las ayudas a la dependencia tardan más de un año en llegar a sus destinatarios.

Quería escribir sobre lo acontecido en Vic con el empadronamiento de inmigrantes cuando se cruzó la tragedia de Haití. Y, desde entonces, entre viajes, trabajo y perplejidad, mucha perplejidad, no me he sentido con ánimo para sentarme a compartir con vosotros mis reflexiones. ¿Sobre que? Pues ya no sobre la política de integración de inmigrantes, ni el almacen nuclear o la pena perpetua, sino sobre el síntoma de que son reflejo todos estos asuntos. O mejor dicho, la manera en que han sido tratados. Para olvidar.¿Nos van a tener así hasta las elecciones? ¿cuales?

De manera telegráfica: me parece inmoral tener a personas inmigrantes trabajando entre nosotros, pero sin reconocerles ningún derecho. Sobre esto, creo que Rajoy hizo mejor las cosas cuando fué ministro que en la oposición. Desde el gobierno, el PP decretó que el padrón municipal era una foto de lo que había, no de lo que debía haber; regularizó de forma generalizada a inmigrantes irregulares con solo presentar un recibo de luz y combatió los brotes xenófobos en los ayuntamientos en que se produjeron. Esa es la línea que ha continuado el PSOE a la que se ha unido, acuerdos de repatriación con casi todos los países, oficinas en el país de origen para contrata inmigrantes y expulsiones de iextranjeros delincuentes (7.500 el año pasado, todo un record). Insisto, tener a trabajadores inmigrantes irregulares entre nosotros sin reconocer los cauces de su regulación me parece un acto de hipocresía social intolerable. Para trabajar en condiciones de ilegalidad valen, pero luego, para vivir, tienen que seguir en la clandestinidad o convetirse en invisibles ¿es eso lo que queremos?. La crisis ha demostrado que el efecto llamada era el crecimiento económico. Con la misma legislación, el número de inmigrantes venidos a nuestro país (legales e ilegales), se ha reducido a más de la mitad. Seamos sensatos. Seguiremos necesiitándolos por millones a la vuelta de nada.

Sobre el almacen de residuos nucleares me hubiera gustado escuchar más a los técnicos que a los políticos. Una vez se ha decidido crear uno aqui en lugar de pagar un elevado alquiler a Francia, los técnicos deberían haber tenido su espacio para explicar que es eso, que riesgos tiene, que seguridad ofrece etc. Yo lo conozco y entiendo a quienes lo quieren. También entiendo a quienes se oponen por cuestión de principios (estan en contra de toda la energía de orígen nuclear). Me cuesta más aceptar a quienes han actuado por razones de táctica política, azuzando el miedo ciudadano.

Pero lo más relevante de todo, es el alboroto como método torticero de abordar un debate político racional, donde hay pros y contras que sopesar. Siento que se insulta la inteligencia de los ciudadanos. Y me siento agredido y molesto.Leí el otro día una cita de Orwell que transcribo: “El lenguaje político es empleado para que las mentiras parezcan verdades y para dar apariencia de solidez a los que es puro humo”. Humo, añado yo, con el que algunos quieren cegarnos los ojos.

Afortunadamente, no todo ni todos son así. Tuve el otro día la oportunidad de estar charlando un rato largo con el Lehendakari Patxi López (por cierto, en el mismo sofá donde estuve con Ibarretxe hace ya casi seis años) y que quereis que os diga. Es otra cosa. Y, como él, muchos más en todos los partidos. El problema es que, como se estudia en economía con la moneda, el discurso político demagógico acaba aplastando al sensato en unos medios de comunicación que, cada vez más, viven de la carnaza, del tipo que sea. Pero mantengamos la esperanza. La misma que hace posible que miles y miles de personas se estén volcando en ayudar a los damnificados del terremoto de Haití. De ahí tenemos que construir la sociedad mejor y más justa.

La derrota de la moderación, en politica, es el triunfo del que más grita, no del que tiene más razón. Por ese camino, perdemos la mayoría, menos los gritones.

En otro orden de cosas, y quizá porque escribo esto escuchando un disco de Keith Jarret (The Köln Concert) que hacía tiempo que no escuchaba y que me ha acompañado en momentos densos de mi vida, quiero rendir un pequeño homenaje a uno de los autores de novela negra que más me gustan y que ha fallecido recientemente: Robert B. Parker. Su serie de Spencer es, magnífica. Si algunos políticos emplearan su tiempo en escuchar a Jarret y en leer a Parker, a lo mejor, al resto nos iba mejor.

Viaje alrededor de la vivienda. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 24 Jan 2010 09:56:18 +0000

El presidente del Gobierno ha sido muy claro: «Lo que no hicimos, porque creo que no se podía hacer, fue ir al rescate del sector inmobiliario». Lo decía hace unos días en una entrevista y, al leerlo, me quedé pensativo. El Gobierno ha adoptado medidas en el último año dirigidas a absorber el stock acumulado de viviendas no vendidas y que se han presentado como ayudas al sector inmobiliario. Además, en esta crisis, todos los gobiernos han acudido en apoyo del sistema financiero -responsable moral y práctico de lo ocurrido- e incluso en ayuda directa de sectores como el de la automoción. ¿Por qué, pues, parece obvio que no se puede rescatar al sector inmobiliario? Analizando los últimos datos (tercer trimestre de 2009), la construcción sigue siendo un sector económico importante en España ya que representa, incluso después de la crisis, un 10% de nuestra actividad económica, tanto medida por el PIB como por la ocupación. Resulta, además, difícil pensar en una recuperación económica creadora de empleo neto sin una reactivación del sector de la construcción de vivienda, aunque le sea exigible un cambio de modelo. Por tanto, más nos vale entender bien lo que ha pasado con el sector y estudiar, mejor todavía, qué podemos hacer para que la vivienda vuelva a participar en un crecimiento sostenible y creador de empleo.

Muchos de ustedes se sorprenderán, igual que me ocurrió a mí, si les digo que los expertos académicos no se ponen de acuerdo todavía sobre si hubo o no una burbuja especulativa en nuestro país en torno a la vivienda. Por contarlo breve: es evidente que hemos vivido unos años, sobre todo desde 2001, de fuerte incremento en el precio de los pisos. Para que haya burbuja, sin embargo, hace falta que esta subida no encuentre explicación en la evolución normal del mercado, sino que se deba a expectativas equivocadas que los agentes se hacen respecto a un crecimiento adicional en el futuro. Cómo se formen estas expectativas queda fuera de la discusión académica, ya que también se puede creer que los precios van a subir en el futuro debido a un adecuado conocimiento de la evolución de las fuerzas del mercado y no a especulación azarosa.

