A veces, como ahora, algunos de esos consensos económicos se contradicen con las posiciones defendidas por los que toman las decisiones políticas, razón por la cuál, conviene evidenciarlo para evitar que se sigan adoptando, supuestamente con aval experto, medidas que afectan gravemente al futuro de muchas personas y que, en realidad, se adoptan por razones ideológicas que no se quiere explicitar. A eso llamaremos falacias y no dejan de serlo por mucho que haya gente a favor, de la misma manera que la existencia de personas que sigan creyendo que el sol gira alrededor de la Tierra, no equipara esta posición a la razón científica.

Primera falacia: la austeridad trae crecimiento. Los países periféricos del euro, sometidos a complejos procesos de sobreendeudamiento, público y privado, deben sin duda, efectuar curas de adelgazamiento que fomenten un ahorro que permita devolver los préstamos contraídos. De acuerdo. Pero dejando al margen el debate sobre los ritmos y los plazos del proceso, someter a un país a un proceso intenso de austeridad, no es, como se dice, condición necesaria para crecer luego. En economía, existe consenso sobre que un recorte del gasto global, hace caer la demanda agregada y deprime la actividad. Es la paradoja de la austeridad: un anacoreta, viviendo de bayas y frutos silvestres, puede ser incluso un hombre santo, pero si todos fuésemos anacoretas, nuestra renta per cápita se hundiría porque las empresas quebrarían. Puede que ello nos hiciera más felices, pero no proporciona crecimiento. Por tanto, si estas muy endeudado, en una primera fase es necesario ajustar gastos. Pero de ello no se derivará, de forma automática, mayores ingresos posteriores (crecimiento). Y sin generar mayores ingresos (crecimiento), es imposible que solo a base de apretarse el cinturón se pueda hacer frente a deudas tan cuantiosas como las que tienen empresas, familias y estado ya que la capacidad de ahorro depende, sobre todo, del nivel de ingresos. El centro de estudios del BBVA ha calculado que por cada punto de reducción del déficit en España, el crecimiento se recorta en 0,5 décimas, similar a los 0,7 que calculó FUNCAS. Así, rebajar el déficit será necesario, pero deprime la economía, no genera crecimiento, como sostiene la falacia defendida por algunos en base a teorías pensadas en otros contextos según las cuales existen los “ajustes expansivos de gasto”.

Segunda falacia: si no hay dinero público, no pagamos por la crisis bancaria. En el centro de esta crisis ha estado el sistema financiero mundial, con su capacidad extraordinaria para generar deudas sofisticadas, burbujas especulativas, activos tóxicos y riesgos por insolvencia. La quiebra de algunos bancos y el rescate organizado por todos los gobiernos afectados, de cualquier signo político, ha desatado en muchos la idea de que como los bancos son “ricos” y muchos de ellos han estado dirigidos por criterios que han resultado gravosos para el conjunto de la sociedad, deberíamos dejarlos caer a estos, sin ayudas, para que purguen sus culpas. Como si su caída fuese gratis o no nos arrastrasen a todos. Tenemos que separar la exigencia de responsabilidades a los gestores, asunto sobre el que en España se ha ido poco lejos en comparación con otros países, con la defensa del papel que las entidades financiera desempeñan en una economía moderna. Si los problemas de liquidez y solvencia de las entidades bancarias provocan una sequía de crédito como consecuencia, eso afecta a todos ya que genera cierre de empresas y paro. Los que creemos que el Estado debe de intervenir en la economía para contrarrestar los fallos del mercado y en defensa del interés colectivo no podemos negarnos a regular, ni a reconocer que inyectar dinero público en bancos, puede ser, en determinadas circunstancias, la solución menos mala desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, aunque exija fuertes impuestos a las ganancias cuando las hay. No hacerlo, resulta mucho más caro ya que significa continuar empantanados en una crisis por falta de crédito o poner al sistema al borde de la quiebra global como estuvo a punto de suceder cuando se dejó caer Lehman.

Tercera falacia: sin moneda propia, no se puede devaluar. De una crisis como esta no se sale sin ajustar costes a la baja. Repito, no se sale sin mejorar competitividad mediante todas sus rubricas, pero también, rebajando costes que es lo que tiene un impacto más directo y rápido. No poder hacerlo devaluando el valor de la moneda no significa que no se deba hacer, o mejor dicho, que no se haga. De hecho, el paro y la bajada de sueldos son dos maneras prácticas de devaluación interna. Pero socialmente más injustas y perjudiciales que si hacemos un proceso ordenado de rebaja de costes empresariales sustituyendo carga fiscal sobre el trabajo (cotizaciones sociales) por otros impuestos sobre hechos imponibles que no afectan a la competitividad de los productos (IVA, renta y riqueza). En este caso, como en el de la banca, el problema existe y la solución se encuentra de una manera o de otra. Pero de nosotros depende que sea socialmente mas injusta o menos en función de que lo hagamos consciente y ordenadamente, o no.

                Después de constatar que la luz que se veía al final del túnel era el temido tren que venía en sentido contrario, el problema no se evapora por mucho que cerremos los ojos o nos enzarcemos en discusiones sobre quien nos metió en el túnel y quien corrió hacia la luz. Necesitamos cabeza fría, racionalidad, pactos y desechar falacias.

                El anterior gobierno, dentro de su estrategia de consolidación fiscal aumentó dos puntos nuestro IVA, uno de los más bajos de la Unión Europea. Y el principal partido de la oposición, no solo se opuso en el Parlamento, sino que montó algaradas en la calle, con más insultos que argumentos. Unos meses después, quien era oposición, hoy es Gobierno y tras incrementar otros muchos impuestos, parece que ha decidido llegada la hora del IVA. ¿Y con qué nos encontramos?

                En primer lugar, con el mismo pensamiento mágico que practicaba el anterior Presidente del gobierno: lo que no se nombra, no existe. Sin apenas relieve, en medio de una comparecencia sobre otro asunto, el Ministro de Economía habla de subir impuestos al consumo y todos entendemos que se refiere al IVA, aunque la palabra maldita jamás salió de su boca. Se hace, pero no se dice. En segundo lugar, que aquellos que se opusieron con dureza a la subida del IVA cuando la hizo un Gobierno de otro signo político, ahora miran hacia otro lado o, incluso, intentan no asumir su responsabilidad al culpar a la “herencia”, de tal manera que Zapatero no solo sería el artífice de la subida del año pasado, sino que también sería el culpable de esta.

                En tercer lugar, aquellos que cuando eran Gobierno no encontraron otra solución que subir el IVA, ahora parece que se oponen a que sus adversarios hagan lo mismo que ellos decidieron hacer “por responsabilidad”. En cuarto lugar, que no se habla de lo que significa la medida, de por qué hay que adoptarla o de las alternativas que existen. Con datos, cifras y argumentos.

                Nunca como hoy, el programa de los dos grandes partidos en España ha dependido menos de su posición en el espectro ideológico y más de su ubicación respecto al banco azul. PP y PSOE parece que son dos partido que hacen y dicen cosas distintas, cuando gobiernan y cuando están en la oposición, con argumentos, frases y expresiones intercambiables. Por ejemplo, ahora es Rajoy el que acusa al PSOE de “no arrimar el hombro”, después de una legislatura pasada en que ese era el principal reproche que ZP usó contra Rajoy.

                Mientras tanto, fuera de ese matrix en el que parecen vivir algunos donde las cosas son en función de quien las hace,  los problemas reales de la sociedad real se agravan: el paro sigue su ascenso, caminando inexorablemente hacia los seis millones; la bolsa y la prima de riesgo muestran que renace la desconfianza en una economía solo separada de la intervención por el BCE y la fuerte salida de capitales (128.000 millones de euros desde julio) evidencia lo vulnerable de la situación en que vivimos.

                En una sociedad madura como la nuestra, todos los ciudadanos tienen muchas cosas en común y discrepan sobre otras muchas. La democracia permite articular ambos aspectos, ponderándolos en función de las necesidades del momento: a veces, hay que consensuar sobre las cosas comunes otras, discrepar presentando alternativas y aun otras, es obligado llegar a acuerdos partiendo de posiciones diferentes. Hoy estamos en esta última situación por mor de las dificultades de la crisis donde no hay blanco o negro, sino matices del gris. Pero si perdemos la racionalidad en el debate político y lo sustituimos por el marketing electoral permanente,  quienes deberían encontrar soluciones, se convierten en parte del problema.

                Me pareció adecuada la subida del IVA hecha por Zapatero y me parece adecuado plantearlo ahora en el contexto actual ya que, incluso si la Unión Europea diera una prórroga de dos años en la consecución de los objetivos de déficit, como pide Rubalcaba, tendríamos que hacer serios y consistentes esfuerzos de revisión de todos nuestros esquemas de ingresos y gastos públicos, que han hecho agua tras dos décadas acumulando problemas que quedaron encubiertos por los ingresos de la burbuja inmobiliaria.

                Se argumenta, sin datos, que subir el IVA perjudicaría el consumo y, con ello, la recuperación. Creo que lo único que perjudica nuestro consumo privado, de verdad, es el paro creciente y los salarios menguantes. Y que en un contexto de baja inflación, como este, subir el IVA hasta la media de la zona euro, es adecuado. Se dice, también sin datos, que subir el IVA fomenta el fraude haciendo caer la recaudación. Bueno, los Presupuestos de 2012 no contemplan menos ingresos por IVA que los del 2011, a pesar de la anterior subida.

                Sin embargo, considero una equivocación subir el IVA, sin más. Llevo tres años defendiendo que en esta crisis, nuestra mejor posibilidad de efectuar una devaluación interna de costes es bajando cotizaciones sociales y sustituyendo esos ingresos por una subida en una cesta de impuestos sobre el consumo, pero también sobre la riqueza y el patrimonio. Trasladar carga fiscal desde el trabajo, que se incorpora al precio de los productos, hacia factores que no traspasan la frontera, significa inyectar una importante dosis de competitividad a una economía necesitada de reactivar sus exportaciones y el turismo. El anterior Gobierno llegó a ofrecerlo durante el pasado verano a los interlocutores sociales para facilitar con ello un acuerdo. No pudo ser y no se hizo. Pero no podemos depender, en todo y para todo, del cristal con que se mira. Ahora, creo que hay cosas más importantes que las continuas peleas destructivas entre partidos, sobre todo si queremos articular un plan de reactivación y cerrar el paso a esa “marea azul” francesa, frente a la que no estamos vacunados.

                Si los mercados tienen ojos y oídos, además de calculadora, el espectáculo del debate parlamentario sobre los Presupuestos 2012 les habrá insuflado poca confianza en nuestro país. Empezando por la soledad del Gobierno frente a las diez enmiendas de devolución que refleja una fuerte división social encubierta por la ley electoral. Así, los 182 diputados que apoyaron los Presupuestos responden a 10,9 millones de votos, mientras que los 156 que pidieron su devolución, están ahí por decisión de 12,1 millones de ciudadanos. Esto es legal y legítimo, pero no debería olvidarse a la hora de hacer política democrática.

                Esos mercados atentos al debate, se sorprenderían del interés partidista en montar bronca sobre un amplio abanico de asuntos periféricos sin abordar, más que marginalmente, lo que preocupa de verdad: la credibilidad de las cifras de ingresos, gastos y por tanto déficit, que presenta el Gobierno y que han sido cuestionadas por multitud de expertos e instituciones. Sin dejar de mencionar el acalorado debate sobre la calidad de nuestros procedimientos de control de las cuentas públicas (si el anterior Gobierno pudo “engañar”, como dice este, ¿por qué deben creer los mercados que el actual no lo hará?) tomando como excusa la desviación de 2,5 puntos producida en 2011. Sobre este asunto, les remito a un documento público que utilizan los altos directivos del Banco de España en sus exposiciones en el extranjero (“The spanish banking system”) donde señala, en su página 39, entre las “dudas y errores sobre la economía española”  que “es falso pensar que la desviación del déficit se produjo por ocultación de la realidad o manipulación de las cifras” debiendo encontrar la explicación en “la caída de ingresos (casi el 90% de la desviación) como consecuencia de un debilitamiento imprevisto de la situación macroeconómica y no por un incremento en los gastos”. Si ese “mercado” que escuchó a un representante del Banco esta explicación razonable es el mismo que siguió el debate sobre mentiras y engaños, ¿Qué pensará?

                Sin embargo, por debajo de los desplantes, insultos y descalificaciones, pudimos ver con más claridad que nunca una división en la Cámara que refleja las dudas que, de manera creciente, se acumulan sobre si no estaremos siguiendo, en la zona euro, una política económica gravemente equivocada al pensar que mediante profundos sacrificios ahora en el gasto público, obtendremos en algún momento futuro, el paraíso del crecimiento. Así, por citar solo una muestra, el portavoz del PNV Pedro Azpiazu habló de que “la reducción drástica del déficit público tiene un carácter destructivo sobre la economía”.

