El grueso de la recesión anunciada para España por el Banco (-1,5%) está vinculado al duro proceso de consolidación presupuestaria a que estamos abocados si el Gobierno sigue empeñado en  lograr este año un déficit del 4,4% del PIB. Se pone fin, así, a los absurdos intentos de predicar de los recortes del déficit público, un supuesto carácter expansivo sobre la economía. En las condiciones actuales, con una deuda privada que triplica a la pública, unos tipos de interés bajos y una aguda sequía de crédito, retirar de la circulación 40.000 millones de euros del déficit sólo puede traducirse en una fuerte contracción de la demanda agregada y, con ella, de la actividad económica y del empleo. Así, el Banco de España reconoce que una política económica, como la practicada por este Gobierno y por el anterior, comprometida a toda costa con una fuerte reducción del déficit público, es lo que provocará esta recesión.

El FMI, por su parte, anuncia una recesión del -1,7% a pesar de que no cree que el recorte del déficit público pueda llegar a la cifra comprometida y lo sitúa en un 6.8% para 2012 continuando, no obstante, la senda descendente. Con ello, completa el círculo con una causalidad inversa a la anterior: en este caso, será la recesión la que no permitirá cumplir con un ajuste presupuestario, que no puede hacerse sin el soporte de una actividad económica más vigorosa que la actual. A partir de ahí, su economista jefe da el siguiente paso lógico al decir que con un escenario de crecimiento distinto y peor, tiene que modificarse, también, el ritmo temporal de aproximación al objetivo del 3% de déficit, porque la consolidación presupuestaria “es un maratón, no un sprint”. Con ello, suscribe la enmienda a la totalidad presentada al “pensamiento alemán”, al decir alto y claro que el calendario de cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público en el euro, no puede convertirse en un fetiche suicida para nuestros países. Y añado yo, entre otras cosas, porque en contra de las apariencias, no estamos, ni ahora, ni antes, ante una simple crisis de deuda soberana, sino ante los graves problemas de diseño de una moneda única sin eurobonos, ni verdadero Banco Central.

Hay que reconocer que el dogmatismo merkeliano se ha visto resquebrajado desde que el nuevo responsable del Banco Central Europeo ha optado por inyectar liquidez sin límite al sistema a través de unos bancos que ven, al convertirla en deuda pública más cara, una fuente segura de beneficios. Se trata ahora de dar otro paso: conseguir reestructurar todos los Planes de Estabilidad de tal manera que recojan el nuevo empeoramiento de la situación y dilaten en el tiempo los compromisos de déficit público o los reescriban en términos de déficit estructural. Así, veremos al Presidente Rajoy, otrora campeador infatigable contra el déficit, renegociando el Plan de Estabilidad del Reino de España con las autoridades comunitarias, de tal manera que se dilaten los plazos y ritmos de la contracción presupuestaria como, por cierto, pidió el candidato socialista durante la campaña electoral.

Sería una rectificación necesaria, un auténtico cambio de rumbo sobre las declaraciones enfáticas iniciales de los responsables económicos del Gobierno. Pero que se quedaría a medio camino, salvo que venga acompañado de, al menos, otros tres giros en la política económica hasta ahora anunciada. El primero tiene que ver con la intocada devaluación interna que permita ajustar nuestra competitividad. Los interlocutores sociales acaban de firmar unos acuerdos para los próximos años que entrañan pérdida continuada de poder adquisitivo salarial para aquellos trabajadores con trabajo sometido a convenio colectivo. Siendo valioso el intento, se trata del camino de adaptación largo y doloroso porque mantiene el paro, incrementa las desigualdades en el reparto de la renta, a la vez que reduce la demanda privada. Por el contrario, rebajar cotizaciones sociales sustituyéndolas por impuestos que no se trasladen al exterior, permite un ajuste más rápido y equitativo, que mejora la competitividad e incentiva el empleo.

El segundo giro tiene que ver con la novísima reforma del mercado laboral ya que continuar centrándose en cómo se entra (tipología de contratos) y en cómo se sale (coste del despido), es lo menos relevante en esta situación. Si comparamos la estructura, no el volumen, de la contratación laboral antes de la crisis y ahora, ya en vigor la última reforma, la similitud es demasiado grande como para no sacar un voluminoso informe de errores. Sin embargo, modificar radicalmente la manera en que se está en el mercado laboral (negociación colectiva) de tal manera que cuando haya problemas reales, el despido tenga alternativas útiles, es fundamental.

El tercer giro debe producirse en la eternamente inacabada reforma financiera. Seguir empeñándose en incrementar, más y más, tamaño, capital y reservas como único mecanismo para reforzar la solvencia de las instituciones ante el importante volumen de activos tóxicos de origen inmobiliario (suelo y viviendas) que siguen contabilizando,  es condenarnos a una década de sequía crediticia. El Gobierno ha abandonado demasiado pronto las diferentes alternativas existentes sobre una aproximación al problema desde el otro lado, desde el ajuste de activos a través de lo que se ha dado en llamar banco malo, que puede ser una opción más rápida, eficaz y socialmente útil que una nueva ronda de concentraciones sin norte, ni fin.

Muchas cosas se están moviendo, para mejor, en la Unión Europea. Sería imperdonable que no lo aprovecháramos aquí aunque para ello los dirigentes se vean obligados a rectificar pre-juicios y a variar el rumbo en que han introducido a la sociedad española. Tenemos tiempo, pero cada vez menos, porque todo se desgasta muy rápido. Incluso la credibilidad de los Gobiernos.

Entre el déficit y el paro, el Gobierno ha escogido priorizar la austeridad máxima cuando ya casi nadie duda del carácter recesivo, al menos a corto plazo, de los planes de consolidación presupuestaria, sobre todo, si se hacen aceleradamente y a la vez, en toda la zona euro. Anunciar para este año, como se ha hecho, una reducción del déficit  del conjunto de las administraciones equivalente a 40.000 millones de euros,  significa introducir en nuestra menguada actividad económica una retracción de tal calibre, que la nueva liquidez que  se dice que se va a inyectar a las CC.AA a través del ICO (el resto son anticipos a cuenta), apenas será una gota en el océano macroeconómico.

Es cierto que la literatura recoge algunos casos de contracciones presupuestarias expansivas. Pero quienes defienden esta tesis deben señalar las condiciones en que aquello se ha producido: cuando el grueso de la deuda corresponde al sector público (ahora es del privado); cuando el sistema financiero proporciona liquidez al sistema (ahora hay una fuerte sequía de crédito) y cuando los tipo de interés son elevados (no como ahora). Es decir, ahora, no se da ninguna de las condiciones necesarias para que el plan previsto de reducción del déficit pueda contribuir a la reactivación de la actividad, sino más bien lo contrario.

Tan es así, que si leemos los informes en base a los cuales las compañías de calificación penalizan nuestra deuda soberana, se destaca, cada vez más, las escasas perspectivas de crecimiento como el principal riesgo para poder cumplir, incluso, los planes de consolidación presupuestaria ya que sin reactivación, difícilmente se podrán cumplir las previsiones de ingresos públicos en un contexto en que no se puede confiar en conseguir los objetivos de déficit en base, exclusivamente, a sucesivos recortes del gasto.

Podemos decir, en este sentido, que si el nuevo Gobierno está cogiendo, con fuerza, el toro por los cuernos, puede que se haya equivocado de toro, como ya le pasó al Gobierno anterior. Lo cuál es especialmente grave por dos razones: primera, el cambio de actitud del BCE, inyectando liquidez sin límite al sistema financiero para que este pueda comprar deuda soberana con un margen de beneficio más que interesante y la puesta en marcha en julio del Fondo de Rescate permanente previsto en el nuevo Tratado, van a amortiguar los problemas agudos de financiación externa. A finales de este año, nadie, salvo los expertos, sabrá ya a cuanto está la prima de riesgo, no tanto por méritos propios, sino por el cambio producido en la Unión Europea respecto a la defensa conjunta del euro.

Segunda, porque también la Unión Europea, es decir, Alemania, está incorporando ya las necesarias políticas de reactivación económica como parte inexcusable de la lucha contra la crisis. Si la necesidad de mancomunar políticas públicas europeas de reactivación de la actividad se abre paso en el discurso y en la práctica de la zona euro mediante el anunciado Fondo de Crecimiento y Competitividad, será más fácil para España solicitar una revisión de los plazos previstos para alcanzar el objetivo de déficit ya que no es lo mismo lograr el 4,4% este año, cuando se preveía crecer al 2,3%, que hacerlo con las actuales previsiones de crecimiento negativo. Para reforzar esta postura, reorientar la métrica hacia el déficit estructural en línea con lo establecido en la reforma constitucional impulsada por el anterior Gobierno, permitiría encontrar un respiro a corto plazo.

Se puede abrir, pues, este año una ventana de oportunidad para aplicar en los Presupuestos para 2012, a presentar en marzo, un giro en la política económica que permita luchar contra la crisis mediante un cierto activismo presupuestario y no solo pagar por ella recortando el gasto. Cosa, tanto más necesaria, cuanto mayor sea la recesión en que nos podemos meter.

Se trataría de aprovechar el radical cambio de circunstancias en el contexto europeo, para alterar las prioridades nacionales actuales, caminando con las dos piernas, como ha hecho Monti en Italia: austeridad, pero ralentizada en el tiempo y reactivación selectiva. Para ello, resulta fundamental diseñar medidas de impacto en sectores como la construcción, el automóvil, el turismo y la alimentación, con gran capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía, unido a una imprescindible medida de devaluación interna que reequilibre la presión impositiva en sentido favorecedor de la competitividad, como una bajada generalizada de cotizaciones sociales, compensada por subidas en otros impuestos que no se trasladen al precio internacional de los productos.

Alguna vez he comentado aquí que hay una parte de la economía y de la sociedad española preparada para crecer. Y no son pocos. Se trata de familias y empresas que han hecho sus deberes, no tienen niveles excesivos de endeudamiento y han saneado su situación económica. Una parte crucial, en términos dinámicos, sobre la que está actuando, a modo de bloqueo, la losa de los programas depresores de la actividad y de las expectativas, puesta a rodar por los campeones del ajuste perpetuo. Un amplio conjunto cuyos componentes no pueden buscar beneficios en otros países o, en todo caso, no quieren abandonar completamente el suyo.

Estas familias y empresas, verdaderas cabeza de playa en la lucha contra el paro y por el crecimiento, se merecen que el Gobierno, después de haber ayudado ampliamente al sistema financiero y, ahora, también a las CC.AA, les dedique algo de su atención positiva, pudiéndole garantizar a cambio, una elevada rentabilidad social a la misma. Aunque para ello no sea suficiente el giro presupuestario propuesto aquí, si no va acompañado de acceso a crédito nuevo, que es otro asunto sobre el cuál el Gobierno va a tener que cambiar de manual. Si le dejan, claro.

                Lo llamativo, sin embargo, de un reciente estudio hecho público por la OCDE, es que ese aumento en la desigualdad de la renta, medido por el indicador que se mida, se viene produciendo, incluso, durante los treinta años anteriores a la actual crisis. De hecho, como he tenido ocasión de contar aquí, muchos interpretamos que el proceso de sobreendeudamiento, acompañado de burbuja especulativa de ciertos activos, que ha estado en el origen de la actual recesión mundial, fue un intento de mantener artificialmente la demanda efectiva creciente que necesita un sistema económico con capacidad productiva en permanente expansión , supliendo mediante la generalización del recurso al crédito a grupos sociales cada vez menos solventes, la ausencia de renta suficiente obtenida por los mismos mediante los mecanismos habituales del mercado o de las políticas sociales de los Estados.

Así, esta desigualdad creciente en la distribución de la renta estaría en el origen último de la actual crisis que, por otra parte, no ha hecho más que agudizar el fenómeno. En España, por ejemplo, según los datos de Contabilidad Nacional, el peso de la remuneración de asalariados en la Renta Nacional ha bajado un punto porcentual entre el 2000 y el 2010, del 49,9% al 48,91%, mientras que el excedente bruto de explotación ha visto incrementar su participación en casi tres puntos.

Son muchos y muy complejos los elementos que debe analizarse para intentar explicar las causas de esta la desigualdad creciente. Entre ellas, la globalización, las innovaciones tecnológicas, los cambios en la estructura de la población etc. Pero lo más relevante del exhaustivo análisis de la OCDE es que hay dos cosas que sobresalen de forma clara como factores explicativos de la creciente desigualdad en la distribución de renta: los cambios normativos que debilitan la posición negociadora de los trabajadores respecto a las condiciones laborales, incluyendo los salarios y el retraimiento de las políticas públicas redistributivas, sobre todo, impuestos y transferencias sociales.