Es bien cierto que en los comienzos del milenio diversos factores empujaron hacia un fuerte y continuado crecimiento de la demanda de vivienda: incremento en la movilidad geográfica, inmigración, creación de empleo, inversión extranjera, cambios en el modelo de familia, etcétera. A pesar de que la oferta creció fuertemente para atender esta demanda (son los años en que se empieza a construir más de medio millón de viviendas/año), los retrasos normales en la respuesta tensionaron los precios al alza. Sin embargo, el verdadero impulsor de una demanda efectiva creciente que alimentaba unos precios al alza fue el crédito generoso proveniente de bancos y cajas, sobre todo a partir del momento en que pudieron diversificar su riesgo mediante la titulización de las hipotecas concedidas.

Hasta aquí, el mercado funciona: crece la demanda, crecen los precios, crece la oferta. Todo estimulado mediante una agresiva política de facilidades crediticias y riesgos crecientes. Pero, ¿por qué el espectacular crecimiento de la oferta no fue suficiente para ir atenuando el crecimiento de los precios finales de la vivienda aunque la demanda se siguiera manteniendo tensa? Ese es el punto donde algunos introducen la idea de burbuja especulativa, estimada en una sobrevaloración de la vivienda entre un 20% y un 30% (profesor García Montalvo). En cambio, si observamos cómo en esos años los materiales de construcción no incrementaron su coste, pero la repercusión del precio del suelo sobre el de la vivienda pasó de representar un 25% hasta llegar en torno al 60%, otra puede ser la explicación: también se produjo un alza sustancial en el precio del suelo que retroalimentó el proceso.

Se concatenaron, pues, tres elementos: un incremento de la demanda potencial consecuencia de razones demográficas y de empleo; unas facilidades crediticias excepcionales que transformaron casi toda esa demanda, en efectiva creando, además, un crecimiento de la inversión y, en tercer lugar, una subida del precio del suelo como consecuencia de la mayor demanda, más los retrasos en la creación administrativa de suelo urbanizable, unida a las retenciones especulativas que también las hubo. Ese retraso en el crecimiento de la oferta, de suelo y de vivienda, sobre la demanda efectiva, explicaría el incremento del precio y sus expectativas alcistas, sin necesidad de recurrir a ninguna burbuja como explicación (profesora Paloma Taltavull).

Si existió una burbuja especulativa, parece que fue más en el suelo que en la vivienda, que la padeció de manera indirecta como incremento de costes. La distinción no es baladí por dos razones. Primero, porque la evolución atenuada del precio de los pisos a partir de 2004 puede interpretarse como la reacción del mercado al lento incremento de la oferta, sin necesidad de otras razones. Segundo, porque para las políticas públicas no es lo mismo que el origen del problema se sitúe en el suelo que en el producto final, la vivienda. Algunas medidas se han aprobado para intentar reactivar ese mercado, con pobres resultados. Desde la supresión a plazo de la deducción por compra, hasta el cambio de viviendas libres en protegidas, la apuesta por la vivienda de protección o el alquiler. También se ha actuado sobre el suelo y sus valoraciones, cambiando la ley.

En todo caso, la clave de bóveda del problema está hoy en el preocupante nivel de apalancamiento de suelo y de vivienda que si bien no son estrictamente activos tóxicos de nuestro sistema financiero, conlleva un elevado riesgo sobre sus balances, no siempre reconocido, convirtiéndolos en una pelota que está frenando la concesión de crédito para el resto del sistema económico. Por eso, tal vez, sea razonable pensar en medidas especiales de rescate que desatasquen la situación. No en beneficio de los constructores y promotores, sino del interés general. Como se han hecho los otros rescates sectoriales. ¿O no?

¿Qué década perdida? (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 17 Jan 2010 09:44:13 +0000

El Nobel Paul Krugman ha puesto de moda la calificación de doble cero para la década recién concluida, al considerar que ha sido una década perdida en términos económicos para EEUU. A partir de ahí, no han faltado voluntarios que trasladan a España la misma valoración, considerando los primeros 10 años del siglo XXI español como perdidos o desperdiciados, insinuando una culpa del Gobierno actual, que habría dilapidado la magnífica herencia recibida del anterior Ejecutivo del PP, cuando lo cierto es lo contrario: el balance que se puede hacer de la década pasada no es malo para nuestro país, incluso si nos abstraemos del pequeño detalle de que hemos vivido la mayor crisis internacional desde la de 1929.

Todo análisis comparativo es discutible porque sus resultados dependen de dos decisiones: medirlo según la tendencia o el nivel, así como seleccionar las variables a utilizar. Un ejemplo de lo primero lo encontramos en los actuales datos de ventas de muchos sectores de los que se dice: «¡Son un desastre, nos retrotraen al nivel de 2006!». Pero si miramos las declaraciones que el mismo sector hacía en ese año, resulta que estaban contentos con las cifras que hoy le parecen tan malas.

La diferencia que marca el tono de las expectativas no es, por tanto, el stock, sino el flujo que era entonces ascendente y, ahora, descendente. Lo segundo obliga a comparar variables económicas relevantes que puedan reflejar con amplitud la realidad vivida por los ciudadanos.

Con estas dos advertencias, asevero que un análisis de la situación socio-económica de España en 2009, comparada con 1999, nos proporciona elementos sólidos para concluir que no ha sido una década perdida, en términos de niveles, incluso, a pesar de la recesión.

La población ha crecido en esos 10 años en seis millones y medio de personas, una parte importante de los cuales provenientes de la inmigración. Según la última EPA, en el tercer trimestre de 2009 estaban ocupadas 4.200.000 personas más que en el mismo periodo de 1999. Repito, a pesar de la fuerte destrucción de empleo experimentada en los últimos dos años como consecuencia de la Gran Recesión, hoy trabajan en España muchas más personas que al comienzo de la década.

La revolución femenina se nota en un mercado laboral que mantiene incorporadas como activas a tres millones de mujeres más que hace 10 años. Gracias a todo ello, y a pesar de tener 1.300.000 parados más que entonces, la riqueza nacional, medida por el índice PIB, es un 23% superior hoy a la del comienzo de la década. Aun incluyendo la fuerte caída debida a la crisis. Tenemos más sociedades mercantiles constituidas que entonces, el Ibex 35 está un poco por encima y exportamos más, por no hablar de los datos positivos vinculados a pensiones, sanidad o a la consolidación de nuestras multinacionales.