La realidad específica de esta crisis proteica de sobreendeudamiento privado parece desmentir con datos esa presunción a la que se aferra de manera dogmática el Ministro de Hacienda. De hecho, sin necesidad de citar los crecientes documentos en sentido contrario que el FMI y la OCDE empiezan a publicar, tanto lo sucedido con la desviación en 2011, como los datos del primer trimestre de este año donde la recesión ha hecho caer los ingresos fiscales por debajo de lo previsto parecen evidenciar contundentemente que podemos generar un círculo vicioso según el cuál, los fuertes recortes de gasto público inducen una recesión que hace caer los ingresos públicos, agravando el déficit, lo que obliga a un nuevo recorte de gasto. El resultado es doblemente perjudicial ya que obtenemos más déficit y más paro, a la vez que mayor desconfianza por parte de unos mercados que ven como nos alejamos de la solvencia necesaria para garantizar la devolución de los préstamos.

Esta convicción, que expresamos algunos no ahora, sino desde el giro de mayo de 2010, gana fuerza hasta el punto que ya se repite de manera creciente en círculos económicos (“Economistas frente a la crisis”) y políticos (Hollande, o el mismo Monti). Mi pregunta es: sea por un cambio en la Presidencia francesa o por otros motivos, si se abre en Europa el debate sobre una eventual relajación de los compromisos de déficit público para no estrangular el crecimiento económico, ¿Dónde se ubicará el Gobierno español, tras los ditirambos del ministro esta semana? ¿Se quedará solo, enrocado en las bondades de la austeridad infinita, o practicará una nueva rectificación, previo señalamiento de un culpable?

En todo caso, como hay más responsables económicos en el Gobierno, llamo la atención sobre un asunto en el que anda el ministro de Guindos y donde creo se está debatiendo, de verdad, el ser o no ser de nuestra economía: los intentos para desatascar de ladrillo y cemento las cañerías del crédito bancario, de la única manera que debió hacerse desde el principio, sacando de sus balances los activos tóxicos inmobiliarios. Podremos debatir en qué condiciones se hace, que activos se incluyen, si hay o no apoyo público y cómo (el FMI acaba de reclamarlo) y si el receptor es, o no, un banco malo (por cierto, Gobernador, los bancos de alimentos tampoco tiene ficha bancaria, pese a su nombre). Pero esa es la reforma estructural más importante que podemos hacer para devolver a nuestras entidades acceso a la financiación privada internacional, hoy cerrada, así como crédito financiero a empresas y familias. Solo con ello se podrá reanudar el crecimiento y la creación de empleo, porque los límites del ajuste presupuestario son ya evidentes. Cuando llegue la propuesta final, que solo podrá hacerse previa negociación con Bruselas, espero que toda esa oposición que ha rechazado el Presupuesto porque agrava la crisis, la apoye, porque será la principal medida de reactivación económica. Después, rebajar cotizaciones sociales a cambio de subir otros impuestos.

 Con datos públicos, el endeudamiento de los sectores no financieros de nuestra economía ascendía, a finales de enero, a 2.872 miles de millones de euros, el 267% del PIB, de los cuales, empresas y familias contribuyen con 2.122 mm (74%) siendo las Administraciones Públicas el restante 26%. Las familias españolas, con 866mm, acumulan una deuda superior a los 751mm del conjunto de administraciones. Un resultado coherente con que nuestro endeudamiento desde el año 2000 haya estado vinculado a la vivienda y a la inversión privada en construcción, mientras que el Estado central tenía, hasta 2008 y gracias al incremento asociado de ingresos, un superávit presupuestario que le permitía reducir deuda pública.

Desde el punto de vista de la deuda externa, aquella parte que tenemos que pedir prestada fuera para financiarnos, a 31 de diciembre de 2011 alcanzaba la cifra de 1.775 miles de millones de euros, el 165% del PIB, con el siguiente reparto por principales agentes económicos: Instituciones Financieras, 716mm, empresas y familias, 422mm; Administraciones Públicas, 282mm.

Por tanto, lo analicemos como lo analicemos, España tiene un problema mucho mayor de endeudamiento privado que de endeudamiento público. Sin embargo, parece que queremos centrar en este último el origen y la solución de todo el problema y eso, es lo que muchos creemos un grave error de enfoque, motivado por prejuicios político ideológicos similares a cuando en plena depresión de los años 30 del siglo pasado muchos gobiernos se aferraron dogmáticamente a la rigidez del patrón oro, agudizando con ello el problema de falta de demanda efectiva.

La cosa no tiene misterio: un país genera deuda externa cuando gasta más de lo que produce y cubre la diferencia con productos importados financiados con préstamos externos (déficit de balanza de pagos). Revertir este proceso, lo que se llama desapalancarse, exige hacer lo contrario: producir más de lo que se consume, para que la diferencia genere un remanente que permita amortizar la deuda. Los estudios sobre otros procesos históricos de sobreendeudamiento coinciden en que, hasta ahora, no hemos sido capaces de salir de ninguno de ellos en menos de una década. Y eso, con mucho sufrimiento social, políticas adecuadas y quitas generalizadas, como pasó con la deuda externa latinoamericana en los 80 del siglo pasado. Pero, a veces, requiere más tiempo, como Japón.

Intentar conseguir ese superávit entre producción y gasto interno global a base de reducir el consumo público neto (déficit) es, no solo imposible, dados los bajos porcentajes que, hemos visto, representa sobre el total de deuda, sino contraproducente porque reducir el déficit de forma acelerada obliga a adoptar estrategias que deprimen la producción agregada, sin que pueda ser compensado este efecto, a corto plazo, por los eventuales efectos positivos de las reformas estructurales que se adopten.

Desde 2007 el endeudamiento privado no ha bajado en España, como prueba de que en plena crisis recesiva, no basta con “apretarse el cinturón” para que familias y empresas puedan devolver los préstamos (el FMI apunta a la necesidad de adoptar quitas a familias, en préstamos hipotecarios), si no hay generación adicional de ingresos privados mediante estrategias de crecimiento económico a corto plazo, impulsadas desde lo público, en las que la creación de empleo sea la pieza angular, seguida de soluciones eficaces a los problemas bancarios que bloquean el crédito.

Entre el 2000 y el 2007, en plena burbuja inmobiliaria y con tasas de crecimiento económico envidiables, España fue capaz de crear 4 millones seiscientos mil puestos de trabajo. La pregunta ahora, es: sin esas condiciones excepcionales y aún con la reforma laboral, ¿cuánto tiempo necesitaremos para absorber esos casi seis millones de parados que tendremos a finales de año? Respecto al sector financiero, desde la creación del FROB en 2009 se ha seguido la misma estrategia: sanear sus activos tóxicos inmobiliarios mediante el incremento de provisiones, que alcanzarán a finales de año el equivalente al 14% del PIB y sucesivas rondas de capitalización, incluyendo fusiones. Un camino largo, que daña a la economía real al reducir el crédito, los beneficios de las entidades y su capacidad instalada. Como reconoce el Gobernador del Banco de España “el supervisor español no ha podido contar con un “banco malo” (…) que haya comprado a los bancos sus activos malos y, en un momento, se hayan resuelto todos los problemas de las entidades supervisadas”.

Es hora de que digamos en prosa lo que nos están diciendo los mercados con números: hemos escogido (o nos han impuesto y no solo Merkel) una estrategia de respuesta a la más grave crisis económica en setenta años, con origen en un sobreendeudamiento privado, que, incluso si funciona, necesitará más de una década para visualizar su final. Al centrarlo todo en recortes procíclicos de gasto en el sector público, al enredarnos en asuntos secundarios respecto a la recesión, como el modelo autonómico, al renunciar a estrategias de generación de ingresos (crecimiento), al no priorizar la creación de empleo y al no buscar soluciones rápidas a los activos dañados del sistema financiero, incluyendo su acceso al fondo europeo de rescate, estamos condenando al país a convivir con la crisis mucho más tiempo de los diez años promedio.

Esto sí que forma parte de la herencia. Pero de la herencia recibida con agrado porque en ningún momento, el actual Gobierno, ha planteado una política distinta, sino que solo ha presumido de hacerlo más rápido: “en tres meses, lo de tres años”. ¿Cómo se mide el éxito de una política económica? Porque el paro sigue aumentando, la prima de riesgo subiendo, la bolsa cayendo y solo el BCE nos separa de la intervención. ¿Pero es que no lo ven?

            El primero, es el cuestionamiento que realizamos nosotros mismos sobre la veracidad de los números, empezando por las cifras presupuestarias y siguiendo con el verdadero alcance de los activos tóxicos inmobiliarios en nuestro sistema financiero. Tras las elecciones, los nuevos Gobiernos pusieron en duda, por razones partidistas, las cuentas públicas heredadas, ante desviaciones de déficit que luego se han explicado por la imprevista desaceleración económica, pero lanzando sospechas sobre la validez de todo el sistema de control presupuestario. De igual manera, cada vez que se fusionan bancos, afloran nuevas pérdidas ocultas que empañan la labor del supervisor y agrandan las dudas sobre el tamaño del agujero.

            El segundo asunto está siendo una gestión poco cuidada de la información. Desde la cifra de déficit para los Presupuestos de este año (primero, 4,4%, luego 5,8 sin pactar ni dejar de pactar, finalmente 5,3 impuesto) de la que se enteraron nuestros socios y la Comisión por la prensa, hasta el último anuncio de recorte adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, medio oculto en una nota de prensa, sin que nadie sea capaz de hacerlo creíble en base a explicar donde, cómo y con quien. Habla demasiada gente, con desmentidos incluidos, menos quien debe hacerlo, que escapa por el garaje del Senado. En este contexto, para un bróker londinense que debe tomar decisiones rápidas sobre comprar o no deuda española, no le tranquiliza nada escuchar al Presidente del Gobierno diciendo que lo tiene todo en una hoja de ruta que, al parecer, solo él conoce. Como tampoco ayuda el Ministro de Economía y el Gobernador del Banco diciendo que, a lo mejor, todavía no ha terminado el lento caminar del ajuste bancario (por cierto, el Gobernador reconoció el otro día en público que un banco malo hubiera hecho la reconversión financiera más rápida), que el crédito seguirá sin fluir y que, tal vez, haga falta todavía una nueva capitalización, en medio de noticias sobre un aumento en la morosidad.

            El tercer elemento de duda objetiva es la tozudez de los datos: para cualquier experto, resulta muy dudoso que con una recesión de casi el menos dos por ciento, se pueda cumplir este año con el objetivo de déficit. Duda que crece cuando el gobierno anuncia un nuevo e inconcreto recorte de gasto, apenas una semana más tarde de enviar los Presupuestos al Parlamento. Pero el empecinamiento en el 3% para 2013, año en que se sigue previendo recesión, resulta sencillamente increíble para muchos analistas que, entonces, desconectan del riesgo España. Sobre todo, cuando de las cifras que ellos conocen e hizo públicas el Banco de España esta semana para el cierre de 2011, del 1,78 billones de euros de deuda externa española, la pública solo representa el 16%. El FMI, proponiendo esta semana una quita a la deuda hipotecaria privada, reconocía esta realidad: estamos obsesionados en reducir la deuda pública, pero el grueso de nuestra deuda externa es privada. Y de la interna, también, como señala los informes públicos del Banco de España donde consta que solo la deuda de nuestras familias es superior a toda la deuda pública.

            El cuarto y último elemento de duda razonable tiene que ver con que si España fuera una empresa que acude al mercado en busca de financiación, cualquier experto observaría dos cosas: que no hay un Plan Estratégico a medio plazo (cuatro, cinco años) que recoja el conjunto de actuaciones que se tiene intención de llevar a cabo para asegurar mediante el crecimiento la devolución de los préstamos y, dos, que los accionistas están divididos, enfrentados y con serias disensiones sobre el camino a seguir por la sociedad. ¿Invertiría usted en una empresa así? Seguimos adoptando medidas a golpe de telediario y de prima de riesgo, exactamente igual que criticábamos al Gobierno anterior que, recuerdo, aprobó casi 300 medidas de lucha contra la crisis, algunas en los olvidados Pactos de Zurbano y todas ellas aplaudidas por la Comisión y el ECOFIN.

            Esta semana el Presidente de Extremadura ha propuesto formalmente la necesidad de unos nuevos “Pactos de la Moncloa” que permitan, con apoyos institucionales, políticos y sociales,  encauzar una salida articulada a nuestra situación excepcional. Una iniciativa como esa, que vengo defendiendo aquí desde hace tres años y a la que se han sumado referentes tan importante como el Presidente Griñan o el líder de la oposición, significa algo tan elemental como que los accionistas, en momentos difíciles, se pongan de acuerdo sobre el Plan estratégico de esta empresa llamada España SA. Y no puede merecer, por parte del Presidente del Gobierno, la fría respuesta que ha tenido.

            El problema español que preocupa fuera a los mercados, no es, pues, ese mal autonómico tan demonizado desde determinados sectores políticos. Los mismos que combatieron el intento que se hizo durante 2004-2007 para arreglarlo, con iniciativas como la Conferencia de Presidentes, la creación de consorcios que evitaran duplicidades, las ventanillas únicas electrónicas, las reformas estatutarias pactadas, o la reforma del Senado y de la Constitución sobre la que sigue siendo válido el informe del Consejo de Estado. Aquel intento, que conozco de primera mano, partía ya de la base de que lo existente no funcionaba bien. Pero la solución a un dolor de cabeza no puede ser cortar la cabeza, aunque se presente como lo más rápido y, aparentemente, eficaz. La solución solo puede alcanzarse, como parte de ese ausente Plan Estratégico pactado entre los accionistas.