 Llama la atención que un fenómeno transversal y con tan fuerte impacto sobre la actividad económica como la casi total apertura de los mercados de productos, servicios y financieros que llamamos globalización, haya afectado al crecimiento de la desigualdad de rentas sufrida por los países de la OCDE en los últimos treinta años menos, que el empeño ideológico en aplanar la progresividad de los impuestos o en reducir derechos laborales. De ser esto así y hay suficientes elementos empíricos en el estudio como para hacerlo verosímil, si hoy vivimos en un mundo socialmente más injusto, incluso con independencia de la recesión, no es como consecuencia de fuerzas impersonales de la economía sino de decisiones políticas adoptadas al calor de una visión ideológica de la sociedad que tuvo en Reagan y en Thatcher a sus primeros apóstoles.

Fíjense que me centro en un aspecto, para mí relevante, como la desigualdad social, no explicada en función del mayor o menor esfuerzo o capacidad individual, sino por factores institucionales reversibles. Y que dejo de lado otros aspectos, como la eficiencia o la productividad, porque creo cuestionable unas normas sociales que nos permiten ganar en eficiencia si es a costa de perder tanto en equidad.

España sería uno de los pocos países de la OCDE en los que la desigualdad social se ha reducido desde mediados de 1980, con la excepción de los dos últimos años de crisis. La potente actuación redistribuidora del Estado, mediante los impuestos y las prestaciones sociales, ha contribuido de manera decisiva a ello. Aún así, en 2008, el ingreso medio del 10% de nuestros ricos era once veces mayor que el del 10% con menores rentas.

Si todo esto es así, encontraremos argumentos tan sólidos como adicionales para oponernos al paradigma económico alemán que nuestras autoridades han asumido sin cuestionar. Considerando que 30 años es tiempo suficiente como para hablar de “largo plazo”, podemos decir que la obsesión por reformar el mercado laboral de una manera sesgada que no busca un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, sino debilitar la posición negociadora de los sindicatos a la hora de mejorar salarios y condiciones laborales, unido a una obsesión no menor por el equilibrio presupuestario acelerado mediante la reducción del papel redistribuidor del Estado solo posible con impuestos suficientes y progresivos junto a políticas sociales activas, son políticas que favorecen a los más ricos y que conducen a una sociedad más injusta, polarizada y desigual.

Si las señales que envía el discurso y la acción pública  son que se favorece mediante la tributación a las rentas no ganadas con esfuerzo (plusvalías, herencias y rentas de capital), frente a las rentas del trabajo, o que debemos sacrificar el presente y parte de nuestro futuro, con la aplicación de políticas de austeridad extrema, para satisfacer los intereses de aquellos rentistas que nos prestaron dinero en el pasado, como si no asumieran ningún riesgo con ello, la tendencia a la desigualdad creciente continuará. Y en la era del conocimiento en que nos movemos, una sociedad más desigual acabará generando una economía menos productiva porque el factor trabajo carecerá de una retribución que compensen la necesaria inversión formativa a lo largo de la vida, desincentivando el esfuerzo y provocando una descapitalización de talento, justo cuando más lo necesitaremos. Por ello, hasta el Foro Económico Mundial señala la enorme disparidad de ingresos como la principal amenaza de la década.

Crecimiento económico, creación de empleo estable, retribuciones dignas, impuestos progresivos y políticas sociales redistributivas son los cinco elementos fundamentales de una política pública que reduciendo la desigualdad social, nos conducirá, también, a un crecimiento inteligente, sostenido sobre el valor añadido del talento. Otro paradigma, es posible.

                No es la primera vez en España que se puede detectar, por debajo del ruido propagandístico de unos o de otros, una sustancial continuidad en el propósito, sentido y dirección de las políticas económicas, entre gobiernos con partidos de signo distinto. Así, el primer Gobierno socialista de 1982 heredó una buena parte de los mandatos de su antecesor de la UCD, como el Gobierno popular de 1996 continuó las políticas iniciadas por su antecesor socialista con el común objetivo de entrar en el euro desde el principio. La principal diferencia con ambos momentos es que ahora, empiezan a acumularse serias dudas sobre la bondad del actual camino para hacer frente a la grave recesión en la que seguimos metidos, en Europa y en España.

El Gobierno de Rajoy ha aceptado el discutible calendario de reducción del déficit público pactado por el Gobierno de ZP con Bruselas hace tres años, incluso cuando en el mismo se establecía la obligación de cerrar 2012 con un déficit del 4,4% del PIB, en un escenario de crecimiento económico del 2,3%, muy alejado de las actuales perspectivas recesivas. Partiendo de la convicción generalizada de que en 2011 se superaría el déficit comprometido, adelanté hace semanas en esta columna que el ajuste necesario para cumplir sería de unos 30.000 millones de euros, cifra que se sitúa en el espectro de lo confirmado por el nuevo Gobierno. A partir de ahí, el hacerlo en dos partes o en tres, en función de las elecciones andaluzas y de los plazos necesarios para elaborar unos nuevos Presupuestos, más allá de la prórroga de los anteriores, no evita lo ineludible de combinar fuertes recortes de gasto, junto con incrementos significativos de impuestos, para que salga la resta.

Rajoy ha subido el IRPF y el IBI, sin que sea descartable que lo haga en marzo con el IVA o los especiales, porque en el mantra de la “austeridad máxima ya” en el que nos movemos, bajar impuestos no es cosa ni de izquierdas, ni de derechas, es sencillamente imposible. Lo cuestionable, pues, es la lógica misma de una política económica en la entramos en mayo de 2010 según la cuál, entre dos urgencias incompatibles a corto plazo, reducir deuda o crear empleo, se elige la primera, con la diferencia de que para reducir deuda, de manera sostenible, es necesario volver a crear riqueza y empleo.

Se opta, así, por priorizar los intereses coincidentes de los mercados financieros, de los acreedores, de los bancos y de Alemania, en vez de hacerlo con los de empresarios, trabajadores y  ciudadanos. No es frecuente que una sociedad sacrifique de esta manera sus perspectivas de creación de empleo y riqueza, en base a una supuesta moralidad sobre acciones del pasado (“el que la hace la paga”), que se convierte en injusta cuando muchos de los padecen las consecuencias, no generaron el problema y bastantes de estos últimos, han salido indemnes.

Mucho menos, cuando ya está asumido en el nuevo Tratado aprobado recientemente por el Consejo Europeo, que la gravedad de los problemas actuales con el endeudamiento, del que la prima de riesgo es exponente claro, no deriva tanto del volumen de deuda soberana, como de la inexistencia de dos elementos institucionales claves: un Banco Central prestamista de último recurso y un mercado de eurobonos. Y no por un error en el diseño del euro, sino porque, desde el principio, Alemania no quiso, cuando otros lo propusieron y sí existe en USA.

La segunda pata del pensamiento hegemónico, tiene que ver con la manera en que se aborda la reestructuración del agente desencadenante de esta crisis de sobreendeudamiento: el sistema financiero. Ante el colapso de una parte del sistema bancario mundial y las dudas sobre la solvencia del resto expresadas mediante la inexistencia de mercado interbancario, tres años después de la quiebra de Lehman, la respuesta política ha sido inyectar recursos públicos, que se escatiman para otras cosas, con el argumento de que son entidades sistémicas demasiado grandes e importantes como para dejarlas quebrar y, en segundo lugar, propiciar una reestructuración, que fortalece a los fuertes, exigiendo crecientes requerimientos de capital como fórmula exclusiva para mejorar su cuestionada solvencia.

Casi descartada en España, también por el nuevo Gobierno, la idea de abordar el problema desde el otro lado, con una rebaja del volumen de activos dudosos mediante la creación de cualquiera de las muchas fórmulas de “banco malo”, como vengo proponiendo aquí desde hace tres años, seguiremos abocados a mantener una fuerte sequía de crédito que coadyuva también a estrangular cualquier posibilidad de reactivación de la economía real.

No es sólo que el año pasado cerrase con una nueva caída del 4% en el volumen de créditos concedidos a familias y empresas españolas, es que los cuantiosos recursos de financiación puestos en el mercado por el Banco Central Europeo, quedan atascados en un sistema bancario que los absorbe para cumplir con sus cuentas y, el resto, los vuelve a depositar en el propio Banco Central donde hay acumulados saldos de más de 400.000 millones de euros de esta procedencia. ¿Se imaginan el impacto sobre la economía real si el más de medio billón de euros que prestó al 1% el BCE a la banca europea, solo en el mes pasado, hubieran llegado íntegros a familias y empresas? Pues eso. Que hay salidas de emergencia, alternativas. Salidas que, reduciendo el déficit público y reforzando la solvencia bancaria, buscan combatir la crisis y no solo pagar por ella.

Primero, el contexto. Era finales de setiembre del año 2003 y acudíamos a una charla con el Grupo Parlamentario Socialista tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE bastante “conflictiva”. Tanto, que yo no quería asistir y solo lo hice cuando ZP pasó por mi despacho de la tercera planta de Ferraz, para obligarme a acompañarle en su coche. El motivo de la discusión había sido, era y fué todavía luego, su decisión de apartarme de la dirección de la parte económica del programa electoral para encargarsela a Miguel Sebastián que formaba parte de los grupos de trabajo organizados desde mi Secretaría de Economía y Empleo de la CEF y que acababa de ser despedido de su puesto de Jefe de Estudios del BBVA.

Este asunto significaba una desautorización a mi labor como responsable de Economía del PSOE y su portavoz parlamentario, que yo consideré totalmente injustificada, hasta el punto que presenté mi dimisión al Secretario General sin que este me la aceptara, pidiéndome, además, que siguiera ayudando desde mi puesto, cosa que hice.

La tensión entre ambos era máxima en ese momento, razón por la cuál, cuando nos dijeron que se había oido parte de la conversación privada que mantuvimos, yo me quedé muy preocupado, pero en absoluto por lo de las “dos tardes”, que me parecía una anécdota menor, sino por lo que dije sobre ese asunto y, sobre todo, por lo que pude haber dicho en el contexto de cinco días de debates entre ambos sobre la cuestión.

Segundo, lo dicho. Se trataba de una exposición a los diputados y senadores socialistas en la que anticipabamos nuestra alternativa presupuestaria, días antes de que el Gobierno de Aznar hiciera pública la suya. Recuerdo que lo habíamos preparado con un grupo reducido de economistas que nos ayudaban porque ya se había tomado la decisión de que el debate presupuestario lo haría el propio Zapatero.

Según consta en El Mundo del 24 de setiembre de 2003 bajo el titular “Jordi Sevilla corrige a Zapatero en una conversación privada captada por los micrófonos de la prensa”, en otros medios de comunicación y en la propia cinta televisiva, la conversación textual fué la siguiente:

Jordi: “Esto es fácil, A NO SER QUE QUIERAS HACER UNA TESIS DOCTORAL“

Zapatero: “Si, pero es complicado”

Jordi: “Se te nota todavía un poco inseguro, has cometido un par de errores. Has dicho que aumenta la progresividad en lo del sistema fiscal y lo que aumenta es la regresividad, pero son chorradas…”

Zapatero: “Bueno, pero da lo mismo”

Jordi: “Lo que te quiero decir, LO QUE TÚ NECESITAS SABER PARA ESTO SON DOS TARDES”

Zapatero: “¿Sabes que es lo peor?, que me gusta”

Jordi: “PREFIERO QUE ME SUSTITUYAS TÚ QUE MIGUEL” (el exdirectivo del BBVA Miguel Sebastian cuyo “fichaje” ha mermado las competencias del responsable económico del partido).

Zapatero: “Qué cosas dices”.

Tercero, la interpretación. Es obvio que ni le digo que YO le daré dos tardes de clase de economía ni, mucho menos, que la economía se puede aprender en dos tardes. Dejándo al margen lo obvio, que la expresión “dos tardes” no se puede interpretar en sentido literal sino como metáfora, parece evidente que hablabamos de la preparación para el debate presupuestario que iba a tener lugar unas semanas después: “lo que tú necesitas saber para ESTO”.

Demasiadas veces me he encontrado con políticos estimables que habían desarrollado una aversión inexplicable a los asuntos económicos que les parecían esotéricos e incomprensibles. Demasiadas veces me he encontrado a economistas que se aprovechaban de esa situación, aparentando una difícultad elevada en los asuntos económicos lo que unido a un lenguaje criptico les convertía, a ellos, en imprescindibles como asesores del político.

Eso, en momentos en que la actividad económica, la política económica y las decisiones económicas son fundamentales, siempre me ha molestado porque creo que, en esencia, los conocimientos necesarios para adoptar decisiones políticas sobre asuntos económicos en la vida pública están al alcance de cualquier persona interesada. Quizá sea por mi experiencia de divulgador, pero estoy convencido de que se puede hacer entendible asuntos económicos, supuestamente complejos, a una persona interesada y con formación media. Al menos, los relacionados con la actividad política normal (que tienen mucho que ver con la política a secas)  ya que, otra cosa distinta, es lo exigible para hacer una carrera académica como queda dicho en la conversación.