Si traducimos todo ello a personas, con nombres y apellidos, tenemos argumentos suficientes para evitar las jeremiadas, tan acordes con una parte de nuestro carácter nacional. Después de padecer una de las mayores tempestades financieras y económicas de los últimos 100 años, cerramos la década con mejores datos absolutos globales que los existentes cuando se decía aquello de «España va bien». Y creo que es un esfuerzo colectivo del que nos tenemos que sentir orgullosos todos y no va ni a favor ni en contra de ningún partido, ya que durante el periodo han gobernado los dos con opciones para hacerlo.

Nuestro problema actual no es, pues, de nivel, sino de tendencia. La década transcurrida de este siglo ha estado lejos de ser una década perdida. Sin embargo, no estoy tan seguro de lo que ocurrirá en la década que estrenamos. Me temo que recuperar los niveles de paro existentes antes de la crisis nos llevará un periodo de tiempo más cercano a la decena de años, prevista por Funcas y otros expertos, que al lustro anticipado por el secretario de Estado de Economía. Como veo muy difícil que el déficit público retorne, antes de finales de esta década, al superávit preexistente.

A 10 años, si conseguimos evitar la trampa japonesa, la única perspectiva de los tipos de interés, respecto a hoy, será al alza, aunque sea de forma moderada. Y, pase lo que pase con las políticas de lucha contra el calentamiento climático, el petróleo tensionará hacia arriba unos precios energéticos en los que el peso de las energías fósiles seguirá siendo predominante.

La década preocupante para España es la que viene, marcada por la recuestancación. Por eso, me resulta incomprensible que la Memoria Económica de la Ley de Economía Sostenible, uno de los principales instrumentos puestos en marcha por el Gobierno para revertir esa perspectiva sombría sobre el futuro inmediato, calcule que la misma apenas si repercutirá en dos décimas anuales adicionales sobre el crecimiento del PIB, a lo largo de 10 años. Sobre todo porque mi estimación personal es que su plena aplicación beneficiará a nuestra tasa de crecimiento anual en más de un punto porcentual, a lo que habría que añadir la repercusión favorable de una adecuada reforma laboral, sanitaria, de pensiones y educativa, como se ha anunciado. Con ello se demostraría la absoluta necesidad de las largamente reclamadas reformas estructurales, porque se acaban traduciendo, siempre, en más y mejor crecimiento económico, repartido de manera más equitativa.

Hacerlo es todavía más urgente ahora, cuando muchos creemos que coincide la recesión económica con signos preocupantes de agotamiento del modelo político de la Transición, lo que aconsejaría una revisión ordenada del mismo, incluyendo la reforma constitucional, ya que todo deterioro institucional (gobernabilidad, justicia, corrupción) o se frena en seco o tiende a acelerarse, repercutiendo negativamente en el bienestar social al destruir la confianza y la legitimidad colectiva.

Lo que suceda con la próxima década dependerá, en gran parte, de las decisiones que adoptemos ahora. Porque, si es difícil reescribir el pasado, una de las ventajas del futuro es que todavía no está escrito.

Haití es la miseria, obispo Munilla

Jordi Sevilla — Sat, 16 Jan 2010 15:19:11 +0000

Viendo las imágenes sobre el drama de Haití, sobran las palabras y falta sumarnos a las acciones. Si Dios existe, se habrá arrepentido de haber enviado ese terremoto a uno de los pueblos más míseros de la Tierra y, ahora, estará apoyando a las fuerzas internacionales de ayuda que, con Obama a la cabeza, están llegando a la isla. Y en medio del drama, las declaraciones del nuevo Obispo de San Sebastián que, lo siento, no han sido malinterpretadas como ha dicho hoy en un intento de rectificación. Están grabadas y las he vuelto a oir y a escuchar. Lo que dijo, es mas grave nuestros problemas morales que lo ocurrido en Haití, lo dijo. Acepto que no quiso decirlo. Que se equivocó. Pero no quiera hacerme creer que no hemos oido lo que hemos oido. Si, Obispo Munilla, el problema es la miseria. Pero la que es sinónima de pobreza, a secas. La otra, la miseria moral, va despues y se expresa de muchas maneras.
Viendo hoy el telediario, me pregunta mi hija (11 años) que por qué toda la ayuda internacional que acude ahora a la desesperada para ayudar a los damnificados del terremoto de Haití, no acudió antes dado que ya era uno de los países más pobres del Planeta. Y no tengo respuesta, ni la encuentro entre las preocupaciones del Obispo Munillas.

Sin embargo, si escucho entrevistas con misioneros, cooperantes de Càritas y otros católicos, cuyo entendimiento y vivencia de la religión les ha llevado a ayudar a los más pobres de entre los pobres, quizá por que se creen aquello de que de ellos será el reino de los cielos. He visto a esta gente abnegada, entregada y admirable en muchos sitios del mundo. Con los miserables. También a otros muchos que lo hacen por convicciones éticas no religiosas, por sentido del deber, por una cierta idea de justicia universal o por lo que sea. Y me quito el sombrero antes ellos, que estaban allí antes del terremoto y volverán luego, si es que se van ahora.

También se ha comprobado otra de las líneas de trabajo de este espacio: donde no hay Estado (o es fallido) el vacío lo suplen las mafias y la miseria. ¿Donde está el Estado en Haití? ¿donde estaba antes? Y, por otro lado, cuando todo falla, cuando la crisis es total, solo el Estado (la Reserva Federal cuando las subprime, el ejército ahora) puede acudir en ayuda de los damnificados con suficentes garantías.

Muchos de nuestros problemas de verdad, no aquellos que construimos con nuestro “coco” o nuestras ambiciones, están vinculados a la pobreza. Lo dice hoy mi amiga Pilar Mateo en un reportaje en el que cuenta los más de diez años de lucha que lleva contra el mal de Chagas, una enfermedad mortal que transmite una especie de cucaracha que anida en las casas pobres de los poblados indígenas del Chaco americano (el miercoles se presento el libro “El vampiro de los pobres” la increible historia de la lucha de Pilar Mateo contra el mal de Chagas de Charo González Casas).