                Poco después, fue la Directora del FMI, Lagarde, quien señalaba desde la reunión ministerial del G-20 en Ciudad de México, que la economía mundial se había aproximado peligrosamente al borde del abismo en los últimos meses, pero había evitado caer en él.  Así, aunque “no ha salido de la zona de peligro”, el descarrilamiento de la recuperación mundial no se ha producido. Y esta semana, uno de los medios de comunicación de referencia, el semanario The Economist, argumenta que las perspectivas de la economía mundial son mejores de lo que parecía hasta hace poco y que, a pesar de que subsisten riesgos importantes, podemos encontrar “signos positivos” que podrían llegar, incluso, a ser considerados como una recuperación tímida.  

                Lo primero que sorprende es que el crecimiento económico, o su ausencia, esté de nuevo en el frontispicio de las preocupaciones internacionales, después de meses obsesionados con la deuda soberana de USA y de los países del euro. Tanto interesa, que uno de los principales indicadores de clima empresarial sectorial, elaborado mediante una encuesta a 700 responsables en 58 países, que prioriza cada dos años lo que más preocupa en el mundo de las finanzas mundiales, recogía esta semana que la “fragilidad” macroeconómica es lo que trae de cabeza, ahora, al sector, desplazando, incluso, los riesgos crediticios o los problemas de liquidez y proporcionando el nivel más elevado de “ansiedad” en el sector financiero desde 1996 en que se creó el índice. (“Banking Banana Skins 2012”. CSFI & pwc).

                Da la impresión, pues, de que la economía mundial se encuentra en un punto de inflexión sin que sepamos con certeza, todavía, si sube o si baja. Parece obvio que, pese a sus interrelaciones, la situación no es la misma en Europa, USA o los BRICS. China y Brasil están haciendo la digestión de las elevadas tasas de crecimiento en los años recientes, controlando la inflación y corrigiendo ciertos desajustes sectoriales sin congelar, no obstante, sus economías. Estados Unidos se reactiva tímidamente hasta un previsible 2,5% de crecimiento medio este año, reduciendo el paro, en medio del fuego cruzado entre un Presidente empeñado en la creación de empleo en pleno período electoral y una derecha republicana, mayoritaria en el Congreso, obsesionada en que inverosímiles planes de recorte del gasto público hundan las opciones de reelección de Obama.

                Europa sigue siendo lo más parecido que queda hoy en el mundo a una zona en crisis económica. Las reiteradas inyecciones de liquidez del BCE, utilizadas por los bancos para obtener beneficios comprando deuda pública, no pueden ocultar tres realidades contundentes: sigue sin haber mercado interbancario, es decir, siguen los bancos sin fiarse unos de otros; continúa la sequía de crédito a empresas y familias y, en tercer lugar, los rigurosos planes de ajuste de los déficits públicos han superado ya el punto de credibilidad para empezar a cuestionar la solvencia de los países en la medida en que están echando por tierra cualquier atisbo de recuperación que es, al final, lo que permitirá devolver las deudas contraídas. Todo ello, sitúa a la economía europea, con la zona euro a la cabeza, en una recesión en la sombra a pesar de haber superado obstáculos importantes como la segunda renovación de la deuda griega.

                Sobre la situación mundial planean problemas objetivos que matizan el optimismo: Las entidades financieras siguen estando muy quebradizas; los elevados niveles de deuda, pública y privada, augura un largo período de desapalancamiento que frena la recuperación; las altas tasas de paro unidas a una creciente desigualdad social y, por último, el aumento de los precios del petróleo. Pero lo que más inseguridad genera es lo que cada vez con mayor propiedad se está llamando riesgo de la política económica. Es decir, el temor a que se implanten o mantengan políticas económicas que, en lugar de empujar hacia la recuperación, terminen por aplastar cualquier pequeño brote verde dejándolo reducido a un sarpullido.

                En España, más allá de una discutible gestión política del asunto, el pequeño margen conseguido este año de Bruselas al conseguir deslizar el objetivo de déficit público desde el 4,4, hasta el 5,3%, unido a un más que previsible alivio en el coste de financiación de la deuda, deberían servir para que el Gobierno empeñara acciones de reactivación. De momento, lo más parecido a una inyección presupuestaria de apoyo a la economía real en el más puro estilo keynesiano, está siendo el plan de pago de la deuda comercial de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde se transforma déficit en deuda, a la vez que entrega al Gobierno avalista un poderoso instrumento de presión efectiva sobre el resto de administraciones, “salvadas” de sus acreedores.

                Pero deberíamos aprovechar el momento para ser audaces en los presupuestos para 2012 y, junto a una necesaria y asumida subida del IVA que permita recortar cotizaciones sociales, empaquetar algunos planes sectoriales de reactivación en colaboración con las CC.AA y las empresas.  Y centrar los recortes en el voluminoso capítulo de gastos fiscales donde se mezclan deducciones y desgravaciones impositivas que, tal vez, fuera adecuado recortar a la mitad, de manera excepcional. De momento, me conformaría con ver signos positivos incipientes de que el Gobierno actúa para combatir el paro, sin esperar a una próxima vida postreformas.

                Hay cosas que uno no elije al nacer: la familia (nivel social), la nación o grupo étnico, ni el sexo. Hacer compatible esto con que todos nacemos iguales en derechos, uno de los principios constitutivos de nuestras sociedades democráticas, exige desarrollar eficaces medidas de igualdad de oportunidades que ayuden a contrarrestar las desigualdades que puedan experimentarse como consecuencia de actos de nacimiento no elegidos. La idea es clara: los individuos tienen derecho a exigir una recompensa por el esfuerzo personal a lo largo de la vida, pero también a que los dejen competir a todos en las mismas condiciones, a que se remuevan aquellos obstáculos sociales que impiden que puedan desarrollar todas sus capacidades por prejuicios, discriminaciones o segregaciones, artificiales.

                En el cuadro adjunto se observa la gran brecha que existe entre las declaraciones y los actos. Parece que sí hemos eliminado las discriminaciones contra la mujer en el origen, pero todavía estamos muy lejos de conseguirlo a lo largo de toda la carrera. Cuando en la base de la pirámide los resultados se reparten según sexo por mitades, resulta estadísticamente poco creíble que conforme vamos subiendo en niveles de responsabilidad, el número de mujeres disminuya hasta el exiguo 10% de la cúpula directiva. Que a partir de los 30/35 años, una inmensa mayoría de mujeres prefieran abandonar su carrera profesional hacia la cima, porque de forma voluntaria decidan libremente elegir otras opciones vitales como dedicar tiempo a su familia, hijos y mayores dependientes, es en términos de probabilidades, imposible. A menos que incorporemos la existencia de una “fuerte presión estructural” (parafraseando al Ministro Gallardón) sobre ellas para que así sea, en base a una discriminación impuesta, muy favorable para el otro sexo. De eso hablamos, cuando decimos “machismo”.

Podemos asumir que las primitivas divisiones del trabajo entre hombres y mujeres estaban basadas en las habilidades y capacidades de cada uno de los sexos, por cuestiones biológicas. Es discutible y hay demasiados contraejemplos, pero aceptémoslo como hipótesis. Lo que ya no es defendible es que aquella realidad se siga imponiendo todavía hoy sobre la evidencia que representa la base del gráfico, en un mundo, el nuestro, muy diferente de aquel de los primeros homo sapiens.

Con ello, estaríamos perdiendo, como sociedad, a la mitad de nuestro talento, cuanto el discurso hegemónico es que vivimos en una sociedad de conocimiento donde nada es más productivo que el capital humano del que las mujeres, representan el 50%. Y, lo estaríamos perdiendo por un prejuicio, que blinda en una estructura laboral y social pensada para los hombres (es decir, para que haya “alguien”, casualmente la mujer, en casa ocupándose de otras tareas) pero ligado a la defensa de una “cuota masculina” mayoritaria hoy en los niveles de dirección y toma de decisiones de las empresas y de la sociedad. El resultado de esta discriminación es que no nos dirigen los mejores, sino solo los mejores, entre los hombres.

La pérdida económica que representa esta mala asignación de recursos humanos, es difícil de calcular. Pero debemos ponerla encima de la mesa junto a la defensa de los derechos de igualdad y a una verdadera libertad de elección que si existiera, llevaría a que estadísticamente, hoy se repartirían por igual las tareas laborales, políticas y domésticas entre hombre y mujeres poniendo, de verdad, a los mejores allá donde libremente eligieran estar.

Muchos bienintencionados de ambos sexos, piensan que estas cosas son así, pero que debemos dar tiempo para que cambien en la medida en que se trata de un complejo problema cultural. Pero tendremos que reconocer que si en 1974 una mujer no podía en España abrir una cuenta bancaria sin autorización de un hombre, padre o marido y hoy la realidad es otra, no se debe solo a un cambio cultural sino  a un cambio drástico en las leyes que lo regulaban. Como explicó una interviniente en el acto mencionado, si proyectamos los avances realizados en los últimos años, que han sido muchos, una igualdad efectiva de oportunidades entre hombre y mujeres en nuestro país, que diera lugar a un reparto equitativo de puestos y tareas a todos los niveles, se conseguiría en…2057!!! (si no hay retrocesos en el camino).

Esperar, pues, no parece una solución aceptable. Pero tampoco lo está siendo el dejarlo en manos de los hombres que, de forma voluntaria, deben decidir, de acuerdo con las recomendaciones de los Códigos de Buen Gobierno o de Leyes de Igualdad, ceder parcelas de lo que hoy es su poder a mujeres, aunque estén sobradamente preparadas.

Llegados a este punto, solo nos quedan dos reflexiones para la acción: las dichosas cuotas y cambiar las reglas de juego. Respecto a lo primero, que está siendo impulsado por la Comisión Europea en base a una Recomendación aprobada esta misma semana por el Parlamento Europeo, me quedo con lo que dijo una Comisaria: no me gustan las cuotas, pero me gusta lo que se consigue con ellas. Lo segundo es más importante: No creo que debamos “incorporar” a las mujeres a un edificio laboral y social construido por hombres sobre la base de una vieja división del trabajo por género, hoy insostenible, sino invitarlas a propiciar juntos una verdadera transformación del mismo, cambiando las reglas con que lo organizamos, introduciendo la conciliación entre vida laboral y personal para que si alguien tiene que escoger, en algún momento de su carrera, entre su trabajo, o su hijo, no esté predeterminado que la respuesta masculina será siempre el trabajo y la femenina, casi siempre el hijo. Lo dicho, la mitad de todo. Es lo justo y lo más productivo.

Cuando los ministros de Hacienda presentan los Presupuestos Generales para el siguiente año, esperamos escuchar cuánto creceremos, cuanto empleo nuevo se creará, cuanto se incrementarán los ingresos y los gastos públicos, dentro de la más pura lógica incrementalista. Pero las empresas que aprueban sus cuentas en Junta de Accionistas, quieren escuchar cuanto subirán los ingresos el próximo año, cuanto mejorará la rentabilidad de la acción y cuánto crecerán los beneficios. Y las familias prevén siempre mejoras de su renta basadas en las subidas salariales que con toda certeza, se deben producir y en que el banco pague más por sus ahorros.

Hemos puesto en marcha una maquinaria social que solo sabe caminar hacia más, alimentando una idea de progreso asegurado, convertido, casi, en derecho exigible de ciudadanía. Sin crecimiento económico no hay, al parecer, paraíso social en la tierra ya que este lo hemos construido sobre la base de un juego de suma positiva en el cuál, cada año, suma algo adicional a lo existente del año anterior.

Pero no siempre ha sido así. De hecho, la economía surge como ciencia al intentar explicar, con Adam Smith, cuál es el origen y la naturaleza de la riqueza, puesta en evidencia a partir de la industrialización. En un mundo estancado, donde la única riqueza deriva de privilegios feudales heredados, surge un nuevo sistema económico que utilizando mejor el trabajo humano (división de tareas, especialización) y el talento humano (tecnología) es capaz de generar riqueza adicional a partir de importantes avances en la productividad de la actividad económica.

Al principio, esa riqueza estaba concentrada en unos pocos empresarios, mientras el resto de la población, incluidos sus trabajadores, vivían en las miserables condiciones descritas por Dickens en sus novelas. Luego, la nueva organización “científica” del trabajo en serie generaba tales capacidades de producción que tuvo que crearse nuevos mercados internos, repartiendo esa riqueza creciente mediante subidas de salarios, para que los productos fabricados trabajando tres turnos, pudieran ser adquiridos por alguien con capacidad de pago. Sobre esto se amplificó la demanda efectiva impulsora del crecimiento en base al uso extensivo del crédito. Por último, la existencia de una riqueza incremental  en los países más adelantados hizo posible el reparto de un salario social diferido atribuyéndole al Estado la capacidad de ofrecer nuevos bienes públicos como sanidad, educación y pensiones, financiados con impuestos progresivos (Estado del Bienestar).