Trabajamos algo más que “dos tardes” en la preparación de ese debate presupuestario que hacía ZP frente al Ministro Montoro. Creo que ganó ZP el debate. Estábamos en la oposición y a cinco años de la crisis económica. El resto, es otra historia, que deberá ser contada en otro momento.

Ninguno de los problemas que azotan la estabilidad de los países del euro ha sido abordado con decisión y contundencia como han tenido ocasión de reconocer ya los mercados financieros con nuevas pruebas de desconfianza en forma de descensos bursátiles, tensiones en la prima de riesgo o depreciación del euro. La única medida tangible, la entrada en vigor del ya aprobado Mecanismo Europeo de Estabilidad, no será antes de julio del 2012, pudiendo ser más tarde si el proceso de ratificación del nuevo Tratado se retrasa. Y las expectativas respecto a que una mayor dotación presupuestaria del mismo ayudara a eliminar las actuales tensiones han sido contrariadas por Merkel, apenas unos días después.

La eurozona arrastra tres problemas importantes, cuya solución es imprescindible, a los que tampoco se ha dado respuesta esta vez: no hay un verdadero banco central, no es una autentica unión fiscal y no existe una estrategia conjunta de crecimiento. Vayamos por partes.

La zona euro es la única construcción monetaria del mundo cuyo banco central tiene prohibido prestar a la Unión o a los gobiernos de los Estados Miembros. Así lo impuso Alemania cuando se firmó, en 1991, el Tratado de Maastricht y así se volvió a recoger en el artículo 123 del Tratado consolidado de 2001. Esta anomalía es la que genera un desequilibrio a favor de las entidades financieras que pueden especular en contra de las deudas soberanas, porque los gobiernos necesitados no tienen otra fuente alternativa de financiación con la que frenar, en su caso, la voracidad de los mercados. Si cuando los compradores institucionales de deuda pública exigen tipos de interés demasiado elevados, los gobiernos emisores pudieran recurrir, sin límites, a la financiación excepcional de su Banco Central, habría competencia real y los mercados se enfrentarían al riesgo de perder y no solo a la realidad de que ganan siempre.

Para corregir esta situación anómala, agravada por la negativa a emitir eurobonos centralizados, se han adoptado tres parches: el Banco Central Europeo presta al FMI para que sea este quien preste a los Estados Miembros; el BCE presta a los bancos privados para que estos compren deuda soberana y, por último, se ha creado el Fondo de Rescate, convertible a plazo en el mencionado Mecanismo Europeo de Estabilidad, ambos con tan pocos recursos relativos que apenas si representan un respiro cuando actúa en el mercado de deuda.

En segundo lugar, no hay una auténtica unión económica, ni tan siquiera fiscal y no por falta de enfáticas palabras al respecto. Además de lo previsto en el Tratado de Maastricht, el Consejo de Amsterdam fijó en 1997 los procedimientos de déficits excesivos en aplicación de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguido de: un Reglamento sobre el reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y una Resolución del Consejo sobre coordinación de las políticas económicas. Si ha fallado el control presupuestario en la zona euro, no ha sido por falta de declaraciones y compromisos como los nuevamente anunciados la pasada semana bajo pomposos títulos como “genuina estabilidad presupuestaria” en la zona, sino porque no se ha querido dotar a la Comisión de verdadero poder para inmiscuirse en los presupuestos nacionales y, sobre todo, porque cuando el Comisario Solbes quiso abrir, en 2003, un procedimiento por déficits excesivos a Alemania y Francia, estos se negaron en redondo a que se les aplicaran a ellos, las reglas que querían imponer a los demás.

Además, una unión fiscal a la altura de la unión monetaria que ya tenemos, exige una importante transferencia de recursos económicos y de soberanía fiscal nacional en favor de un Presupuesto comunitario que represente algo más del ridículo 2% del PIB que significa ahora, frente el 20% que es el Presupuesto federal americano. De nuevo, los países más ricos de la Unión, con Alemania a la cabeza, se niegan a avanzar por esa senda.

Por último, resulta extraño y muy poco motivador, que cuando la Unión Europea se enfrenta a un estancamiento que sigue a una crisis profunda, su política económica carezca por completo de una estrategia comunitaria de reactivación y crecimiento, más allá del ajuste presupuestario con unos ritmos acelerados que empujan a los países afectados a una recesión intensa, al paro masivo, a la desigualdad creciente y al malestar social extremo, sin excluir limitaciones a la democracia en forma de gobiernos tecnocráticos no elegidos por los ciudadanos.

Tengo la convicción de que cuando analicemos este período con un poco de perspectiva histórica, no podremos creer que nuestros dirigentes actuales hayan sido capaces de cometer tantas torpezas juntas. Porque no se trata, solo, de que han dado respuestas muy lentas ante problemas muy urgentes como está ocurriendo desde que las dificultades de algunos países periféricos se convirtieron en una crisis del euro que no excluye ni a la propia Alemania, sino de la simple falta de respuestas eficaces e, incluso, de muchas respuestas directamente equivocadas, desde el punto de vista del interés colectivo de la zona monetaria, aunque entendibles desde la necesidad alemana de dejar claro su liderazgo.

El hecho de que se haya utilizado la torpeza de Cámeron, para eludir el marco común, en forma de un acuerdo con difícil encaje comunitario, evidencia que los esfuerzos por minimizar el papel del Presidente del Consejo o por ningunear a la Comisión, sustituidos ambos por el Directorio Merkozy, no son casuales.

Escuchando las explicaciones que tanto Merkel como Sarkozy han realizado ante sus Parlamentos nacionales, se percibía un poco de envidia hacia un premier británico, aislado, pero envuelto en su bandera. Vivimos un renacer de los Estados nacionales que combina mal con la consigna repetida de “más Europa”. Esta vez, no es cuestión de “niebla en el canal” sino del otro clásico, “el humo ciega nuestros ojos”.

Como el reparto de sacrificios públicos entre empresarios, trabajadores en activo y trabajadores parados o jubilados, depende de las decisiones políticas que se adopten sobre impuestos, pensiones (congelarlas), subsidios de desempleo (suprimirlos) y leyes laborales (parados).

Determinar el mecanismo mediante el cuál se calcula el coste de producción y el precio de venta de los bienes y servicios ofrecidos, es una de las tareas principales del análisis económico. Mas allá de una imposible planificación centralizada y de un libre mercado que solo existe en los libros de texto, la realidad no se deja organizar en esquemas simples. Así, existen bienes privados, como la energía eléctrica, ofrecidos por empresas privadas, pero cuyo precio final acumula decisiones políticas como la existencia de primas a la producción de ciertas energías que obliga a regularlos con criterios públicos. Por contra, hay servicios públicos, como el transporte aéreo, ofertado por empresas privadas y cuyo precio al usuario es privado.

Todas estas decisiones tienen importantes consecuencias sociales al determinar quienes pueden ofertarlos, quienes consumirlos y, sobre todo, quienes pagarlos. Y esta decisión no siempre se adopta con criterios basados en el carácter más o menos básico o esencial del bien o servicio de que se trate. Por ejemplo, dejamos que alimentos como la leche o el arroz, considerados esenciales, tengan sus precios fijados por empresas privadas, mientras que el transporte de viajeros en AVE tiene subvencionado, de hecho, su precio al consumidor mediante la ficción de que el operador que presta el servicio no debe pagar por el elevado coste de las inversiones públicas financiadas mediante impuestos generales.

O el billete que pagan los usuarios del metro en las grandes ciudades se encuentra subvencionado mediante transferencias directas de los Presupuestos Generales, mientras que las subvenciones al carbón nacional las financian solo los consumidores de electricidad a través del precio público fijado (tarifa). Es decir, que hay productos privados que se subvencionan mediante impuestos que pagan todos  o mediante tarifas públicas que pagan solo los usuarios y otros que no se subvencionan, a la vez que hay servicios públicos casi financiados directamente por los usuarios mediante los precios y otros que se financian por impuestos generales.

Detrás de cada una de estas decisiones, no siempre transparentes, ni coherentes, subyace un determinado reparto histórico del coste de las cosas entre distintos sectores sociales. Reparto de costes con criterios no técnicos (científicos), sino políticos (pugna de intereses) y que es, precisamente, lo que se pretende alterar mediante los sucesivos planes de ajuste para adaptarnos a la actual crisis de deuda. Así, cuando se modifica la prestación sanitaria pública para reducir gastos, bien sea mediante recortes en la cartera de servicios, largas listas de espera o la introducción de una nueva tasa por uso del servicio (copago), se traspasa coste desde los contribuyentes (impuestos), hacia los usuarios, a los que se les puede hacer pagar más en función de su nivel de renta, o no. Y cada una de estas decisiones, reparte el coste de manera que beneficia o perjudica a sectores sociales diferentes.

Cuando las tarifas de los autobuses urbanos no llegan a cubrir el coste de prestación del servicio aún en su versión más barata que suele ser la concesión privada, se genera un déficit que puede pagar el Ayuntamiento (contribuyentes de ámbito local), la empresa que presta el servicio (pública o no), en forma de endeudamiento o los usuarios bien como subida de precios en los billetes, bien en deterioro en la frecuencia y calidad del servicio. Cada una de las opciones reparte el coste de forma distinta y afecta a sectores sociales diferentes.

Una de las maneras más frecuentes para alterar el quien paga por la prestación de los servicios públicos ha sido, en los últimos años, las bajadas sistemáticas de impuestos directos que no solo han reducido capacidad financiera en las administraciones públicas, sino que han ido aplanando la progresividad del sistema hasta dejarla bajo mínimos. Una cosa es que la sanidad o la educación de todos esté financiada mediante un sistema tributario en el que pagan más los que más tienen, aunque la utilización del servicio se haga en términos iguales, por necesidad, y otra deslizarse hacia un modelo de financiación basado en impuestos indirectos y pago por servicios porque entonces, el acceso depende no tanto de la necesidad percibida, sino de la capacidad de pago del individuo.

Cuando la OCDE señala en un estudio reciente que estamos ante el mayor nivel de desigualdad social de los últimos 30 años, incluso con independencia de la crisis económica, habla de esto: del reparto de la tarta económica en sociedades cada vez más productivas gracias, sobre todo, a la innovación tecnológica. ¿Cómo se reparte entre factores productivos y fuerzas sociales, los beneficios extraordinarios de este mayor potencial de crecimiento? Si la distribución primaria de renta, la que se produce en el mercado laboral, contabiliza cada vez más trabajadores precarios con sueldos bajos o directamente en paro y la tarea redistributiva del Estado mediante la utilización de impuestos y transferencias se ve modificada por la suma de recortes presupuestarios y contrarreformas fiscales que hacen pagar cada vez más por uso y menos por capacidad de pago, el resultado sobre quien paga que, se explica solo. De todo eso va, el debate sobre el euro, la crisis o los recortes. De eso va, la economía política.

                Hemos llegado a esa situación porque entre el 2000 y el 2007 nuestra inversión, motor del crecimiento y la creación de empleo durante el período, ha sido muy superior a nuestro ahorro nacional por lo que hemos tenido que financiarla con ayuda externa, como reflejaba un déficit por cuenta corriente que llegó a alcanzar el 10% del PIB, sólo superado por el de USA. Se puede decir que el llamado milagro económico español, a caballo entre los gobiernos del PP y del PSOE, fue posible gracias a no pagar al contado, a la deuda, a los dineros prestados desde afuera. Aunque a partir de 2008 se frena esa situación, el déficit externo se reduce a la mitad y la amortización de préstamos se acelera, se viven momentos en que la crisis del euro nos cierra los mercados financieros, encarece aquellos a los que podemos acceder (la famosa prima de riesgo) y nos sitúa en manos de los préstamos del Banco Central Europeo y del Fondo de Rescate, con la alargada sombra de la intervención acechándonos. 

                ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué familias, empresas y Estados han recurrido tanto al préstamo? ¿Cuál es la lógica sistémica detrás de ese elevado nivel de endeudamiento acumulado? No me refiero a los problemas institucionales de la zona euro, las carencias del Banco Central o la necesidad de los eurobonos. Ni hablaré de las carencias en la gestión de las economías nacionales por parte de los diferentes gobiernos, porque el fenómeno es tan generalizado, incluyendo a los EE.UU, que tiene que tener una explicación desde el corazón mismo del sistema capitalista en  que vivimos. Comprender esto me parece fundamental para atisbar cómo quedaremos una vez logremos superar este episodio de grave crisis de sobreendeudamiento con burbuja especulativa de activos.