Si tenemos que elegir, entonces la misera material, Señor Munilla, es un problema más relevante para aquellos que la sufren y para aquellos que tenemos principios éticos, religiosos o no, que la ausencia de espíritu religioso. Si hay que elegir, como usted hizo. Así lo dijo también un misionero, creo que jesuita, al ser preguntado por las declaraciones del Obispo: la vida es lo primero, porque sin vida digna, no hay preocupaciones espirituales. Por tanto, ahora que está de rectificación, no voy a pedirle al Obispo Munilla que se ponga el traje de misionero o de cooperante y nos de un magisterio de caridad cristiana marchándose a ayudar a Haití unos días, pero, por lo menos, ensalce desde aqui a quienes lo hacen, luchando contra la pobreza material en lugar de criticarlos. No soy creyente. Pero la lectura del libro sobre “Jesús, aproximación histórica” escrita por el teologo Jose Antonio Pagola, me resultó útil y gratificante. Se la recomiendo, señor Munilla por si no la ha leído, ya que el Vaticano no vió con buenos ojos un libro que ha sido un best seller, escrito por un religioso español.

Pensaba escribir sobre lo ocurrido en Vic y en Torrejón con los inmigrantes y el padrón municipal cuando se me cruzó la tragedia de Haití y las declaraciones. Retomaré el asunto en los próximos días. Pero dejadme que añada dos comentarios más sobre otros asuntos distintos, o no.
1. Para acabar con los rumores interesados sobre la continuidad de Zapatero en la candidatura del PSOE, y a tenor de lo escuchado por los máximos responsables de este partido, excepto su secretario general que sigue en un mutismo incomprensible porque alimenta los rumores, propongo: que el próximo Comité Federal, máximo organo del Partido entre Congresos, proclame a Jose Luis Rodriguez Zapatero Candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2012 (o cuando sean) Y QUE EL LO ACEPTE. Punto final al asunto.

2. Jose Luis, por contra, te pido que no aceptes la invitación para acudir al Desayuno Nacional de Oración convocada en un Hotel de Washington por el grupo cristiano ultra, La Familia. Aunque vaya Obama, o aunque allí sea una tradición. En España, muchos no entenderíamos, que sin formar parte de un viaje oficial donde hay muchos actos de diferente nivel y habiéndote invitado por tu cargo de Presidente de turno de la Unión Europea, aceptaras, contribuyendo a mantener una confusión entre Estado y religión que aquí, estamos intentando separar. La Alianza de Civilizaciones,no es eso, y tu lo sabes.

Del estoicismo mal entendido

Jordi Sevilla — Sun, 10 Jan 2010 21:50:57 +0000

Hay que ver la cantidad de cosas que hacemos los seres humanos para intentar disimular que somos animales. Ya, ya se que a algunos se les nota mucho, como a los mafiosos de la explotación sexual, pero no me refiero a eso. Me refiero a que seguimos formando parte del reino animal, por mucho que hayamos utilizado nuestra ventaja competitiva, la inteligencia, para superar las dificultades de la selección natural. Pero, luego, viene una gran nevada y todo regresa a su sitio. A veces, la naturaleza natural está en contradicción con la naturaleza artificial, como blindada, que nos queremos construir como especie. Se trata de un estoicismo mal entendido.

Viendo caer copos de nieve tras la ventana del cuarto donde escribo estas líneas, recuerdo las declaraciones matinales de mi buena amiga Inmaculada Rodriguez-Piñeiro, Secretaria General de Infraestructuras, en las que ha insistido mucho en que desde el Gobierno se ha hecho todo lo necesario para mantener al país en funcionamiento, plenamente, en todo momento y a pesar de la mayor nevada de los últimos muchos años. Y la entiendo. El año pasado hubo problemas con las predicciones del tiempo y se pidió la cabeza de la entonces Ministra.

Y me reafirmo en una idea que lleva tiempo rondándome: hemos montado un modo de vida, tan productivo para el sistema, que no estamos dispuesto a que se vea interrumpido por algo tan “futíl” como una gran nevada, o, una ola de calor. En otro nivel, analizando los anuncios de varios productos farmaceúticos, se insiste en la misma idea:da lo mismo que usted tenga gripe (de la normal), diarrea (con perdón) o una terrible jaqueca, el objetivo es que se tome “algo mágico” que se lo quite y le permita seguir con su vida “normal”.

Con ello, estamos arrojando fuera de la “normalidad”, fenómenos naturales a los que, lo siento, no somos inmunes y que, a veces, nos impiden hacer lo de siempre, porque nos retiene en casa, en la cama o sin poder viajar. Se nos olvida que lo normal, cuando hay una gran nevada, o tenemos una gripe es, precisamente, no hacer lo de siempre, sino quedarnos quietos y cuidarnos, algunos diríamos, “mimarnos” un poco.

Blindarnos frente a las inclemencias externas y asumir que nos afectan, obligándonos a cambiar en algo nuestra conducta habitual, como si no pasase nada, no siempre mejora nuestro bienestar individual. Es un intento por olvidar nuestra naturaleza animal. Es un estoicismo mal entendido. Es cierto que los principales autores estoicos, por los que siento gran predilección, enseñan a mantenernos inmutables ante las adversidades de la vida. Pero eso es una cosa y otra hacer como que no tenemos gripe cuando moqueamos, tosemos y nos duele la cabeza.

Ese negarnos a aceptar la adversidad, que no es lo mismo que conllevarla con dignidad, perfila un comportamiento donde la frustación se integra con dificultad y eso, según los psicólogos, es síntoma de infantilismo. Y si, viendo algunas reacciones, por ejemplo, estas Navidades ante la quiebra de unas líneas aéreas, se observaba una elevado cabreo (lógico) pero, también, infantilismo cuando se pedía “que alguien haga algo que me solucione el problema que yo no he querido ver”, siguiendo un patrón parecido al de “denme una pastilla efervescente que me lo cure de inmediato” o “que el Gobierno haga mágia y suprima la nieva de las pistas de Barajas”.

Parece que en otros países, ante la gran nevada, han adoptado otra actitud: dejarla caer, atender los casos graves y esperar a que escampe. Porque, a pesar del Cambio Climático, en invierno, a veces, caen grandes nevadas y nos enfermamos.

No se si ese empeño por alejarnos, como en una urna de cristal, de los efectos en nosotros de los cambios naturales, es bueno o no, o si todo es consecuencia de que mañana tengo un viaje de trabajo a Barcelona y me estoy buscando excusas.