Se propagó, así, esa ideología del crecimiento permanente según la cuál, lo que no deja de ser una posibilidad basada en mejoras continuas de productividad asociadas a sucesivas oleadas de revoluciones tecnológicas, se convierte en el aceite que lubrica sin parar el engranaje social hasta convertirse en derechos para unos y beneficios para otros.

Es cierto que hubo amenazas a este estado de cosas. Entre otras, la elevada inflación, que si bien facilitaba acuerdos sociales de distribución aparente de la riqueza a corto plazo en base a la ilusión monetaria, introducía arena que amenazaba el correcto funcionamiento del sistema productivo. Pero, también, los límites al crecimiento derivados, por una parte, de que vivimos en una “nave espacial Tierra” con recursos naturales limitados y, por otra, en los efectos perjudiciales sobre el clima de la propia actividad industrial humana.

Este crecimiento continuo sobre el que hemos construido el equilibrio social y político de nuestras democracias se veía amenazado, también, de vez en vez, por crisis económicas que, fueran cisnes negros o consustanciales a la lógica del sistema capitalista, rebajaban temporal y recurrentemente el ritmo de crecimiento hasta que pronto se recuperaba la velocidad de crucero anterior.

Con estos antecedentes, la crisis general de sobreendeudamiento que vivimos en un mundo globalizado, es diferente en tres aspectos: su larga duración, que obliga a introducir la perspectiva del decrecimiento en las instituciones sociales y políticas no como una decisión voluntaria a favor de un modelo de sociedad distinto, sino por simple imposibilidad de seguir creciendo. Esto hace saltar por los aires los mecanismos tradicionales de intermediación al tener que repartir costes de una recesión, en una sociedad acostumbrada a repartir excedentes. Segundo, se produce en un contexto en el cuál las jóvenes generaciones ya empezaban a vislumbrar que vivir peor que sus padres, es algo con elevada probabilidad. Tercero, la realidad de una economía mundial que sitúa el origen de muchos problemas en sitios lejanos, dejando a las autoridades nacionales sin apenas instrumentos eficaces para hacerles frente, abre una brecha entre los ciudadanos y una política democrática ineficaz en el ámbito nacional e inexistente en el global.

No solo frenamos, sino que tenemos que dar marcha atrás en muchas cosas habituales. Donde antes todo era distribuir a manos llenas, se transforma ahora en repartir miseria, como dijo un Presidente autonómico. El temor a que podemos entrar en un ciclo largo donde una mayoría de ciudadanos irá a peor, de que la nueva cultura del esfuerzo pueda ser una vuelta a Dickens y no solo a su lectura, de un incremento en las desigualdades sociales en medio de la abundancia concentrada, es inseparable de ese pesimismo que parece hoy instalado según el CIS. Y todo ello se debe gestionar en un espacio público con  reglas del juego diferentes, que ejercen una fuerte pulsión hacia el deterioro del sistema político. ¿Sabremos cambiar de era, sin perder cohesión social ni calidad democrática?

 Si Rajoy dijera hoy que pretende que España funcione, ¿entenderíamos todos lo mismo? Creo que no. Que una parte de la explicación al diálogo de sordos en que convertimos con demasiada frecuencia los espacios públicos, incluido el Parlamento, se debe a que ya no tenemos una visión común sobre los problemas del país y sus soluciones y esto tiene menos que ver con aproximaciones ideológicamente confrontadas que con si “los nuestros” están en el gobierno o en la oposición. Esa pérdida de narración común, que intentaré explicar mediante tres ejemplos, condiciona el bloqueo en el que parece que empezamos a sentirnos cómodos, lo que no está reñido con la mucha actividad, la no menor propaganda y la sensación de aturdimiento pesimista.

Primer ejemplo: ¿compartimos una visión del momento económico que vivimos? Para que España funcione lo primero es volver a poner en marcha la maquinaria económica de creación de empleo y de riqueza. Eso requiere entender lo que nos pasa y acordar lo que necesitamos hacer para superarlo. Pero no solo discrepamos entorno a la reforma laboral, los sueldos de los banqueros o la utilización del parque inmobiliario de las administraciones. Es que tampoco sabemos si debemos reforzar nuestra solvencia como país y centrar la estrategia de política económica anticrisis en recortar el gasto público para ajustarnos a un calendario de reducción del déficit público pensado para otro contexto, o en expandirlo de manera selectiva e imaginativa para igual que pagamos las deudas con proveedores privados, reactivamos la actividad económica empujando desde el Presupuesto a algunos sectores con elevada capacidad de arrastre.

La confirmación de que en 2011 superamos en mucho el compromiso de déficit público nos ha dejado sin saber, literalmente, si soplar o sorber, si ahorrar o crecer. Si poner toda la carne en el asador defendiendo en Bruselas la racionalidad de revisar el objetivo para este año, pasando del 4,4 %, inviable por la recesión, a un severo 6% y alargar el calendario dos años evitando el 3% el año próximo, a cambio de encontrar espacios limitados para aplicar estímulos keynesianos de crecimiento, o mantener a todo trance la austeridad como valor supremo absoluto, junto al discurso merkeliano de la bondad de los recortes públicos como único método para conseguir el crecimiento a medio plazo, pese a la desigualdad social que genere.

Los datos comparados avalan dos ideas: ni los déficits ni la deuda pública han tenido nada que ver con el origen de esta crisis, más vinculada a quiebras de bancos privados y a severas deficiencias en el diseño institucional de los mecanismos de apoyo al euro. Dos, que en el aumento de los déficits ha tenido tanto que ver la caída de ingresos, como la subida de los gastos. Nada de esto es un argumento contra de la necesidad imperiosa de reformar profundamente nuestros mecanismos de gasto público. Pero sepamos que, en relación con los países del euro, tanto nuestros ingresos como gastos públicos, en relación al PIB, se sitúan por debajo de la media, cuando no lo estamos en renta per cápita.

Segundo ejemplo, la crisis y la utilización de las instituciones de todos en favor de la estrategia política del partido que las gobierna, está amenazando con hacer saltar por los aires la España autonómica tal y como la hemos conocido. La evidencia de que el desvío del déficit público el año pasado se ha dado, sobre todo, en las CC.AA y, especialmente, después de las elecciones (último trimestre del año) ha reforzado la convicción de que los mecanismos constitucionales utilizados para construir nuestro tejido institucional autonómico han hecho aguas por varios sitios, incluyendo un sistema de financiación con rigidez en gastos expansivos (educación y sanidad) y largos retrasos en los ingresos, unido a la ausencia de corresponsabilidad y de mecanismos anticipatorios de supervisión y control. Pero mientras algunos defendemos un salto federal adelante para mejorar la gestión de lo común, incluido los presupuestos, otros sugieren desmantelar lo existente en una imposible marcha hacia un nuevo estado recentralizado, mágicamente eficaz y austero.

Tercer ejemplo, sigue sorprendiéndome que, en contra de lo expresado en discursos y debates como el de investidura del actual Presidente, no se ha producido intentos serios de aproximación entre los dos grandes partidos para buscar una salida consensuada a la mayor crisis económica de nuestra historia. A pesar de que las orientaciones de política económica mantenidas no son tan distantes y de la evidencia de que dicho consenso, allí donde la intervención exterior lo ha impuesto, es un activo bien valorado por los ciudadanos y por los propios mercados, aquí se buscan culpables ante que soluciones porque el interés partidista se sigue imponiendo sobre el general. Y no hablo, solo, de los problemas planteados por el solapamiento entre los Presupuestos que Bruselas nos demanda con urgencia y las elecciones andaluzas, sino en un cambio perceptible de pensamiento hegemónico que demoniza, incluso retrospectivamente hasta la transición, el valor del consenso en democracia sobre asuntos importantes, como esta crisis, sin soluciones desde posiciones unilaterales.

Puedo resumir lo expuesto con que no funciona una bajada de impuestos como mantra sostenido durante años para ganar elecciones y luego sorprendernos de que no hay suficiente dinero en la caja; lo que no funciona es un sistema autonómico más orientado a la confrontación partidista que a la cooperación institucional  (¿Cuántas veces oiremos que “esta vez sí” va a haber una tarjeta sanitaria compatible?); lo que no funciona es una lógica política que nos instala en el desacuerdo y en la bronca como sistema, haciendo paradójicamente intercambiables muchos de los discursos partidistas (¡Y tú, más!).

Pero, claro, esta es mi visión de lo que debe hacerse para que España funcione. ¿Hablamos de la suya?

Aunque la reciente reforma laboral se orienta a facilitar ambos objetivos, en línea también con los acuerdos de congelación salarial firmados por los interlocutores sociales, centrar el ajuste interno del sector privado sobre la reducción del coste del factor trabajo mediante un despido más fácil y barato, unido a recortes salariales, resulta una estrategia equivocada a medio plazo por dos razones: porque agudiza las desigualdades sociales, como ya está poniendo de relieve un informe hecho público estos días por Cáritas según el cuál, la distancia entre el 20% más rico de España y el 20% más pobre se ha incrementado apreciablemente entre 2007 y 2010, sin signos de que vaya aminorando. Segundo, porque al reducir la capacidad de consumo de los trabajadores, agudiza la estrategia depresiva en que ha entrado nuestra economía, con la recesión inducida en que ya estamos según la Comisión Europea y con perspectivas de un importante decrecimiento económico para este año.

Desde mayo de 2010, ha podido modificarse la intensidad o el ritmo de la política económica aplicada por los gobiernos de España (el famoso “tres en uno” del ministro de Guindos), pero, a pesar del cambio de partido político, no ha variado en lo sustancial, la orientación, ni el sentido de la misma, en mi opinión, equivocada o, al menos, incompleta. Personalmente me sitúo más próximo a lo que intenta hacer el Presidente Obama, con la fuerte oposición de un partido republicano, cada vez más radicalizado y “fuera de este mundo”.

Sin embargo, creo que hay motivos para un cierto optimismo derivado de la inflexión que se empiezan a percibir tanto en la Unión Europea, como en la misma España, en un deslizamiento silencioso desde viejos principios centrados en la austeridad máxima como virtud absoluta, hasta la aceptación de los peligros relativos de la conocida como paradoja de la austeridad, que se podría resumir diciendo que cuando ya te has acostumbrado a no comer, va y te mueres.

En la Unión Europea los movimientos son bastante perceptibles y empieza a abrirse paso entre los Gobiernos, incluido el alemán, una nueva manera de defender la solvencia del euro. Empezando por el renovado acuerdo de refinanciación de Grecia que incluye una importante quita por parte de los bancos privados mediante la que se lanza dos mensajes esenciales: quienes prestaron, también tienen responsabilidad en esta crisis y dos, en determinadas condiciones, resulta imposible superar un fuerte sobreendeudamiento sin que los acreedores asuman parte del coste. En segundo lugar, la actitud del Banco Central, anticipo de lo que será el nuevo Fondo permanente de rescate, apoyando las deudas soberanas frente a los ataques especulativos de los mercados. Con ello, en tercer lugar, se consigue una rebaja en el coste de financiación de los países que puede proporcionar un pequeño, pero interesante, margen presupuestario para reforzar nacionalmente las estrategias de crecimiento que ya se vienen reclamando, incluso mediante carta pública suscrita por Rajoy, desde muchos gobiernos con apoyo de la propia Comisión.

                Sería una lástima que este cambio perceptible de circunstancias en la Unión Europea, no fuera aprovechado por el Gobierno de Rajoy para impulsar sus propias novedades en la política económica. La primera ya se está dando al reconocer una vinculación que, hasta ahora, se negaba entre crecimiento y déficit público para, desde ella, reclamar un relajamiento de los plazos de reducción del déficit establecidos en los Planes de Convergencia. Debemos conseguir aplazar dos años el objetivo, con compromisos intermedios del 6% para este año y un punto porcentual menos por año, hasta alcanzar el 3% en 2015, siempre que se consigan cifras positivas de crecimiento económico. De igual manera, el remedo de Plan E que ha aprobado el Gobierno para honorar las deudas con proveedores de las administraciones autonómicas y locales, introduce dos cambios sustanciales: el propio aval del Gobierno a las mismas y la imposición de quitas a los acreedores privados, aunque estos no tengan responsabilidad en la generación de esta deuda, prueba que el discurso de la austeridad, “cueste lo que cueste”, empieza a resquebrajarse, también para el gobierno conservador español.

                Entre tanto cambio filosófico, en principio imperceptible salvo la subida de impuestos, pero de gran calado a medio plazo, es urgente introducir la búsqueda de caminos distintos a la imprescindible devaluación interna. Si necesitamos rebajar costes laborales no lo hagamos, sólo, mediante más paro y menos salarios. Introduzcamos, al menos, otra variable alternativa importante como son las cotizaciones sociales, cuya rebaja sustancial permitiría un ajuste de costes, socialmente menos injusto y económicamente menos costoso que el actual, sobre todo, si se sustituyen parte de los ingresos financiadores de las pensiones, con otros impuestos que trasladen carga tributaria desde el trabajo, hacia la riqueza. Su implementación puede hacerse de forma gradual, condicionando, si se quiere, una parte al mantenimiento de la plantilla, otra a la creación neta de empleo y aún otra, a que el pacto de rentas incluya, también, los beneficios empresariales. Pero la inyección de competitividad que tal medida introduciría en nuestras empresas sería inmediata, reforzando el mensaje de que la solvencia se consigue no tanto apretándose más el cinturón hasta la asfixia, sino reforzando las estrategias de crecimiento de los ingresos mediante la generación de actividad y empleo.