                Desde el sector privado, nuestro modelo económico gira en torno a la obtención del máximo beneficio como principal razón de ser. Eso pasa por la capacidad de vender los bienes y servicios producidos de manera creciente por una máquina económica cada vez más eficiente. Encontrar nuevos mercados para una producción creciente y diversa ha estado detrás de fenómenos como el imperialismo o la ayuda al desarrollo, que buscan ampliar la capacidad de obtener beneficios vendiendo en nuevas zonas geográficas. Henry Ford, tras ser capaz de fabricar muchos coches al año gracias a la mecanización del proceso productivo, encontró también nuevos compradores en sus propios trabajadores para lo que tuvo que subirles los sueldos. El salario pasó a ser, así, una variable económica ambivalente: por un lado, coste de producción que conviene rebajar, por otro, demanda efectiva que convendría mantener o elevar.

                La globalización amplía este proceso en un triple sentido: incorpora a más consumidores de los países emergentes (las nuevas clases medias de América Latina o los muy ricos de China o Rusia); incrementa la capacidad de poner en el mercado mundial cantidades crecientes de productos en busca de compradores y, a la vez, agudiza las desigualdades sociales en el primer mundo como consecuencia de la disciplina en salarios que impone, dando lugar al paro, a salarios a la baja o, incluso, a los llamados en USA “trabajadores pobres” o en España, menos que mileuristas.

En ese contexto, el recurso sistemático al crédito financiero es la pieza que permite proporcionar capacidad de compra efectiva a segmentos sociales que por su nivel de ingresos, estarían excluidos de esos consumos. El caso de las hipotecas “subprime” es muy claro, pero no único. Desde el sector privado, pues, el recurso abusivo y peligroso (desde el punto de vista de la solvencia) al endeudamiento viene justificado por la necesidad permanente de generar nueva demanda interna, en países con desigualdades sociales crecientes, en los que el crédito sirve para engrasar los mecanismos de venta sobre esos desequilibrios de renta generados por el sistema.

Desde el sector público, es más conocido el fenómeno. No hablo del endeudamiento defendible, incluso desde la ortodoxia presupuestaria, vinculado a inversión pública plurianual o a mejoras permanentes en el capital social que incrementan el crecimiento potencial de la economía y se trasladan, también, a las futuras generaciones. Hablo de cuando recurrir al endeudamiento es lo que permite cuadrar, aparentemente, el círculo de dar, sin cobrar, de ofrecer gasto público creciente para satisfacer todas las necesidades colectivas, incluso las insensatas, a la vez que se compite por rebajar impuestos, sin que la eficiencia del sector público mejore lo suficiente como para explicar el aparente milagro de conseguir, de forma recurrente, obtener más por menos. 

En ambos casos, el recurso al crédito sirve para encubrir dos problemas importantes: tenemos unos salarios y unos impuestos demasiado bajos para una parte importante de la población, en un contexto en el que el sistema político-social se fundamenta en que las necesidades individuales y colectivas, sin importar su mayor o menor artificialidad, se satisfagan, ya que el beneficio empresarial o partidista se obtiene cuando cada vez más personas te compran (o votan) tu producto o tus propuestas.

Impulsado por la desregulación de los mercados financieros, esta manera de funcionar se ha distorsionado por exceso en los últimos años, llegando al actual sobreendeudamiento. Pero si la necesidad subyacente de recurrir al crédito forma parte de la lógica del sistema, salir de la actual crisis nos conducirá, en los países avanzados, a una situación en la que, o bien nos veremos obligados a reproducir el mismo mecanismo hasta la próxima burbuja, o bien se reducirá sensiblemente el nivel de crecimiento y bienestar, o bien tendremos que subir salarios e impuestos, mejorando la productividad. Porque todo a la vez, no será posible.

Se abre, ahora, una ventana de oportunidad para que ciudadanos y grupos de interés hagamos llegar al todavía innominado nuevo Presidente nuestras propuestas, tras semanas de escucharles a ellos. Convirtiendo esta columna en seudo escaño parlamentario temporal quiero dejar constancia de lo que creo debe de hacer, en economía, el Gobierno que salga de las urnas, convencido de que en momentos excepcionales como estos, donde vuelve la recesión, se nacionalizan bancos, los mercados cambian gobiernos, la democracia se ponen en cuestión sustituida por la tecnocracia y Alemania reconstruye la zona euro a su medida, hace falta romper esquemas en la manera de hacer política nacional.

Mi visión sobre el momento que atraviesa España me trae a la memoria retazos de nuestra historia que quiero citar a título de comparación. Tenemos que efectuar un ajuste del elevado endeudamiento público y privado que tenemos, equiparable a lo que representó, en 1959, el Plan de estabilización. También urge poner en marcha estrategias de crecimiento y de cambio del modelo productivo de la magnitud de los Planes de desarrollo de los años 60 o de la reconversión industrial de los 80. Necesitamos articular reformas estructurales en el funcionamiento institucional de nuestro sistema económico que sigan la estela de las realizadas para integrarnos en la Comunidad Económica Europea. Por último, todo ello requiere mantener una cohesión social y territorial reforzada, con acciones sobre fiscalidad y estado del bienestar, como las puestas en marcha a partir de los Pactos de la Moncloa (1977).

  No podemos continuar sin absorber, mediante una devaluación interna, los efectos perdurables de la crisis sobre nuestro sistema productivo. En lugar de esperar a que se produzca por la vía lenta e injusta del paro y del deterioro del poder adquisitivo, tenemos que asumir una rebaja sustancial de los costes laborales no salariales, es decir, de las cotizaciones sociales, del orden de cuatro o cinco puntos con tres efectos inmediatos: inyectar liquidez empresarial, facilitar la contratación y mejorar la competitividad internacional. Ello obliga a sustituir esa financiación de las pensiones por impuestos generales vinculados a la riqueza global, aproximando nuestro actual modelo de pensiones a otro con ingresos más equitativos.

Hay que diseñar planes de reactivación en, al menos, cuatro sectores con gran capacidad de arrastre y de creación de empleo: construcción, automóvil, turismo y alimentación. Planes articulados que vinculen esfuerzos públicos (de Gobierno central y autonómicos) y privados, para conseguir reactivar la demanda y la producción mediante descensos significativos y perceptibles de los precios finales.

La consolidación presupuestaria no es optativa. Se debe reforzar los mecanismos de control previo del gasto, así como aprobar compromisos vinculantes, transparentes y con sanciones por incumplimiento, para todas las administraciones, pasando de los recortes a las reformas en las principales partidas: personal (prejubilaciones, regulaciones de empleo en laborales e interinos y reducciones en tiempos de trabajo, vinculadas a reducciones de salarios, en funcionarios); sanidad (reforzando el Sistema Nacional de Salud mediante prácticas conjuntas de ahorro y externalizaciones de servicios) e inversiones (con evaluaciones externas sobre su urgencia y sentido económico). Habrá que subir impuestos de manera selectiva, especialmente a las rentas altas eximidas de tributar por IRPF y ampliar las bases tributarias mediante dos decisiones excepcionales: recortar a la mitad los actuales 40.363 millones presupuestados como beneficios fiscales a distintos impuestos y regularizar rentas irregulares mediante la emisión de títulos públicos especiales.

Reactivar el flujo de crédito requiere abordar la reforma del sistema financiero con otra filosofía, trasladando al Fondo de Garantías los activos tóxicos inmobiliarios (suelo), como vengo reclamando desde hace tiempo, a cambio de deuda pública, en condiciones penalizadoras pero que mejoren ratios de solvencia, afectando positivamente a la financiación privada. Por último, el mercado laboral (convenios), el sector energético (tarifa, renovables y nuclear), el comercio (horarios y licencias) así como transportes, deben ser objeto inmediato de decisiones orientadas por dos principios generales: abaratar costes e incrementar la flexibilidad de adaptación ante circunstancias cambiantes.  

Si tenemos que romper la inercia con que nuestra economía camina hacia el estancamiento y la desigualdad, impulsando nuevos bríos en otra dirección, necesitamos, con urgencia, un Plan de Actuaciones Extraordinarias en, al menos, estos ámbitos de trabajo, con una intensidad suficiente para que las medidas tengan impacto real sobre las decisiones de los agentes económicos y de los mercados financieros. Si, además, queremos incidir de manera positiva sobre las expectativas nacionales e internacionales, se impone hacerlo mediante un gran Pacto de Estado, que vengo reclamando desde 2008, en el que, más allá de mayorías parlamentarias, se consiga una mayoría social en torno a un programa de reformas que generará fuertes resistencias localizadas.

No sé, todavía, quién será el próximo Presidente del Gobierno. Pero sí sé que no podremos capear el temporal en esta nueva fase de la crisis sin pasar a una actitud proactiva y de las musas electorales a las matemáticas de los Presupuestos. Las encuestas muestran que para los españoles la clase política es el tercer problema del país y los partidos políticos una de las instituciones peor valoradas. Esperemos que, en este contexto, una elevada participación en las elecciones sea considerada un ejercicio de responsabilidad democrática ciudadana que provoque reacciones positivas en los partidos y en la clase política en el sentido de encender, a partir de ahora, el modo “ponerse de acuerdo”, con el fin de resolver los problemas y no solo usarlos para darse patadas en nuestro trasero.

A falta de los datos definitivos del INE, la convicción de que nos hemos instalado, en España, en un estancamiento económico en el segundo semestre de este año viene reforzada por el adelanto que proporciona el Banco de España, así como algunos analistas privados, como el  BBVA, que incluso prevé un ligero decrecimiento en el cuarto trimestre de este año, sin descartar “el riesgo de entrar en recesión”, otra vez, a comienzos del año próximo. Así están las cosas: viviendo toda Europa un importante bache, que puede acabar en nueva recaída nacional.

Cualquiera que analizara el reciente “Consenso Económico” elaborado trimestralmente por PwC (www.pwc.es) a partir de más de cien respuestas de expertos y empresarios, encontraría elementos suficientes para anticipar esta situación. En apenas tres meses, el clima reflejado en dicho documento se ha deslizado hacia peor, en casi todas las respuestas relativas al momento actual y a las perspectivas. Así, casi el 57% responden que el tercer trimestre de este año ha sido peor que el segundo y que seguirá mal hasta diciembre, mientras una mayoría (64%) sitúa el crecimiento del año que viene por debajo del 1% y muy pocos (2,75%) por encima de 1,5%, reduciendo en varios puntos porcentuales, las cifras mencionadas en la anterior encuesta.

Otro dato significativo del mencionado Consenso Económico es la respuesta a la pregunta de “¿Por qué su empresa no produce más de lo que actualmente produce?” contestada en un 92% de empresarios y directivos del panel por una causa evidente: falta demanda. Es decir, vivimos una situación keynesiana en la que hay capacidad productiva instalada suficiente, sobran trabajadores cualificados disponibles y para crecer, sólo es preciso que exista una demanda efectiva suficiente. Y las perspectivas sobre la evolución de la economía en lo que resta de año y el próximo se ennegrecen porque no hay margen creíble para el crecimiento de dicha demanda efectiva. Las familias, se piensa en un 94%, mantendrán o disminuirán su demanda en los meses venideros por tres explicaciones que nos proporciona otros elementos de información: el aumento del paro asociado a las restricciones en el déficit de las administraciones territoriales (unos 10.000 millones de euros este año), el incremento en las desigualdades sociales experimentado durante la crisis, con salarios reales evolucionando a la baja y la disminución en las concesiones de crédito bancario a los hogares, que llevan todo el año en tasas negativas.

Esas tristes perspectivas sobre la evolución de la economía real se refuerzan cuando las complementamos con la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento europeo realizadas por la Comisión, las intensas incertidumbres asociadas a los riesgos sobre la deuda soberana de los países periféricos del euro, extendidas ahora a Italia, cuando apenas se empieza a despejar el panorama en Grecia y la ampliación, un año más, de las políticas europeas de recorte simultáneo de los déficits públicos.

A pesar de que en 2010 el volumen de deuda externa bruta de España todavía se situó en el 163% del PIB, se redujo, a diferencia de lo ocurrido con otros países de su entorno, con un mayor proceso de desapalancamiento externo de las entidades financieras. Eso, más las reformas puestas en marcha por el Gobierno a partir del mes de mayo explica, probablemente, que hayamos evitado una intervención por parte de la troika (FMI, BCE, Comisión Europea), incluso en su reciente versión italiana. Tal reconocimiento debe, sin duda, figurar en el activo del Gobierno saliente.

Por su parte, el Gobierno entrante tras las elecciones se verá obligado a aprobar un Decreto Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes que permita alcanzar en 2012 los objetivos de déficit que esperan los mercados en línea con los compromisos comunitarios. Eso significará adoptar medidas para reducir el déficit sobre el cierre previsible para este año, en unos 30.000 millones de euros adicionales, entre todas las administraciones.