En otro orden de cosas, el fin de semana ha sido pródigo en noticias, más allá de las detenciones de etarras. Por un lado la Ley de Economía Sostenible inicia su “larga marcha por las instituciones”, como diría un antiguo maoista, ya que se ha enviado a 21 organismos para que den su opinión, antes de hacer lo propio con el Consejo de Estado y las CC.AA. ¡Por falta de posibilidades de participación, no quedará, porque luego, todavía falta Congreso y Senado. Es decir, con suerte, la Ley entrará en vigor en 2011 y muchas de sus disposiciones, la próxima legislatura. No parece que se esten dando mucha prisa para que entren en vigor medidas que van, en principio, a ayudarnos a salir de la crisis y a cambiar de modelo productivo!!

Por otro lado, Rajoy empieza a apuntar propuestas alternativas: congelaría el sueldo a los funcionarios y no rebajaría, ahora, el IRPF aunque si el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales. Vale. Ya tenemos materia para el debate y falta hacía que la oposición pasara de la crítica total, a enseñar cómo lo harían ellos. Así, se confirma mi teoría de que esta vez, si el PP quiere llegar a la Moncloa, debe trabajarselo y no limitarse a esperar que el PSOE pierda las elecciones. Eso solo sucedió en España cuando había un punto de atracción y novedad en la oposición: 1996 (primera vez del PP) y 2004 (ZP). Ahora, si el candidato es Rajoy (y no descarten que haya sorpresas de última hora según vayan las encuestas) no parece que ese sea el caso, ya que, según las encuestas, no termina de despegar su valoración.

Encuestas que hoy, dicen, que casi la mitad de los votantes socialistas no quieren que Zapatero repita como candidato. Reconozco que me ha dejado sorprendido, reafirmandome en mi idea de que debe decir cuanto antes que es el candidato, sin dar ningún márgen al debate. Ni ahora, ni cuando “toque”. En democracia, creo que son los ciudadanos los que ponen y quitan Presidentes del Gobierno, a veces mediante layes de limitación como en USA. Pero no golpes palaciegos, como le paso a Thatcher y ha estado a punto de ocurrirle a Brauwn, acuerdos entre amigos como la sustición de Blair o caprichos personales como Aznar. O hay una propuesta en España para limitar por Ley los mandatos de los Presidentes del Gobierno, con la que yo estaría de acuerdo siempre que fuera de tres mandatos, o Zapatero debe seguir presentandose hasta que los ciudadanos digan lo contrario.

No se, a lo mejor todo tiene que ver con la nevada, que sigue cayendo y que, aunque sea difícil de decir, no contradice la teoría del calentamiento del Planeta. De verdad.

PD: respondiendo a una pregunta: pertenezco a la sanidad pública, mientras he sido diputado, Ministro, antes y ahora. Estuve unos años en ASISA, como funcionario afiliado a MUFACE. Ahora, creo que la empresa me paga un seguro privado adicional para determinados servicios, pero no se cuál y mi oftalmóloga, la de siempre, la pago de forma privada.

Y permitidme que me despida en esta entrada con una mini narración: “Andaban tan absortos por la calle hablando por sus teléfonos móvil, que no se dieron cuenta que caminaban el uno, junto al otro”.

Estoy leyendo una narración de Cortázar que os recomiendo: “El perseguidor”. Si, además, os gusta el jazz, todavía más. Lo han reeditado, pero está en la colección de Relatos que hizo Ed. Sudamericana en 1970 que es la que estoy usando. Para aguntar la nevada desde casa, estupendo.

El año en que todo empezó a cambiar. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 10 Jan 2010 10:39:45 +0000

2010 será el año en que todo empezó a cambiar. Bueno, casi todo. Pero por lo menos, aquello relacionado con la economía, que ha centrado buena parte de la atención y de la preocupación pública en los últimos tiempos, empezará a cambiar para mejor. Creo en ello, pero no como un deseo pedido a los Reyes Magos, ni por razones antropológicas, sino racionales. Por tanto, compartibles y discutibles. Intentaré exponerlo en cuatro apartados que considero fundamentales.

A) Si lo peor de la crisis económica ha quedado atrás, empezaremos a notarlo, mes a mes, con un mejor desempeño de los indicadores. Todo lo que iba mal, empezará a ir menos mal, o incluso mejor. Es posible que los datos de evolución del PIB en el último trimestre de 2009 sean ya cero y pronto empecemos a ver de nuevo tasas ligeramente positivas de crecimiento. El paro irá frenando su aumento mensual hasta estancarse y, ahora sí, los primeros brotes verdes de actividad, empezarán a asomarse a nuestro panorama económico. La calidad e intensidad de la recuperación centrará el debate y los datos sobre la mejoría internacional alejarán los temores entre los consumidores que, poco a poco, volverán a gastar la parte de sus rentas que ahora ahorran por precaución y no sólo para devolver préstamos.

Será, no obstante, un año raro. Seguirán los riesgos de una recaída vinculada al endurecimiento de la política monetaria o a una subida del precio del petróleo y viviremos coletazos de la recesión en sectores o empresas afectados por la pertinaz sequía crediticia que seguirá o por procesos específicos de reconversión.

Por ello, lo que conoceremos este año podría ser llamado recuestancación porque será, técnicamente, una recuperación, pero tan débil y dependiente de las ayudas públicas recibidas que convivirá con un estancamiento en el empleo. No iremos a peor, pero la mejoría apenas será perceptible por los ciudadanos. Salvo para aquellos con rentas más altas, lo que agudizará la desigualdad social que siempre se asocia tanto a las crisis como a los inicios de las recuperaciones.

B) El pasado año finalizó con un tímido reconocimiento por parte del presidente del Gobierno de errores en la gestión inicial de la crisis, y en éste empezará a cambiar la actitud gubernamental respecto a las reformas estructurales que necesitamos para responder, en ausencia de una devaluación de la moneda, a la pérdida de riqueza y competitividad que significa toda recesión.

No es verdad que no se haya hecho nada, más allá de la política presupuestaria anticrisis, pero ha primado lo inevitable por venir de la Unión Europea (directiva de servicios), con poco que ver con la coyuntura, mientras se ha condicionado el resto a un diálogo social mal conducido. Aunque con retraso, el Gobierno ha conseguido envolver con un potente discurso de cambio de modelo productivo y economía sostenible, una especie de ley ómnibus de factura nacional, y ahora anuncia propuestas de reforma en educación, pensiones y mercado laboral.