                Esperemos que la lentitud que hemos encontrado en otros momentos de la gestión de esta crisis tan larga como proteica, nos haya abandonado definitivamente y estemos dispuestos a afrontar lo que queda de recesión con medidas articuladas, novedosas y pactadas con una oposición que quiere ser útil, poniendo en el centro de los objetivos, el empleo. De verdad.

                Todas las reformas laborales que hasta ahora han sido, abordaron los tres problemas esenciales de nuestro mercado laboral: rigidez interna de las empresas, que les dificulta la adaptación a los cambios en las condiciones económicas;  rigidez externa de las empresas, que dificulta la adaptación del tamaño de las plantillas a los cambios en el ciclo económico y rigidez salarial, que aleja la realidad salarial de los trabajadores de los cambios exigidos por la evolución coyuntural de la economía.        No pretendo hacer un balance comparado entre ellas aunque todas se han construido sobre la experiencia de las anteriores, sin saltos en el vacío. Incluso la última de febrero de 2012, sobre todo si nos centramos en los tres puntos esenciales: contratación (cómo se entra en el mercado laboral), despido (cómo se sale) y negociación colectiva (cómo se está dentro).

El debate previo a esta reforma había estado calentado por la simpatía mostrada por algunos miembros del Gobierno hacia la propuesta de contrato único con despido lineal vinculado a la antigüedad. De un plumazo, se simplificaban así los complejos sistemas y bonificaciones de contratación existentes y se abarataba el despido con el argumento, nunca demostrado, de que un menor coste futuro de despido, animaría la contratación presente, sobre todo, si está suficientemente subvencionada y, al parecer, con independencia del estado del mercado de bienes y servicios, o de los loables objetivos de mejorar la productividad empresarial. Pero tras descubrir que dicho contrato único era inconstitucional, el Gobierno no ha reducido ni simplificado los contratos existentes, manteniendo la dualidad del mercado laboral,  sino que incluso la ha ampliado con otro nuevo indefinido, pero con un año de prueba con despido gratis total, lo que se acerca mucho a un nuevo contrato temporal subvencionado de un año.

La clarificación de las razones objetivas de despido, el procedente con 20 días de indemnización, es una obsesión desde, al menos, la reforma de 1994 que incorporó nuevas causas al mismo, las de organización y de producción, en un intento de reducir el margen interpretativo de los jueces. En la reforma de 2010, se dio un salto al incorporar, entre las causas económicas objetivas, “la existencia de pérdidas actuales o PREVISTAS, O LA DISMINUCION PERSISTENTE DE SU NIVEL DE INGRESOS que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad para mantener el volumen de empleo”. A  esto, solo se añade en la reciente reforma una precisión que clarifica que por “persistente”, debe entenderse tres trimestres consecutivos.

Más importante es el cambio introducido ahora en el despido improcedente donde se universaliza el de 33 días, en vigor ya para muchos contratos, también para aquellos en los que constaba 45. Con ello, se abarata mucho para los empresarios el que ha sido el despido más utilizado en esta crisis (“despido express”) a costa de reducir el patrimonio intangible de millones de trabajadores.

La desaparición de la autorización administrativa previa en regularizaciones colectivas de empleo, provocará una nueva judicialización de los despidos, tanto procedentes, como no. Esto, más los cambios introducidos en la regulación de las condiciones de trabajo, reforzando la capacidad del empresario para cambiarlas unilateralmente, incluido salarios, se configura como el aspecto en que esta reforma más se aparta de las anteriores, aunque todas compartan la misma aspiración de flexibilizar la capacidad adaptativa de las empresas a contextos adversos.  Así, la “adaptabilidad y flexibilidad en las relaciones laborales” ya era un objetivo de la reforma de 1994, recogido en su exposición de motivos, junto a la búsqueda de una “gestión más flexible de los recursos humanos en la empresa” por considerar que una actuación en estos asuntos “puede ser, en muchos casos, un mecanismo preventivo frente al riesgo de la pérdida de empleo”. Este sería, de hecho, un poderoso argumento utilizado para justificar reformas anteriores, en época de crisis: proteger el empleo existente, dotando al empresario en dificultades constatables, de alternativas viables, distintas a una quiebra con despido total de la plantilla.

Pero hay otra segunda razón: ajustar costes laborales a la baja, apoyando la adaptación competitiva de la empresa mediante una devaluación interna. Ahí es donde adquiere sentido abaratar el ajuste vía despido, aunque suba el paro y reforzar el poder unilateral del empresario para rebajar salarios e incrementar la productividad alterando, más fácilmente, las condiciones de trabajo. La reforma de 1984, como la de 1994, vinieron seguidas de importantes moderaciones salariales, de igual manera que este año, entre la reforma de 2010 y la de hace unos días, se ha negociado un importante acuerdo social que incluye, en la práctica, congelación salarial. Pero esta crisis es mas profunda y necesita una devaluación mayor, razón por la cuál vengo sosteniendo la necesidad de rebajar cotizaciones sociales  para evitar que se cargue todo el ajuste sobre salarios y empleo.

Todas las reformas laborales, aunque no creen directamente empleo, han perseguido un objetivo económico loable: facilitar un ajuste rápido y flexible de las empresas a situaciones de crisis, intentando mantener el máximo de empleo posible, aunque sea alterando a la baja las condiciones del mismo. La última reforma, además, lo hace fortaleciendo mucho, también para el futuro, a una de las partes contratantes, aprovechando la situación para dar un vuelco en el equilibrio de fuerzas existente en el mercado laboral, a favor de los empresarios.  Eso, si es ideología.

                Establecer una normativa para las relaciones laborales de un país, o cambiarla, no es una cuestión técnica, imparcial, objetiva, indiscutible o exenta de ideas y de creencias, como hemos visto con los avatares experimentados por propuestas como el contrato único hasta descubrir, tres años después de formulada, que es inconstitucional según la Ministra de Trabajo. Hablamos de mucho más que de un mercado de tomates. Hablamos de personas, de su productividad y contribución al valor añadido, pero también de su medio para ganarse la vida y, con demasiada frecuencia, de su principal fuente de autoestima y realización personal. Por todo ello resulta fundamental responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se mide el éxito de una normativa laboral y de su reforma?

                Sin duda, una manera de medirlo es que tenga una elevada, o mayor, flexibilidad para convertir en creación de empleo la fase alcista del ciclo y conseguir fácil adaptación del mismo, en la bajista. Desde ese punto de vista, los cuatro millones y medio de empleos creados en España entre 2000 y 2007 no deberían hacernos olvidar que, a pesar de ello, tanto la tasa de desempleo como la temporalidad del empleo creado eran demasiado elevadas para el contexto europeo. Como el hecho de que entre 2007 y 2011 se haya destruido 2,6 millones de empleos, evidencia que las empresas españolas se encuentran con pocas alternativas a la hora de ajustar costes ante la crisis, salvo la de despedir trabajadores.

                Sin embargo, aunque la normativa laboral debe favorecer una mejor traducción del crecimiento económico en empleo estable, así como ofrecer opciones que permitan abaratar costes manteniendo la relación laboral, durante la crisis, el volumen global de ocupación y sus características principales depende del tipo de empresas que tengamos y de cuales sean los sectores económicos principales que impulsen el desarrollo. Una economía liderada por grandes empresas industriales, con fuerte componente de innovación, no genera el mismo sistema laboral que otra cuyo motor sean pymes en sectores estacionales como turismo o construcción. En ese sentido, la información publicada esta semana por la Comisión Europea sobre el bajísimo nivel de nuestra inversión privada en I+D+i tiene tanto o más que ver con nuestra EPA que la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros.

                Vincular el éxito de una reforma laboral a su impacto sobre el empleo creado o mantenido resulta, pues, parcial, por cuanto necesita que transcurra todo un ciclo económico para valorarla, teniendo presente, además, que sobre ello influye, igual o más que la normativa laboral, otros factores estructurales de la economía a los que no es ajeno la clase empresarial existentes.

A pesar de la crisis, hoy trabaja en España más gente que en el 2000, sin que por ello hayamos creído en la idoneidad de la regulación laboral. En este sentido, sostengo que España arrastra un problema estructural de oferta productiva insuficiente que influye sobre el mercado laboral haciendo posible un equilibrio de subempleo, inflación y déficit comercial, que compatibiliza elevadas tasas de beneficios empresariales con paro localmente resistente. 

                La segunda manera de medir el éxito de una reforma laboral  es evaluando el nuevo equilibrio conseguido entre la partes contratantes respecto al modelo que se persiga. Las leyes laborales interceden entre quien contrata (empresario) y quien es contratado (trabajador), de tal manera que protege más a la parte considerada proporcionalmente más débil en la relación. Ese es el sentido, por ejemplo, de la tutela judicial, de legislar sobre una negociación colectiva obligatoria que fortalezca la capacidad negociadora de los trabajadores ante el elevado poder de los empresarios o de fijar un coste del despido, que forma parte del patrimonio implícito de los trabajadores, y que no puede ser el mismo ante causas justificadas o por nepotismo empresarial injustificado. Toda reforma que afecte a estas cuestiones y todas lo hacen, debilita a una parte contratante frente a la otra, con la consiguiente repercusión sobre los costes empresariales y la distribución de rentas. De ahí la importancia de insertar, o no, una reforma laboral en el contexto más amplio de un diálogo social tripartito donde se pueda intercambiar cesiones en unas cuestiones, por reivindicaciones conseguidas en otras.

                Desde ese punto de vista, esta reforma laboral se inscribe en el programa de reducción de costes, al que llamamos devaluación interna, que la crisis nos obliga a hacer dado que no podemos recurrir a la devaluación de la moneda. Y, de nuevo, insisto en que resulta más equitativo conseguir ese objetivo mediante una rebaja de las cotizaciones sociales que introduzca impuestos generales sobre la riqueza colectiva como fuente alternativa de financiación de las pensiones.

                Tengo la convicción de que la última reforma laboral del viernes, no será la última. Primero, porque “el discurso de la reforma”, incluso con amenaza de huelga general, resulta políticamente rentable. Segundo, porque medido el éxito por el empleo creado, se generará insatisfacción durante los próximos meses. Tercero, porque hay sectores empresariales influyentes que quieren aprovechar la mayoría absoluta conservadora para seguir desequilibrando la relación contractual laboral, todavía más a su favor. Y si no, al tiempo.

                La elevada continuidad estratégica entre la política económica del actual y del anterior Gobierno, llega a una practica identidad en lo relativo a la crisis del sistema financiero. La aprobación del FROB, la transformación de Cajas de Ahorros en bancos, la elevación de provisiones y de requisitos de capital, las fusiones  o la reducción de capacidad instalada, impulsados por el anterior Gobierno, mantienen el mismo enfoque, aunque distinta intensidad, en las medidas aprobadas ahora. Por ello resulta fácil anticipar que los precedentes años de sequía crediticia se van a prorrogar, al menos, los próximos dos años en que nuestro sistema financiero va a seguir más preocupado por su ombligo, que por su razón de ser social.

                Detraer, este año, de la circulación monetaria 40.000 millones de euros  como consecuencia de la reducción del déficit público y otros 50.000 para fortalecer las provisiones bancarias, nos va a precipitar en una recesión con paro masivo. Quizá por ello, va ganando interés otras formas distintas de abordar la crisis de las entidades financieras, como el llamado “banco malo” del que vengo hablando en esta columna desde hace tres años y que ayudaría a reducir el monto de provisiones inmovilizadas. ¿De qué va eso? ¿Es que no son ya “malos” todos los bancos atascados de suelo y cemento? Si recordamos, todo esto comenzó cuando estalló la burbuja mundial de sobreendeudamiento piramidal en unos productos financieros opacos (derivados), desregulados y apalancados en activos sobrevalorados de manera especulativa entre los que figuraba, de manera destacada en España, la vivienda. Con ello, el sistema financiero, en su conjunto, se encontró con unos activos que valían bastante menos que su valor en libros y cuya toxicidad se contagiaba como una pandemia al arrastrar en su caída el valor de otros activos concatenados, generando desconfianza paralizante.

Al principio, se dejó quebrar alguna entidad afectada (Lehman Brothers), hasta que la amenaza sistémica que representaba ese modelo, dada la magnitud de la tragedia, hizo girar al G-20 hacia la doctrina del “demasiado grande para caer”. A partir de ahí, toda la reestructuración bancaria ha contado con elevado nivel de apoyos públicos (la OIT calcula que el 80% del aumento reciente de deuda pública en la OCDE, se ha debido al saneamiento bancario) por lo que resulta absurdo criticar la propuesta de banco malo con el argumento de que requiere fondos públicos, como si la alternativa, no.