 Es imposible que tal hecho no impacte, al menos a corto plazo, de forma negativa en la actividad económica del país, precipitando el ya descontado estancamiento en una más que probable recesión en los primeros trimestres del año. Todo ello con independencia de que puedan ponerse en marcha otro conjunto de reformas que acaben por repercutir, en años sucesivos, de forma positiva, sobre nuestro marco potencial de crecimiento.

A golpe de recortes desordenados y de crédito atascado por cemento, un 2012 económicamente peor que el 2011 sería, pues, la hipótesis más probable hoy. Estaríamos ante lo que podríamos definir como todo lo contrario de los brotes verdes. Una situación en la que puede entrar en funcionamiento, como en Grecia, el círculo explosivo del déficit público: recortar el gasto genera un menor crecimiento económico, que reduce los ingresos presupuestarios, lo que dificulta cumplir con la rebaja prevista del déficit, por lo que hace falta mayores recortes del gasto y vuelta a empezar.

Una realidad que no se modificará por un cambio de Gobierno, aunque sí podría hacerlo por un cambio en la forma de hacer política en nuestro país, pasando de la confrontación sistemática entre partidos políticos y un reproche mutuo sobre culpas, a una estrategia de Pactos de Estado en las materias relacionadas con la consolidación presupuestaria, la crisis económica y la salida de la misma, asuntos donde hace falta mucho más que mayorías parlamentarias que no han faltado al actual Gobierno.

Determinar que es lo urgente, que lo importante y que lo accesorio, en momentos excepcionales como los que vivimos, será fundamental para el éxito en la gestión del Gobierno que salga de las urnas. Y, visto lo visto durante la campaña y en el debate televisivo, confiemos que cualquiera de los dos más probables, resulte mejor Presidente que candidato. Porque sino…

Hasta ahora, habíamos criticado la lentitud de los procedimientos de toma de decisión en la zona euro, cuando la velocidad de los ataques diarios de los mercados parecía exigir mayor rapidez. Nos indignaba que Merkel retrasara la aprobación de una ayuda urgente a Grecia, cuya caída amenazaba con la estabilidad de la moneda única, porque tenía a la vista unas complicadas elecciones regionales o porque su parlamento necesitaba tiempo para discutir el voto preceptivo. Incluso descubrimos que un nuevo país era miembro del euro, cuando se nos informó que sus diputados amenazaban con hacer peligrar toda la construcción del apoyo a Grecia, es decir, a nosotros mismos, ya que Grecia éramos todos.

Sin embargo, ha bastado que el primer ministro Papandreu, el mismo que ha aceptado hasta ahora en solitario la aplicación de durísimas medidas de recorte y ajuste en su país que le han llevado a la mayor recesión económica de su historia, a reiteradas huelgas generales y a varias mociones de censura en su parlamento, planteara la conveniencia de acudir al pueblo en referéndum con el objetivo de que los pasos que está dando su Gobierno se viesen confrontados, ante la soberanía popular plena, con otras alternativas, si existiesen, para que se desatasen todos los demonios del infierno, con un mensaje tan nítido, como escalofriante: no, no hay que consultar con los ciudadanos este tipo de medidas tan duras, aunque signifiquen una seria restricción de la autonomía nacional. Los ciudadanos sufren y mucho, las consecuencias de las políticas impuestas, pero no se pueden pronunciar sobre las mismas aunque tengamos al país casi dos años con la soberanía suspendida por la intervención de la troika.

Nos hemos ido acostumbrando a que los mercados actúen, por razones económicas de búsqueda del beneficio privado, limitando la capacidad de decisión de las democracias nacionales. Es uno de los efectos negativos de no haber sabido contrarrestar con una adecuada gobernanza mundial a la globalización de intereses económicos que se ha producido en los últimos años. Pero que modificaciones sustanciales de los ámbitos nacionales de decisión como consecuencia de  la intervención de organismos internacionales u órganos de representación supranacional, tampoco puedan llevarse a consulta de la soberanía nacional, es tan discutible que muchos países no siguieron el consejo y lo hicieron, por ejemplo, cuando el referéndum sobre el Tratado de Maastricht o el más reciente de Lisboa. 

Es cierto que, al final, la Unión Europea ha encontrado un camino de salida al laberinto griego del euro. Pero todo el edificio de la construcción comunitaria lleva años aquejado de un déficit democrático que no logra superar la ampliación de poderes al parlamento. Bruselas se ha convertido para muchos ciudadanos, y no solo para los conservadores británicos, en el paradigma de sistema político cuyas decisiones me afectan, pero son adoptadas sin mi participación y, a menudo, sin mi conocimiento, ni control. A ese problema crónico se ha unido la parálisis derivada de la crisis del euro que ha evidenciado las profundas carencias del aparato institucional comunitario dividido entre un Presidente de derecho, Van Rompuy, y “una y medio” de hecho, Merkel y Sarkozy, cuyas fricciones con el primero no se recatan en evidenciar mediante, por ejemplo, la convocatoria de dos reuniones distintas del Consejo en la misma semana.

Y en ese contexto, ¿el problema era Papandreu con su referéndum? Por cierto, consulta en la que iba a defender, frente a sus ciudadanos, los acuerdos alcanzados, la inexistencia de alternativas para Grecia a la aceptación del paquete de ayuda con todas sus condiciones y donde, presumiblemente, pretendía coger fuerza frente a una oposición parlamentaria que, a pesar de haber sido gobierno cuando el endeudamiento masivo y la falsificación de cuentas públicas, estaba jugando al desgaste partidista del Gobierno, ante la impopularidad de las medidas que necesariamente había que adoptar.

En el momento en que escribo, tengo sobre la situación menos datos que el lector cuando lo lea. Tal vez, todo acabe si consigue forzar a esa misma oposición a firmar un compromiso conjunto de apoyo al paquete de medidas asociado a la intervención y a la quita de la deuda para hacer frente, juntos, a una situación tan difícil que no tiene, además, alternativas practicables. Si así fuera, Papandreu habría jugado con fuego para apagar el incendio que, en casa, le estaban alimentando una oposición irresponsable.  Con ello, convertiría la cuestión de supervivencia para el país heleno en un asunto, parlamentariamente, también de excepción. De esos que requieren alturas de miras y pactos de estado, no mezquindad partidista a corto plazo. Si es así, el compromiso griego con la zona euro saldrá fortalecido y el cumplimiento de las duras condiciones, mejor garantizado.

Pero, a mí, siempre me quedará el regusto amargo de las horas en que pareció que el proyecto del euro no era compatible con la democracia y no solo por causa de los mercados sino de los propios dirigentes políticos cuando decían que el pueblo soberano no estaba, en realidad, preparado para adoptar decisiones tan complejas. Que recurrir a las urnas, mediante un referéndum, era una grave irresponsabilidad.

Quizá, porque todavía resuenan en las plazas los gritos del 15-M “no nos representan”, como crítica a la democracia representativa realmente existente, si tampoco es aconsejable el recurso excepcional al referéndum, entonces ¿estamos condenados a vivir con un alejamiento poco democrático entre ciudadanía y clase política?

Si los griegos clásicos inventaron la democracia directa (referéndum), el continente europeo aportó el despotismo ilustrado. A lo mejor, es bueno encontrarse en unos parlamentos representativos, donde se pacte y no solo donde se discrepe.

                Tampoco deberíamos pensar que se trata, solo o fundamentalmente, de una reacción normal a la compleja situación económica por la que atravesamos y que golpea, de manera decisiva, a los jóvenes. Es cierto que la elevada tasa de paro mediante la que se manifiesta esta larga crisis, se incrementa entre el segmento de edad de los menores de 25 años. De acuerdo con Eurostat, la media de paro juvenil duplica, con un 21% en la Unión Europea, a la de adultos, con picos elevadísimos como el 41% de España, todo ello, a pesar de ser la generación mejor formada de la historia reciente del continente.

                Si esa fuera la única explicación, no se entendería el inmenso caudal de simpatía que ha despertado el movimiento en todos los segmentos de la sociedad hasta el punto de que algunos estudios determinan que más del 70% de los encuestados, de todas las edades, consideran que “los indignados” tienen razón en las cosas por las que protestan, más de la mitad desearían que continuara el movimiento, a pesar de que el 73% dice que sus actuaciones no van a tener ninguna influencia en las preferencias de voto.

En realidad, parecería que las acampadas, las asambleas y la reivindicación práctica de otra forma de hacer las cosas, han sido la punta de un iceberg que representaría un elevado malestar social generalizado. Se podría decir que las acciones del 15-M han ejercido la función de ese niño que, en el cuento, señala lo que todos ven pero nadie se atreve a decir: que el Rey está desnudo. Y lo han hecho en, al menos, dos cuestiones esenciales que nos afectan a todos.

En primer lugar, han evidenciado las promesas incumplidas de una sociedad basada en el crecimiento, supuestamente ilimitado, un esquema de bienestar en permanente ampliación y unas oportunidades abiertas al desarrollo pleno de las capacidades individuales. Por el contrario, los jóvenes y los que ya hace tiempo que lo fueron, confrontamos recesiones económicas cíclicas, límites al desarrollo en forma de efectos externos negativos, como la acumulación de residuos o el calentamiento global; crisis fiscales del Estado que obligan a recortes recurrentes en las políticas sociales y unas ofertas laborales que, desde su precariedad, difícilmente permiten la realización de proyectos de vida personal o, incluso, proporcionar una independencia mínima.

Las protestas tendrían que ver, pues, con la frustración ante unas expectativas no cumplidas. Ello las diferencia de forma radical de los movimientos asociados a mayo de 1968, donde los jóvenes manifestaban su rechazo ante las posibilidades ofrecidas entonces, ya que no querían vivir como sus padres, sino de acuerdo a valores y principios muy distintos. Ahora, sin embargo, no quieren vivir peor que sus padres ya que temen que no será posible hacerlo igual, ni desde el punto de vista cualitativo, ni cuantitativo. No es que nuestros jóvenes sean más acomodados o tengan mayor aversión al riesgo que antes, sino que les hemos prometido cosas que se han creído y, ahora, no somos capaces de cumplirlo.

La crisis evidencia la elevada relación que tiene nuestro estilo de vida de un consumismo convertido tanto en elemento de realización permanente de beneficios para las empresas, como en instrumento de consecución de satisfacciones para los consumidores. Sin embargo, la forma desigual del reparto primario de renta deja a millones de trabajadores sin posibilidades de acceder a esos niveles de consumo a que incita la publicidad y el sistema en su conjunto. Entonces, se recurre al endeudamiento desaforado hasta generar las burbujas especulativas que han estallado en forma de activos tóxicos secuenciales.   

La sociedad que tenemos, no permite a una parte importante de ciudadanos acceder a los estilos de vida que se les presentan como ejemplares. Esta contradicción genera insatisfacción y, a veces, revueltas.

En segundo lugar, las protestas han evidenciado las tremendas dificultades existentes para modificar, a partir de la política y de las instituciones democráticas, ese estado de cosas. Las críticas al sistema de partidos señalan la existencia de un bloqueo que hace, casi imposible, que las cosas cambien, en el sentido deseado por los ciudadanos. Así, la actividad política ya no se percibe como una profesión dedicada a resolver problemas reales de la gente, sino como algo finalista y endogámico que prioriza el interés de partido frente al general. De ahí surge una desconexión entre electores y elegidos, los gritos de “no nos representan” y las ensoñaciones respecto a la democracia directa.

Con todo ello, el movimiento rompe con el tópico de unos jóvenes indiferentes frente a “la cosa pública” a la vez que plantea problemas transversales en el sentido más amplio del concepto: de edad, condición social e incluso adscripción ideológica. Y plantea un auténtico reto a los responsables políticos que son criticados por el tipo de sociedad que han permitido construir, por limitar las opciones de participación apenas al voto cada cuatro años  y por actuar sin tener en cuenta las profundas desafecciones que generan con su modo de hacer entre aquellos a quienes deberían representar. Pero, por otra parte, plantean un desafío profundo sobre la realidad económica existente, postulando una transformación que solo se puede hacer desde la política y por procedimientos democráticos.

Las dos realidades objeto de denuncia por parte del movimiento 15-m apuntan al corazón de nuestro sistema económico y político actual, mostrando cualquier cosa menos una actitud de resignación: exigen cambiar cosas que no pueden seguir así. Y de eso trata, precisamente, o debería de tratar, una campaña electoral. Pero los candidatos parecen no darse por aludidos. ¿Y ustedes?