Tal ímpetu reformista, aunque sigue más el ritmo político de las necesidades partidistas que el aconsejado por las necesidades económicas de un país con cuatro millones de parados, deberá mostrar todavía su concreción para ver hasta dónde hay voluntad real de hacer cosas, o sólo de hacer que se hacen.

C) También en la manera de hacer oposición, notaremos los cambios. El fracaso, con sabor a boicot, de la última Conferencia de Presidentes Autonómicos marcará un punto de inflexión en un estilo frentista de hacerse cargo de las responsabilidades ante el país por parte del principal partido de la oposición. Tres de las cuatro comunidades autónomas en las que más ha crecido el paro están gobernadas por el PP. Y, a pesar de los importantes presupuestos públicos y amplias competencias en política económica, industrial y de empleo que tienen, a nadie sensato se le ocurriría acusar a sus presidentes de ese mal dato diferencial.

De igual manera, el presidente de esta especie de comunidad autónoma dentro de la globalización económica mundial que son hoy los países, no puede seguir siendo acusado, por quien aspira a sucederlo, de ser el único causante de los problemas económicos de España, en medio de la mayor recesión mundial desde 1929.

Conoceremos, por tanto y por fin, no solo críticas catastrofistas de la oposición, sino algunas de sus alternativas, lo que animará el debate. A pesar de las encuestas, sentarse a esperar que la crisis económica se lleve por delante al PSOE no va a llevar al PP a la Moncloa. Eso sólo ocurrió, y por poco margen, en 1996, cuando concurrían otras circunstancias excepcionales, incluyendo una cierta atracción ciudadana hacia la novedad representada por el cambio, cosa que también sucedió en 2004 y no ocurre ahora, salvo que, al final, el PP busque la sorpresa presentando un candidato distinto al previsible Rajoy. Esta vez, si la oposición quiere llegar al Gobierno, tendrá que ganárselo y no sólo confiar en que el PSOE lo pierda.

D) Deglutido lo que ha pasado en Copenhague, con un G-2 primando el viejo principio del interés nacional -a pesar de ser una estrategia equivocada para hacer frente a problemas mundiales como el cambio climático- las novedades vendrán por parte de las empresas, los ayuntamientos y los ciudadanos.

Mientras los Gobiernos seguirán discutiendo cómo reducir las emisiones de CO2 para mantener el calentamiento del planeta dentro de márgenes desastrosos, pero todavía manejables, las grandes empresas empezarán a verlo como una oportunidad y desplegarán sus planes de cambios productivos e introducción de nuevas tecnologías para a reducir las emisiones. Las ciudades irán ensanchando los espacios de emisiones cero en el marco de sus competencias y los ciudadanos/consumidores empezarán a demandar con fuerza productos que puedan certificar que contribuyen a una sociedad baja en carbono.

Sí, sin duda, va a ser el año en el que empiecen a cambiar muchas cosas. Para mejor. Lástima que no sea el primero de la legislatura, aunque sea el primero del siempre renacido futuro.

La lucha de clases, hoy. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 03 Jan 2010 10:51:18 +0000

Del teatro de sombras chinescas en que se ha convertido el Diálogo Social en España, nos llega alguna información. Parece que se empieza a hablar de cosas que afectan a los interlocutores sociales, como la negociación salarial para 2010, y que las diferencias se sitúan entre la banda del 1/2% de crecimiento global que piden los sindicatos y el -1/0% que ofrecen la patronal. ¡A eso parece que ha quedado reducida, hoy, la lucha de clases!Ya sé que hasta el nombre suena obsoleto. Que entre las muchas divisiones y grupos de pertenencia que podemos establecer en una sociedad democrática, la de clase social se ha quedado arrinconada, como concepto, por inútil, por explicar muy poco respecto a actitudes y comportamientos, tanto individuales como sociales. Hay muchos trabajadores de derechas y no pocos empresarios de izquierda. Es decir, que aun aceptando que puedan existir dos proyectos antagónicos de cómo organizar la sociedad, lo cuál ya no es cierto desde el momento en que se comparte un marco constitucional, éstas no se incardinarían de manera natural en dos clases sociales homogéneas con conciencia de tales. ¡Adiós, marxismo vulgar!

Sin embargo, aunque compartan intereses comunes, por ejemplo la manera en que su poder se incrementa manteniendo una estructura de negociación colectiva ineficiente, también hay lugar para la confrontación entre grupos de interés sindicales y patronales: acabamos de asistir a una manifestación sindical para que «no se aprovechen de la crisis», suponemos que los empresarios, cuando los manuales de gestión aconsejan lo contrario: convertir la crisis en una oportunidad. Del mismo modo, aunque deben cooperar en la empresa para defenderse de la competencia exterior, por ejemplo, también los trabajadores y los empresarios tienen zonas de intereses contrapuestos relacionadas con el reparto del excedente económico, con quién toma las decisiones fundamentales y con qué criterio.

No sé si la lucha de clases ha sido o no el motor de la historia. Pero parece claro que existe margen para el conflicto entre grupos sociales que, aun cooperando en algunos ámbitos, confrontan en otros relacionados con el poder económico y el control sobre decisiones que afectan al bienestar y a la posición social relativa de unos frente a otros. No es verdad que, como dice la teoría económica ortodoxa, la totalidad del valor producido en una empresa o en una sociedad se reparta íntegramente en la retribución de los factores de producción, tierra, capital y trabajo, mediante criterios económicos que recogen su aportación relativa.

La productividad creciente hace que en la distribución de la riqueza creada exista, después de devolver lo que se aporta, un excedente cuyo reparto no depende de criterios técnicos sino sociales, es decir, de poder y, por tanto, de lucha. De otro modo, sería absurda la propia idea de negociación colectiva porque salarios y beneficios los fijaría una máquina calculadora de las diferentes aportaciones marginales. Si existe negociación es porque puede haber negociación en torno a cuánto del excedente te quedas tú (empresario) y cuánto yo (trabajador). Esta distribución no es neutra desde el punto de vista económico. Si todo fuera a salarios, no habría incentivos para la inversión privada, y si todo fuera a beneficios, no habría demanda suficiente para comprar lo producido.