Entre los modelos de ayuda pública a la reestructuración bancaria hubo Gobiernos conservadores que optaron por forzar un reconocimiento rápido del menor valor real de los activos, aún a costa de provocar una voladura controlada del edificio bancario enfermo llegando, incluso, a la nacionalización directa de los restos del naufragio: se reducía bruscamente el activo, afloraban las pérdidas y se recapitalizaba con dinero público un banco más pequeño pero supuestamente saneado. En España se optó por una solución lenta: afrontar un deterioro paulatino de los activos, ir girando gradualmente la tuerca de las provisiones y los requisitos de capital, forzando transformaciones societarias profundas (se acabó el modelo español de Cajas de Ahorro, como venían demandando algunos desde hace treinta años) y estimulando fusiones con derecho a ayudas públicas. Por decirlo de forma simplificada, utilizamos el factor tiempo para, poco a poco, reducir el valor de los activos y fortalecer el capital y las reservas.

En situación distinta de la actual, podría haber funcionado esta estrategia, que tiene indudables ganadores en aquellas entidades que se hacen más fuertes con el proceso. Pero ante la dimensión del problema (el Banco de España habla ya de 180.000 millones de euros de créditos inmobiliarios dudosos y otros tantos que ya veremos) y con una crisis económica tan profunda como la actual que se ve alargada por una sequía de créditos agudizada porque los bancos necesitan la escasa liquidez para taponar sus agujeros, no tenemos ese tiempo y ya podemos decir que es una vía insuficiente que necesita ser complementada con la creación urgente de un banco malo. Como hicieron Irlanda o la modélica Alemania, dentro de la normativa comunitaria.

Una estructura de banco malo (a partir del FROB, por ejemplo) concentra activos fuertemente dañados, los saca de circulación temporalmente, mejorando con ello los balances de las entidades financieras de manera directa e inmediata, al sustituirlos por otros más solventes como, por ejemplo, deuda pública especial. El objetivo explícito de un “banco malo” debe ser contribuir, de manera rápida, a la recuperación económica mediante la reactivación del crédito. Por tanto, cualquier ayuda pública a un banco malo se subordinaría a este fin, dando contenido al interés general que justifica la intervención estatal que, como analiza el documento “Reflexiones sobre la creación de un banco malo y su adaptación a la situación española” que hemos realizado en PwC, puede adoptar diversos modelos según se responda a dos puntos clave: qué activos tóxicos se traspasarían al banco malo (¿sólo el suelo?) y a qué “precio” se traspasan, siempre con pérdidas, pero incorporando en esta decisión mayor o menor nivel de apoyo público.

El acceso al banco malo debería ser voluntario, (¿incluyendo a empresas cotizadas no financieras poseedoras de suelo?) aunque las crecientes exigencias sobre provisiones de los diferentes activos según su valor, actuaran como incentivo racional a su uso. El banco malo, por ultimo, tiene que establecer medidas a medio plazo para la venta de esos activos e inscribirse como un elemento más en la reestructuración deseada del sector.

Lo bueno de un banco malo es que acelera el saneamiento del sector, con transparencia y menos recursos públicos, convirtiéndose en pieza clave de una política económica de reactivación del crédito y del empleo.

 El grueso de la recesión anunciada para España por el Banco (-1,5%) está vinculado al duro proceso de consolidación presupuestaria a que estamos abocados si el Gobierno sigue empeñado en  lograr este año un déficit del 4,4% del PIB. Se pone fin, así, a los absurdos intentos de predicar de los recortes del déficit público, un supuesto carácter expansivo sobre la economía. En las condiciones actuales, con una deuda privada que triplica a la pública, unos tipos de interés bajos y una aguda sequía de crédito, retirar de la circulación 40.000 millones de euros del déficit sólo puede traducirse en una fuerte contracción de la demanda agregada y, con ella, de la actividad económica y del empleo. Así, el Banco de España reconoce que una política económica, como la practicada por este Gobierno y por el anterior, comprometida a toda costa con una fuerte reducción del déficit público, es lo que provocará esta recesión.

El FMI, por su parte, anuncia una recesión del -1,7% a pesar de que no cree que el recorte del déficit público pueda llegar a la cifra comprometida y lo sitúa en un 6.8% para 2012 continuando, no obstante, la senda descendente. Con ello, completa el círculo con una causalidad inversa a la anterior: en este caso, será la recesión la que no permitirá cumplir con un ajuste presupuestario, que no puede hacerse sin el soporte de una actividad económica más vigorosa que la actual. A partir de ahí, su economista jefe da el siguiente paso lógico al decir que con un escenario de crecimiento distinto y peor, tiene que modificarse, también, el ritmo temporal de aproximación al objetivo del 3% de déficit, porque la consolidación presupuestaria “es un maratón, no un sprint”. Con ello, suscribe la enmienda a la totalidad presentada al “pensamiento alemán”, al decir alto y claro que el calendario de cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público en el euro, no puede convertirse en un fetiche suicida para nuestros países. Y añado yo, entre otras cosas, porque en contra de las apariencias, no estamos, ni ahora, ni antes, ante una simple crisis de deuda soberana, sino ante los graves problemas de diseño de una moneda única sin eurobonos, ni verdadero Banco Central.

Hay que reconocer que el dogmatismo merkeliano se ha visto resquebrajado desde que el nuevo responsable del Banco Central Europeo ha optado por inyectar liquidez sin límite al sistema a través de unos bancos que ven, al convertirla en deuda pública más cara, una fuente segura de beneficios. Se trata ahora de dar otro paso: conseguir reestructurar todos los Planes de Estabilidad de tal manera que recojan el nuevo empeoramiento de la situación y dilaten en el tiempo los compromisos de déficit público o los reescriban en términos de déficit estructural. Así, veremos al Presidente Rajoy, otrora campeador infatigable contra el déficit, renegociando el Plan de Estabilidad del Reino de España con las autoridades comunitarias, de tal manera que se dilaten los plazos y ritmos de la contracción presupuestaria como, por cierto, pidió el candidato socialista durante la campaña electoral.

Sería una rectificación necesaria, un auténtico cambio de rumbo sobre las declaraciones enfáticas iniciales de los responsables económicos del Gobierno. Pero que se quedaría a medio camino, salvo que venga acompañado de, al menos, otros tres giros en la política económica hasta ahora anunciada. El primero tiene que ver con la intocada devaluación interna que permita ajustar nuestra competitividad. Los interlocutores sociales acaban de firmar unos acuerdos para los próximos años que entrañan pérdida continuada de poder adquisitivo salarial para aquellos trabajadores con trabajo sometido a convenio colectivo. Siendo valioso el intento, se trata del camino de adaptación largo y doloroso porque mantiene el paro, incrementa las desigualdades en el reparto de la renta, a la vez que reduce la demanda privada. Por el contrario, rebajar cotizaciones sociales sustituyéndolas por impuestos que no se trasladen al exterior, permite un ajuste más rápido y equitativo, que mejora la competitividad e incentiva el empleo.

El segundo giro tiene que ver con la novísima reforma del mercado laboral ya que continuar centrándose en cómo se entra (tipología de contratos) y en cómo se sale (coste del despido), es lo menos relevante en esta situación. Si comparamos la estructura, no el volumen, de la contratación laboral antes de la crisis y ahora, ya en vigor la última reforma, la similitud es demasiado grande como para no sacar un voluminoso informe de errores. Sin embargo, modificar radicalmente la manera en que se está en el mercado laboral (negociación colectiva) de tal manera que cuando haya problemas reales, el despido tenga alternativas útiles, es fundamental.

El tercer giro debe producirse en la eternamente inacabada reforma financiera. Seguir empeñándose en incrementar, más y más, tamaño, capital y reservas como único mecanismo para reforzar la solvencia de las instituciones ante el importante volumen de activos tóxicos de origen inmobiliario (suelo y viviendas) que siguen contabilizando,  es condenarnos a una década de sequía crediticia. El Gobierno ha abandonado demasiado pronto las diferentes alternativas existentes sobre una aproximación al problema desde el otro lado, desde el ajuste de activos a través de lo que se ha dado en llamar banco malo, que puede ser una opción más rápida, eficaz y socialmente útil que una nueva ronda de concentraciones sin norte, ni fin.

Muchas cosas se están moviendo, para mejor, en la Unión Europea. Sería imperdonable que no lo aprovecháramos aquí aunque para ello los dirigentes se vean obligados a rectificar pre-juicios y a variar el rumbo en que han introducido a la sociedad española. Tenemos tiempo, pero cada vez menos, porque todo se desgasta muy rápido. Incluso la credibilidad de los Gobiernos.

Entre el déficit y el paro, el Gobierno ha escogido priorizar la austeridad máxima cuando ya casi nadie duda del carácter recesivo, al menos a corto plazo, de los planes de consolidación presupuestaria, sobre todo, si se hacen aceleradamente y a la vez, en toda la zona euro. Anunciar para este año, como se ha hecho, una reducción del déficit  del conjunto de las administraciones equivalente a 40.000 millones de euros,  significa introducir en nuestra menguada actividad económica una retracción de tal calibre, que la nueva liquidez que  se dice que se va a inyectar a las CC.AA a través del ICO (el resto son anticipos a cuenta), apenas será una gota en el océano macroeconómico.

Es cierto que la literatura recoge algunos casos de contracciones presupuestarias expansivas. Pero quienes defienden esta tesis deben señalar las condiciones en que aquello se ha producido: cuando el grueso de la deuda corresponde al sector público (ahora es del privado); cuando el sistema financiero proporciona liquidez al sistema (ahora hay una fuerte sequía de crédito) y cuando los tipo de interés son elevados (no como ahora). Es decir, ahora, no se da ninguna de las condiciones necesarias para que el plan previsto de reducción del déficit pueda contribuir a la reactivación de la actividad, sino más bien lo contrario.

Tan es así, que si leemos los informes en base a los cuales las compañías de calificación penalizan nuestra deuda soberana, se destaca, cada vez más, las escasas perspectivas de crecimiento como el principal riesgo para poder cumplir, incluso, los planes de consolidación presupuestaria ya que sin reactivación, difícilmente se podrán cumplir las previsiones de ingresos públicos en un contexto en que no se puede confiar en conseguir los objetivos de déficit en base, exclusivamente, a sucesivos recortes del gasto.

Podemos decir, en este sentido, que si el nuevo Gobierno está cogiendo, con fuerza, el toro por los cuernos, puede que se haya equivocado de toro, como ya le pasó al Gobierno anterior. Lo cuál es especialmente grave por dos razones: primera, el cambio de actitud del BCE, inyectando liquidez sin límite al sistema financiero para que este pueda comprar deuda soberana con un margen de beneficio más que interesante y la puesta en marcha en julio del Fondo de Rescate permanente previsto en el nuevo Tratado, van a amortiguar los problemas agudos de financiación externa. A finales de este año, nadie, salvo los expertos, sabrá ya a cuanto está la prima de riesgo, no tanto por méritos propios, sino por el cambio producido en la Unión Europea respecto a la defensa conjunta del euro.

Segunda, porque también la Unión Europea, es decir, Alemania, está incorporando ya las necesarias políticas de reactivación económica como parte inexcusable de la lucha contra la crisis. Si la necesidad de mancomunar políticas públicas europeas de reactivación de la actividad se abre paso en el discurso y en la práctica de la zona euro mediante el anunciado Fondo de Crecimiento y Competitividad, será más fácil para España solicitar una revisión de los plazos previstos para alcanzar el objetivo de déficit ya que no es lo mismo lograr el 4,4% este año, cuando se preveía crecer al 2,3%, que hacerlo con las actuales previsiones de crecimiento negativo. Para reforzar esta postura, reorientar la métrica hacia el déficit estructural en línea con lo establecido en la reforma constitucional impulsada por el anterior Gobierno, permitiría encontrar un respiro a corto plazo.

Se puede abrir, pues, este año una ventana de oportunidad para aplicar en los Presupuestos para 2012, a presentar en marzo, un giro en la política económica que permita luchar contra la crisis mediante un cierto activismo presupuestario y no solo pagar por ella recortando el gasto. Cosa, tanto más necesaria, cuanto mayor sea la recesión en que nos podemos meter.

Se trataría de aprovechar el radical cambio de circunstancias en el contexto europeo, para alterar las prioridades nacionales actuales, caminando con las dos piernas, como ha hecho Monti en Italia: austeridad, pero ralentizada en el tiempo y reactivación selectiva. Para ello, resulta fundamental diseñar medidas de impacto en sectores como la construcción, el automóvil, el turismo y la alimentación, con gran capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía, unido a una imprescindible medida de devaluación interna que reequilibre la presión impositiva en sentido favorecedor de la competitividad, como una bajada generalizada de cotizaciones sociales, compensada por subidas en otros impuestos que no se trasladen al precio internacional de los productos.

Alguna vez he comentado aquí que hay una parte de la economía y de la sociedad española preparada para crecer. Y no son pocos. Se trata de familias y empresas que han hecho sus deberes, no tienen niveles excesivos de endeudamiento y han saneado su situación económica. Una parte crucial, en términos dinámicos, sobre la que está actuando, a modo de bloqueo, la losa de los programas depresores de la actividad y de las expectativas, puesta a rodar por los campeones del ajuste perpetuo. Un amplio conjunto cuyos componentes no pueden buscar beneficios en otros países o, en todo caso, no quieren abandonar completamente el suyo.