Sin embargo, todos los analistas consideran que este ejercicio se cerrará con un déficit superior al comprometido en, al menos, cinco décimas,  aunque hay quien eleva esta desviación hasta más de un punto porcentual como consecuencia de tres fenómenos concatenados: el estancamiento sufrido por la economía en el segundo semestre del año;  el importante déficit embalsado en las CC.AA que ha aflorado tras las elecciones autonómicas y el reducido margen del Gobierno Central para absorber estas desviaciones con ajustes adicionales en sus propias cuentas, debido al propio proceso electoral general y al empeoramiento del superávit fijado para la Seguridad Social ante el descenso de cotizantes.

Por tanto, conseguir el objetivo de déficit público para 2012 puede exigir esfuerzos superiores a los previstos que elevarían el recorte necesario hasta una cifra situada entre los 20.000 y los 30.000 millones de euros en función de cómo acabe definitivamente este año, en un contexto en el que, además, la desaceleración clara de la economía aleja el margen de obtener mejoras sustanciales por el lado de unos ingresos públicos que ya han manifestado este año una ralentización asociada al bache que sufrimos.

En esta situación, el Gobierno que salga de las elecciones del 20N y que tomará posesión antes de Navidades, sea del signo que sea, se encontrará de manera inmediata ante el siguiente dilema: cumplir con el  objetivo anunciado o renunciar a ello, aplazando el calendario de consecución del mítico 3% del PIB más allá del 2013, echándole, o no, la culpa al gobierno saliente.

La primera opción, que conlleva una sustancial reducción del déficit conjunto de las administraciones públicas en un año de estancamiento económico, exigirá importantes recortes en el gasto, a sumar a los ya realizados, sin descartar subidas impositivas significativas. A título de ejemplo comparativo, los ajustes draconianos que están llevando a cabo este año las CC.AA representan una reducción de 10.000 millones de euros, la misma que tendrán que repetir, de nuevo, el año próximo, sumado a una cifra similar por parte de la Administración Central.

Aparte de los problemas de articulación entre todas las Administraciones, priorización de las partidas donde centrar los recortes y puesta en marcha inmediata de las medidas por parte del nuevo Gobierno, tal vez mediante un Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado el mismo mes de enero, ese proceder, significaría un drenaje de recursos a la ya lánguida actividad económica de tal magnitud, que podría convertir el actual frenazo, en recesión. Cumpliríamos así con el déficit a costa del crecimiento, al menos a corto plazo, haciendo imposible ese deseo expresado, entre otros, por el Círculo de Economía de Barcelona de “hacer compatible las políticas a favor del crecimiento y el empleo, con las medidas para recuperar los equilibrios fiscales”. A medio plazo, sin duda, se debe poder efectuar una reforma que racionalice la estructura de nuestras administraciones, otra que mejore la eficiencia del gasto público, persiguiendo ahorros sin recortes de derechos e, incluso, una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la equidad. Pero sus efectos difícilmente se dejarán notar en el mismo 2012.

La opción de renunciar a cumplir el objetivo de déficit establecido, acompañado o no de pirotecnia respecto al Gobierno saliente, entrañaría otro tipo de sacrificios no menores para el país. Sobre todo, cuando las agencias de rating rebajan ya nuestras calificaciones de riesgo e, incluso, se ha puesto en cuestión, desde la propia Comisión Europea, la solvencia de deudas soberanas como la española, reconvertidas en presuntos activos tóxicos a provisionar por los bancos mediante una nueva recapitalización. Con independencia de como acabe este asunto, debatido este mismo fin de semana por el Consejo Europeo, la sensibilidad actual de los mercados ante el tema, tras las quitas de Grecia, desaconsejarían ahora esta solución que podría costarnos muy cara, en términos de prima de riesgo, es decir, de coste de la deuda que computa como gasto público en forma de pago por intereses.

Si los Presupuestos Generales son las matemáticas de la política, el rompeolas donde se estrellan la oleada de promesas electorales que suele salpicar las campañas partidistas, esta vez, conocemos de antemano la magnitud de las rocas, así como los límites tangibles que impondrán al Gobierno que salga de las elecciones, repito, sea del signo que sea.

Tanto PP como PSOE, han dicho que reducir las necesidades de financiación del sector público, en este contexto de tormentas monetarias, resulta vital para España. Algo tan importante como para introducir una polémica reforma de la Constitución. Por ello, sorprende que no hayan hecho intentos serios por pactar la primera prueba real del espíritu que informa la enmienda constitucional: un Decreto Ley de Prórroga de los Presupuestos que facilitara cumplir el objetivo de déficit en un año crucial.

Austeridad y crecimiento son los pilares que asientan, hoy, la confianza y credibilidad nacional ante los mercados internacionales. No le arriendo las ganancias al próximo Ministro de Economía y Hacienda,  porque tendrá que actuar con mano dura, a la vez, sobre el Presupuesto, para reducir el déficit y sobre un conjunto de reformas estructurales que dinamicen nuestras estructuras económicas, vigorizando el crecimiento. Y, todo ello, en el escaso margen de tiempo existente entre su toma de posesión y la primera subasta de bonos del Tesoro. Por eso, ante la magnitud de la tarea y la cantidad de agentes institucionales involucrados, resulta razonable solicitar un gran Pacto de Estado en forma de amplio acuerdo parlamentario sobre el conjunto de medidas que, inevitablemente, tendremos que adoptar. Porque, juntos, sí podremos.

 Nunca como ahora nuestros asuntos internos han estado tan imbricados con lo que ocurre en otras partes del mundo. Eso, precisamente, es la globalización: que no tienes capacidad de influir sobre medidas que adoptan otros y que te afectan de manera importante. Sin embargo, sí podemos influir en las decisiones de aquella zona geográfica con la que realizamos la inmensa mayoría de intercambios económicos,  la Unión Europea, ya que formamos parte de sus órganos de gobierno. Por eso la pregunta es pertinente: los votantes tenemos derecho a conocer qué defenderían los candidatos españoles ante los asuntos del orden del día, si tuvieran que sentarse en el próximo y decisivo Consejo Europeo. Porque una buena parte de nuestro futuro inmediato como país, se decide más en esos foros internacionales, que en sus compromisos de campaña.

Pocos negaran que desde la época en que Kohl, Mitterrand y González marcaban el ritmo de la construcción europea, frente a una Thatcher empeñada en levantar el freno de mano, la gestión de la complejidad comunitaria se ha estancado, perdiendo impulso, como no han dejado de señalar hasta los norteamericanos cuando insisten, con razón, en que buena parte de la crisis del euro se debe a una lenta e ineficiente respuesta por parte de las instituciones y de los políticos actuales de una Europa en pleno proceso de reconversión bajo un titubeante liderazgo alemán. Pero España también ha sufrido un particular deterioro en su papel europeo al pasar de ser calificados, entonces, como “los alemanes del sur”, a una situación en la que, excluidos del binomio francoalemán, tenemos que convencer a los mercados de que no somos “los griegos del oeste”.

Si el cincuenta por ciento de nuestra situación económica está ligada a la frágil coyuntura del euro, esta semana ha sido positiva y aleja los temores de vivir un “momento Lehman”. La troika ha decidido proponer la disposición por Grecia del último tramo del primer paquete de ayuda externa, apoyando los esfuerzos presupuestarios realizados y comprometidos en un contexto económico más adverso del previsto. En paralelo, el segundo paquete de ayuda, mas las medidas aprobadas en julio, incluyendo  el fortalecimiento del Fondo Europeo de Rescate, entrarán, por fin, en vigor tras concluir el lento y proceloso proceso de aprobación por todos los países de la Unión. Ello, más los mensajes lanzados tras la reunión entre Merkel y Sarkozy, evidencia, mediante hechos, el compromiso con no dejar caer a Grecia, evitando un eventual contagio a Italia o España, conscientes de que ello representaría un riesgo insoportable para la zona en su conjunto. No les oculto que el hecho de que esta semana se haya sabido también que Roubini, conocido como Míster Catástrofe, pone en venta su firma de consultoría por las cuantiosas pérdidas acumuladas, es otro elemento que ayuda a incrementar mi convicción de que lo peor de la crisis del euro ha pasado, aunque ello está lejos de insinuar que no siguen abiertos muchos interrogantes ligados a la ausente estrategia de crecimiento, sin el que las reducciones en los elevados niveles de deuda, pública y privada, no podrán ser permanentes.

Por otro lado, esta semana se ha oficializado, también, la aparición de unos nuevos activos tóxicos que amenazan con debilitar la solvencia de la banca europea: la deuda soberana. En el comienzo de la crisis de las subprimes, hablé de que los activos tóxicos no nacen, sino que se hacen mediante contagio, lo que generó una gran incertidumbre sobre cuál sería la evolución en la salud de algunas entidades, hasta el punto de que se produjo una importante sequía en el mercado primario de liquidez: nuevas emisiones y mercado interbancario. Se ha dicho que, en ese sentido, vivimos una segunda vuelta de liquidez inmovilizada por desconfianza, esta vez, por el impacto sobre algunas entidades financieras francesas y alemanas de su excesiva concentración en deuda griega, convertida hoy en activo con valor reducido respecto al nominal, en la medida en que se ha aceptado la incorporación de quitas en el proceso de rescate, para que también los acreedores poco cuidadosos participen del ajuste en el que ya están los ciudadanos deudores.

Sin embargo, la pretensión del Presidente de la Comisión Europea de extrapolar esta situación, convirtiendo todos los activos de deuda pública, cualquiera que sea la situación del emisor, en provisionables, lo que exigirá otra recapitalización de las entidades financieras, es un error que debería ser combatido por nuestro Gobierno. Sobre todo, porque toda recapitalización bancaria adicional, nos aleja de lo verdaderamente urgente hoy en España: reactivar el crédito a esas familias y empresas que ya están preparadas para crecer.

Mucha gente me sigue preguntando que por que no nos quitamos de todo esos líos,  bien expulsando a Grecia del euro o, incluso, saliéndonos nosotros mismos. La mejor respuesta está en los trabajos de los Premios Nobel de Economía de este año concedido a los profesores Sargent y Sims por sus modelos para entender las interrelaciones en economía, es decir, cómo afectan a mis decisiones las expectativas que tenga o me forme respecto a lo que vayan a hacer otras personas o instituciones, incluyendo la política económica. Una salida griega del euro, podría anticipar salidas posteriores de otros países y una recuperación de la peseta para España haría imposible conseguir la financiación internacional que precisamos, sin una subida de tipos de interés tan grande, que acabaría con cualquier perspectiva de crecimiento nacional al contrarrestar los efectos de una devaluación clásica. A pesar de todo, que nuestra moneda se llame euro, sigue siendo de lo más importante que nos ha pasado en los últimos años. Cuidémoslo.

De esa noria depresiva no salimos ni subiendo los impuestos de alcohol y tabaco, ni regalando unos inconcretos 3000 euros a los autónomos que creen su primer empleo que son, en lo que llevamos de semana, las más reseñables medidas económicas propuestas por los dos principales candidatos a presidir el Gobierno de esta España.

No es extraño, pues, que el CIS haya constatado en setiembre un apreciable empeoramiento del tono vital de los españoles, con una  subida de más de tres puntos en el porcentaje de quienes consideran la situación económica como muy mala (41,7%), mientras que la situación política es percibida como muy mala por un 70,5%, más de dos puntos adicionales respecto a julio.

Y es que los indicadores coyunturales conocidos estos días muestran datos contradictorios, aunque a peor. Por eso, para entender mejor el momento que vivimos, conviene irse hacia un análisis un poco más estructural. Empezando por el paro, la EPA del segundo trimestre señala que de los 17.330.000 hogares que hay censados en España, 4.340.000 no tienen a ningún activo; 1.367.500 tienen a todos sus miembros en paro y 9.161.100 a todos sus miembros ocupados, mientras que el resto cuenta con algún parado. La relación de este parado con la persona de referencia del hogar es la siguiente: entre cónyuges o pareja e hijos están casi el 53% de los parados, mientras que solo un 17% del paro afecta a la persona principal. Es decir, poco más de la mitad de nuestros hogares tiene a todos sus miembros ocupados, mientras que en la otra casi mitad, las transferencias públicas, sean pensiones, prestaciones sociales o subsidios, son fundamentales para su subsistencia. Por otra parte, la mitad de nuestros parados o son pareja o hijos de una persona de referencia que trabaja, convirtiendo a la familia en la principal red de apoyo social.

Si miramos ahora una de las estadísticas más importantes que, en mi opinión, publica el INE, la Contabilidad Nacional Trimestral, podemos conocer algunas informaciones muy reveladoras en los recientes datos del segundo trimestre del año. En primer lugar, que a esa fecha, el conjunto del sector privado español ha tenido un superávit financiero que, no obstante, no ha sido suficiente para cubrir el (menguante) déficit público por lo que hemos seguido necesitando recurrir (aunque mucho menos) a la financiación externa.  En lo que llevamos de este año, la capacidad de aportar financiación (ingresos menos gastos) a otros sectores ha sido de 8.946 millones de euros en el caso de las familias, las empresas no financieras han aportado 5.072 millones y 4.860 millones las financieras. Por su parte, el déficit, las necesidades de recibir financiación de las Administraciones Públicas ha sido de 41.348 millones lo que hecho que el ahorro nacional no haya sido suficiente para cubrirlo, teniendo que recurrir a la financiación exterior por un volumen acumulado de 22.470 millones cifra importante que, aunque mucho menos que el año pasado, explica por si sola nuestra dependencia de los mercados financieros exteriores y su predisposición a prestárnoslos y a que tipos de interés.