El Estado del Bienestar diluyó esta confrontación mediante la creación de un salario social (sanidad y educación gratuitas), de un salario diferido (pensiones) y de empleo (inversiones públicas), financiados, en parte, por los salarios (cotizaciones) y en parte por los beneficios acumulados (impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio). Con ello, la lucha en torno al reparto del excedente económico dejaba de centrarse sólo en la empresa, donde los trabajadores podían hacer concesiones en los salarios internos a la empresa a cambio de seguir mejorando los salarios externos, financiados también por los empresarios.

Desde este punto de vista, el ataque al Estado encabezado por la derecha conservadora thatcheriana, reduciendo los impuestos progresivos y los salarios colectivos, alteró la correlación de fuerzas en esa pugna por el reparto del excedente económico. La globalización de la economía, que permite financiar inversiones con ahorro exterior y difuminar el papel de la demanda nacional gracias al papel creciente del comercio internacional, fue la puntilla al esquema de lucha económica nacional en torno a la distribución y al control del poder económico.

El hecho de que hoy los salarios -social y diferido- se financien con impuestos sobre las nóminas, más la presión de la competencia internacional limitando los márgenes empresariales para subir salarios pero no beneficios, está provocando un claro retroceso relativo de los trabajadores en la lucha por el reparto del gran excedente económico impulsado por mejoras en la productividad. Compatible, por supuesto, con una evidente mejora absoluta en cuanto a nivel de vida, llena, eso sí, de mileuristas y trabajadores precarios. En ese nuevo contexto, una estrategia sindical que busque mejorar posiciones en el control del poder económico mediante un reparto distinto de la renta y la riqueza debe ser más amplia y ambiciosa que la mostrada hasta ahora. No digo más dura, sino más versátil. Y un Gobierno que quiera apoyar esos avances sociales, sin deteriorar la competitividad de la economía en su conjunto, debe propiciar otro clima de diálogo y reservarse para sí un papel de más largo alcance.

Parece innegable que en la sociedad posmoderna en que vivimos, también existen intereses económicos. Que, además, pueden ser contrapuestos entre países como entre grupos empresariales. Que la defensa de la posición económica adquirida y la lucha por mejorarla sigue estando en la base de muchas de nuestras actitudes sociales. Que, a pesar de la diversidad infinita, la confrontación en torno al reparto del excedente económico sigue configurando dos grandes grupos o clusters sociales que podemos llamar empresarios y trabajadores. Que el papel del Estado en esta confrontación no es neutral ni se resuelve sólo en declaraciones. Que, a pesar de no ser ya la única manera de organizar el conflicto social, ésta, también existe. ¿Nos sentimos mejor si le llamamos lucha de clusters?

Baoba

Jordi Sevilla — Mon, 28 Dec 2009 18:54:16 +0000

Parece ser que Baoba significa, en chino, mantener el ocho y se ha convertido en la consigna gubernamental que justifica toda sus actuaciones en la medida en que un crecimiento del 8% anual es lo que necesitan para mantener el proceso de transformación del pais. Aplicada la consigna a la esfera internacional, supeditarlo todo al baoba, puede convertir a China en una potencia al viejo estilo pero no en un lider de la nueva política de civlización que hace falta hoy en día. El problema es que USA y otros grandes paises han demostrado recientemente que tampoco estan a la altura. ¿Nos tendremos que resignar a un gobierno mundial de los mercados es decir, al desgobierno mundial?

En las últimas semanas hemos tenido dos pruebas claras de lo estéril que resulta dar una respuesta política de ayer, a problemas del mañana. En Copenhague, frente al reto de supervivencia que significa el Cambio Climático, la respuesta ha estado marcada por la prioridad en la “defensa de los intereses nacionales” como impuso China en la declaración del “G-2 con público”, cuando es claramente incompatible combatir el cambio climático y defender de manera prioritaria cualquier interes nacional porque es imposible resolver un problema que afecta al mundo desde las trincheras artificiales de una nación.

La segunda pueba ha vuelto a tener a China como partícipe de la vieja política al mantener su derecho a que nadie se inmiscuya en sus “asuntos internos”, cuando se alzaron voces en contra de la condena a quince años de carcel impuesta a un disidente por defender la aplicación en China de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU.

“Interes nacional” y “asuntos internos” son dos conceptos que deberían formar parte del pasado. Al menos, cuando hablamos de problemas que afectan a todos, que no son parcelables y que se enmarcan en lo que Edgar Morin ha llamado”una política de civilización para la especie humana”. Es posible que la brecha digital, el comercio de textiles o la competencia en el sector del automóvil se puedan abordar con esos instrumentos del pasado. Pero ningún desafío moderno que afecta al futuro de la especie humana como tal, puede abordarse desde un rancio nacionalismo del siglo XIX que considera “lo mío” como intocable en el marco de una supuesta “soberanía” que en nada sirve para resolver asuntos interrelacionados que nadie por si solo puede resolver.

Lo he dicho en otra entrada. Si los Estados Nacionales, tengan el tamaño que tengan, no son capaces de encontrar una solución a problemas globales como el cambio climático o la politica de derechos humanos, entonces son parte del problema. Y, repito, visto lo visto, el comportamiento de China es paradigmático pero, en absoluto, exclusivo.

Estoy leyendo estos días dos libros, que recomiendo, en los que de manera muy distinta se aborda esta contradicción insuperable entre el corto y el largo plazo, entre intereses individuales y colectivos. Uno, “Por qué la teoría de la Evolución es verdadera” de Jerry Coyne en la que se explica cómo la selección natural es un mecanismo que puede ser perjudicial para la especie, aunque beneficie a algunos individuos de la misma. El otro, “La noche de los tiempos” de Muñoz Molina donde se cuenta una historia de amor sobre el trasfondo de nuestra preguerra civil que nosotros sabemos, ahora, que va a ocurrir, aunque para los protagonistas era algo evitable aunque casi nadie hizo nada por evitarla.

Si con el auge de China en la escena mundial, el ninguneo de la ONU, la defensa del interés nacional y la protección de los asuntos internos se convierten, otra vez, en monedas hegemónicas de la acción gubernamental a escala internacional, será difícil que podamos hacer nada para evitar los desastres que vienen. Y luego, ya se sabe, siempre es tarde. El Baoba se puede convertir en el Baobab de El Principito que, ya se sabe,si no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él e invade todo el planeta.

En todo caso, Os deseo un próspero año nuevo!!

PD: Se lo deseo, incluso, a quienes desde una Agencia de (supuestas) noticias, se siguen empeñando en manipular este blog, haciendome decir cosas que no digo en base a forzar un titular cortando las frases por la mitad. Y a quienes luego opinan sobre lo que “dicen que digo” sin tomarse la molestia de leerlo por si mismos.