Estas familias y empresas, verdaderas cabeza de playa en la lucha contra el paro y por el crecimiento, se merecen que el Gobierno, después de haber ayudado ampliamente al sistema financiero y, ahora, también a las CC.AA, les dedique algo de su atención positiva, pudiéndole garantizar a cambio, una elevada rentabilidad social a la misma. Aunque para ello no sea suficiente el giro presupuestario propuesto aquí, si no va acompañado de acceso a crédito nuevo, que es otro asunto sobre el cuál el Gobierno va a tener que cambiar de manual. Si le dejan, claro.

                Lo llamativo, sin embargo, de un reciente estudio hecho público por la OCDE, es que ese aumento en la desigualdad de la renta, medido por el indicador que se mida, se viene produciendo, incluso, durante los treinta años anteriores a la actual crisis. De hecho, como he tenido ocasión de contar aquí, muchos interpretamos que el proceso de sobreendeudamiento, acompañado de burbuja especulativa de ciertos activos, que ha estado en el origen de la actual recesión mundial, fue un intento de mantener artificialmente la demanda efectiva creciente que necesita un sistema económico con capacidad productiva en permanente expansión , supliendo mediante la generalización del recurso al crédito a grupos sociales cada vez menos solventes, la ausencia de renta suficiente obtenida por los mismos mediante los mecanismos habituales del mercado o de las políticas sociales de los Estados.

Así, esta desigualdad creciente en la distribución de la renta estaría en el origen último de la actual crisis que, por otra parte, no ha hecho más que agudizar el fenómeno. En España, por ejemplo, según los datos de Contabilidad Nacional, el peso de la remuneración de asalariados en la Renta Nacional ha bajado un punto porcentual entre el 2000 y el 2010, del 49,9% al 48,91%, mientras que el excedente bruto de explotación ha visto incrementar su participación en casi tres puntos.

Son muchos y muy complejos los elementos que debe analizarse para intentar explicar las causas de esta la desigualdad creciente. Entre ellas, la globalización, las innovaciones tecnológicas, los cambios en la estructura de la población etc. Pero lo más relevante del exhaustivo análisis de la OCDE es que hay dos cosas que sobresalen de forma clara como factores explicativos de la creciente desigualdad en la distribución de renta: los cambios normativos que debilitan la posición negociadora de los trabajadores respecto a las condiciones laborales, incluyendo los salarios y el retraimiento de las políticas públicas redistributivas, sobre todo, impuestos y transferencias sociales.

 Llama la atención que un fenómeno transversal y con tan fuerte impacto sobre la actividad económica como la casi total apertura de los mercados de productos, servicios y financieros que llamamos globalización, haya afectado al crecimiento de la desigualdad de rentas sufrida por los países de la OCDE en los últimos treinta años menos, que el empeño ideológico en aplanar la progresividad de los impuestos o en reducir derechos laborales. De ser esto así y hay suficientes elementos empíricos en el estudio como para hacerlo verosímil, si hoy vivimos en un mundo socialmente más injusto, incluso con independencia de la recesión, no es como consecuencia de fuerzas impersonales de la economía sino de decisiones políticas adoptadas al calor de una visión ideológica de la sociedad que tuvo en Reagan y en Thatcher a sus primeros apóstoles.

Fíjense que me centro en un aspecto, para mí relevante, como la desigualdad social, no explicada en función del mayor o menor esfuerzo o capacidad individual, sino por factores institucionales reversibles. Y que dejo de lado otros aspectos, como la eficiencia o la productividad, porque creo cuestionable unas normas sociales que nos permiten ganar en eficiencia si es a costa de perder tanto en equidad.

España sería uno de los pocos países de la OCDE en los que la desigualdad social se ha reducido desde mediados de 1980, con la excepción de los dos últimos años de crisis. La potente actuación redistribuidora del Estado, mediante los impuestos y las prestaciones sociales, ha contribuido de manera decisiva a ello. Aún así, en 2008, el ingreso medio del 10% de nuestros ricos era once veces mayor que el del 10% con menores rentas.

Si todo esto es así, encontraremos argumentos tan sólidos como adicionales para oponernos al paradigma económico alemán que nuestras autoridades han asumido sin cuestionar. Considerando que 30 años es tiempo suficiente como para hablar de “largo plazo”, podemos decir que la obsesión por reformar el mercado laboral de una manera sesgada que no busca un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, sino debilitar la posición negociadora de los sindicatos a la hora de mejorar salarios y condiciones laborales, unido a una obsesión no menor por el equilibrio presupuestario acelerado mediante la reducción del papel redistribuidor del Estado solo posible con impuestos suficientes y progresivos junto a políticas sociales activas, son políticas que favorecen a los más ricos y que conducen a una sociedad más injusta, polarizada y desigual.

Si las señales que envía el discurso y la acción pública  son que se favorece mediante la tributación a las rentas no ganadas con esfuerzo (plusvalías, herencias y rentas de capital), frente a las rentas del trabajo, o que debemos sacrificar el presente y parte de nuestro futuro, con la aplicación de políticas de austeridad extrema, para satisfacer los intereses de aquellos rentistas que nos prestaron dinero en el pasado, como si no asumieran ningún riesgo con ello, la tendencia a la desigualdad creciente continuará. Y en la era del conocimiento en que nos movemos, una sociedad más desigual acabará generando una economía menos productiva porque el factor trabajo carecerá de una retribución que compensen la necesaria inversión formativa a lo largo de la vida, desincentivando el esfuerzo y provocando una descapitalización de talento, justo cuando más lo necesitaremos. Por ello, hasta el Foro Económico Mundial señala la enorme disparidad de ingresos como la principal amenaza de la década.

Crecimiento económico, creación de empleo estable, retribuciones dignas, impuestos progresivos y políticas sociales redistributivas son los cinco elementos fundamentales de una política pública que reduciendo la desigualdad social, nos conducirá, también, a un crecimiento inteligente, sostenido sobre el valor añadido del talento. Otro paradigma, es posible.

                No es la primera vez en España que se puede detectar, por debajo del ruido propagandístico de unos o de otros, una sustancial continuidad en el propósito, sentido y dirección de las políticas económicas, entre gobiernos con partidos de signo distinto. Así, el primer Gobierno socialista de 1982 heredó una buena parte de los mandatos de su antecesor de la UCD, como el Gobierno popular de 1996 continuó las políticas iniciadas por su antecesor socialista con el común objetivo de entrar en el euro desde el principio. La principal diferencia con ambos momentos es que ahora, empiezan a acumularse serias dudas sobre la bondad del actual camino para hacer frente a la grave recesión en la que seguimos metidos, en Europa y en España.

El Gobierno de Rajoy ha aceptado el discutible calendario de reducción del déficit público pactado por el Gobierno de ZP con Bruselas hace tres años, incluso cuando en el mismo se establecía la obligación de cerrar 2012 con un déficit del 4,4% del PIB, en un escenario de crecimiento económico del 2,3%, muy alejado de las actuales perspectivas recesivas. Partiendo de la convicción generalizada de que en 2011 se superaría el déficit comprometido, adelanté hace semanas en esta columna que el ajuste necesario para cumplir sería de unos 30.000 millones de euros, cifra que se sitúa en el espectro de lo confirmado por el nuevo Gobierno. A partir de ahí, el hacerlo en dos partes o en tres, en función de las elecciones andaluzas y de los plazos necesarios para elaborar unos nuevos Presupuestos, más allá de la prórroga de los anteriores, no evita lo ineludible de combinar fuertes recortes de gasto, junto con incrementos significativos de impuestos, para que salga la resta.

Rajoy ha subido el IRPF y el IBI, sin que sea descartable que lo haga en marzo con el IVA o los especiales, porque en el mantra de la “austeridad máxima ya” en el que nos movemos, bajar impuestos no es cosa ni de izquierdas, ni de derechas, es sencillamente imposible. Lo cuestionable, pues, es la lógica misma de una política económica en la entramos en mayo de 2010 según la cuál, entre dos urgencias incompatibles a corto plazo, reducir deuda o crear empleo, se elige la primera, con la diferencia de que para reducir deuda, de manera sostenible, es necesario volver a crear riqueza y empleo.

Se opta, así, por priorizar los intereses coincidentes de los mercados financieros, de los acreedores, de los bancos y de Alemania, en vez de hacerlo con los de empresarios, trabajadores y  ciudadanos. No es frecuente que una sociedad sacrifique de esta manera sus perspectivas de creación de empleo y riqueza, en base a una supuesta moralidad sobre acciones del pasado (“el que la hace la paga”), que se convierte en injusta cuando muchos de los padecen las consecuencias, no generaron el problema y bastantes de estos últimos, han salido indemnes.

Mucho menos, cuando ya está asumido en el nuevo Tratado aprobado recientemente por el Consejo Europeo, que la gravedad de los problemas actuales con el endeudamiento, del que la prima de riesgo es exponente claro, no deriva tanto del volumen de deuda soberana, como de la inexistencia de dos elementos institucionales claves: un Banco Central prestamista de último recurso y un mercado de eurobonos. Y no por un error en el diseño del euro, sino porque, desde el principio, Alemania no quiso, cuando otros lo propusieron y sí existe en USA.

La segunda pata del pensamiento hegemónico, tiene que ver con la manera en que se aborda la reestructuración del agente desencadenante de esta crisis de sobreendeudamiento: el sistema financiero. Ante el colapso de una parte del sistema bancario mundial y las dudas sobre la solvencia del resto expresadas mediante la inexistencia de mercado interbancario, tres años después de la quiebra de Lehman, la respuesta política ha sido inyectar recursos públicos, que se escatiman para otras cosas, con el argumento de que son entidades sistémicas demasiado grandes e importantes como para dejarlas quebrar y, en segundo lugar, propiciar una reestructuración, que fortalece a los fuertes, exigiendo crecientes requerimientos de capital como fórmula exclusiva para mejorar su cuestionada solvencia.

Casi descartada en España, también por el nuevo Gobierno, la idea de abordar el problema desde el otro lado, con una rebaja del volumen de activos dudosos mediante la creación de cualquiera de las muchas fórmulas de “banco malo”, como vengo proponiendo aquí desde hace tres años, seguiremos abocados a mantener una fuerte sequía de crédito que coadyuva también a estrangular cualquier posibilidad de reactivación de la economía real.

No es sólo que el año pasado cerrase con una nueva caída del 4% en el volumen de créditos concedidos a familias y empresas españolas, es que los cuantiosos recursos de financiación puestos en el mercado por el Banco Central Europeo, quedan atascados en un sistema bancario que los absorbe para cumplir con sus cuentas y, el resto, los vuelve a depositar en el propio Banco Central donde hay acumulados saldos de más de 400.000 millones de euros de esta procedencia. ¿Se imaginan el impacto sobre la economía real si el más de medio billón de euros que prestó al 1% el BCE a la banca europea, solo en el mes pasado, hubieran llegado íntegros a familias y empresas? Pues eso. Que hay salidas de emergencia, alternativas. Salidas que, reduciendo el déficit público y reforzando la solvencia bancaria, buscan combatir la crisis y no solo pagar por ella.

Primero, el contexto. Era finales de setiembre del año 2003 y acudíamos a una charla con el Grupo Parlamentario Socialista tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE bastante “conflictiva”. Tanto, que yo no quería asistir y solo lo hice cuando ZP pasó por mi despacho de la tercera planta de Ferraz, para obligarme a acompañarle en su coche. El motivo de la discusión había sido, era y fué todavía luego, su decisión de apartarme de la dirección de la parte económica del programa electoral para encargarsela a Miguel Sebastián que formaba parte de los grupos de trabajo organizados desde mi Secretaría de Economía y Empleo de la CEF y que acababa de ser despedido de su puesto de Jefe de Estudios del BBVA.

Este asunto significaba una desautorización a mi labor como responsable de Economía del PSOE y su portavoz parlamentario, que yo consideré totalmente injustificada, hasta el punto que presenté mi dimisión al Secretario General sin que este me la aceptara, pidiéndome, además, que siguiera ayudando desde mi puesto, cosa que hice.

La tensión entre ambos era máxima en ese momento, razón por la cuál, cuando nos dijeron que se había oido parte de la conversación privada que mantuvimos, yo me quedé muy preocupado, pero en absoluto por lo de las “dos tardes”, que me parecía una anécdota menor, sino por lo que dije sobre ese asunto y, sobre todo, por lo que pude haber dicho en el contexto de cinco días de debates entre ambos sobre la cuestión.

Segundo, lo dicho. Se trataba de una exposición a los diputados y senadores socialistas en la que anticipabamos nuestra alternativa presupuestaria, días antes de que el Gobierno de Aznar hiciera pública la suya. Recuerdo que lo habíamos preparado con un grupo reducido de economistas que nos ayudaban porque ya se había tomado la decisión de que el debate presupuestario lo haría el propio Zapatero.