Lecturas adicionales de la misma fuente estadística presentan otros resultados interesantes. Como que la renta disponible de las familias aumentó en el II trimestre un 1.2% (resultado negativo, si descontamos la inflación) con una nítida disminución de las remuneraciones de los asalariados, mientras que las empresas aumentaron su renta en un 24,3% con importantes mejoras en el excedente de explotación. O, también, que la tasa de ahorro de las familias que pueden hacerlo, aún elevada en términos históricos con un 13% de la renta disponible, está disminuyendo porque con esas evoluciones de la renta disponible y del paro, es necesario recurrir a los ahorros para llegar a fin de mes.

Hay muchos indicadores coyunturales que apoyan la tesis de una ralentización del crecimiento económico medido por el PIB, hasta un 0,7% este año y, apenas un 1% en 2012. Si eso es así, por una parte, continuaría la destrucción de empleo. Es posible que la medición del paro registrado no permita apoyar que el incremento registrado en setiembre se deba, como ha dicho el gobierno, a los recortes adoptados por las CC.AA y Ayuntamientos para cumplir sus objetivos de déficit público. Pero convendrán conmigo que no renovar contratos, o despedir a interinos y contratados por parte de las administraciones, será necesario o no, pero inevitablemente incrementará el paro, por lo menos a corto plazo). Y, por otra, con un menor crecimiento, será más difícil cumplir el objetivo de reducción del déficit establecido para 2012 en el 4,4% del PIB en un año en que la negativa a pactar la prórroga presupuestaria por las elecciones, dificultará mucho las cosas a todos los niveles administrativos.

Detectar cuales son y donde están los puntos de acupuntura del sistema socio económico español capaces de, mediante su reforma profunda, activarse para romper este círculo vicioso depresivo, se ha convertido en una urgente necesidad nacional. Acumular suficiente fuerza política y social, así como inteligencia, para conseguirlo, sólo será posible mediante un Pacto de Estado como el que propugno en un reciente librito de análisis y propuestas, “Para desbloquear España”. La situación requiere un esfuerzo transversal, mucho más que una enconada batalla partidista. ¿Quién se apunta?

Para desbloquear España

Jordi Sevilla

INDICE

 Introducción ……………………………………………………………………………….. 7

 Cuatro crisis en una ……………………………………………………………………. 15

 Diagnóstico tardío y erróneo ……………………………………………………… 21

                El sano valor del déficit ………………………………………………….. 29

                La cuadratura del triángulo laboral ………………………………..  35

                Atreverse a innovar en pensiones ………………………………….  41

                La segunda reforma financiera ………………………………………  49

 España bloqueada, ¿qué hacer? …………………………………………………  55

                Cuando los políticos son un problema ……………………………  65

                Por un “compromiso histórico” en España …………………….  73

                Un contrato social con el nuevo presidente ………………….   79

 Coda final: no perder a una generación ……………………………………..  89

Editorial: Ediciones Barataria
colección: Pasos Perdidos
filosofía
7 €

Para desbloquear España, es un alegato con el que Jordi Sevilla contribuye al debate que se ha abierto en nuestro país, y se dirige al próximo presidente del Gobierno para recordarle que la reforma más urgente que necesita España es la manera de hacer política, tal y como exigen los ciudadanos.

La crisis mundial está siendo aquí más prolongada y virulenta por razones específicas: un crecimiento previo insostenible y alicatado de ladrillo, agravado luego por un diagnóstico tardío y medidas erróneas, como centrar el ajuste en la economía real para proteger el sistema financiero, mientras en otros países se hacía al revés.

El autor analiza los rasgos diferenciales de la situación española y propone medidas frente a una crisis profunda en la que los ciudadanos piden cambios en el modelo económico, pero también que se amplíen los espacios de participación democrática para evitar una generación perdida.

                Estos días tengo la impresión de estar viviendo un “déjà vú”, una segunda vuelta, a cámara lenta, de la misma crisis ya conocida: el crecimiento se desacelera, las burbujas especulativas siguen su paulatino proceso de desinfle (sector inmobiliario en caída casi libre, activos bursátiles a la baja), el crédito a familias y empresas sufre otro “moderado descenso” según el mismo informe del Banco de España, regresa la sequía en el mercado interbancario por desconfianza entre entidades, lo que fuerza a las autoridades monetarias a inyectar nuevas cantidades de liquidez (solo falta que bajen los ya bajos tipos de interés), el sector financiero parece necesitar nuevas recapitalizaciones, la deuda soberana experimenta una elevada volatilidad en los mercados, las empresas se plantean ajustes adicionales de capacidad ante la falta de crédito y de demanda (salvo las exportaciones). En la zona euro, la sensación de moviola se agudiza: cae o no cae Grecia; se interviene o no a nuevos países; habrá quitas o todavía no; apoya Alemania al euro o lo empuja por el precipicio; cuando y a quien atacarán, esta vez, los mercados etc.

                Y en ese contexto repetitivo, no tenemos más remedio que volver a explicar algunas cosas. Primero, que si el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas debe pasar desde el 6% del PIB previsto en el Programa de Estabilidad para este año (todavía más, si, al final, se supera esta cifra en algunas décimas) hasta el 4,4% comprometido para 2012, es imprescindible efectuar nuevos recortes en el gasto público, sobre todo, si las perspectivas de crecimiento se reducen a la mitad de lo proyectado en dicho Plan. Podremos discutir en qué partidas se hacen los recortes añadidos a los ya hechos en los pasados años, pero es imposible que no haya reducciones en el gasto, de cuantía suficiente como para rebajar tan importante volumen de déficit aunque, a la vez, se suban algunos impuestos con escaso margen recaudador en este contexto económico.

                Me resulta incomprensible que si la situación financiera de países periféricos del euro como España es tan delicada como parece atestiguar la rápida reforma constitucional aprobada por consenso entre los dos grandes partidos para introducir un compromiso con el equilibrio presupuestario, no hayan sido capaces de pactar algo mucho más inmediato, tangible y de inequívoca repercusión positiva sobre el diferencial con Alemania y la marca-país, como el Decreto-Ley de Prórroga de los Presupuestos, facilitando al próximo Gobierno, sea cual sea, y a las Comunidades Autónomas y Locales, el cumplimiento de ese objetivo de déficit.           

                Segundo, que es imposible recortar de manera significativa el gasto público, sin que ello afecte de manera negativa al crecimiento económico lo que retroalimenta, a corto plazo, el déficit. Lo estamos viendo, claramente, en Grecia, donde el intento de cumplir el plan de ajuste pactado está provocando una fuerte recesión económica, o aquí, entre nosotros, donde el mismo informe ya citado del Banco de España apunta a la fuerte caída del consumo público como la principal explicación de la moderación en el ritmo de avance de la economía en el segundo trimestre. Este hecho, más el regreso señalado de viejas dificultades que ensombrecen el panorama, justifica la necesidad de abordar, en paralelo, el necesario ajuste público con reformas que reactiven la actividad económica de manera compensatoria.

La campaña electoral es una magnífica oportunidad para conocer, no solo los distintos planes de redimensionamiento del sector público que lo hagan compatible con las exigencias de reducción del déficit sino, también, aquellas medidas reactivadoras de la actividad privada que proponen los candidatos y sus equipos (los partidos se han difuminado, como nunca hasta la fecha) para evitar un regreso de la recesión, inducida esta vez a base de austeridad pública, en sociedades donde mucha empresa privada tiene como principal cliente al sector público.

                Aunque se haya dejado, casi, de hablar de ello, ahora es la hora, más que nunca, de los debates y las propuestas concretas sobre la productividad, el ajuste interno de costes (bajada de cotizaciones sociales), la competitividad o el cambio de modelo productivo.

                Tercero, ningún plan de reactivación de la economía española será posible sin acciones específicas y de gran impacto inmediato en, al menos, cuatro sectores: construcción, turismo, automoción y alimentación. Porque hasta que no recuperemos una actividad razonable en los mismos, muy superior a la actual, será imposible reducir el desempleo con la magnitud y rapidez requeridas. Y todo ello exige recuperar la circulación de crédito bancario a familias y empresas, punto sobre el que vuelvo a plantear la propuesta de construir un “banco malo” que concentre los activos tóxicos inmobiliarios en manos de las entidades financieras como instrumento para reducir sus riesgos, mejorar sus ratios de capital y, sobre todo, permitirles aumentar sus flujos de crédito rentable. Esa reorientación de la estrategia de reconversión financiera seguida hasta ahora, podría requerir menos ayuda pública que la actualmente comprometida, garantizando un rápido impacto positivo sobre el sector y, sobre el conjunto de la economía. Al parecer, esta propuesta, bien vista ya por el sector inmobiliario, se ha hecho llegar recientemente a los candidatos por parte de relevantes representantes del propio sector financiero.  Veremos que dicen.

                Vivimos un momento complejo, difícil, cargado de incertidumbres, temores y resquemores, donde las exigencias ciudadanas a la clase política son mayores que nunca porque del acierto de su gestión dependen demasiadas cosas vitales. Es tiempo para estadistas. ¿Los tenemos?

                Viendo lo que pasa en Grecia, Portugal, Italia o Irlanda más lo que está ocurriendo aquí en autonomías y ayuntamientos, la mayoría de ciudadanos sabemos que tras las próximas elecciones será necesario un paquete profundo de reformas estructurales en el gasto público, un cambio radical en los parámetros de nuestro modelo económico, otro drástico recorte en casi todas las partidas presupuestarias y un aplazamiento de rebajas impositivas generalizadas. Sin embargo, pareciera que el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones será el que consiga decir menos sobre ello, jugando con medias palabras, dejando entrever, pero sin enseñar. Pidiendo, de hecho, un cheque en blanco, que contribuye a alejar a los políticos de los ciudadanos, haciéndonos lamentar la baja calidad de nuestra democracia.

Sufrimos una crisis económico-financiera que se transmuta continuamente conforme se vuelve inmune a las terapias aplicadas previamente. Ello hace que debamos estar pendientes de los cambios de síntomas, de intensidad y de dirección para ajustar las medidas a una situación en extremo fluida. Desde la teoría, se sigue discutiendo si estamos ante una Gran Recesión tradicional (Krugman) o ante una clásica Burbuja Especulativa por Sobreendeudamiento (Reinhart y Rogoff) porque ambos aspectos están entrelazados, aunque cada uno requiere un tratamiento diferente, en parte coincidente y, en parte, contradictorio.

Abordar el pinchazo de una burbuja especulativa alimentada por un sobreendeudamiento con apalancamiento, exige articular las diferentes medidas en torno a dos ejes: uno, recortar gastos e incrementar el nivel de ahorro que permita reducir el endeudamiento, otro, repartir el coste de las pérdidas asociadas a los activos sobrevalorados entre los propietarios y los prestamistas. Recordemos que hemos vivido un episodio agudo y generalizado de préstamos, aupado por un exceso de liquidez desregulada, que no solo ha situado el precio de la vivienda muy por encima de lo que marcaría el mercado, sino también el de otros activos, algunos bursátiles, cuyo reajuste actual a la baja conlleva pérdidas que se disputan los acreedores y los deudores. Este hecho explica el momento por el que está atravesando “la cuestión griega”, con dudas sobre si el país se declara en quiebra y pierden todos los acreedores o si sólo se introduce una refinanciación con quitas, dentro del paquete global de recomposición del ahorro nacional.

Por contra, si pensamos que lo definitorio de la situación es una Gran Recesión por insuficiencia de demanda efectiva provocada por una elevada incertidumbre que paraliza decisiones de consumo o de inversión, entonces debemos favorecer inyecciones selectivas de gasto público para reactivar la actividad e ir devolviendo confianza a los mecanismos del mercado, hoy bloqueados por el temor, como se muestra en la sequía existente de nuevo en el mercado interbancario cuando no es liquidez, precisamente, lo que falta en el conjunto del sistema, sino circulación de la misma. Este enfoque explica la paradoja de que una crisis provocada por excesiva deuda (privada) se combata, a corto plazo, con más deuda (pública).