Sobre la teoría leninista de otros en base a la cual el derecho de expresión se ve limitado por el pasado de cada uno (haber sido esto o lo otro) hablaremos en otro momento. Baste decir que sigo pensando que la base de una actitud racional (progresista) ante la vida es creer firmemente que las cosas son lo que son, lo diga Agamenón o su porquero. Y no es fácil. Ya se que no es fácil. Pero, ¿donde está el “oído” alternativo al que se le puedan decir esas cosas? ¿No estará en el silencio de muchos la explicación del por qué la clase política se ha convertido en el tercer problema para los españoles según el CIS? ¿No se puede intentar hacer las cosas de otra manera, a riesgo de equivocarse, sin por ello perder principios o estar resentido? Lo dicho, hablaremos.

Deuda privada, ¿pecado público? (Publicado en Mercados de El Mundo)

Jordi Sevilla — Sun, 27 Dec 2009 13:16:21 +0000

Resulta cuanto menos curioso que estando todavía inmersos en los graves efectos de una profunda recesión, consecuencia de la fiesta de sobreendeudamiento privado que hemos vivido, se reabra en Europa el expediente contra la deuda pública.

Gobiernos, oposiciones, la Comisión Europea y las agencias de rating parecen estar en su salsa lanzando advertencias sobre los males del infierno que se pueden desatar ante la evidencia de que los déficits públicos y, con ellos, la deuda que los financia han repuntado en la zona. Claro, ¿Qué esperaban que pasara si estamos viviendo una Gran Recesión sólo comparable a la de los años 30 del siglo pasado?

A pesar de vivir en una economía capitalista fundada en el crédito, en la que nadie se compra un piso o monta una empresa al contado, y en la que la mayoría de las compras diarias se pagan con tarjetas, hay expertos en señalar, sólo, los peligros de la deuda pública. Y la pregunta es obvia: ¿por qué nos preocupa una deuda pública equivalente al 75% del PIB cuando no nos preocupó otra privada que alcanzó el 114%?

Hasta ahora, el principal argumento de peso para defender ese tratamiento asimétrico en función de quién fuera el sujeto endeudado era que las privadas sólo tenían repercusiones sobre los prestamistas y los prestatarios, mientras que las públicas las pagábamos todos en forma de subidas de impuestos. Pero después de lo visto estos meses, con paquetes masivos de rescate público a entidades financieras privadas como consecuencia de una mala gestión de sus préstamos, el argumento pierde fuerza. Si, además, ese riesgo temerario asumido privadamente en una fiebre del crédito ha afectado negativamente a los ingresos y gastos públicos como consecuencia de la crisis desatada sobre la economía real, todavía se sostiene menos la discriminación desde un punto de vista moral.

Sobre todo porque, ahora, el incremento de la deuda pública se ha debido a una quiebra en el masivo endeudamiento privado. El Estado ha salido en ayuda, inyectando liquidez y recursos presupuestarios, lo que ha deteriorado sus cuentas. Por tanto, no podemos hacer como que esto no ha existido, poner el marcador a cero y tratar a los responsables gubernamentales como si fueran manirrotos que hubieran hecho crecer la deuda pública por una mala gestión de asuntos de su estricta competencia discrecional.

Los argumentos teóricos en contra de un excesivo endeudamiento público son cuatro. El primero: que puede deteriorar el valor de la moneda. Esta es la razón por la que el euro lleva aparejado restricciones a los déficits nacionales, para evitar competencia presupuestaria en su interior, aunque su límite se estableció en un nivel arbitrario como es el 3% del PIB.

La segunda razón apunta al peligro de llegar a un momento en que el incremento anual del pago de intereses de la deuda sea superior al crecimiento en los ingresos públicos, generando una espiral autónoma de déficit adicional sin dejar margen para otras políticas. En 1994 estuvimos muy cerca de este punto, sobre todo en un contexto de tipos de interés elevados y al alza, muy distinta de lo previsible hoy incluso en el peor escenario.

El tercer argumento es llamativo. Se conoce como el efecto expulsión y dice que si la deuda pública es muy elevada absorberá todo el ahorro disponible en el mercado (vía cantidad o precio) dejando a la inversión privada sin financiación, expulsada del mercado financiero de crédito. Reconozco que es intuitivo, pero no existen pruebas empíricas a favor y la evidencia muestra lo contrario: una gran complementariedad entre deuda pública e inversión privada. El último argumento parece obvio: en algún momento el pago de la deuda pública obligará a subir impuestos que, en la medida en que los agentes lo anticipen, neutralizará el supuesto efecto expansivo del gasto público financiado por deuda (efecto Ricardo). De nuevo estamos ante una construcción lógica que no encuentra respaldo empírico suficiente. Lo normal es que la deuda pública acabe reduciéndose mediante una gestión austera del crecimiento del gasto, bajadas en los tipos de interés -como nos ocurrió a nosotros con el euro- y, sobre todo, con la mejora de la recaudación derivada del crecimiento económico inducido, precisamente, por el efecto multiplicador del gasto público que sí existe.

Que nadie entienda que estoy haciendo una llamada a la despreocupación respecto a la deuda pública, a la irresponsabilidad o a la barra libre. Pero que no empiecen a asustarnos con el asunto porque si algo ha vuelto a demostrar esta crisis es que el Estado es un agente económico cuya utilidad depende, en gran medida, de su lógica de funcionamiento, distinta y complementaria a la lógica de familias y empresas privadas.

En el caso de España, tampoco es justa la crítica excesiva sobre nuestro endeudamiento público. Hemos vivido los primeros años de superávit presupuestario de la democracia, que nos han permitido crear margen para utilizar el endeudamiento cuando hiciera falta. Y ahora ha hecho falta. Pero, con todo, las previsiones para 2011 nos siguen situando en ratios por debajo de la media de los países del euro.

Por tanto, mientras no recuperemos tasas de crecimiento creadoras de empleo neto deberíamos primar las reformas en los ingresos públicos (más equidad) y en los gastos (eficiencia) por encima de las subidas nerviosas de unos o el recorte lineal de los otros. Y consolidar nuestra solvencia y credibilidad ante los mercados con planes concretos de reformas estructurales que fortalezcan nuestro crecimiento potencial y nuestra flexibilidad para adaptarnos a las nuevas circunstancias de la competitividad mundial.