Según consta en El Mundo del 24 de setiembre de 2003 bajo el titular “Jordi Sevilla corrige a Zapatero en una conversación privada captada por los micrófonos de la prensa”, en otros medios de comunicación y en la propia cinta televisiva, la conversación textual fué la siguiente:

Jordi: “Esto es fácil, A NO SER QUE QUIERAS HACER UNA TESIS DOCTORAL“

Zapatero: “Si, pero es complicado”

Jordi: “Se te nota todavía un poco inseguro, has cometido un par de errores. Has dicho que aumenta la progresividad en lo del sistema fiscal y lo que aumenta es la regresividad, pero son chorradas…”

Zapatero: “Bueno, pero da lo mismo”

Jordi: “Lo que te quiero decir, LO QUE TÚ NECESITAS SABER PARA ESTO SON DOS TARDES”

Zapatero: “¿Sabes que es lo peor?, que me gusta”

Jordi: “PREFIERO QUE ME SUSTITUYAS TÚ QUE MIGUEL” (el exdirectivo del BBVA Miguel Sebastian cuyo “fichaje” ha mermado las competencias del responsable económico del partido).

Zapatero: “Qué cosas dices”.

Tercero, la interpretación. Es obvio que ni le digo que YO le daré dos tardes de clase de economía ni, mucho menos, que la economía se puede aprender en dos tardes. Dejándo al margen lo obvio, que la expresión “dos tardes” no se puede interpretar en sentido literal sino como metáfora, parece evidente que hablabamos de la preparación para el debate presupuestario que iba a tener lugar unas semanas después: “lo que tú necesitas saber para ESTO”.

Demasiadas veces me he encontrado con políticos estimables que habían desarrollado una aversión inexplicable a los asuntos económicos que les parecían esotéricos e incomprensibles. Demasiadas veces me he encontrado a economistas que se aprovechaban de esa situación, aparentando una difícultad elevada en los asuntos económicos lo que unido a un lenguaje criptico les convertía, a ellos, en imprescindibles como asesores del político.

Eso, en momentos en que la actividad económica, la política económica y las decisiones económicas son fundamentales, siempre me ha molestado porque creo que, en esencia, los conocimientos necesarios para adoptar decisiones políticas sobre asuntos económicos en la vida pública están al alcance de cualquier persona interesada. Quizá sea por mi experiencia de divulgador, pero estoy convencido de que se puede hacer entendible asuntos económicos, supuestamente complejos, a una persona interesada y con formación media. Al menos, los relacionados con la actividad política normal (que tienen mucho que ver con la política a secas)  ya que, otra cosa distinta, es lo exigible para hacer una carrera académica como queda dicho en la conversación.

Trabajamos algo más que “dos tardes” en la preparación de ese debate presupuestario que hacía ZP frente al Ministro Montoro. Creo que ganó ZP el debate. Estábamos en la oposición y a cinco años de la crisis económica. El resto, es otra historia, que deberá ser contada en otro momento.

Ninguno de los problemas que azotan la estabilidad de los países del euro ha sido abordado con decisión y contundencia como han tenido ocasión de reconocer ya los mercados financieros con nuevas pruebas de desconfianza en forma de descensos bursátiles, tensiones en la prima de riesgo o depreciación del euro. La única medida tangible, la entrada en vigor del ya aprobado Mecanismo Europeo de Estabilidad, no será antes de julio del 2012, pudiendo ser más tarde si el proceso de ratificación del nuevo Tratado se retrasa. Y las expectativas respecto a que una mayor dotación presupuestaria del mismo ayudara a eliminar las actuales tensiones han sido contrariadas por Merkel, apenas unos días después.

La eurozona arrastra tres problemas importantes, cuya solución es imprescindible, a los que tampoco se ha dado respuesta esta vez: no hay un verdadero banco central, no es una autentica unión fiscal y no existe una estrategia conjunta de crecimiento. Vayamos por partes.

La zona euro es la única construcción monetaria del mundo cuyo banco central tiene prohibido prestar a la Unión o a los gobiernos de los Estados Miembros. Así lo impuso Alemania cuando se firmó, en 1991, el Tratado de Maastricht y así se volvió a recoger en el artículo 123 del Tratado consolidado de 2001. Esta anomalía es la que genera un desequilibrio a favor de las entidades financieras que pueden especular en contra de las deudas soberanas, porque los gobiernos necesitados no tienen otra fuente alternativa de financiación con la que frenar, en su caso, la voracidad de los mercados. Si cuando los compradores institucionales de deuda pública exigen tipos de interés demasiado elevados, los gobiernos emisores pudieran recurrir, sin límites, a la financiación excepcional de su Banco Central, habría competencia real y los mercados se enfrentarían al riesgo de perder y no solo a la realidad de que ganan siempre.

Para corregir esta situación anómala, agravada por la negativa a emitir eurobonos centralizados, se han adoptado tres parches: el Banco Central Europeo presta al FMI para que sea este quien preste a los Estados Miembros; el BCE presta a los bancos privados para que estos compren deuda soberana y, por último, se ha creado el Fondo de Rescate, convertible a plazo en el mencionado Mecanismo Europeo de Estabilidad, ambos con tan pocos recursos relativos que apenas si representan un respiro cuando actúa en el mercado de deuda.

En segundo lugar, no hay una auténtica unión económica, ni tan siquiera fiscal y no por falta de enfáticas palabras al respecto. Además de lo previsto en el Tratado de Maastricht, el Consejo de Amsterdam fijó en 1997 los procedimientos de déficits excesivos en aplicación de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguido de: un Reglamento sobre el reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y una Resolución del Consejo sobre coordinación de las políticas económicas. Si ha fallado el control presupuestario en la zona euro, no ha sido por falta de declaraciones y compromisos como los nuevamente anunciados la pasada semana bajo pomposos títulos como “genuina estabilidad presupuestaria” en la zona, sino porque no se ha querido dotar a la Comisión de verdadero poder para inmiscuirse en los presupuestos nacionales y, sobre todo, porque cuando el Comisario Solbes quiso abrir, en 2003, un procedimiento por déficits excesivos a Alemania y Francia, estos se negaron en redondo a que se les aplicaran a ellos, las reglas que querían imponer a los demás.

Además, una unión fiscal a la altura de la unión monetaria que ya tenemos, exige una importante transferencia de recursos económicos y de soberanía fiscal nacional en favor de un Presupuesto comunitario que represente algo más del ridículo 2% del PIB que significa ahora, frente el 20% que es el Presupuesto federal americano. De nuevo, los países más ricos de la Unión, con Alemania a la cabeza, se niegan a avanzar por esa senda.

Por último, resulta extraño y muy poco motivador, que cuando la Unión Europea se enfrenta a un estancamiento que sigue a una crisis profunda, su política económica carezca por completo de una estrategia comunitaria de reactivación y crecimiento, más allá del ajuste presupuestario con unos ritmos acelerados que empujan a los países afectados a una recesión intensa, al paro masivo, a la desigualdad creciente y al malestar social extremo, sin excluir limitaciones a la democracia en forma de gobiernos tecnocráticos no elegidos por los ciudadanos.

Tengo la convicción de que cuando analicemos este período con un poco de perspectiva histórica, no podremos creer que nuestros dirigentes actuales hayan sido capaces de cometer tantas torpezas juntas. Porque no se trata, solo, de que han dado respuestas muy lentas ante problemas muy urgentes como está ocurriendo desde que las dificultades de algunos países periféricos se convirtieron en una crisis del euro que no excluye ni a la propia Alemania, sino de la simple falta de respuestas eficaces e, incluso, de muchas respuestas directamente equivocadas, desde el punto de vista del interés colectivo de la zona monetaria, aunque entendibles desde la necesidad alemana de dejar claro su liderazgo.

El hecho de que se haya utilizado la torpeza de Cámeron, para eludir el marco común, en forma de un acuerdo con difícil encaje comunitario, evidencia que los esfuerzos por minimizar el papel del Presidente del Consejo o por ningunear a la Comisión, sustituidos ambos por el Directorio Merkozy, no son casuales.

Escuchando las explicaciones que tanto Merkel como Sarkozy han realizado ante sus Parlamentos nacionales, se percibía un poco de envidia hacia un premier británico, aislado, pero envuelto en su bandera. Vivimos un renacer de los Estados nacionales que combina mal con la consigna repetida de “más Europa”. Esta vez, no es cuestión de “niebla en el canal” sino del otro clásico, “el humo ciega nuestros ojos”.

Como el reparto de sacrificios públicos entre empresarios, trabajadores en activo y trabajadores parados o jubilados, depende de las decisiones políticas que se adopten sobre impuestos, pensiones (congelarlas), subsidios de desempleo (suprimirlos) y leyes laborales (parados).

Determinar el mecanismo mediante el cuál se calcula el coste de producción y el precio de venta de los bienes y servicios ofrecidos, es una de las tareas principales del análisis económico. Mas allá de una imposible planificación centralizada y de un libre mercado que solo existe en los libros de texto, la realidad no se deja organizar en esquemas simples. Así, existen bienes privados, como la energía eléctrica, ofrecidos por empresas privadas, pero cuyo precio final acumula decisiones políticas como la existencia de primas a la producción de ciertas energías que obliga a regularlos con criterios públicos. Por contra, hay servicios públicos, como el transporte aéreo, ofertado por empresas privadas y cuyo precio al usuario es privado.

Todas estas decisiones tienen importantes consecuencias sociales al determinar quienes pueden ofertarlos, quienes consumirlos y, sobre todo, quienes pagarlos. Y esta decisión no siempre se adopta con criterios basados en el carácter más o menos básico o esencial del bien o servicio de que se trate. Por ejemplo, dejamos que alimentos como la leche o el arroz, considerados esenciales, tengan sus precios fijados por empresas privadas, mientras que el transporte de viajeros en AVE tiene subvencionado, de hecho, su precio al consumidor mediante la ficción de que el operador que presta el servicio no debe pagar por el elevado coste de las inversiones públicas financiadas mediante impuestos generales.

O el billete que pagan los usuarios del metro en las grandes ciudades se encuentra subvencionado mediante transferencias directas de los Presupuestos Generales, mientras que las subvenciones al carbón nacional las financian solo los consumidores de electricidad a través del precio público fijado (tarifa). Es decir, que hay productos privados que se subvencionan mediante impuestos que pagan todos  o mediante tarifas públicas que pagan solo los usuarios y otros que no se subvencionan, a la vez que hay servicios públicos casi financiados directamente por los usuarios mediante los precios y otros que se financian por impuestos generales.

Detrás de cada una de estas decisiones, no siempre transparentes, ni coherentes, subyace un determinado reparto histórico del coste de las cosas entre distintos sectores sociales. Reparto de costes con criterios no técnicos (científicos), sino políticos (pugna de intereses) y que es, precisamente, lo que se pretende alterar mediante los sucesivos planes de ajuste para adaptarnos a la actual crisis de deuda. Así, cuando se modifica la prestación sanitaria pública para reducir gastos, bien sea mediante recortes en la cartera de servicios, largas listas de espera o la introducción de una nueva tasa por uso del servicio (copago), se traspasa coste desde los contribuyentes (impuestos), hacia los usuarios, a los que se les puede hacer pagar más en función de su nivel de renta, o no. Y cada una de estas decisiones, reparte el coste de manera que beneficia o perjudica a sectores sociales diferentes.

Cuando las tarifas de los autobuses urbanos no llegan a cubrir el coste de prestación del servicio aún en su versión más barata que suele ser la concesión privada, se genera un déficit que puede pagar el Ayuntamiento (contribuyentes de ámbito local), la empresa que presta el servicio (pública o no), en forma de endeudamiento o los usuarios bien como subida de precios en los billetes, bien en deterioro en la frecuencia y calidad del servicio. Cada una de las opciones reparte el coste de forma distinta y afecta a sectores sociales diferentes.

Una de las maneras más frecuentes para alterar el quien paga por la prestación de los servicios públicos ha sido, en los últimos años, las bajadas sistemáticas de impuestos directos que no solo han reducido capacidad financiera en las administraciones públicas, sino que han ido aplanando la progresividad del sistema hasta dejarla bajo mínimos. Una cosa es que la sanidad o la educación de todos esté financiada mediante un sistema tributario en el que pagan más los que más tienen, aunque la utilización del servicio se haga en términos iguales, por necesidad, y otra deslizarse hacia un modelo de financiación basado en impuestos indirectos y pago por servicios porque entonces, el acceso depende no tanto de la necesidad percibida, sino de la capacidad de pago del individuo.

Cuando la OCDE señala en un estudio reciente que estamos ante el mayor nivel de desigualdad social de los últimos 30 años, incluso con independencia de la crisis económica, habla de esto: del reparto de la tarta económica en sociedades cada vez más productivas gracias, sobre todo, a la innovación tecnológica. ¿Cómo se reparte entre factores productivos y fuerzas sociales, los beneficios extraordinarios de este mayor potencial de crecimiento? Si la distribución primaria de renta, la que se produce en el mercado laboral, contabiliza cada vez más trabajadores precarios con sueldos bajos o directamente en paro y la tarea redistributiva del Estado mediante la utilización de impuestos y transferencias se ve modificada por la suma de recortes presupuestarios y contrarreformas fiscales que hacen pagar cada vez más por uso y menos por capacidad de pago, el resultado sobre quien paga que, se explica solo. De todo eso va, el debate sobre el euro, la crisis o los recortes. De eso va, la economía política.