Ambas visiones confluyen en elevadas tasas de  paro, asociado a pérdida de riqueza en medio de una larga etapa de estancamiento y en un sistema financiero convertido en columna vertebral dañada que a penas sostiene al conjunto de la economía. Y ambas estuvieron presentes la pasada semana en la discusión habida entre los ministros del ECOFIN y el Secretario del Tesoro americano respecto a cuál debe ser la estrategia más adecuada para salir de esta coyuntura. Seguramente las realidades actuales de EE.UU y de la UE son distintas porque se encuentran en una fase diferente de la crisis y ello, quizá, fuera suficiente para explicarla. Pero, también, hay puntos de vista encontrados, incluso en la vieja Europa, donde no todos estamos convencidos de que la obsesión alemana por el déficit ajeno, nos vaya a conducir a buen puerto.

Pues bien, nada de todo esto aparece, de momento, como opciones alternativas en los relatos de los candidatos españoles, como si el reciente acuerdo sobre la reforma constitucional actuase como un manto que solo dejara al aire pequeñas diferencias concretas sobre el impuesto de patrimonio o sobre repetidas rebajas fiscales para emprendedores. Asuntos sobre los que quiero puntualizar dos cosas: primera, el mayor problema de nuestros emprendedores no son los impuestos, razón por la cuál, las rebajas hoy prometidas, son perfectos, reiterados e inútiles brindis al sol.

 Segunda, el equilibrio presupuestario se puede obtener de varias maneras. Por ejemplo, Alemania tiene un gasto público por habitante superior al nuestro, pese a que su déficit público es menor, porque su ingreso público por habitante también es mayor. Ninguna estrategia sostenible de consolidación fiscal en España se podrá abordar sin incrementar los ingresos públicos, bien haciendo pagar más a los que ya pagamos, haciendo pagar más a los que no pagan todo lo que deben (fraude) o suprimiendo la discriminación actual entre quienes, legalmente, pagan menos según tributen como personas jurídicas, en lugar de físicas o/y de que sus ingresos provengan de rentas del capital en vez que del trabajo. Con la recuperación del impuesto de patrimonio nos situamos en la primera opción, eludiendo otras propuestas más justas, aunque más arriesgadas.

En ambos temas, se evidencia un deseo explícito de los dos candidatos principales de apelar al voto emocional, no racional, sin desvelar ninguna de esas “soluciones” que dicen tener, pero que siguen sin concretar, más allá de un conjunto de lugares comunes. ¿Es esto todo lo que tienen que ofrecer para crear cinco millones de puestos de trabajo, en el difícil contexto mundial de hoy?

                Todos echamos de menos, ahora, las carencias de una construcción monetaria en Europa, incompleta. Si hubiera existido un sistema central de efectivo control presupuestario nacional como soporte a un Tesoro europeo único (como hay Banco Central) que emitiera eurobonos y un Presupuesto de la Unión el triple que el actual, esta crisis de la deuda se hubiera podido gestionar de manera más racional y menos costosa. Les aseguro que cuando firmamos el Tratado de Maastricht, aunque se rechazó esta opción, ya sabíamos que una unión monetaria no se sostenía, solo, agarrada de una moneda única, sin armonizaciones claras en políticas fiscales, presupuestarias, laborales y de productividad que dieran forma a la unión económica. ¿Por qué se ha avanzado tan poco en esas materias?

Al menos, por tres razones: primera, la crisis que sobre el conjunto de la Unión proyectó Alemania con su acelerada unificación con elevadísimos costes económicos. Inflación al alza, crisis del Sistema Monetario de cambios, subidas en los tipos de interés, retrocesos del PIB y déficits públicos, fue el precio que el resto de países europeos pagamos, entre 1992 y 1995, por la manera en que se llevó a cabo la integración del Este tras la caída del muro de Berlín. Segundo, la prioridad en la construcción europea se trasladó desde la “profundización” en la integración, incluso mediante geometría variable, hacia la ampliación a los antiguos países comunista que era el interés de la nueva Alemania. Tercero, los fracasos en los referéndums sobre los nuevos Tratados, incluyendo la casi derrota en Francia, que encerraron a los gobiernos en un repliegue estatal que paralizó los avances previstos en comunitarización de  políticas.

Tenemos, pues, la Unión Europea que las grandes potencias y, especialmente, Alemania, han querido, o han dejado, construir. Una Unión, a pesar de todo, lo suficientemente integrada como para que los problemas de una zona, no digamos su quiebra o salida del euro, afecten negativamente a todas los demás, por el efecto contagio y las elevadas interrelaciones existentes.

La segunda enseñanza que podemos extraer del actual episodio griego de la crisis del euro tiene que ver con el propio sentido de la crisis de sobreendeudamiento que ha golpeado al mundo con detonante en las hipotecas subprimes americanas y epicentro en la quiebra de Lehman Brothers: cuando había exceso de liquidez y carencia de regulación, los mercados, prestamistas y prestatarios, cometieron errores importantes empujados por los informes “cautivos” de las agencias de calificación de riesgos. Esto, que fue así en todas partes, en unas, como Grecia, fue más grave que en otras, tanto por los volúmenes afectados como, sobre todo, por los elevados riesgos existentes, sobre los que se hizo luz de gas con la excusa de la elevada rentabilidad a corto. Este es el sentido práctico, e incluso moral si se quiere, de recordar que nunca, en las decenas de crisis por endeudamiento especulativo que han tenido lugar a lo largo de la historia, ha existido una salida que no incorporara una pérdida para el acreedor en forma de quita gestionada en el tiempo. Merkel introdujo ya en el último paquete de ayuda a Grecia, un porcentaje de renegociación de deuda privada, pero ello explica el nerviosismo de unos mercados que no saben si sobra o falta liquidez mundial.

La tercera enseñanza, con motivo del caso griego, es doble: la paradoja de cómo el endeudamiento privado se transforma en deuda pública, trasladando la responsabilidad desde gestores privados (como en USA), a los Gobiernos (España es paradigmática, porque todavía hoy nuestra deuda privada duplica a la pública pero sólo hablamos del endeudamiento de las administraciones). En segundo lugar, las carencias de los sistemas democráticos de control presupuestario (intervención, parlamentos, tribunales de cuentas) que permiten todo tipo de trampas,  como se ha puesto de relieve en Grecia y en algún otro sitio más próximo. Fallos que no se resuelven con enmiendas constitucionales de usar y olvidar, sino con reformas políticas estructurales permanentes consensuadas entre los partidos.

La cuarta de las reflexiones al calor de la confrontación griega tiene que ver con el debate actualizado sobre el huevo y la gallina: para fomentar el ahorro y reducir la deuda  ¿qué debemos priorizar: subir ingresos (crecimiento) o reducir gastos (recortes salvajes)? Porque ya nos hemos dado cuenta de que, a partir de un cierto nivel, ambos objetivos son incompatibles, por lo que es urgente encontrar un nuevo equilibrio donde sea posible mantener la austeridad, sin asfixiar el crecimiento económico generador de esos ingresos  de donde ahorramos y de la legitimidad que nos permite vivir en sociedades cohesionadas. Parece adecuado asegurarse el adecuado cumplimiento del Plan de Ajuste por parte de las autoridades griegas. Pero su economía ha caído el 5% en el primer semestre del año afectando de forma negativa al propio objetivo de déficit por lo que es imprescindible desembolsar ya el último tramo del primer paquete de ayuda, para que el tío vivo siga girando sin saltar por los aires.

Se calcula que Odiseo tardó diez años en regresar a su casa, Ítaca, una vez finalizada la guerra de Troya. No menos tiempo necesitará la actual Grecia para recuperar una normalidad que la sitúe fuera de las páginas de sucesos económicos, al borde del abismo. Entonces, el héroe griego sufrió el castigo de los dioses, por un agravio, y la ayuda de Atenea, la de ojos brillantes. ¿Quién castiga y quien ayuda en esta nueva Odisea?

Un momento clave de este proceso, turbulento pero apasionante, se produce hace tres años, cuando la caída de Lehman Brothers oficializó la magnitud de una crisis financiera iniciada meses antes con los problemas planteados por las hipotecas subprime. El día en que quebró Lehman, traza una raya simbólica entre un antes y un después en la manera de concebir la gestión de la complejidad en que hemos convertido la vida en esta nave espacial Tierra, donde las distancias temporales y geográficas se empequeñecen, mientras se ensanchan las distancias sociales.

Si asumimos que el ser humano se deja guiar por su raciocinio, podría ser útil sintetizar en cinco las cosas que han dejado de ser posibles desde entonces, aunque algunos las sigan enarbolando, más como consignas que como soluciones.

Ya no será posible regresar a una economía en la que el dinero, en cualquiera de sus muchas mutaciones, se desacople totalmente de la producción de bienes y servicios como fuente de creación de riqueza colectiva. La inversión mundial deberá guardar alguna proporción razonable con el ahorro y el conjunto de la liquidez efectiva del sistema estará en función de las necesidades de pago de la economía. La economía productiva recuperará protagonismo frente a los “magos” de las finanzas.

Lo segundo que ya no será posible es defender esas políticas de desregulación del sistema financiero, ni la desfiscalización de las rentas del capital que han caracterizado la época anterior. El sobreendeudamiento privado que ha estado en el origen de la burbuja especulativa cuyo estallido nos ha conducido aquí, se hubiera podido evitar o, al menos, paliar, como ha puesto de relieve el Informe del Congreso de  EE.UU sobre el asunto, si no hubiésemos dejado fuera de regulación y control a una parte importante del sistema financiero internacional con la creencia de que el mercado se autorregula y, también, si no hubiésemos arbitrado, bajo amenaza de deslocalización en paraísos fiscales, una fiscalidad menor para las rentas del capital que para las del trabajo.

La tercera cosa que ya no podrá seguir igual es la crítica ideológica al Estado. De hecho, sin la intervención masiva de los Estados en apoyo de los bancos, con independencia del signo político de sus gobernantes,  podríamos haber vivido esa crisis final del capitalismo que, de manera apocalíptica, predijo Marx.  Los impactos de la quiebra de Lehman  evidenciaron que la “liberal”, no podía ser una solución generalizable para una crisis de estas características (financiera) y magnitud (mundial). Por eso se produce el giro hacia los Estados en demanda de ayuda, incluyendo nacionalizaciones de entidades financieras. Y por eso se elabora la teoría de riesgo sistémico con el argumento de que hay entidades financieras tan grandes que no se les puede dejar caer, sin poner en serio peligro al conjunto de la economía.

Tampoco la manera de abordar los problemas de la globalización económica podrá seguir igual que antes. Hace tiempo que se viene señalando la conveniencia de establecer mecanismos de gobernanza que encaucen la fuerza desatada de los mercados mundiales con todo su potencial creativo, pero, también destructivo. Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de un Orden Económico Mundial que, al menos desde un punto de vista institucional y de reglas, supere las dos restricciones actuales: los mecanismos de Bretton Woods, claramente obsoletos y los límites que representan las soberanías de los estados nacionales para hacer frente al tipo de problemas que plantea la realidad global que existe hoy, con toda su complejidad e interrelaciones. Incluso grandes países como USA o China, o experiencias supranacionales como la UE, no pueden, por si solos, hacer frente a las necesidades del sistema creado y el modelo G-20, es insuficiente para lo que se necesita.

El peor de los mundos sería aquel en el que los mercados globales deterioran las viejas soberanías democráticas nacionales, sin que la respuesta colectiva se organice mediante una nueva estructura política de dimensión adecuada a la de esos mismos mercados.

Por último, lo que tampoco podrá seguir igual que antes son las políticas económicas nacionales basadas en impulsos desde el gasto público, tanto a la demanda (consumo) como a la oferta (inversión) agregada, mediante el recurso al déficit. El movimiento irreversible hacia la estabilidad presupuestaria, incluso con mandato constitucional, como respuesta a las exigencias de los prestamistas, introduce un cambio permanente en la forma de actuación económica de los Estados, buscando la eficiencia, replanteando gastos y también impuestos e, incluso, en la manera de hacer política en democracia.

 Salvaguardado el principio keynesiano de actuación presupuestaria contra cíclica, lo que no continuará igual es la manera en que el Estado contribuye al crecimiento de los países y, en el caso de aquellos que están por debajo de la media, a la reducción de su distancia en convergencia real con los más avanzados.

El terremoto asociado a la crisis con epicentro en la quiebra de Lehman ha provocado desplazamientos perceptibles en dos de los ejes fundamentales que articulan nuestra convivencia: por una parte, el peso internacional de los países y de las zonas geográficas se ha desplazado desde occidente hacia los BRICS y, en segundo lugar, las empresas multinacionales tienen un protagonismo social creciente, respecto a unos Estados nacionales que aparecen con dinamismo menguante. Qué resulte de todas estas transmutaciones en términos de crecimiento, empleo, equidad, derechos de los consumidores y trabajadores o impacto sobre medio ambiente, es todavía una incógnita. La historia, no ha terminado.